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De archivo de Clajadep:
Desde comienzos de abril 1998, se ha estado desarrollando una huelga de campesinos cocaleros a nivel nacional en Bolivia. Esta huelga ha estado acompañada de movilizaciones como marchas y otras acciones pacíficas; sin embargo, el gobierno de Bolivia, encabezado por Hugo Bánzer, enfrenta estas movilizaciones con una brutal represión. Fue posible observar en un reportaje de la cadena de televisión S.U.T., la cantidad de armamento de guerra utilizado por la policía militar: bombas lacrimógenas, granadas, balines y balas de guerra.
El alto mando militar boliviano reconoce la presencia de más de 50 mil efectivos militares en la zona del Chapare. Esta represión, hasta la fecha, ha provocado diez campesinos muertos y una cantidad bastante mayor de heridos. De parte de la policía, no se han producido bajas, pues los campesinos están absolutamente desarmados y han respondido al ataque sólo con piedras.
Las causas de esta huelga se fundamentan a raíz de un intento del Gobierno de Bánzer de dictar una ley de expropiación de las tierras de los cocaleros con el argumento de que en estas tierras se produce la cocaína. Es decir, con el pretexto de combatir el flagelo del narcotráfico les quitarán las tierras a los campesinos.
El perseguir el problema del consumo de cocaína, es la justificación para combatir a una cultura originaria de América Latina y no para poner fin al enriquecimiento de los carteles de la droga ya que estos últimos financian a muchos de los gobernantes de turno.
Los campesinos cocaleros rechazan esta medida y estos argumentos, pues sus tierras cultivadas con la hoja de coca corresponden a una mínima cantidad y obedece a tradiciones netamente culturales que los identifican como pueblo originario.
Los narcotraficantes y no los campesinos son los grandes productores de la hoja de coca utilizada para la elaboración de la cocaína.
Mientras tanto, los campesinos se enfrentan a los soldados fuertemente armados con palos y machetes, muchas veces siendo mayor el número de campesinos cocaleros por lo cual los militares hacen uso de sus armas de fuego. El ministro de Gobierno, Guido Náyar, acusó al diputado nacional, Evo Morales, de encabezar las emboscadas contra miembros de la Policía Ecológica. Esto fue desmentido por el diputado, quien a la vez es coordinador de las cinco Federaciones Campesinas del Trópico Cochabamba.
Primero fue el viceministro de Gobierno, Rafael Canedo Trigo, quien declaró que el dirigente campesino y diputado nacional, Evo Morales Ayma, había llamado a que los campesinos hagan una resistencia armada en sus intentos por detener la erradicación de los cultivos de la hoja de coca. Un día después fue el general Ivar Narváez, comandante de la Policía Nacional de Bolivia, quien afirmó que en la zona de mayor cultivo de la coca, en el Chapare, había aparecido un autodenominado EJERCITO CHAPAREÑO DE LIBERACION NACIONAL que se había presentado públicamente mediante un manifiesto en el que critica la política del Gobierno para erradicar los cultivos de la hoja de coca.
Finalmente, el diputado Evo Morales contestó que en el país sólo existen pobres armados de palos y machetes que están organizados en cinco Federaciones Campesinas del Trópico Cochabamba y que la supuesta aparición de un grupo insurgente es otra mentira más del gobierno para militarizar el Chapare y erradicar a los cocaleros.
Los Estados Unidos no tienen ningún derecho a utilizar su poderío militar implementando su política de exterminio de los movimientos indígenas y revolucionarios del continente con el beneplácito de los títeres de turno tras la fachada de querer erradica el consumo masivo de la cocaína en su país.
Colectivo Rojinegro, martes 12 de Mayo 1998
