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Martes 20 de diciembre de 2005
Redes de migrantes realizarán protestas en diversas ciudades de EU y México
Anuncian movilizaciones contra ley que criminaliza a indocumentados
La Jornada
La organización Red Migrante adelantó ayer que en las próximas semanas se conformará una frente amplio de movilización contra la iniciativa de ley estadunidense que, en la práctica, criminaliza a los trabajadores indocumentados y vulnera sus derechos humanos. Las manifestaciones tienen el propósito de denunciar y emprender acciones de resistencia para enfrentar la embestida de la Cámara de Representantes.
En tanto, la Coalición Pro Defensa del Migrante y la Fundación de Asistencia Legal Rural de California, en San Diego, denunciaron que con la llamada ley Sensenbrenner los mexicanos que buscan empleo se verán obligados a intentar cruzar por lugares cada vez más remotos en las zonas desérticas de la frontera, donde las posibilidades de ser rescatados son muy escasas.
Todas las organizaciones pro migrantes se comprometieron a realizar una campaña de información, sobre todo en el Senado de Estados Unidos, pues la iniciativa ya aprobada por la Cámara de Representantes deberá pasar al otro órgano legislativo para su discusión. El proyecto plantea la ampliación de los muros fronterizos e identificar como delincuentes a los migrantes indocumentados.
Enrique Toledo, quien forma parte de la coordinación de Red Migrante, indicó que entre las primeras medidas que se tomarán están denuncias internacionales y movilizaciones en Nueva York, Chicago y Los Angeles.
En protesta por el endurecimiento de los legisladores, añadió, se llevarán a cabo actos políticos en diversas ciudades de Estados Unidos para rechazar “estas medidas tan ofensivas y lesivas para nuestro país, no sólo por el levantamiento del muro, sino por la pretensión de criminalizar a los migrantes”, ya que esto es en realidad la antesala “de una violación mayúscula de los derechos de los mexicanos” en aquel país, aunque la iniciativa incluye a todos los migrantes, sin tomar en cuenta sus nacionalidades.
Puntualizó que paralelamente en México se realizarán mítines, actos de protesta y denuncias en diversas entidades, sobre todo fronterizas, para repudiar la posición del gobierno estadunidense, e inclusive “se tiene pensado realizar una protesta masiva frente a la embajada de Estados Unidos en el Distrito Federal y en diversos consulados”.
Según explicó Enrique Toledo, las movilizaciones también tienen por objeto exigir una posición más firme del presidente Vicente Fox ante “la locura de construir un muro entre las dos fronteras, ya que el mandatario mexicano ha tomado una actitud zigzagueante y muy tibia ante este problema mayúsculo y desproporcionado”.
Expuso que con las medidas antimigrantes no sólo aumentarán las deportaciones y fortalecerán el mercado negro de tráfico de personas, sino que van a generar mayor número de muertes de mexicanos, que correrán más riesgos para cruzar al vecino país, por lo que es inadmisible esta ley. “Son muchas las organizaciones que se sumarán a estas acciones, como grupos de jornaleros agrícolas, ex braceros, organizaciones ambientalistas y no gubernamentales”, agregó.
Esmeralda Siu, de la Coalición Pro Defensa del Migrante, y Claudia Smith, de la Fundación de Asistencia Legal Rural, destacaron que el año fiscal en Estados Unidos cerró con 464 migrantes muertos, lo cual representa un nuevo récord en las estadísticas de la Patrulla Fronteriza, cifra que podría incrementarse el año venidero en caso de que la iniciativa Sensenbrenner sea aprobada también por el Senado de ese país.
En los hechos, manifestaron los activistas en un comunicado, la iniciativa antimigrantes “cierra las puertas de las áreas urbanas, pero deja entreabierta la más peligrosa: la del desierto”, donde las condiciones son mucho más difíciles para poder cruzar la línea fronteriza.
Otras grupos denunciaron el permanente rechazo del gobierno de México para tratar las muertes de los migrantes indocumentados como violación de los derechos humanos, por lo que organizaciones no gubernamentales han asumido esa responsabilidad, con el argumento de que estas medidas son un abuso que se comete al intentar controlar la frontera. “Este derecho no es absoluto. Se tiene que conciliar con la obligación de proteger la vida, tanto de los ciudadanos como de los indocumentados”, subrayaron.
Señalaron que si la construcción de los muros representa un costo económico altísimo, estimado en un millón de dólares por 1.6 kilómetros -se anuncia que se podrían levantar en mil 116 kilómetros-, el precio sería incalculable, puesto que los llamados polleros conducirían a sus clientes por rutas más tortuosas a través de las montañas o el desierto, o los desviarían hacia el río Bravo, donde sustituirían el riesgo de morir congelados o insolados por el de ahogarse.
