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Todavía una instancia más tiene aquí el debate entre
Alvaro García Linera y Jorge Lazarte sobre temas
teóricos y prácticos de la política nacional del
momento presente. Se trata -dice el autor,
ambiciosamente- de buscar una modernidad política a
partir de lo que en realidad somos, y no simulando lo
que nunca seremos ni podremos ser.
DEMOCRACIA MULTINACIONAL Y MULTI-INSTITUCIONAL
Álvaro García Linera
El debate entablado con Jorge Lazarte en la revista
Tinkazos y en los últimos números de PULSO ha puesto
en el tapete de discusión varios temas. El primero es
el de la caracterización de la crisis política actual.
A partir de una larga definición de la relación
política llamada Estado y de sus componentes
estructurales hemos conceptualizado lo que vamos a
entender por crisis de Estado y, a partir de ello y de
la objetivación sociológica de acontecimientos de la
vida política contemporánea en Bolivia, hemos
propuesto que la actual coyuntura política puede ser
sintetizada como una crisis de Estado. Lazarte, fiel a
su inclinación ideológica de acercarse a la realidad
no para estudiarla como es, sino para decirle cómo
debe ser, no recurre a ningún acontecimiento histórico
para esclarecer sus argumentaciones y, en el orden
lógico de las ideas, mutila una frase de Engels para
decirnos que el Estado es un ?producto de la sociedad?
(¿acaso alguien pensó que era un producto de la
naturaleza o la gracia divina?) y que además es ?un
conjunto de instituciones que garantizan el orden de
la sociedad?, con lo que, de un plumazo, deja de lado
todo el debate en ciencias sociales que, desde Kant,
pasando por Marx, Weber, Elias o Bourdieu, ha centrado
su análisis del Estado en torno al monopolio y la
legitimidad como componentes sustanciales que lo
caracterizan como organización política. Con todo,
Lazarte tiene que admitir al final que no se necesita
la ?idea? de un Estado alternativo para hablar de
crisis de Estado, tal como había señalado
inicialmente. Dejo para el anecdotario de las
impotencias intelectuales modernas la desesperación
por rebatir la lógica de mis argumentos con el
?recuerdo? de mi actividad pasada o, peor aún,
mediante la atribución de textos que no son de mi
autoría.
Otro tema abordado en el debate es el de la identidad.
Frente a una mirada petrificada y esencialista que
inicialmente propuso Lazarte, argumentamos que la
identidad es un hecho relacional, dialógico, muchas
veces contingente y siempre producto de un trabajo de
resignificación del orden simbólico de las
colectividades. Lazarte tuvo que admitir que es así.
De la misma forma, en cuanto a la relación entre
identidad y modernidad que Lazarte pretendía divorciar
atribuyéndoles a las identidades indígenas un apego
irreflexivo a un orden social arcaico, mostramos que
es posible, y de hecho ésta es una de las palancas
movilizadoras de la identidad indígena aymara
contemporánea, reivindicar una identidad como medio de
acceso y conquista de los bienes materiales y
culturales de la modernidad negada hasta hoy por la
persistencia de relaciones coloniales en el ámbito
estatal. Lazarte ha tenido también que retractarse al
respecto.
Una última ofuscación de Lazarte es la referida a la
?universalidad? de los valores democráticos y
ciudadanos y su vinculación con la comunidad cultural.
Hay que recordar que desde tiempo atrás las ciencias
sociales han logrado esclarecer que muchos de los
llamados ?valores universales? modernos son
arbitrariedades históricas producto de determinadas
correlaciones de fuerzas materiales y discursivas que
transmutaron valores e intereses ?locales y parciales?
en valores generales, primero locales y luego
?universales?. Como nos lo recuerda Rorty, que uno ?en
apego a su capacidad de raciocinio y argumentación?
pueda asumir un compromiso moral con esos valores no
elude la comprensión de su contingencia y
temporalidad. La mistificación de los “universalismos”
como norma por encima de la sociedad y de su capacidad
de reflexión argumentativa, no sólo es insostenible
intelectualmente, sino que es una impostura ideológica
detrás de la cual pueden agazaparse viejos y nuevos
autoritarismos (el ?socialismo real? de ayer, la
?economía de libre mercado? de hoy)
Con todo, las democracias multiculturales y las
reivindicaciones étnico culturales no tienen por qué
ser contradictorias con el ejercicio de los hoy
predominantes valores ?universales? de igualdad,
tolerancia y libertad individual. Como lo ha mostrado
el liberal Kymlicka (2003), los derechos colectivos de
autogobierno de los pueblos y nacionalidades dominados
colonizados, son la mejor manera de defender la
?cultura societaria de cada pueblo?, pues ella brinda
el ?contexto de elección individual? de las opciones y
valoraciones sobre la igualdad y la libertad que
fundan precisamente la ciudadanía moderna. A esto es a
lo que Iris Young ha denominado ?ciudadanía
diferenciada?, tanto más válida si, como tímidamente
admite Lazarte, los indígenas en Bolivia son la
mayoría.
* Fisuras estructurales del Estado boliviano
Pero, más allá de esta aburrida tarea de lidiar con
prejuicios e ignorancias, lo que importa ahora es
poder comprender la trama profunda de los conflictos
sociales que atraviesa Bolivia y, a partir de ello, de
las fuerzas y potencialidades que esas
conflictividades destacan, proponer posibles vías de
resolución de esos desacuerdos históricos.
En este sentido, lo que he propuesto es que existen
dos elementos centrales para entender tanto las
contradicciones actuales que están desgarrando a la
sociedad como los conflictos pasados y, probablemente,
los conflictos futuros.
El primero es la fisura, la grieta entre el predominio
arbitrario de un orden estatal monocultural en medio
de una sociedad mayoritariamente multicultural y
multinacional. En 178 años de vida republicana, la
cultura legítima ?esto es la cultura dominante y
consagrada en el ámbito público, el régimen de
derechos culturales, el idioma de reconocimiento
público y ascenso social, los valores socialmente
prestigiosos y la narrativa de la historia oficial?
está monopolizada por una sola matriz cultural, la
mestiza castellano-hablante, minoritaria hasta hoy, en
tanto que las otras matrices culturales indígenas,
igualmente minoritarias por separado pero mayoritarias
si se suman, no son reconocidas institucionalmente
como culturas legítimas, como vehículos de ascenso
social y de ejercicio de derechos ciudadanos. Esto ha
llevado a la formación de un mercado laboral
étnicamente estratificado (Jiménez, 2000), a un
mercado lingüístico con un polo de premiación social
en torno al castellano, un polo de devaluación social
en torno a los idiomas indígenas y una infinidad de
gradaciones intermedias, y a una narrativa
histórico-cultural de Estado que desconoce los
sistemas de significación social del mayoritario mundo
indígena. Todo ello ha hecho de la etnicidad un tipo
de capital que, como en la Colonia y junto con el
capital económico y social, configuran el régimen de
enclasamientos de la sociedad boliviana. El problema
no se resuelve entonces si hay más o menos diputados
indígenas en el ámbito parlamentario, como
ingenuamente propone Lazarte. El problema es cómo se
desmonta estructuralmente la monoetnicidad estatal y
la colonialidad de fondo de toda la organización
social de la república. Esto es algo que ciertamente
Lazarte no logra comprender y mucho menos tiene
propuestas al respecto.
Las recurrentes sublevaciones indígenas, como la
actual, han sido la manera de visibilización de este
desencuentro entre sociedad y Estado; lo nuevo de hoy
es que además de la radicalidad bélica de los
indígenas insurgentes y de la capacidad real de ocupar
de facto el control político de amplios territorios,
existe una élite intelectual indígena con suficiente
irradiación discursiva como para hacer de la demanda
indígena un pleno movimiento de reivindicación
nacional indígena. Y la experiencia del mundo muestra
que los nacionalismos descolonizadores (distintos del
nacionalismo de gran potencia), una vez desatados son
irreversibles y sólo pueden ser resueltos mediante la
construcción de estados multinacionales o la
conformación de estados independientes.
La segunda grieta estructural de la vida política es
que no existe, ni ha existido en Bolivia, un sólo
campo político, esto es un sólo régimen normativo de
producción de lo político. Por lo general han existido
dos campos políticos: el estatal, con sus leyes, sus
sistemas de partidos, sus normas, formas de producción
del capital político y modos de representación liberal
de la voluntad colectiva; y el campo político
corporativo, basado en los sindicatos, los ayllus, las
comunidades, con sus propias reglas de funcionamiento,
su sistema de rotación de cargos, de fusión de la
responsabilidad política con la ética del
comportamiento cotidiano, con sus sistemas normativos
de autoridades tradicionales y sus formas consensuales
de toma de decisiones. Aunque ha habido momentos de
parcial ensamblamiento de los dos campos políticos (la
ciudadanía sindical nacida de la revolución de 1952),
el campo político estatal, como cultura política
enraizada en el sistema de creencias, predomina en
sectores urbanos medios, con incursiones temporales e
instrumentales en el resto del país al momento de la
votación; en cambio, el otro campo político está
interiorizado en los hábitos políticos
consuetudinarios de las zonas urbanas marginales y la
mayor parte del área rural.
Una buena parte de la población tiene un régimen de
autoridad socio-política local o regional no estatal
(sindicatos, ayllus, federaciones, gremios), una
cultura política no liberal, unas formas de toma de
decisiones no individuadas y, de ahí que
independientemente de lo que suceda en el Parlamento o
los partidos, se moviliza, presiona al gobierno, lo
obliga a cambiar de políticas públicas y, como viene
sucediendo en el altiplano norte, en el Chapare y
norte de Potosí, ocupa el mando político en extensos
espacios territoriales del país desplazando al Estado
y sus normas como modo de regulación normativa de la
autoridad y el consenso.
Este sistema de autoridad existió antes de que hubiera
Bolivia como Estado y se mantendrá mientras los
sistemas tradicionales de organizar la economía y la
sociedad ?que constituyen el soporte técnico de este
tipo de corporatismo político?, se mantengan y regulen
la reproducción material de la mayoría de los
bolivianos.
* Democracia multicultural y multi-institucional
Ahora, ¿cómo enmendar esta esquizofrenia política de
un Estado que establece un tipo de ciudadanía asentada
en unos esquemas simbólicos monolingües y
monoculturales para una sociedad multicultural? ¿Cómo
superar la esquizofrenia institucional de un Estado
que se asume como moderno, liberal, en una sociedad
cuyo secular régimen normativo político es
corporativo, asambleístico y comunal?
Ignorar el problema es, a estas alturas, no sólo
intelectualmente estéril sino peligroso pues fomenta
con su necedad la persistencia de los conflictos
estructurales que nos tienen devorándonos como país.
El argumento de que tocar estos temas puede afectar la
unidad nacional o la democracia es sencillamente
insostenible, pues olvida que precisamente hoy estamos
como estamos por haber jugado a simular una unidad de
escaparate apenas sostenida por los alfileres de la
coacción estatal, y porque olvida que la democracia no
es el sistema policial del orden, sino la producción
querellante de igualdad sustantiva en el acceso a los
recursos políticos, culturales y económicos que
dispone una sociedad.
La sutura de estos abismos estructurales que están
desgarrando a la sociedad boliviana pasa entonces por
la articulación de las dos dimensiones del conflicto:
la dimensión multicultural o multinacional de la
realidad, y la dimensión multi-institucional o
multicivilizatoria del régimen político.
Un modo de trabajar estas dos dimensiones que
proponemos, es el de transformar el Estado para
?sincerarlo? con la sociedad dando lugar a un tipo de
Estado multicultural y multi-institucional. En lo que
respecta al primer componente, la teoría política y la
realidad de otros estados multiculturales brindan
valiosos aportes para una discusión seria y
desprejuiciada. Para el segundo componente, denominado
por Taylor de ?diversidad profunda?, se requiere
ensayar diseños institucionales más endógenos, pues no
es una temática común en el resto de los estados, al
menos en la proporción que aquí ocupa.
Para el primer tema, el de la multiculturalidad,
proponemos la segmentación vertical de la estructura
de poder estatal con niveles diferenciados de
competencias políticas. A escala inferior, los
municipios con sus actuales atribuciones; a nivel meso
o sub-nacional, regímenes de autonomía por identidad
cultural aymara y qheswa, que son las dos identidades
indígenas mayores y, en el ámbito superior, un sistema
de gobierno general que unifique y sintetice la
diversidad cultural del país. Esto supondría:
a) El reconocimiento constitucional de autonomías
regionales por comunidad cultural y/o lingüística, a
fin de garantizar, por encima de las coyunturas, la
igualdad de las culturas en el Estado. La región
autónoma gozará de su propio régimen normativo
constitucional considerado como norma básica de la
región autónoma, aunque de rango inmediatamente
inferior a la constitución de la comunidad política
del Estado boliviano.
b) Un Ejecutivo y una Cámara Legislativa en la región
autonómica de entre cuyos miembros es elegido el
Ejecutivo del régimen autónomo.
c) Gobierno autónomo con competencias políticas
totales en el sistema educativo primario y superior,
administración pública, titulación de tierras, medios
de comunicación, impuestos, vivienda, obras públicas,
turismo, comercio, industria, transporte, comercio
interior, medio ambiente, derecho civil, policía y
recursos naturales (agua, bosques, flora, fauna,
recursos minerales e hidrocarburíferos).
d) Financiamiento estable y previsible para el
funcionamiento del régimen autónomo. Se puede lograr
esto a través de la fijación de la recaudación de
determinados impuestos en el ámbito de la región
autónoma más la aplicación del principio de la equidad
y la solidaridad estatal por medio de la transferencia
condicionada e incondicionada de recursos por parte
del Estado para el funcionamiento regular de la
administración autonómica.
En el ámbito macro o superior que sintetiza la
sociedad:
a) Representación y participación de la comunidad
autonómica en los entes de gobierno general del
Estado, tanto en la Cámara Alta, Cámara Baja como en
los ministerios.
b) En el caso de la Cámara Baja, compuesta por
representantes de todas las culturas y con
competencias sobre el gobierno del Estado, presencia
numérica de diputados de las comunidades culturales
indígenas en función del porcentaje que representan
los aymaras y qheswas respecto al total de los
habitantes de Bolivia, (sumando a los dos,
aproximadamente el 60 por ciento); en el caso de otras
comunidades autonómicas indígenas, como las del
oriente, es posible establecer el criterio de
sobrerepresentación a fin de potenciar la presencia de
comunidades culturales pequeñas.
c) En el caso de la Cámara Alta, que representa a las
regiones y departamentos, igual presencia proporcional
de los gobiernos autonómicos con criterios de igualdad
y simetría institucional.
d) En el caso del Ejecutivo del Estado, presencia
proporcional de las principales comunidades
lingüísticas/culturales (castellana, aymara y qheswa)
en la composición del gabinete a fin de llevar hasta
la propia cabeza del Ejecutivo la diversidad
lingüística del país y el equilibrio de prerrogativas
de las comunidades lingüísticas más importantes. Esto
ciertamente no anula la competencia partidaria, pero
obliga al mismo sistema partidario a
multiculturalizarse, o a establecer alianzas
partidarias multiculturales a fin de poder gobernar.
En lo que respecta a la diversidad institucional del
ejercicio de derechos políticos democráticos, esto
podría darse por medio de:
a) El reconocimiento constitucional de sistemas
políticos y sistemas de conformación de autoridad
practicados por las comunidades campesinas, ayllus,
barrios y gremios (federaciones, confederaciones,
asociaciones) como sistemas legítimos de elección y
toma de decisiones en ámbitos puntuales del sistema de
gobierno a escala general, regional y local.
b) Los ámbitos legítimos de elección de representantes
donde pueden actuar estos otros sistemas de
deliberación, son: 1) Los representantes
parlamentarios del nivel superior del Estado (o
comunidad política general), en las regiones en las
que estas formas de organización política son
predominantes o tienen una presencia parcial; 2) Los
parlamentos de las regiones autonómicas de
autogobierno indígena; la combinación porcentual de
los representantes elegidos vía partido o vía
estructuras corporativas pudiera ser establecida,
dependiendo de la amplitud, historia y presencia de
cada una de estas formas organizativas, en cada región
autonómica y circunscripción departamental; 3)
Obligatoriedad de reconocimiento, en calidad de
sanción o veto, de su deliberación en torno a temas
centrales de la gestión estatal (propiedad estatal de
recursos, inversión publica global, reformas
constitucionales, etcétera).
En síntesis, lo que proponemos es que si Bolivia es
una sobreposición de varias culturas y varias
civilizaciones, el Estado como síntesis debiera ser
una institucionalidad capaz de articular, de componer
una ingeniería política formada por una presencia
proporcional de las culturas e identidades
lingüísticas, además de unas instituciones modernas y
tradicionales, deliberativas, representativas y
asambleísticas en la toma de decisiones a escala
general, ?nacional?.
Esto significa que en el ámbito de los poderes
legislativos, judiciales y ejecutivos, aparte de
distribuir proporcionalmente su administración
unitaria general y territorial en función de la
procedencia étnica y lingüística de las tres
identidades culturales mayoritarias, las formas de
gestión, representación y de intervención social
deberían incorporar múltiples mecanismos políticos
compuestos, como la democracia representativa, vía
partidos, la democracia deliberativa vía asambleas, la
democracia comunal, vía acción normativa de
comunidades y ayllus, etcétera. De lo que se trata
entonces sería de componer a escala macro, general,
instituciones modernas con tradicionales,
representación multicultural con representación
general en correspondencia a la realidad multicultural
y multicivilizatoria de la sociedad boliviana. En
otras palabras, se trata de buscar una modernidad
política a partir de lo que en realidad somos, y no
simulando lo que nunca seremos ni podremos ser.
