Imprimir
Enviar
Resguardo Kogui—Malayo—Arhuaco,
Sierra Nevada de Santa Marta
OWYBT - ORGANIZACIÓN WIWA YUGUMAIUN BUNKUANARRUA TAYRONA
EL GOBIERNO NACIONAL NO TIENE VOLUNTAD DE CONCERTAR CON EL PUEBLO WIWA LAS MEDIDAS CAUTELARES OTORGADAS POR LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH) PESE A QUE LAS CONDICIONES QUE LAS ORIGINARON SIGUEN IGUALES
La Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona (OWYBT), se permite hacer públicas sus preocupaciones sobre lo siguiente:
1-. Desde que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó las medidas cautelares, se han presentado varias violaciones a los derechos humanos y diversas infracciones al derecho internacional humanitario que han involucrado al pueblo Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta, entre las que se pueden señalar, entre otras, las que a continuación se refieren:
- Noemí Ester Pacheco Zabatá, quien se encontraba en avanzado estado de embarazo, miembro de la comunidad de El Cerro pero habitante de la comunidad Kankuama de Pontón, localizadas en jurisdicción del municipio de Valledupar (Cesar), fue asesinada en Pontón el 15 de febrero de 2005, junto a su esposo Kankuamo, por tropas del batallón La Popa, en un supuesto enfrentamiento entre tropas del Ejército Nacional y las FARC. Sobre este hecho, familiares y miembros de las comunidades de Pontón y El Cerro expresaron que Noemí Ester Pacheco Zabatá y su esposo fueron previamente capturados en la comunidad de Pontón por tropas del batallón La Popa y no le dan crédito a las versiones castrenses que hablan de un pretendido combate.
- Juan Ignacio Solís, Antonio Solís Loperena, Miguel Solís Torres y Julio Solís Torres, miembros todos de la comunidad de Barcino, localizada en el municipio de San Juan del Cesar (La Guajira), desde mediados de febrero de 2005 se encuentran desaparecidos, sin que hasta la fecha se tenga conocimiento sobre su suerte. Este hecho fue cometido presuntamente por las FARC.
- Elkin Móvil Alberto, quien se desempeñaba como profesor de la comunidad de La Laguna, localizada en jurisdicción del municipio de Riohacha (La Guajira), fue detenido el 14 de abril de 2005 en el municipio de San Juan del Cesar (La Guajira), señalado de pertenecer a la guerrilla de las FARC. Luego de permanecer injustamente detenido varios meses en una cárcel en el municipio de Valledupar (Cesar), Elkin Móvil Alberto fue dejado en libertad con lo que se puso de presente que las acusaciones que se le habían imputado estaban montadas sobre testimonios falsos. Una vez recobrada la libertad Elkin Móvil Alberto no pudo volver a ocupar su cargo de maestro puesto que comenzó a recibir constantes amenazas contra su vida, presuntamente provenientes de grupos paramilitares. Pese al riesgo en que se encuentra, Elkin Móvil Alberto no ha sido vinculado a ningún programa de protección del Gobierno Nacional.
- Ángel David Loaiza Zabala, de la comunidad de Piñoncito, jurisdicción del municipio de San Juan del Cesar (La Guajira) y quien se encontraba en situación de desplazamiento en el municipio de Riohacha (La Guajira), fue asesinado en la propia puerta de su casa, al parecer por grupos paramilitares, el 25 de abril de 2005. En los mismos hechos fue herido de bala su hermano, Juan Tomás Loaiza Zabala.
- Los hermanos Beliza Armenta Mejía y Estéban Rutilio Armenta Mejía, fueron asesinados el 26 de mayo de 2005, en Sabana Joaquina, municipio de San Juan del Cesar (La Guajira), al parecer por hombres armados pertenecientes a las FARC.
- Alcibíades Manuel Mejía Solís, quien se desempeñaba como profesor de la comunidad de Sabana Joaquina, localizada en jurisdicción del municipio de San Juan del Cesar (La Guajira), fue capturado en su comunidad el 25 de agosto de 2005 por tropas del batallón Rondón y presentado ante los medios de comunicación como ideólogo del 59 Frente de las FARC. Luego de un periodo de estar bajo detención fue puesto en libertad al comprobarse su inocencia y hoy se encuentra amenazado por todos los actores armados, sin que se le haya brindado ningún tipo de protección.
- Rosa Armenta Nieves del caserío Las Colonias, localizado en jurisdicción del corregimiento de Cascajalito, perteneciente al municipio de Riohacha (La Guajira), el 28 de septiembre de 2005 fue asesinada presuntamente por grupos paramilitares.
- Un menor de edad de apellido Mojica, de aproximadamente ocho años de edad, miembro de la comunidad de El Limón, localizada en jurisdicción del municipio de Riohacha (La Guajira), quien se encontraba de paso en Las Colonias, desapareció de ese caserío en los mismos hechos en que fue asesinada Rosa Armenta Nieves. Hasta la fecha no se sabe sobre su paradero.
- Cuatro familias, de apellidos Borbón Nieves, que habitaban en el caserío de Las Colonias se vieron forzadas a desplazarse debido al temor que generó el asesinato de Rosa Armenta Nieves y la desaparición del menor de edad de apellido Mojica. Actualmente estas familias se encuentran en Venezuela sin que se les haya otorgado su estatus de refugiados, por lo que sus condiciones son muy precarias.
- Seis familias, de apellidos Alberto Loperena, que habitaban en Cielo de Oro, corregimiento de Cotoprix (Riohacha, La Guajira), el 12 de octubre de 2005 se desplazaron hacia los cascos urbanos de Cotoprix, Riohacha y San Juan del Cesar, en razón a que presuntamente el 59 Frente de las FARC, llegó al sitio donde estas familias habitaban para convertirlo en un lugar de refugio.
- Luis Oswaldo Nieves Montaño, quien se desempeñaba en El Limón como profesor y quien se encuentra en situación de desplazamiento en el municipio de Riohacha (La Guajira), en hechos confusos fue baleado hacia las 3:00 p.m. en el barrio “31 de Octubre” de Riohacha (La Guajira), el 14 de octubre de 2005. Luis Oswaldo Nieves Montaño sostiene que pudo haber sido víctima de un atentado contra su vida por su trabajo con los desplazados y por ser testigo de la masacre cometida en la comunidad de El Limón entre el 30 de agosto y el 1 de septiembre de 2002.
- Carmen Arias, de la comunidad de Marokaso, localizada en jurisdicción del municipio de San Juan del Cesar (La Guajira), quien se desempeñaba como promotora de salud, se vio precisada a desplazarse, a fines de noviembre de 2005, hacia Valledupar (Cesar) porque recibió una perentoria amenaza contra su vida, al parecer proveniente de las FARC.
- Laudelino Montaño Loperena, de la comunidad de Ulago, localizada en el municipio de San Juan del Cesar (La Guajira), fue muerto por tropas del batallón Rondón, el 10 de diciembre de 2005 en horas de la madrugada, en un sitio localizado entre las comunidades de Ulago y Sabana Joaquina, en un supuesto enfrentamiento con miembros de las FARC. Sus familiares, miembros y autoridades de la comunidad sostienen que el 9 de diciembre de 2005 tropas del Ejército Nacional llegaron hasta la comunidad y capturaron a Laudelino Montaño Loperena por lo que no le dan crédito a las versiones militares que refieren un supuesto combate.
- Importantes líderes de la Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona (OWYBT), cuyos nombres se dejan bajo reserva por razones de seguridad, periódicamente están recibiendo amenazas de muerte, al parecer provenientes de las FARC. Pese a que han solicitado al Gobierno Nacional medidas especiales de protección, a la fecha no han recibido respuestas adecuadas.
- El deseo manifiesto y la voluntad expresa de retornar que han planteado las familias en situación de desplazamiento de las comunidades El Limón y La Laguna, localizadas en jurisdicción del municipio de Riohacha (La Guajira) y de las comunidades de Potrerito, Sabana Grande, Barcino y La Rinconada, localizadas en jurisdicción del municipio de San Juan del Cesar (La Guajira), no ha sido apropiadamente atendido por las entidades gubernamentales responsables. A la fecha no existe ninguna certeza, por ejemplo, que los retornos de El Limón, La Laguna y Potrerito se vayan a concretar puesto que más allá de las promesas que se han recibido por parte de la Gobernación de La Guajira, no se han desarrollado acciones concretas.
- Luis Antonio Alberto Calvo de la comunidad de Guamaka, localizada en jurisdicción del municipio de Riohacha (La Guajira), y quien se encontraba viviendo desde hacía varios años en el barrio “La Paz” del municipio de Santa Marta (Magdalena), luego de hechos confusos que involucraron una persecución, fue capturado el 22 de agosto de 2004 en ese mismo barrio por una patrulla policial dependiente del Comando Departamental de Policía del Magdalena, acusado de “fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas”. Luis Antonio Alberto Calvo y sus familiares han venido insistiendo reiteradamente en que él es inocente de los cargos que se le imputaron y que más bien fue víctima de una venganza, por su firme negativa a enrolarse en los grupos paramilitares que operan en la región que lo requerían y lo presionaban por su condición de reservista del Ejército Nacional. La familia ha venido pidiendo la revisión del proceso en razón a que Luis Antonio Alberto Calvo ya fue condenado y se encuentra preso en una cárcel del municipio de Santa Marta. Lo que más preocupa de esta situación es que el preso se encuentra en delicado estado de salud ya que las heridas que le propinó la patrulla policial al momento de su captura no han sido convenientemente tratadas; adicionalmente según informaron sus familiares viene siendo sistemáticamente hostigado y amedrentado en el lugar de reclusión, al parecer por efectivos de la Policía Nacional.
2-. Como puede verse por la somera descripción realizada, la situación que originó las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no ha cambiado en lo estructural y, contrariamente, se siguen presentando hechos generados por los actores armados que causan temor y zozobra en las comunidades del pueblo Wiwa, por lo que estamos instando respetuosamente al Gobierno Nacional para que en el inmediato plazo posible comience oficial y formalmente el proceso de concertación sobre el desarrollo de las medidas cautelares entre el Estado colombiano y el pueblo Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta.
El hecho que transcurridos once meses desde que se expidieron las medidas cautelares en beneficio del pueblo Wiwa no se haya realizado formalmente ninguna reunión de concertación entre el Gobierno Nacional y la Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona (OWYBT), solo pone de presente la total falta de voluntad política del Gobierno Nacional para sentarse a discutir el desarrollo de estas medidas con el pueblo Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta.
En razón de lo anterior se reitera la urgencia para que el Gobierno Nacional constituya un grupo de trabajo interinstitucional, donde participen los municipios, los departamentos y las entidades gubernamentales nacionales correspondientes, a fin de concertar el desarrollo de las medidas cautelares con la Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona (OWYBT).
Valledupar, 19 de diciembre de 2005
OWYBT
ORGANIZACIÓN WIWA YUGUMAIUN BUNKUANARRUA TAYRONA
