Imprimir
Enviar
IWGIA- Informe 2005 (Situación de los Derechos INdígenas en Chile: Hechos y Procesos Claves del año 2004)
Mapuexpress
El año 2004 fue un tiempo de transición en materia de política indígena en Chile. La política gubernamental, vía represión, logra su objetivo de corto plazo de disminuir las acciones directas de reclamaciones de tierras mapuches, abrir paso a los megaproyectos, y dar relativa gobernabilidad a la región sur de Chile, en interés de la industria forestal que aumentó sus exportaciones. Por el lado indígena se producen avances en los procesos de rearticulación del movimiento social, afirmando su discurso identitario territorial, consolidando sus medios de comunicación (periódicos, sitios web, radios), ampliando su repertorio de movilización y estrategias para defender sus derechos y revertir un escenario adverso.
En la perspectiva del largo plazo el saldo es favorable al movimiento indígena, que logró poner al Estado de Chile en la mira del sistema internacional de derechos humanos. Quedó en evidencia el déficit de la transición democrática chilena: el reconocimiento y respeto de los derechos indígenas. En el 2004, el estándar internacional de los derechos indígenas se instaló como eje y vara de medida de las políticas públicas. Así lo hicieron exigible al Estado de Chile el movimiento indígena junto a los órganos de Naciones Unidas.
LA POLÍTICA OFICIAL DEL “NUEVO TRATO” Y LA “OPERACIÓN PACIENCIA”.
El año gubernamental en asuntos indígenas, se inicia con la señal elocuente de una “Reunión de coordinación de políticas públicas hacia indígenas”, presidida por el Subsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil, con la asistencia de los organismos públicos relacionados con la temática. El listado de autoridades concurrentes habla por si mismo: los intendentes y gobernadores de las regiones VIII y IX, el Subsecretario de MIDEPLAN, el Director del Programa BID-Orígenes, los generales del Alto Mando de Carabineros y los jefes de la Policía de investigaciones (El Sur, Concepción 19/01/2004). En paralelo el poder judicial dictaba las ordenes de captura de los lonkos Pascual Pichun y Aniceto Norin, para el cumplimento de las condenas por ley antiterrorista, dictadas en un doble juicio que se ha calificado como una manifiesta trasgresión a las garantías del debido proceso. Se suma a ello la condena a firme del dirigente Víctor Ancalaf y una campaña de prensa de sesgo racista. Simultáneamente se preparaba el juicio por “asociación ilícita terrorista” de una decena de miembros de la Coordinadora Arauco Malleco. Para el gobierno, el 2004 seria el año de culminación de la larga operación denominada “Paciencia”, iniciada el 2001 para contener al movimiento mapuche (El Mercurio, 22/08/2004).
En el área de la agenda de gobierno, el Ejecutivo postergó hasta el mes de abril el anuncio de una “nueva política”, que reemplazara la agotada política forjada al inicio de la transición. A ese propósito, había constituido también en el 2001, una comisión asesora bajo el nombre de “Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato”. Dicha instancia, necesario es aclararlo, no guarda semejanza con respecto al modelo internacionalmente prestigioso de las Truth Comission, ni en términos de su mandato, composición, procesos y contextos de justicia en transición; por el contrario, dicha Comisión careció de aquellos atributos esenciales, y funcionó desligada de la realidad contingente, en uno de los períodos de mayores violaciones de derechos humanos de los indígenas. La carencia de autoridad y carácter vinculante de las recomendaciones elaboradas por esa peculiar Comisión chilena, entregadas en Octubre de 2003, la dejó en evidencia el propio Ejecutivo, quien tardó más de lo comprometido en responder a las mismas, y, al fin, desestimó las recomendaciones más sustantivas que había hecho la Comisión.
El 16 de abril de 2004 el Gobierno presentó su propia versión de “Política de Nuevo Trato”. Esta consta de tres directrices principales: a) el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, expresado en la promesa de insistir en la sempiterna reforma constitucional que establece la existencia de los pueblos indígenas y en la postergada ratificación del convenio 169 de la OIT; b) una política de reducción de la pobreza, denominada “desarrollo con identidad” , expresada en el programa BID Orígenes, y la continuación de los programas de “restitución de tierras” según los “justos títulos” de los indígenas; c) la adecuación del Estado a la diversidad cultural.
En términos prácticos la Política de Nuevo Trato ha sido considerada como “más de lo mismo”. La directriz de reconocimiento de derechos plantea una iniciativa inconsulta de reconocimiento constitucional, de contenido vacuo, y en la práctica, de abril a diciembre del 2004 no hubo ningún paso efectivo de avanzar ni en la reforma constitucional, ni en la ratificación del convenio 169; por el contrario, hubo serios retrocesos legislativos como el intento de derogar el estatuto de protección de las tierras indígenas. Por otra parte, en la implementación de la directriz de desarrollo, no se agrega nada sustantivamente nuevo, ni en términos de programas, ni recursos, a lo ya existente (Programa BID y fondos CONADI). El cambio está en una preocupante puesta en práctica de una definición reduccionista de “demanda de tierras”, que la acota rígidamente solo a las tierras de Títulos de Merced , y el anuncio de CONADI de cerrar el programa de inscripción de derechos de agua en el 2006, y reorientar el Fondo de Tierras hacia subsidios individuales por sobre las postulaciones comunitarias, concordante con la política de desarrollo indígena oficial que postula una curiosa versión ‘étnica’ de la ideología neoliberal del “emprendedor”.
La política de “Nuevo Trato” contempla también un conjunto de instrucciones y tareas para el aparato público, las que terminado el 2004 exhiben un escaso nivel de avance, aplicándose el viejo lema de “se acata pero no se cumple”. El caso más expresivo es el de la instrucción de la obligación de consulta a los indígenas en los procesos de inversión, la que en rigor está establecida en el articulo 34 de la ley indígena, y que sigue siendo sistemáticamente transgredida. El desperfilamiento y la des-coordinación de las políticas indígenas estatales se expresó en el segundo semestre de 2004 en el episodio del intento de reforma del Artículo 17 de la Ley Indígena.
El anuncio de la nueva política se vio eclipsado, además, por hechos coetáneos a su presentación. A la persecución judicial ya señalada, se sumó el desaire del Presidente de la República a más de cinco mil lafkenches que lo esperaban en el Lago Budi en reunión previamente convenida (10/03/2004), para hacerle entrega de sus propuestas de protección de derechos al borde marino. Semanas más tarde (27/04/2004) en el Alto Bio Bio, la empresa ENDESA tomó la decisión de adelantar el llenado del embalse de la central Hidroeléctrica Ralco, inundando el cementerio de Quepuca Ralco antes de que las familias pehuenches pudieran rescatar los restos de sus ancestros. La inundación del cementerio pehuenche y del valle, la indolencia de las autoridades, y el incumplimiento por parte del Estado de las obligaciones contraídas en el Acuerdo de Solución amistosa suscrito ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a fines del 2003, fueron el sello de escarnio de uno de los casos emblemáticos de violación de los derechos indígenas en la transición democrática. ¿Cuál es el nuevo trato? preguntaron los indígenas.
EL CAMBIO DISCURSIVO EN EL CAMPO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS INDÍGENAS.
La innovación de la política de Nuevo Trato radica en el plano discursivo. Se incorpora al lenguaje oficial las nociones del reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas, la restitución de tierras, y la reparación, como principios de la política indígena.
¿Gatopardismo? Es posible. Pero también debe notarse que esta modificación del discurso oficial no es un asunto menor. Debe recordarse que, a inicios de la transición democrática, el discurso de los derechos indígenas y autonomía fue brutalmente reprimido, y el indigenismo oficial opuso desde el estado el discurso alterno del “desarrollo con identidad” de superación de la pobreza, y promovió una estrecha definición campesinista de tierras indígenas, que excluyo la restitución de las tierras antiguas (no tituladas) y recursos naturales del ámbito de la política oficial. Hoy, al menos, ambas partes - estado e indígenas- hablan dentro del mismo campo político: los derechos de los pueblos indígenas. Un campo que tiene sus propias reglas de validez, y sus propios estándares de exigibilidad y cumplimiento.
Estos cambios de lenguaje oficial son el resultado forzoso del cuestionamiento al Estado que ha hecho el movimiento indígena, desde el derecho internacional de los derechos humanos.
EL “EXPEDIENTE INTERNACIONAL CHILE”
En el 2004 tomó cuerpo un grueso “expediente-Chile”, compuesto por un conjunto de Informes y recomendaciones de órganos internacionales, que dan cuenta de un prontuario de graves violaciones cometidas contra los derechos y libertades fundamentales de los indígenas durante la transición democrática, y la sistemática postergación en el “modelo chileno” del cumplimiento de las obligaciones estatales de reconocer y resguardar los derechos indígenas.
En el mes de Abril de 2004, el Relator Especial de Naciones Unidas, Rodolfo Stavenhagen presentó ante la Comisión de Derechos Humanos de ONU su Informe de misión a Chile, realizada en julio de 2003. Su informe es una apretada síntesis de la situación de marginación y negación de derechos en que se encuentran los pueblos indígenas bajo soberanía chilena. Se evalúa de acuerdo a los estándares internacionales la situación de los derechos indígenas en Chile, y se constata la situación de desprotección de éstos, en particular de los derechos sobre los recursos naturales y territoriales. En sus recomendaciones, además de insistir en que Chile cumpla con sus obligaciones de adecuar la legislación interna, plantea taxativamente que “bajo ninguna circunstancia deberán ser criminalizadas o penalizadas las legítimas actividades de protesta o demanda social de las organizaciones y comunidades indígenas.” Agrega que “no deberán aplicarse acusaciones de delitos tomados de otros contextos (“amenaza terrorista”, “asociación delictuosa”) a hechos relacionados con la lucha social por la tierra y los legítimos reclamos indígenas”
En el mes de octubre de 2004, la organización no gubernamental Human Right Watch presentó los resultados de una investigación en La Araucanía, estableciendo que la utilización de la ley antiterrorista para juzgar a los mapuche acusados de actos de violencia viola las garantías procesales fundamentales. En el Informe titulado “Indebido Proceso: Juicios Antiterroristas, Tribunales Militares y los Mapuche en el Sur de Chile”, se documentan casos de abusos policial y aberraciones jurídicas contra los mapuche en el sur de Chile. Dicho informe se complementa con los emitidos por otros organismos de derechos humanos, tales como la FIDH, IWHR International Women’s Human Rights Law Clinic, e incluso informes oficiales, como el elaborado por el Servicio de Salud Araucanía Norte en septiembre 2004, en que documenta la grave situación de violación de los derechos y dignidad de niños, mujeres y ancianos mapuches en la comunidad Jose Guiñon; Dicho informe, embargado en Chile por el Ministerio de Salud, alcanzó amplia difusión en los organismos internacionales por su dramático e indesmentible valor probatorio.
En Diciembre de 2004 el Comité de Derechos Económicos y Sociales, entregó su informe de evaluación y recomendaciones de cumplimiento del Estado de Chile respecto al Pacto Internacional DESC. Después de analizar los antecedentes y escuchar las exposiciones del Gobierno y de los delegados mapuches, entre ellos Aucan Huilcaman y Juan Pichun, el Comité manifiesta en su Informe que “toma nota con preocupación de la falta de reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas en el Estado Parte y observa que estos pueblos, no obstante la existencia de diversos programas y políticas encaminados a mejorar su situación, siguen estando en situación de desventaja en el disfrute de los derechos garantizados por el Pacto. También lamenta que el Estado parte no haya ratificado el Convenio Nº 169 (1989) sobre pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y que las reclamaciones por las tierras indígenas y los recursos naturales que están pendientes de resolución sigan dando lugar a discrepancias y conflictos” y “ el Comité recomienda al Estado Parte que no aplique leyes especiales, como la Ley de seguridad del Estado (Nº 12927) y la Ley antiterrorista (Nº 18314), a actos relacionados con la lucha social por la tierra y las reclamaciones legítimas de los indígenas” .
En la misma dirección, de acudir al sistema internacional, se presentaron en el 2004 nuevas denuncias contra el estado de Chile, ante la CIDH, que se suman a los casos ingresados en 1996 y 2002. Asimismo, la CIDH, accedió a una audiencia especial en su 122 periodo de sesiones, en Washington, para que una delegación mapuche haga una exposición general de la situación de violaciones a los derechos humanos de los indígenas en Chile.
Ante esta escalada de interpelaciones internacionales, el Gobierno ha debido dar explicaciones sucesivas ante la comunidad internacional, e internamente morigerar sus políticas de represión.
Sin embargo, el Estado de Chile no ha dado pasos efectivos en dirección a cumplir con las recomendaciones hechas desde el régimen internacional de los derechos humanos. En un escenario de fragmentación de regímenes, el gobierno de Chile privilegia sus obligaciones con el régimen internacional comercial, funcionales a la profundización del modelo económico y a sus compromisos con la elite del poder real del país. El autoritarismo y ensimismamiento de la elite constituye un portentoso obstáculo para abrir paso a los derechos indígenas y la profundización democrática, tal como lo constatara el Informe 2004 de Desarrollo Humano en Chile.
EL ENDURECIMIENTO DE LOS MARCOS ESTRUCTURALES DEL MODELO PRIMARIO EXPORTADOR.
Desde la perspectiva oficial y de la elite, el año 2004 fue un año espléndido, en términos económicos y de diplomacia comercial. El PGB creció en un 6,1 %, la tasa más alta de los últimos siete años; entró en vigencia el TLC con EEUU, sumándose a los TLC con Corea, y Unión Europea. En el 2004 se realizó la cumbre de APEC en Chile, y se negocia a puertas cerradas el TLC con Nueva Zelanda y Singapur.
En suma, el modelo primario exportador se profundizó, al mismo tiempo de blindarse jurídicamente por medio de tratados. Este cuadro tendrá implicancias graves para los pueblos indígenas, sobre sus espacios, derechos territoriales y derechos propietarios, estrechando aun más el marco de posibilidades para el avance del reconocimiento de derechos.
En el contexto de mayor liberalización de mercados, se verificó en el 2004 el aumento de las exportaciones y expansión de las industrias forestales, mineras y pesqueras que, por trágica coincidencia, se enclavan geográficamente en regiones de asentamiento indígena.
La industria forestal en el 2004 aumentó sus exportaciones en un 33 %, con cifras de más de US$ 3 mil millones de dólares, y sus proyecciones para el año 2010 indican que el sector podría exportar hasta US$ 4.800 millones y tener inversiones por unos US$ 3.200 millones. Esto implicará una demanda de nuevas plantaciones a cifras de 100.000 hectáreas anuales y significará una feroz presión sobre las tierras mapuches y sus microcuencas y el definitivo rediseño regional.
En la misma dirección de transformaciones regionales apuntan los planes reguladores regionales e intercomunales , formulados desde los órganos estatales en el 2004, que consolidan la reclasificación de los espacios del sur de Chile iniciada hace dos décadas , funcionalizando las estructuras espaciales a los requerimientos de las industrias de enclave forestal y turística, con prescindencia de los derechos territoriales indígenas y de las obligaciones de consulta.
El empresariado forestal ha venido actuando estratégicamente desde el 2001 en relación a los factores que pudiesen poner en riesgo la industria ante los mercados externos: medio ambiente e indígenas. En esa dirección emprendió campañas publicitarias, y la certificación de las plantaciones, logrando en el 2004 la aceptación internacional de una norma chilena ad-hoc ; simultáneamente realizó un fuerte lobby estatal y presión mediática para mantener políticas represivas hacia los mapuches. En otro frente, logró desactivar las campañas internacionales de denuncia que sostenían ambientalistas, donde la situación mapuche era un argumento, para ello las principales empresas forestales – Mininco-CMPC, Bosques Arauco- pactaron a fines de 2003, con un grupo de ONGs ecologistas chilenas y norteamericanas , las que depusieron su campaña en el 2004 a cambio de la promesa empresarial de moratoria de la tala de bosque nativo y aplicación de certificación forestal.
Sin embargo, a fines del 2004 los ecologistas comprueban con estupor lo obvio, que la nueva planta de celulosa de sus ‘socios’ en San José de la Mariquina ha provocado con sus desechos una tragedia ambiental de proporciones en un humedal protegido por la Convención de Ramsar y principal refugio de cisnes de cuello negro del cono sur de América . Los efectos de los desechos de una planta de celulosa son inmitigables, aun en tras los mas rigurosos tratamientos no es posible resolver asuntos críticos, por ejemplo la elevación de la temperatura de las aguas. Para salvar el humedal y a los cisnes la empresa propone desviar el ducto de desechos a las costas mapuche-lafkenches, opción que había sido rechazada en 1997-1998 en intensa campaña de una coalición de indígenas y ecologistas. En el actual escenario, es probable que la ecuación para encontrar la solución al refugio de los cisnes, tensionada entre los intereses del principal grupo económico de Chile , las intensas presiones conservacionistas y las obligaciones ambientales internacionales, termine reponiendo la alternativa del ducto, lesiva para los derechos indígenas.
En el 2004 se configuraron, también, nuevas situaciones de potencial conflicto: reformas a los regímenes propietarios de recursos naturales (suelos , aguas, pesca) y propiedad intelectual , como parte de las obligaciones contraídas en los TLCs. Se inició la formulación de un proyecto de ley que desregula y liberaliza el acceso a los recursos genéticos y conocimientos tradicionales, con una norma por debajo de los ya deficientes estándares de las Directrices de Bonn de 2002; y sus promotores (ODEPA, Ministerio de Agricultura) descartan expresamente el derecho al consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas. Posición que es consistente con la omisión expresa en la Estrategia Nacional de Biodiversidad (diciembre 2003) y su Plan de Acción, definido a fines del 2004, de toda mención a medidas de implementación del artículo 8j del Convenio de Biodiversidad.
EL RECHAZO A LA REFORMA DEL ARTÍCULO 17 DE LA LEY 19.253 Y AVANCES INDÍGENAS.
El 2004 indígena se inició con decenas de asambleas territoriales locales, que recuperan la institución del Trawun, la antigua reunión mapuche de intercambio de noticias, debates y gestación de acuerdos. En acciones expresivas, momentos destacados fueron la campaña contra las reuniones de APEC en Pucon (junio 2004) y Santiago y el Foro Social Mapuche que interpeló al etnocéntrico Foro Social Chileno (noviembre 2004) invitando a pensar un país plural.
En la construcción social del movimiento, el año tuvo el sello del fortalecimiento de las redes y los medios de comunicación, con mezcla de tradición y modernidad. Dos hitos simbolizan este potente proceso interno de autoafirmación colectiva: el Encuentro de comunicadores mapuches del Wallmapu Chile-Argentina, (octubre 2004) que reunió a más de un centenar de representantes de medios de comunicación mapuches autónomos, de ambos lados de la cordillera, expertos en todas las tecnologías mediáticas - reporteros de prensa, poetas, actores, muralistas, webmaster, videistas, locutores radiales-; y el Primer Trawün de Autoridades Originarias en la Sabiduría Ancestral, que reunió junto al Lago Budi a los depositarios de la sabiduría ancestral: machis, lonkos, ngenpin, weipifes (noviembre, 2004).
Las capacidades y fortalezas del movimiento indígena y de sus redes se pusieron a prueba ante el intento legislativo de derogar el estatuto de protección de las tierras indígenas, por vía indirecta, reformando el articulo 17 de la Ley 19.253. Tal proyecto, con apoyo gubernamental, fue aprobado sorpresivamente en la Cámara de Diputados el 8 de septiembre de 2004. Enterados de la grave situación las organizaciones mapuche de todas las tendencias, viejas y nuevas generaciones, se autoconvocaron en asamblea en la Casa de Ejercicios de Temuco, el mismo lugar que fue el punto de encuentro en 1978 cuando el gobierno militar anunciaba su proyecto de división de las comunidades y que constituye el hito histórico de arranque del movimiento mapuche contemporáneo.
En octubre de 2004 los mapuches ya estaban nuevamente en la calle y en la arena pública.
En la nueva contienda por la defensa de las tierras se desplegó en campaña fulminante el amplio repertorio de acciones de protesta: asambleas masivas, marchas, llamamiento a todos los pueblos indígenas, emplazamiento a Consejeros de Conadi, copamiento de sedes políticas, cartas públicas, encuestas, campañas de internet, cabildeo político, denuncia internacional, interpelando a autoridades y parlamentarios, hasta lograr el realineamiento de los partidos políticos, votos políticos de las bancadas rechazando la reforma, la retractación gubernamental y la paralización del trámite legislativo. De paso, precipitaron la caída del subsecretario de MIDEPLAN, flamante presidente del Fondo Indígena Latinoamericano, que había sostenido en agosto de 2004, que el proyecto de dividir las tierras indígenas en minúsculas porciones de 500 mts cuadrados y levantar las prohibiciones de venta, no afectaba los derechos territoriales indígenas.
El proyecto de reforma quedó en suspenso, siendo derivado a la Comisión de Constitución de la Cámara, en lo que fue una solución intermedia, ante el impasse político y la presión mapuche. Sin embargo, en tanto no ha sido archivado constituye un peligro latente; más, aun, el episodio puso al descubierto la situación de desprotección en que se encuentran las tierras indígenas no mapuches, las cuales están sometidas a la ley común de divisibilidad de predios rurales.
Octubre fue también período de elecciones municipales, y siguiendo una tendencia continental, los indígenas aumentaron su participación en estos comicios con una mayor cantidad de candidatos autónomos para disputar el poder local. Los resultados fueron poco satisfactorios para las candidaturas independientes, en un sistema electoral que privilegia las coaliciones de partidos, pero en términos generales se incrementó la cifra absoluta de concejales y alcaldes indígenas electos en todas las regiones.
En el norte de Chile, la comunidad atacameña de Toconce ganó un largo juicio contra la empresa estatal ESSAN, en un fallo de la Corte Suprema del 22 de marzo de 2004, que estableció que la propiedad ancestral indígena sobre las aguas, constituye dominio pleno, de acuerdo a la Ley 19.253. Sin embargo, este avance se ve opacado por la persistente negativa de organismos estatales y empresas privadas en respetar tales derechos ancestrales, como ocurrió con el caso del Parque Nacional Lauca, donde el MOP pretendía extraer aguas afectando los bofedales de las comunidades aymaras, las que impidieron con protestas masivas tal propósito.
Y después a más de un siglo de que habían sido declarados extinguidos, la Cámara de Diputados acordó, en Julio de 2004, reconocer la existencia actual de los diaguitas, pasando el proyecto al Senado para su segundo trámite.
EL FALLO ABSOLUTORIO EN JUICIO POR ASOCIACIÓN ILÍCITA.
El año se inició con el encarcelamiento de los lonkos Pichun y Norin, condenados por el delito de incendio terrorista en un polémico doble juicio. En un nuevo proceso, ahora por asociación ilícita, resultaron absueltos de los duros cargos, y en un fallo notable del 9 de noviembre de 2004 el Tribunal de Temuco señala que
Respecto de los acusados Pascual Pichún y Aniceto Norín, todos los antecedentes coinciden en que ostentan la calidad de “logko” de sus respectivos “lof”,es decir, son dirigentes, son la autoridad dentro de esa unidad conocida como “lof” en la organización socio-política de la sociedad mapuche y que en el concepto español se le identifica como comunidad. De allí que la finalidad última de la conducta de estos acusados al frente de su agrupación aparece como orientada a la recuperación de las tierras que consideran como suyas por haberlas detentado sus ancestros, descartándose a su respecto un afán terrorista en su accionar.
Por primera vez un tribunal chileno señala como un hecho de la causa, de suyo evidente, algo universalmente obvio: que los indígenas consideran suyas las tierras por haberlas detentado sus ancestros, y que su finalidad es recuperarlas. Esa verdad tan sencilla ha tomado más de un siglo en ser admitida en Chile, a un costo y esfuerzo mapuche inenarrable.
Esa sentencia cierra simbólicamente un ciclo iniciado en Lumaco en 1997, por la defensa de derechos y territorios del pueblo mapuche, en nombre de las tierras antiguas, las que detentaron los ancestros.
Y el balance mapuche de la transición chilena 1990-2005 - el “Expediente – Chile” - lo resume el largo memorial de agravios y violaciones a los derechos indígenas en democracia presentado por la Coordinación de Identidades Territoriales Mapuche y el Consejo de Todas las tierras y una coalición de equipos jurídicos, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington DC, el 3 de marzo de 2005.
En el 2004, desde el derecho internacional se dejó establecida otra verdad histórica del modelo chileno:
“el incumplimiento del Estado de Chile respecto a sus obligaciones internacionales relativas al reconocimiento, resguardo y respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas”
La proverbial paciencia y contumacia mapuche dio muestras de ser más fuerte.
FUENTES:
www.mapuexpress.net
www.corma.cl
www.emol.com
www.mideplan.cl
www.congreso.cl
http://www.nodo50.org/azkintuwe
