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CAMBIOS EN URUGUAY: UN TRATADO QUE GENERO DURAS DISPUTAS EN EL OFICIALISMO
Uruguay aprobó un polémico pacto de inversiones con EE.UU.
Fue en un agitado trámite parlamentario que incluyó incidentes en el Congreso. El acuerdo protege inversiones mutuas. La izquierda del Frente Amplio se oponía, pero aceptó votar “sí” con algunos cambios.
La Cámara de Diputados del Uruguay aprobó ayer y por unanimidad el Tratado de Protección de Inversiones entre ese país y Estados Unidos. Ya avalado una semana antes por el Senado, con esta ratificación parlamentaria ahora el presidente Tabaré Vázquez promulgará un pacto que provocó cimbronazos en la coalición oficialista y violencia en el tratamiento legislativo.
Igual que en la Cámara alta, el debate de los diputados incluyó griteríos desde la barra, donde simpatizantes del oficialista Frente Amplio (FA) y en especial del Partido Comunista (PC) criticaron la decisión de la bancada oficialista. Gritaban consignas como “Alcahuetes de los yanquis” o “Patria sí, colonia no”.
Mientras, afuera del Congreso militantes de la izquierda del FA protestaron con cánticos adversos, quemas de neumáticos y de banderas de EE.UU.
Las discusiones y los ruidos que provocó este tema fueron más simbólicos que de efectos concretos, coincidieron varios analistas. La Embajada de EE.UU. en Montevideo saludó la aprobación legislativa como “un significativo paso adelante”. EE.UU. tiene inversiones en Uruguay sobre todo en bancos y seguros, pero también en agro, forestación y otras áreas.
Se trata de un acuerdo bilateral que fija parámetros para las inversiones de un país en otro en cuanto a beneficios, solución de controversias, jurisdicción ante eventuales quejas y otros puntos. Casi todos los países de la región, incluida Argentina, tienen acuerdos similares, excepto Brasil. Son diferentes a los tratados de libre comercio (TLC) aunque se rocen en ciertos puntos, ya que no aluden a liberar comercio sino a dar un marco de seguridad jurídica a las inversiones para potenciarlas.
El anterior gobierno de Jorge Batlle, conservador, lo firmó poco antes de dejar el poder, pero sin tratamiento legislativo. Básicamente lo trabajó su ex ministro de Economía Isaac Alfie, muy inclinado a las posiciones promercado como las entiende EE.UU. El Frente, que asumió en marzo último, dijo que, al no poder desconocerlo, lo refrendaría siempre que se modificaran algunas artículos. Al interior de esta alianza de centroizquierda se produjeron intensos debates y hasta amagues de ruptura.
En el Senado, un diputado del PC votó en contra. Y ayer, en diputados, se exigió disciplina. Así, aunque puertas adentro de sus oficinas la bancada de todo el FA votó dividida (30 a favor —el sector moderado del Frente—, 20 en contra —entre ellos todos los diputados del MPP de José Mujica, ex tupamaros y mayoría relativa en el Frente— y 2 abstenciones), en el recinto todos se alinearon respetando el “mandato imperativo” que llegó del Ejecutivo. La oposición de los partidos Colorado y Blanco también apoyó.
En el Frente justificaron el voto diciendo que Vázquez logró de EE.UU., en la reciente Cumbre de las Américas en Mar del Plata, cambiar tres puntos.
Tribunales. Los 3 jueces que formen eventuales cortes de controversias serán 1 por cada país (tal como estaba previsto), pero el tercero será a elección del propio presidente del Banco Mundial, que en su seno tiene el CIADI (Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones). Se trata del mismo que aceptó Argentina y donde tiene unos 35 juicios de dueños extranjeros de empresas privatizadas durante la década de 1990, que reclaman miles de millones de dólares. En la versión Batlle había una referencia más vaga sobre la jerarquía del Banco que nombraría a un tercer juez.
Objeción a “beneficios” a inversiones de sociedades que, pese a figurar como uruguayas, pudieran ser de capitales mixtos. EE.UU. exigía que ello podría ocurrir por ejemplo si era de un país con el que “no mantiene relaciones diplomáticas”, por ejemplo Irán o Cuba. Uruguay exporta carne vacuna al país asiático, y restableció relaciones con Cuba al asumir Vázquez. Uruguay exigió reciprocidad y así se habilita también a trabar beneficios si objeta a los accionistas de determinada empresa de EE.UU.
Mercosur y “nación más favorecida”. Los beneficios de Uruguay a sus socios del Mercosur (con los que sí tiene un TLC y aun una Unión Aduanera, aunque imperfecta) no se extienden automáticamente a EE.UU.
