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La Policía sigue violando los derechos humanos
El Defensor del Pueblo recibió entre enero y noviembre de este año 3.120 quejas contra diferentes instituciones por la violación de derechos humanos, 1.132 más que la anterior gestión. Sólo el 35 por ciento de los reclamos era de su competencia y la mayoría de las admitidas, 26 por ciento, fue contra la Policía Nacional.
El restante 65 por ciento, de las más de 13 mil quejas, estaba relacionada con entidades privadas, por eso fueron derivadas a la oficina de Orientación Ciudadana del Defensor del Pueblo. Allí los ciudadanos recibieron apoyo y asistencia jurídica.
El defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, dijo que la Policía sigue siendo la más denunciada por los ciudadanos, al igual que en 2004. Como ejemplo citó el caso del Director de Derechos Humanos del Viceministerio de Justicia, quien supuestamente fue “torturado y vejado” en oficinas de Conciliación Ciudadana y Familiar de la avenida Pando.
Esta situación muestra, según Albarracín, que el trabajo realizado con la Policía (capacitación y educación para los derechos humanos) no fue suficiente y necesita reforzamiento.
El Servicio Nacional del Sistema de Reparto es el segundo más denunciado, con 18 por ciento de quejas, por el retraso de trámites de jubilación. Mejoró en algunos aspectos pero debe poner énfasis en la atención de trámites en el interior del país.
Se debe recordar un hecho que impactó a la población cuando una persona pretendió hacer detonar cargas de dinamita que tenía en el cuerpo, exigiendo que su trámite de jubilación sea concluido.
En anterior año, el segundo lugar fue de las entidades gestoras de la seguridad social de corto y largo plazo, le seguían las prefecturas y municipos.
En 2005, la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros ocupa el tercer lugar a causa de los reclamos vinculados con el pago del Bonosol, el Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito y por beneficios cubiertos por las administradoras de fondos de pensiones.
Albarracín explicó que no tiene tuición sobre las entidades aseguradoras porque son privadas, pero esa “Súper” regula al sector y debe velar por los intereses de los ciudadanos. “El derecho a exigir responsabilidad sobre actos de la administración pública es un derecho del ciudadano”, dijo.
En cuarto lugar se encuentran los gobiernos municipales por la burocracia administrativa, dilación en trámites demandados, impuestos y/o prepotencia de los funcionarios ediles.
La Oficina Central (Dirección Departamental de Quejas La Paz) y la Representación Especial de El Alto recibieron la mayoría de las quejas, cerca del 50 por ciento del total del país.
La personas de la tercera edad son las que más acudieron en demanda de protección de sus derechos. Les siguieron las mujeres, reclusos, niños y niñas, y jubilados.
Los derechos más vulnerados, el 33 por ciento, son los relacionados con el exigir responsabilidad sobre actos de la administración pública con respecto de los ciudadanos.
Un total de 131 conflictos sociales fue resuelto
El Defensor del Pueblo, además de atender las quejas y trabajar en la promoción y educación sobre derechos humanos, llevó adelante programas especiales para atender a los ciudadanos.
El trabajo consistió en pacificar escenarios de violencia, facilitando el diálogo e impulsando un acercamiento de los sectores en conflicto, para prevenir la violación de derechos a la vida e integridad y seguridad personales, explicó el defensor del Pueblo, Waldo Albarracín.
La evaluación anual indica que en la mayoría de los conflictos se logró acuerdos transitorios o definitivos, con las cuales se levantaron las medidas de protesta.
Albarracín afirmó que el 25 por ciento de estos convenios no fue cumplido en el año.
Un alto porcentaje (65 casos) de los conflictos fue atendido por la Oficina Cental de La Paz; en otras capitales de departamento 56 y los restantes diez en las oficinas provinciales y mesas defensoriales.
Del total de conflictos atendidos, el 40 por ciento corresponde a los pueblos indígenas y está referido al saneamiento de tierras.
El 20 por ciento de los conflictos estuvo relacionado con la contaminación ambiental. Y el 10 por ciento está referido a recursos naturales, identidad, decretos (emitidos y cuestionados) y participación en crisis política por sucesión la presidencial.
Un aspecto que destaca Albarracín es que los conflictos con los “cocaleros” disminuyeron con relación a otros años. “Antes había una intensa participación (del Defensor del Pueblo) en los conflictos del Chapare”, dijo.
Nuevo gobierno
Al ser consultado sobre lo que espera de la gestión gubernamental de Evo Morales Aima, Albarracín manifestó que el nuevo Gobierno, “cuya base se asienta en los movimientos sociales”, sea respetuoso de los derechos humanos y que éstos se constituyan en una política de Estado.
“Que sea parte de su conducta general. Que los ministerios, el Ejército y la Policía Nacional tomen como norma de conducta el respeto a los derechos humanos de la ciudadanía.
