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Informe de visita a Comunidades Negras
por RED DE HERMANDAD Y SOLIDARIDAD - COLOMBIA Sunday, Jan. 15, 2006 at 5:57 PM Indymedia Colombia
redher@redcolombia.org
INFORME VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS COMUNIDADES NEGRAS DEL TERRITORIO ANCESTRAL DE LOS RÍOS: NAYA, YURUMANGUI, CAJAMBRE, MAYORQUIN Y RAPOSO 12 al 17 de diciembre de 2005
1. PRESENTACIÓN
La situación humanitaria que afrontan las comunidades negras de la Costa del Pacifico y en particular las pobladoras de las zonas rurales del municipio de Buenaventura correspondientes al territorio ancestral de los ríos Naya, Yurumanguí, Cajambre, Raposo y Mayorquín es extremadamente preocupante, debido a la presencia del frente 30 de las FARC, la Infantería de Marina de Buenaventura y el Batallón de Alta Montaña No. 3. La presencia de estos dos grupos armados en la zona mantiene en una situación de inseguridad y emergencia a la comunidad por el temor permanente a que se desarrollen enfrentamientos, bombardeos y ametrallamientos y termine la población civil afectada en medio de las acciones militares.
Desde el año 2001 la población negra del territorio ancestral de los rios Naya, Yurumanguí, Cajambre, Raposo y Mayorquín ha sido victima de diferentes acciones violentas ocasionadas por grupos de paramilitares, guerrilla y fuerza publica, que van desde masacres, detenciones y allanamientos arbitrarios, bombardeos y enfrentamientos entre otros, provocando desplazamientos tanto hacia la zona urbana de Buenaventura como internamente en el río, poniendo en riesgo la vida misma, ocasionando afectaciones psicológicas, daños materiales y físicos en el conjunto de la población.
Ante el panorama anterior y por solicitud de los Consejos Comunitarios y con el propósito diagnosticar la situación humanitaria de las comunidades y disminuir los impactos y afectaciones que causa el conflicto armado se organizó una misión de acompañamiento por los cinco ríos y en cada uno de ellos visitando las veredas con mayores riesgos y vulnerabilidades.
2. OBJETIVOS
· Diagnosticar la situación humanitaria que viven las comunidades negras de los territorios ancestrales de los ríos de Naya, Cajambre, Yurumanguí, Mayorquín, Raposo por causa del conflicto armado interno.
· Brindar un acompañamiento organizado a las comunidades negras de los territorios ancestrales de los ríos de Naya, Cajambre, Yurumanguí, Mayorquín, Raposo, como estrategia para la prevención y atención de los impactos causados por el conflicto armado y prevención del desplazamiento forzado.
3. PARTICIPANTES
La misión de observación y verificación estuvo integrada por las siguientes personas delegadas de organizaciones e instituciones como Defensoría del Pueblo, Oficina de seguridad y protección de Naciones Unidas, Oficina de Atención Humanitaria de Naciones Unidas (OCHA), Corporación Servicios Profesionales Comunitarios “Sembrar”, Red Europea de Hermandad y Solidaridad, Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, Comité de Solidaridad con Presos Políticos, American Friends Service Comitee, Asociación ECATE, Coordinador Nacional Agrario, Proceso de Comunidades Negras con la presencia de las siguientes personas:
La misión fue coordinada por el Proceso de Comunidades Negras, Comité Andino de Servicios y la Defensoría del Pueblo-Programa Defensoría Comunitaria
4. El Municipio de Buenaventura: Contexto
Buenaventura es una ciudad costera que se constituye en el principal puerto marítimo sobre la costa Pacifica colombiana. Está ubicada en la región sur central del Chocó biogeográfico colombiano, que presenta la mayor concentración de biodiversidad del mundo; es además, el centro poblado del municipio de su mismo nombre, ubicado en el departamento del Valle del Cauca al occidente del país. Limita al norte con el departamento del Chocó; al oriente con los municipios de Calima, El Darién, Dagua, Santiago de Cali (capital del Departamento) y Jamundí; al sur, con el departamento del Cauca y al occidente con el Océano Pacífico. Este municipio tiene dos importantes bahías: Málaga y Buenaventura; además, está atravesado por 11 cuencas hidrográficas que nacen en la cordillera occidental y desembocan en el océano Pacífico: los ríos San Juan, Calima, Dagua, Anchicayá, Raposo, Mayorquín, Cajambre, Yurumanguí y Naya, son las cuencas más importantes en donde se halla la zona rural más extensa del departamento, lo que la convierte en una región de gran riqueza ambiental. Estos ríos y sus cuencas son actualmente reconocidos por la Constitución Nacional, como territorios colectivos de Comunidades Negras y en algunos de ellos se encuentran resguardos indígenas.
Su posición privilegiada en el Pacífico colombiano, le permite ser el principal puerto marítimo del país y ser una de las arterias más importantes de la economía nacional, ya que a través de su territorio están construidas las dos vías más importantes que comunican al interior del país con el Pacífico: la vía carreteable Cabal-Pombo, y el Ferrocarril del Pacífico por donde se movilizan el 42% de los productos del comercio exterior colombiano, y además, se despliegan dos tramos del poliducto de ECOPETROL en el Valle del Cauca.
Este municipio es considerado como la principal plaza comercial de todo el Pacífico colombiano y epicentro económico, social y cultural de la región. Tal característica hace de Buenaventura una ciudad atractiva para inmigrantes, que en su mayoría llegan de todas partes del litoral y en menor proporción de regiones como Antioquia, Caldas y Risaralda, todos ellos en busca de oportunidades de empleo y de alcanzar una mejor calidad de vida.
No obstante esta importancia hace que la región sea inevitablemente atravesada por las dinámicas del conflicto armado interno que se desarrolla en el país, las cuales se vienen agudizando en la región desde el año 1998. En este municipio los actores armados (Fuerzas militares y de policía, guerrillas y paramilitares de las AUC, éstas últimas desde 2000) mantienen una constante disputa por el territorio y el control de la población, dado que, además de las características enunciadas, Buenaventura es actualmente un corredor estratégico para el tráfico de armas y de estupefacientes hacia diversos países. Esta situación ha hecho que se incrementen los cultivos de uso ilícito en los territorios de los ríos y que en sus desembocaduras se hayan establecido sitios de almacenamiento de drogas, insumos y combustible para su procesamiento.
El municipio de Buenaventura, según el censo nacional de 1993, cuenta con una población de 272.000 habitantes: 237.000 en la zona urbana y 35.000 en la zona rural; del total de la población, se considera que el 90% corresponde a comunidades negras, el 8% a comunidades mestizas y el 2% a comunidades indígenas. Según los pobladores la cifra total de habitantes estaría cercana a las 450.000 personas, porque el censo de 1993 no calculó el desplazamiento.
El desempleo supera el 65% total de la población, la cobertura de los servicios públicos es de tan sólo el 40% en acueducto (agua potable), en alcantarillado es del 10% contrastando con la cobertura nacional es del 82 % en acueducto y el 50% en alcantarillado. En la zona rural son inexistentes tales servicios.
A la secular pobreza y abandono estatal de la región y del municipio en los que habitan las comunidades negras e indígenas, se suman hoy - en medio del conflicto armado y social que vive el país-, los controles a la libre movilización de personas, alimentos, combustibles y medicinas, las masacres indiscriminadas, las amenazas y los asesinatos selectivos, las campañas de “limpieza social”, la toma de la población civil como rehén por parte de los actores armados en las zonas rurales y centros poblados, las agresiones a los territorios, a los recursos naturales y a los proyectos de vida de las comunidades; la implementación de megaproyectos o la aplicación de políticas publicas no consultadas, conforme corresponde a poblaciones con pertenencia étnica diferenciada, que dan por resultado la existencia de comunidades amenazadas que deben salir como desplazadas a diversos lugares del país y la pretendida invisibilización de las comunidades afro descendientes, muestra del racismo prevaleciente en Colombia.
Aunque no existen muchas cifras y el silencio se constituye en una regla para continuar sobreviviendo, lo cierto es que los (as) Afro colombianos (as) son uno de los sectores sociales más golpeados por los efectos del conflicto armado, y representan un número significativo del total de las personas desplazadas del país. Pero al lado del sufrimiento y la vulneración de derechos, también existen experiencias de retorno y de resistencia pacífica de comunidades a la guerra y a los horrores que en ella se cometen.
Sin embargo, hay un fenómeno que alienta y motiva la esperanza en la región: Los movimientos sociales -negros e indígenas- que, como activistas, desafían el sentido que se ha dado a la vida social en Colombia, a través de prácticas de adaptación, resistencia e hibridación con la cultura dominante, que hace que tanto negros como indígenas del Pacífico hayan adelantado la construcción de ricos mundos simbólicos y sociales. Este surgimiento de identidad colectiva se vislumbra desde el Artículo Transitorio 55 de la Constitución Nacional y la ley 70 de 1993, fortaleciendo sus comunidades y defendiendo sus territorios.
La situación política de violencia que vive Colombia y de manera especial el territorio-región del Pacífico, imposibilita la vivencia y el pleno ejercicio de los derechos de sus pobladores y en particular los derechos específicos de los grupos étnicos, con graves impactos para las comunidades negras. Conscientes de que, en las actuales circunstancias, la situación que viven los (as) Afro colombianos (as) y sus territorios podría agravarse en los próximos meses, colocándolos aún en mayores condiciones de vulnerabilidad y violación del conjunto de sus derechos y sabiendo que todos (as) tenemos la responsabilidad en la construcción de instrumentos y mecanismos que contribuyan a la protección de la vida y los derechos de las comunidades y de todos sus miembros de manera individual, trabajaremos por la visibilidad de esta situación, por la búsqueda de alternativas de solución; por el cese de las violaciones de sus derechos, el combate a la impunidad y el fortalecimiento de las iniciativas comunitarias y sociales, como condiciones indispensables y necesarias para la búsqueda de una paz con justicia, respeto y dignidad para todas (os)
4.1 Las comunidades negras de los territorios ancestrales de los ríos del Municipio de Buenaventura y su organización
Desde 1991 y con el desarrollo de la nueva constitución nacional, el Estado colombiano lha reconocido jurídicamente a las Comunidades Negras, especialmente a las de la zona rural del Pacifico colombiano, el derecho ancestral a la posesión, permanencia y manejo de sus territorios. Igualmente reconoce y protege con esta normatividad el desarrollo en este territorio de formas propias de vida, pensamiento, autoridad y organización, construyendo así una historia propia que define su identidad cultural y étnica. La aplicación y reconocimiento de esta legislación aún no se ha logrado en su totalidad.
Históricamente se presentan formas de organización que en las últimas décadas se recogen en organizaciones propias con una definición étnico - territorial, que permiten visibilizar y trabajar por el reconocimiento y validación del DERECHO A SER, es decir a la identidad étnica y cultural, de un ESPACIO PARA SER, referido al derecho al territorio, del EJERCICIO DEL SER, significa el derecho a la autonomía, a la organización propia y a la participación, a una OPCIÓN PROPIA DE FUTURO, como el derecho a un desarrollo propio para el bienestar material y espiritual colectivo.
Además de las organizaciones étnico-territoriales, la normatividad de la Ley 70 señala a los Consejos Comunitarios, que en estos casos representan a una comunidad – territorio definida por la cuenca de un río, para cumplir funciones administrativas. En el caso de estos ríos, los Consejos Comunitarios como autoridades propias actúan en coordinación con las organizaciones étnico – territoriales.
La vida de estas comunidades se ha desarrollado desde tiempos ancestrales en el uso racional del medio, una agricultura asociativa, extracción de oro y madera, así como pesca y cacería. Las familias para poder vivir necesitan realizar varias o todas estas actividades simultáneamente, lo cual significa hacer uso de todo el territorio: en la parte alta del río minería y agricultura, en la media agricultura y corte de madera, y en la baja pesca y corte de madera. Algunas de estas actividades se realizan en el día, iniciándose en la madrugada y otras como la cacería en algunos casos es exclusivamente nocturna. Así ha transcurrido la vida de estas comunidades, apoyándose en el desarrollo de su cosmogonía mágico-religiosa, la medicina tradicional, el aprendizaje cultural a través de la tradición oral, en donde la presencia del Estado no ha significado mejoramiento de las condiciones de vida, más bien deterioro con la implementación de programas y proyectos que han ido en contravía de su cultura y de su entorno ambiental y territorial.
4.2. La situación actual
A principios del mes de noviembre de este año el ejército nacional ha iniciado una ofensiva sobre los grupos insurgentes que se mueven en la franja de la cordillera Occidental, en el Parque Nacional Natural Farallones, en donde nacen los ríos, territorios ancestrales de las comunidades negras. Es evidente que la ofensiva militar a los grupos insurgentes se esta realizando al interior de los territorios de las comunidades negras de los ríos Naya, calambre, Yurumanguí, Mayorquín y Raposo, generando graves impactos en la vida de las mujeres, hombres, jóvenes, niños y niñas de las comunidades ribereñas.
Por lo tanto, los Consejos Comunitarios como autoridades propias a través de la Juntas Directivas y de las organizaciones étnico-territoriales, inician de la mano del Proceso de Comunidades Negras PCN y la Defensoría del Pueblo, un acercamiento para evidenciar los efectos de estos operativos en las comunidades y difundir recomendaciones básicas a la población en torno a la prevención y protección de las comunidades en el marco del DIH y los DD.HH.
Entre las demandas de las comunidades se destaca la necesidad de un mayor acompañamiento institucional, de esta forma el PCN promovió la realización de la jornada interinstitucional denominada “Acompañamiento ante la situación de emergencia producto del conflicto armado que viven las comunidades negras de la costa pacifica del municipio de Buenaventura”.
Dentro de los últimos hechos expresados por las organizaciones y que motivaron la misión de acompañamiento tenemos:
El martes 8 de noviembre, ingresó a la región del Alto Naya un contingente del ejército nacional, partiendo del sitio conocido como La Silvia. Frente a esta situación diversas organizaciones realizaron un sinnúmero de alertas tempranas que tuvieron respuesta oportunas por parte de de Organizaciones de Derechos Humanos, Defensoría Comunitaria, pero ninguna por parte del Gobierno Colombiano
El jueves 17 de noviembre la armada nacional realizó bombardeos en las cabeceras de las cuencas de los ríos Naya, Cajambre y en parte baja del río Yurumanguí en la quebrada El tambor. Estos hechos llenaron de pánico, tristeza e incertidumbre a las comunidades.
En relación con el río Yurumanguí, desde el año 2001 a la fecha, este territorio ancestral ha vivido una serie de hechos violentos, divulgados en la alerta del pasado 22 de noviembre, pero que hemos considerado necesario anotar en el presente informe como elementos que motivan la misión de acompañamiento ya que han afectado la integridad física, psicológica, material y espiritual de las comunidades. En Abril de 2001 un grupo de paramilitares ingresaron a esta zona y durante 15 días asesinaron más de 50 campesinos, indígenas y Afrodescendientes en el Naya. Posteriormente pasaron y llegaron a la cuenca del río Yurumanguí, exactamente a la vereda El Firme (hoy desaparecida de la geografía del río) y realizaron una masacre. Allí asesinaron y torturaron a 8 personas, violaron a varias mujeres y amenazaron a toda la comunidad. Estos hechos obligaron a más de 1.000 personas afrodescendientes a huir del río Yurumanguí y a la desaparición de una vereda completa. Esta masacre fue realizada a pesar de los múltiples llamados de alerta y advertencia de la Defensoría del Pueblo, los organismos de Derechos Humanos Nacionales e internacionales.
En agosto 2002 la Armada nacional ingresa al río por la parte baja y se encuentra en las inmediaciones de las veredas Primavera y Veneral con grupo de insurgentes, produciéndose un enfrentamiento quedando la comunidad en medio del fuego cruzado. Esta situación ocasionó un nuevo éxodo de la población hacia el municipio de Buenaventura.
En el 2.004 nuevamente la Armada Nacional realiza un operativo en la zona media el río, Vereda San Antonio, donde hicieron varios allanamientos, quemaron una vivienda e indagaron a varios jóvenes de la Comunidad. En el mismo operativo hicieron tala de árboles para la realización de un helipuerto provisional, atentando no solo contra la comunidad, sino también contra el ecosistema del territorio.
En mayo del 2005, realizaron bombardeos en la parte alta del río Veredas San Jerónimo, El Águila y San José, dejando un saldo de tres personas heridas por esquirlas y granadas, dos personas detenidas, varias casas, escuela y jardín comunitario perforados por las balas, algunas fincas destruidas y la población en general afectada psicológicamente por esta situación. Estos daños aún no se han reparado a pesar de existir un compromiso de la Gobernación y la infantería de Marina.
En cuanto al Río Cajambre, desde el 25 de agosto de 2003 la situación de Derechos Humanos ha venido deteriorándose en las comunidades de este territorio debido al bombardeo ejecutado por el ejército en cercanías a la comunidad de Barco, que duró aproximadamente tres horas, donde una persona murió de pánico. El día 30 de septiembre de 2003 a las 2:00 a.m. Se presentó el segundo bombardeo, por lo cual otra persona murió de pánico y la comunidad se desplazó. En esta oportunidad la fuerza publica dejo dos bombas sin activar en el río, situación que ha puesto en riesgo la vida de las comunidades de Cajambre. El día 15 de junio de 2005, se presentó otro bombardeo con ráfagas, lo cual afectó nuevamente a la comunidad no solo en su salud emocional sino que además, esta situación impide que la comunidad realice sus actividades productivas.
5. SITUACIÓN HUMANITARIA Y DE DERECHOS HUMANOS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DEL LOS RÍOS YURUMANGUI, NAYA, CAJAMBRE Y MAYORQUIN
5.1 Territorio Ancestral del Río Yurumanguí (3.218 habitantes)
Veredas San Antonio y Juntas - Martes 13 y miércoles 14 de diciembre
Se visitaron las dos veredas donde hay presencia de la Armada Nacional y Batallón de Alta Montaña No. 3.
Vereda San Antonio
La comunidad expresa que jamás había existido presencia permanente de la fuerza publica. Esta situación los ha afectado psicológicamente y su presencia restringe la libre circulación de la comunidad, controla y bloquea la entrada de alimentos y combustible. Esto evidencia la militarización de la vida cotidiana de estas comunidades, agudizada con los sobre vuelos de los helicópteros y ametrallamientos continuos. En algunas ocasiones la fuerza pública ha decomisado mercados y gasolina, además han ubicado en el pueblo carteles señalando con fotos a integrantes de la insurgencia; esta acción es considerada por la comunidad como un acto que amenaza la unidad comunitaria poniendo en riesgo el proceso organizativo alrededor de los territorios ancestrales. Además, la comunidad expresa que es común ver a los uniformados ingerir licor, lo cual la pone en alto riesgo.
La educación. La presencia de la tropa rompe con la tranquilidad que se vivía en San Antonio, la zozobra causada por los sobrevuelos y disparos que se oyen sin precisar quien los hace o a quien, llena de temor a los profesores, alumnos y a la población en general, pues se piensa que en cualquier momento se pueden generar combates, afectando la calidad de la educación y la salud mental de los habitantes. En el río Yurumanguí el cuerpo docente y en general proceso educativo se encuentra fuertemente ligado a los planteamientos del consejo comunitario y la organización étnico-territorial alrededor de la etnoeducación. La infraestructura educativa es de las más completas de la zona rural, pero aún requiere de adecuaciones y ampliación de grados en algunas escuelas y de cobertura en casi todas. Este es el caso de Juntas, donde la escuela existente no alcanza responder a la demanda estudiantil, actualmente se esta terminando la construcción de cuatro aulas más, pero de igual forma continua siendo insuficiente. En las dos veredas el grado más alto que se encuentra es noveno, es decir que los jóvenes que deseen seguir estudiando deben disponer de recursos que les permitan mantenerse en otra vereda, o trasladarse a Buenaventura.
Teléfono comunitario, existe un teléfono comunitario que funciona con batería solar y a la llegada del ejército uno de los soldados ocupo el recinto y se encargo de contestarlo. Esta acción rompió con la privacidad que tenía la comunidad para ocupar el servicio y además, por la alta utilización del teléfono por parte de la tropa se descargaba la batería en forma rápida, quedando incomunicada población.
Censo: integrantes del ejército realizaron un censo en el cual se pregunto por el nombre del jefe de la familia, edad, estudio y actividad productiva. Alcanzaron a censar 38 familias y cuando voceros de la comunidad preguntaron el por qué de esta acción si esta es una actividad que debía ejecutar el DANE, el ejército explicó que era una orden de Bogota. Finalmente fue suspendida.
Utilización de los niños. En la actualidad los niños son utilizados para pasar en canoas a integrantes del ejército de una orilla a otra del río, además, los someten a interrogatorios mostrándoles el afiche donde aparecen los insurgentes y preguntándoles por la ubicación de algunas personas de la comunidad, utilizando como gancho la entrega de golosinas raciones de comida.
La economía. El sustento de las familias se basa en actividades de agricultura, la pequeña minería, la explotación forestal y la caza, por lo tanto la militarización de la vida cotidiana ha afectado la economía familiar, agravándose con los bloqueos que se hacen a través de los retenes militares. Se puede decir que hay una restricción en el horario y la movilidad de las comunidades, es el caso concreto de las actividades de pesca artesanal con el trasmayo que se realizan en horas de la noche o en la madrugada, las cuales no se pueden llevar a cabo por el temor que acompaña a los habitantes de San Antonio. Así mismo, la producción de miel en el trapiche comunitario que es un proyecto liderado por las mujeres gracias a la ayuda de organizaciones internacionales, está afectada, porque el ejército está acampando en estas instalaciones.
Salud. Un gran porcentaje de la población afrodescendiente de esta zona sufre de hipertensión arterial y los sobrevuelos y la ocupación militar, ha disparado los problemas cardíacos en la población adulta. Así mismo, la comunidad tiene conocimiento que los militares están colocando minas antipersonales en los sitios donde acampan, pese al compromiso del gobierno al adelantar campañas de erradicación de estas armas convencionales.
Ante todas estas violaciones al derecho internacional humanitario, el Consejo Comunitario se reunió con los mandos militares responsables del operativo, llegando a unos acuerdos con la comunidad: Retirar el soldado que controlaba el teléfono, abandonar instalaciones de la escuela y del trapiche comunitario y no ocupar las viviendas de la población.
Existe una gran preocupación en la comunidad pues no se tiene un plan de contingencia frente a eventuales combates, bombardeos o acciones directas del ejército sobre la población civil.
Vereda Juntas
En la comunidad nos relatan minuciosamente los acontecimientos vividos en la zona desde la llegada de la fuerza pública el 30 de noviembre 2.005 a las 6 pm así:
Ese mismo día la comunidad nombra una la comisión conformada por 15 personas representativas de la comunidad con el fin de interlocutar con la fuerza pública para manifestar el miedo y la zozobra que siente la población. Empezaron contando la historia del territorio ancestral y dejando claro que este pueblo existe desde época de colonia y que es la primera vez que la fuerza publica llega. Se reconoce también por parte de los voceros que en algunas ocasiones por este territorio pasan los insurgentes, que es desde esta experiencia que existe la preocupación y zozobra que se vive, pues no se quiere que en el pueblo de Juntas se repita lo que ha pasado en Bojaya y Toribio
Entre las exigencias que la comunidad le hace al comandante Chinome Rojas tenemos:
Respetar la libertad de la población civil.
Alejar sus tropas de las viviendas.
Retirar del interior del pueblo la tropa por el inminente riesgo de eventuales combates
Retirar el soldado del teléfono comunitario, debido al sobre uso por parte de la tropa
Garantías para realizar las labores productivas en la montaña ya que la gente no se moviliza a sus habituales sitios de trabajo por temor a los sobrevuelos y a las ráfagas de ametralladoras que en ocasiones se presentan.
Después de esta interlocución entre el ejército y comunidad, se llega a unos acuerdos concertados con el Señor Comandante Chinome Rojas. Sin embargo, aparece en un ladrillo del colegio en construcción la siguiente leyenda “muerte a guerrilleros y a sapos” “AUC”. Este hecho llenó de preocupación a la comunidad y nuevamente llaman al comandan Chinome Rojas y se le enseñan estos avisos a lo que el comandante de la tropa solo contesto que por qué tanta bulla, señalando en forma despectiva el letrero.
Después de esta interlocución unos soldados hicieron los siguientes comentarios cerca de la casa del líder comunitario Edison: “Hay que sacarlo”, “No hay mucha gente”.
Este comentario motivo a la comunidad a reunirse con Edison, a estar muy pendiente de él y a planear todos los días conversaciones con los habitantes de la comunidad, casa por casa, con el objetivo de dar animo y comunicarles que no estaban solos pues había solidaridad de muchas personas y organizaciones de otras partes del país e incluso del exterior. En estas circunstancias se realiza una marcha por el pueblo y un militar ubicado en un lugar con poca luz, abordó a un estudiante y tomándole el carné estudiantil le decía “por qué se mete en estas cosas, retírese de esta mierda, usted esta muy pequeño”.
Dentro del ejercito hay un reinsertado que dice conocer a varias personas de la zona entre ellas al esposo de Agustina García; con este pretexto se alojó en la casa de esta familia y en un día que el esposo de Agustina se vio en la necesidad de salir al pueblo a hacer unas diligencias y a ella le toco que quedarse sola en casa con sus hijas y el reinsertado, en horas de la noche se le sentó a orilla de la cama acosándola sexualmente.
El 3 de diciembre 2.005, La comisión vocera se reúne con los mandos militares esta vez para poner en conocimiento que varios soldados están ingiriendo licor armados y consumiendo marihuana. La comisión fue reiterativa en las denuncias anteriormente mencionadas frente a las cuales no hubo ninguna acción pese el compromiso del comandante Chinmome Rojas.
En esta ocasión el Comandante Chinome Rojas le presenta formalmente a la comunidad el reinsertado a quien se le conoce con el nombre de CAMILO, quien tomó la palabra y explicó que fue combatiente de la FARC EP y que se había reinsertado y que gracias a eso, tenia casa, panadería y otros privilegios más, además aclaró que muchos tenían dudas pero que su trabajo era mostrar el camino a la tropa. Este reinsertado se diferencia del resto de la tropa por estar armado uniformado y sin distintivos
El día 5 de diciembre aprovechando la presencia del sacerdote católico Herminio Calero se hace una procesión, rezando el rosario por la paz. El religioso fue muy solidario con la comunidad, dio muchos ánimos, y también habló con la fuerza pública pidiéndole que dejaran el pueblo. Ese mismo día a eso de la 1 y 15 PM: se escucho una ráfaga pero los uniformados explicaron que a un soldado ebrio se le había disparado el fusil.
El Comandante pidió a la comisión vocera que le dejaran permanecer en el pueblo a 20 hombres. La comisión respondió por escrito oponiéndose a esta propuesta, sin embargo, la tropa se encuentra acantonada en el interior de pueblo en varias viviendas.
El 5 De diciembre, el Comandante Chinome Rojas le pregunta a uno de los líderes sobre las denuncias a nivel internacional que se están haciendo por cuanto expresó haber recibido llamadas de otros países preguntando por la integridad de Edison y la situación de los habitantes del pueblo de Juntas. El comandante dice que si no quiere tener problemas, que deje quieta las denuncias y nuevamente pide a los líderes de la comunidad que lo dejen acampar en el pueblo, pero la respuesta fue de estos fue, negativa.
Al día siguiente aterriza un helicóptero del ejército y pegan en el pueblo carteles con las fotografías de integrantes de la insurgencia; ese día un soldado mostró el cartel aun niño preguntándole que a quien conocía, pero por la intervención oportuna de la comunidad no pudo seguir el interrogatorio.
El comandante Chinome Rojas en una ocasión se presento ante la comunidad con un fajo de billetes diciendo: “son para el que reconozca a alguno de los que están en las fotos del aviso”, después de esta acción, abandono la zona y según dicen se dirigió hacia el río NAYA, quedando al mando de la tropa el Teniente Héctor Bretón
Los soldados que se fueron comentaron que no los habían querido aquí pero “esperaran que llegaran los otros”.
El actual comandante ha ofrecido la realización de brigadas cívicas militares en la región, planteando una preocupación por el grado de organización de la población de igual forma la rapidez con que salen las denuncias pues ellos esperaban encontrar en la zona coca, narcotráfico y guerrilla.
En el momento en que la comisión se encontraba en una reunión aterrizo el helicóptero del ejército el cual por tercera vez hacia presencia en la zona y de hecho fue constatado por la comisión ver cómo los menores de edad eran invitados por los soldados para cargar las municiones y el mercado.
Estas denuncias realizadas por la comisión vocera de la comunidad de Juntas, fueron refrendadas por la totalidad de sus habitantes, en reunión con la comisión de acompañamiento. Terminada la reunión con la comunidad los representantes de la ONU y el defensor comunitario sostuvieron una dialogo con el teniente Héctor Bredton comandante de la tropa que se encuentra a cantonada en Juntas
6.2 Territorio Ancestral del Río Naya (aprox. 20.000 habitantes)
Vereda San Francisco del Naya - Jueves 15 de diciembre
La reunión se realizó en la vereda San francisco y contó con la participación de 8 veredas de todo el territorio:
San Francisco
Cuenta con 100 casas en donde la comunidad manifestó que el batallón de alta montaña llego el día 8 de diciembre, ocuparon algunos espacios comunitarios pero fue momentáneo, pegaron avisos anunciando la recompensa por la captura de los líderes guerrilleros. Al igual que en las otras veredas se sufrió el rigor del invierno y la creciente del río arrasando con todo los cultivos de pan coger sin que a la fecha el Estado se haya hecho presente. Igualmente expresaron la necesidad de un puesto de salud, mejorar el techo del templo católico y otra de las mayores preocupaciones es el litigio existente por los territorios ancestrales ya que la Universidad del Cauca, asegura ser la propietaria de esos terrenos.
Las Pavas
Tiene 385 habitantes aproximadamente, 68 familias y 49 casas. Es evidente el abandono del Estado en esta comunidad. En la zona se encuentran tres actores armados (Insurgencia, Paramilitares AUC, Ejército). Además de toda la zozobra por el operativo militar sobre los territorios ancestrales, se sufre las inclemencias del invierno que agravó la situación económica de la zona pues arrasó con los cultivos de pan coger presentado escasez en los alimentos.
San Lorenzo
Esta comunidad afectada por el invierno tiene cerca de 193 habitantes, 33 casas y 46 familias, no hay presencia de gente armada en la vereda pero si rondan cerca; se teme por posibles enfrentamientos ya que la zona es utilizada como corredor de tránsito por la insurgencia armada.
Concepción (Valle)
Tiene 1558 habitantes se encuentran preocupados por la presencia del ejercito los cuales se están alojando en las casas. La población teme desplazarse a la siembras por miedo a ser victimas de bombardeos. En el Teléfono comunitario se ha ubicado un soldado al grado que siempre se encuentra ocupada la línea. Hace algunos años en esta zona hubo presencia paramilitar. La comunidad por medio de sus voceros le hizo saber esta serie de inconvenientes al comandante de la fuerza pública encargado del operativo el cual prometió remediarlo
Concepción (Cauca)
Con 1.558 habitantes al igual que en las anteriores poblaciones por la presencia de la tropa y su operativos, las personas no se movilizan a las zonas de Producción por temor a bombardeos o encontrarse en medio de fuego cruzado en caso de eventual enfrentamientos .También han sido victimas de restricciones en los mercados y la gasolina, así como en la movilidad en el territorio. La creciente del río no solo arrasó con los cultivos sino también con animales y pese a toda esta crisis, el comandante del operativo no esta dejando entrar alimentos ni gasolina.
San Bartolo
Tiene 400 habitantes, No hay presencia del ejercito pero existe el temor de movilizarse a las zonas de producción en la montaña por miedo al operativo militar que se esta implementando. Se teme por un futuro enfrentamiento es en esta zona pues mientras una fuerza de uniformados sube la otra baja. Con la creciente del río se perdieron todo los cultivos de pan coger razón por la cual hay una crisis alimentaría y económica.
Guadualito
Se cuentan con 20 casas y 173 habitantes. Existe el temor a quedar en medio del fuego cruzado entre el ejército y la insurgencia lo cual les impide realizar su cotidianidad en las labores productivas.
Santa Cruz (Cauca)
Del municipio de López de Micay, no hay presencia de la guerrilla ni ejercito. Su crisis se debe a la creciente del río que por el invierno arrasó con los cultivos de pan coger.
Preocupaciones del conjunto de la comunidad:
Þ La creciente y desbordamiento del río afectó notablemente los cultivos de la zona.
Propuestas de solución:
Proporcionar víveres a las comunidades.
Gestionar proyectos productivos.
Estar atentos con los proyectos productivos que lleguen, para evitar que sean formulados con políticas que nos afecten.
Þ No se ha podido realizar las actividades productivas cotidianas por la zozobra en que se vive. (San Lorenzo)
Þ El ejército se encuentra hospedado en las casas.
Þ Se habían tomado el teléfono y no había espacio para que la comunidad lo usara.
Þ Se teme que cuando salga el ejército, entren los paramilitares y la guerrilla.
Þ En San Bartolo no ha habido presencia de grupos armados; pero se teme, ya que el ejército anda por los alrededores.
Þ El ejército no permite el ingreso de alimentos y gasolina para desarrollar las actividades productivas.
Þ Hay temor en la población para ir al monte por el riesgo de encontrarse grupos armados.
Þ Hay temor de quedar en el medio de fuego cruzado.
Þ Hay mucha dificultad para el sustento diario
Þ El ejército no ha respetado las medidas cautelares.
Þ Se presentó un incidente en la vereda Pavas en la que la comunidad le prestó gasolina al ejército, y este no se la devolvió completa.
Þ Se siente resistencia en la comunidad para enfrentar los grupos armados en lo que tiene que ver con la exigencia del respeto de los derechos humanos.
Þ Hay graves problemas de comunicación entre los líderes.
Þ Gestionar la logística para realizar talleres de capacitación en torno a lo organizativo y la situación del conflicto.
Þ La creciente de hace un mes afectó edificaciones como la escuela, y el restaurante escolar en la vereda Dos Quebradas.
Þ Hay riesgo de posibles desastres naturales porque el río se llevó muchas orillas.
Þ Hubo muchos deslizamientos ocasionados por la creciente
Þ La creciente afectó sobre todo a la población infantil, causándole un brote extraño.
Þ Presionar al municipio de López de Micay para que cumplan sus funciones con estas comunidades.
6.3 Territorio Ancestral del Río Cajambre (3800 habitantes aprox.)
Veredas silva, Barco, Aragón y San Isidro - Jueves 15 y viernes 16 de diciembre
En este territorio se visitaron estas cuatro veredas, por solicitud de la Junta del Consejo Comunitario.
Vereda Silva
La seguridad de la comunidad de esta vereda se ha visto alterada desde el 14 de julio de 2005 por la realización de bombardeos por parte de la fuerza publica, igualmente a altas horas de la noche se han escuchado disparos. La presencia de la fuerza pública ha afectado las comunicaciones, ya que mantienen el control del teléfono comunitario, afirma una persona de la comunidad.
Dentro de los aspectos que preocupan a la comunidad se encuentra la utilización de la población infantil para sacar información sobre la presencia de grupos armados en el territorio, la prohibición del transito de los pobladores a sus espacios de trabajo por parte de la fuerza publica y la no existencia de un plan de contingencia que les permita orientarse en situaciones de conflicto armado interno y de emergencia. Dentro de las acciones que las comunidades han desarrollado para su autoprotección esta la carnéización de la comunidad en general que le permite identificarse como población civil.
Vereda Barco
En el momento de la visita en la vereda no había presencia visible de ningún grupo armado, pero si señales de que la Infantería de Marina había estado. El temor de las comunidades se mantiene por la cercanía que hay con los territorios ancestrales de Yurumanguí y Naya, donde se encuentran acantonados y temen que su llegada ocasione enfrentamientos, razón por la cual no han podido realizar sus actividades productivas y cosechar sus productos para la alimentación. Las inundaciones presentadas durante el mes de noviembre agravan la situación humanitaria y especialmente la seguridad alimentaria, ya que la creciente del río arrasó con los cultivos de pan coger que estaban un poco más cerca de las viviendas. En materia de salud la situación es delicada, desde el año 2003 la comunidad no ha tenido asistencia medica, la mayoría de la población no tiene carné del SISBEN y en estos últimos meses el agua del río esta generando rasquiña y granos en la piel de la comunidad y con mayor afectación en los niños y niñas. Es urgente realizar un estudio ambiental de las aguas del río con el fin de averiguar las causas de su contaminación y la afectación en la piel de los habitantes.
Vereda Aragón
La fuerza pública hizo presencia en la vereda el 26 de noviembre de 2005 y luego salieron. La noche en que llegaron se escucharon ráfagas en las orillas del río, situación que alteró la tranquilidad de la comunidad ocasionando desplazamientos internos y problemas de salud en las personas hipertensas. Al igual que en las veredas anteriores, las comunidades no están realizando sus actividades productivas lo que ha afectado la seguridad alimentaria por la escasez de alimentos y especialmente estado de desnutrición de los niños y niñas.
Vereda San Isidro
En esta vereda habitan actualmente 32 familias, unos 150 habitantes, quienes tuvieron que convivir con el ejército del el 23 al 30 de noviembre, interrumpiendo sus actividades cotidianas como la asistencia de los niños y niñas al colegio porque los uniformados se alojaron en la escuela. Por temor las comunidades aun no están realizando las actividades productivas, y especialmente la agricultura debido a que todos los cultivos se encuentran en las montañas y en las quebradas, por tal razón se sufre mucha hambre, agravada por las inundaciones que destruyeron la gran mayoría de los cultivos de pan coger. En materia de salud hace mas de un año que no hay presencia de un medico y en la vereda tampoco hay promotores de salud ni medicamentos. Cuando alguien se enferma se utiliza medicina tradicional y si es grave se lleva a Buenaventura.
6.4 Territorio Ancestral del Río Mayorquín (aprox. 2.000 habitantes)
Veredas Papayal y Calle Larga - Viernes 16 y sábado 17 de diciembre
De siete veredas que conforman este territorio solo se lograron visitar dos, identificadas por la organización como las de mayor vulnerabilidad.
Vereda Papayal
El día 9 de noviembre de este año hubo bombardeos y ráfagas en las montañas donde trabajaban personas de la comunidad, esta situación impide que las comunidades no estén realizando sus actividades productivas, lo que ha generado una crisis alimentaria. Las preocupaciones de la comunidad están centradas en la forma como operan los grupos armados y en especial la fuerza publica, quien desconociendo las actividades productivas de las comunidades procede a quitarle sus escopetas y herramientas de trabajo, utiliza la población infantil para sacar información. Al requisar las lanchas de carga dañan objetos y remesa de los pobladores, No permiten entrar al río una cantidad suficiente de remesa para el sustento familiar, hacen allanamientos en las casa sin orden e ingresan a los caseríos. En relación a la salud hay emergencia por la proliferación de la malaria, la falta de medicamentos para contrarrestarla y la no existencia de un microscopio que permita hacer el examen (toma de gota gruesa).
Vereda Calle Larga
Habitada por 33 familias, es una de las veredas con mayor vulnerabilidad, aunque el ejército ha hecho poca presencia la comunidad tiene mucho temor por posibles enfrentamientos y bombardeos y por ello no se están realizando actividades productivas en el monte. El 30 de noviembre fue a ultima vez que hizo presencia el ejercito y estuvo en los lugares de trabajo, mas exactamente en la quebrada Guaipare y desde entonces la comunidad ha suspendido sus actividades como corte de madera, cacería y agricultura, que son la base de sostenimiento de la familia. En materia de salud, solo existe la atención de la medicina tradicional y la gran mayoría no tiene carné del SISBEN.
6. CONCLUSION
A manera de conclusión los elementos generales encontrados en todos los ríos y comunidades visitadas en relación con la presencia de los grupos armados y el desastre natural producido por el invierno son:
Þ Temor a la presencia de la fuerza pública ya que en buena parte de estas comunidades nunca había hecho presencia el ejército. Además en muchos casos el número de soldados es superior a los habitantes de la vereda, generando gran intimidación a la población civil.
Þ Inmenso miedo por temor a enfrentamientos entre el ejército y la insurgencia armada quedando la población en medio de los combates.
Þ Los ríos son una vía pública y allí en algún momento han circulado grupos insurgentes armados lo cual genera temor en la población civil de ser tildados como auxiliadora de uno u otro grupo armado, provocando retaliaciones, problemas legales, riesgo de desplazamiento y hasta la pérdida de vidas humanas.
Þ La presencia de aeronaves volando a poca altura genera pánico en las comunidades; la historia reciente, muestra que la presencia más común de la fuerza pública en la zona ha sido a través de bombardeos, en los que la población civil ha resultado seriamente afectada. En esta oportunidad también se presento una persona con quemaduras en el cuerpo por un bombardeo ocurrido en el río Raposo.
Þ Abandono de las zonas de trabajo: las comunidades no salen a sus áreas de trabajo por temor a encontrarse con la insurgencia ó la fuerza pública, lo cual ha generado escasez alimentaria y agudización de las difíciles condiciones económicas.
Þ Comunidad civil incomunicada por cuanto solo disponen de un teléfono compartel que debe servir aproximadamente a más de trescientos habitantes, cubriendo a varias veredas distantes unas de otras y con la llegada del ejercito, los soldados se han apropiado de estos espacios y la población se siente intimidada para hacer uso el teléfono, además agotan las tarjetas necesarias para llamar que se encuentran en las tiendas del pueblo.
Þ La fuerza pública se ha ubicado dentro de los poblados en muchos casos en espacios comunitarios, escuelas, iglesias y casa particulares.
Þ Restricción al acceso de alimentos y suministros necesarios para el transporte y trabajo como la gasolina.
Þ Intentos de involucrar a la población civil especialmente a menores de edad y jovencitas, para obtener información y satisfacer necesidades de transporte, entre otros.
Þ Desconocimiento de la fuerza pública de los procesos organizativos y reconocimiento de los derechos constitucionales que tienen las comunidades negras.
Þ Consumo de licor por parte de soldados armados en los poblados
Þ Prohibición a la población de algunas comunidades de movilizarse 100 mts adentro de la orilla del río.
Þ En algunos ríos la fuerza pública ha realizado cuestionamientos frente a los niveles de organización comunitaria encontrada.
Þ Afectación de la salud de adultos mayores por los bombardeos y presencia de grupos armados.
Þ En el caso particular de San Antonio de Yurumanguí se inicio la elaboración de un censo, por parte de la fuerza pública.
Otros elementos encontrados que agudizan la situación humanitaria de las comunidades negras de estos ríos:
Þ El invierno que aún no termina ha provocado inundaciones de cultivos y poblados, ocasionando pérdidas económicas, y enfermedades por las condiciones de insalubridad que generan las aguas retenidas.
Þ La aplicación rigurosa de la normatividad para la movilización de embarcaciones que por estos días se esta implementando en el municipio, afecta el acceso a bienes, alimentos, así como el transporte de estas comunidades ya que buena parte de los desplazamientos a la ciudad se realizan en lanchas comunitarias que no disponen de recursos suficientes para asumir esta normatividad.
7. ACCIONES DEL ACOMPAÑAMIENTO
Las acciones realizadas se enmarcaron en el tema de prevención y protección de las comunidades, desde la perspectiva de los derechos humanos y derecho internacional humanitario.
Los niveles del acompañamiento fueron de carácter colectivo (brindando recomendaciones) e individual documentando casos puntuales.
En este sentido se tuvo la oportunidad de dar a conocer en unos casos y fortalecer en otros, las recomendaciones de protección para la población civil; estas se resumen en:
Þ Principio de distinción: reconocer por las insignias de los combatientes su rango, nombre y regimiento al que pertenecen.
Þ Buscar mecanismos para cuidarse los unos a los otros, informar a los vecinos para donde sale a trabajar y hora aproximada de llegada. De igual forma limitar las jornadas nocturnas de trabajo.
Þ Informar constantemente a las organizaciones y entidades amigas y solidarias sobre las diferentes situaciones que se presenten.
Þ Aprender a documentar casos especiales, para poder realizar denuncias y seguimientos.
Þ Mantener alejada a la comunidad de los grupos armados, entender que la comunidad es población civil.
Þ Establecer como voceros de la comunidad, a los representantes de la Junta veredal.
Þ Cuidar a los niños, niñas y adolescentes, especialmente las mujeres, ya que pueden ser utilizadas por los grupos armados.
Þ En el momento de una detención o requisa de las viviendas por parte de la fuerza pública, ésta solo la puede realizar si presentan una orden de captura ó de allanamiento expedida por un fiscal ó un juez.
Þ Las viviendas, espacios comunitarios y en general el casco urbano de las veredas así como las embarcaciones de la comunidad, no pueden ser utilizadas por ningún grupo armado.
Þ Entregar materiales para identificarse como población civil:
§ Pintura para escribir en los techos de los espacios comunitarios su uso (escuela, iglesia, puesto de salud etc.), con el fin de protegerlos en caso de bombardeos.
§ Materiales para realizar letreros alusivos a su condición de población civil no vinculada al conflicto para ser ubicados en sitios estratégicos del pueblo.
§ Tela para construir banderas blancas e instalarlas encima de las casas
§ Material escrito y grafico referente al Derecho Internacional Humanitario.
8. ALGUNAS RECOMENDACIONES:
Þ Establecer mecanismos de difusión sobre las condiciones encontradas, entre las instancias estatales que les competa (Comités de APSD municipal y departamental, sistema nacional de prevención y atención de desastres entre otras).
Þ Difundir la situación de DH y DIH al interior del sistema de Naciones Unidas
Þ Tener en cuenta que para cualquier intervención en las comunidades de estos ríos, la ruta de trabajo debe ser coordinada con sus organizaciones propias, Organizaciones étnico-territoriales y Consejos Comunitarios, y además, debe inscribirse en la dinámica de sus Planes de Manejo y planes de contingencia.
Þ Fomentar y continuar el proceso de construcción y reconocimiento de los mecanismos de protección de las comunidades negras, a través de los planes de emergencia.
Þ Fortalecer espacios interinstitucionales y comunitarios para el reconocimiento de la autoridad propia.
Þ Adelantar programas y proyectos en coordinación con las organizaciones propias y el marco de los planes de manejo para mejorar efectivamente las condiciones de vida de estas comunidades, con el fin de generar las condiciones necesarias para garantizar la autonomía alimentaría que les garanticen la permanencia en sus territorios ancestrales.
Þ Destacar y potenciar el espacio que las instituciones educativas y el papel que han asumido el grupo de docentes de las zonas rurales, frente a temas como la protección y prevención.
Þ Elaborar con carácter urgente los planes de emergencia en los territorios ancestrales para garantizar su permanencia en forma digna en el territorio y prevenir el desplazamiento forzoso.
Þ Generar un proceso de fortalecimiento organizativo en las comunidades como parte del proceso de resistencia que desarrollan las comunidades.
Þ Las comunidades identificaron 5 acciones necesarias para poder sostenerse en sus comunidades y recomendaron a las instituciones y organizaciones participantes trabajar concretamente en los siguientes cinco puntos:
- Incidencia política a nivel internacional
- Acompañamiento permanente en las comunidades
- Ayuda humanitaria en la crisis y a largo plazo
- Apoyo a la creación de planes de contingencia
- Apoyo material para las necesidades de los planes de contingencia
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RED DE HERMANDAD Y SOLIDARIDAD - COLOMBIA
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