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Los aché siguen sufriendo el acoso de los oportunistas y de la justicia
En las décadas de los sesenta y de los setenta sufrían terribles persecuciones. Militares y terratenientes incursionaban en sus territorios y a balazos los asesinaban. Algunos aché que no querían renunciar a su hábitat trepaban los árboles y se arrojaban de cabeza al suelo para quitarse la vida. A varios años de aquella cacería ejecutada por la dictadura, un grupo de nativos vuelve hoy a soportar el acoso de los oportunistas con apoyo de la justicia. Es el caso de la comunidad kuetuvy, que tiene la autorización oficial para ocupar la finca 470 adquirida por el Estado; sin embargo, ahora dicen que son invasores.
Los aché, conocidos por los paraguayos como “guayakí”, vivían en los montes orientales de la zona de Caazapá, Canindeyú y Alto Paraná. En las décadas de los sesenta y de los setenta sufrieron terribles persecuciones, fueron víctimas de cacerías asesinas que los llevaron al borde del exterminio. Sin embargo, los pocos que quedaron fueron capturados; mientras, otros fueron llevados a nuevas colonias para ceder a los blancos sus tradicionales territorios.
Nadie pudo precisar cuánto eran en los montes, pero centenares fueron asesinados. De estas persecuciones, luego de la expulsión de sus territorios, quedaron unas 550 personas. Y nuevamente, de esta cantidad, murió casi la mitad porque no logró asimilar el contacto con los blancos, que les asesinaban, y otros desaparecieron por problemas de salud.
A consecuencia de esta masacre, en los años setenta, el gobierno paraguayo del dictador Alfredo Stroessner fue acusado de acto de genocidio. Las Naciones Unidas, el Congreso norteamericano, la Embajada y organizaciones de derechos humanos protestaron por la salvaje persecución.
Los pocos que quedaron se transculturalizaron y hoy se tienen seis colonias: Cerro Morotí, Chupapou, Arroyo Bandera, Ypetymi, Puerto Barra y Kuetuvy.
Esta última es actualmente el punto de conflicto. Colinda con la reserva del Mbaracayú, pero lo llamativo del caso es que todas las colonias conviven con un mismo problema: la invasión campesina y de madereros que quieren apropiarse de sus rollos.
UNA COMUNIDAD
La historia de Kuetuvy nace en marzo del 2000 cuando un grupo de aché, unas 50 familias, decidió abandonar la colonia Chupapou para fundar otro asentamiento que reivindicaban como los montes de sus antepasados.
Acamparon en una propiedad de 5.000 hectáreas, hoy conocida como la finca 470, que perteneció a un chino y quedó con el nombre de “chinocué”.
En ese año, empezaron a tramitar el aseguramiento de la tierra. Solicitaron la expropiación para crear la nueva colonia. La comunidad fue reconocida por el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) en diciembre del 2000 y en junio del 2001 recibió la personería jurídica. En ese mismo año los aché se comprometieron a crear la primera reserva natural indígena.
Se había firmado con la Fundación Moisés Bertoni un acuerdo de preservar el bosque y se buscaron los fondos para adquirir las tierras. Se consiguieron los recursos, pero paralelamente el Ministerio de Obras Públicas decidió adquirir la finca 470, como reserva del área de amortiguamiento del asfaltado de la Ruta X, Las Residentas.
La compra de esta tierra era una condición para que el Gobierno accediera al crédito de Banco Interamericano de Desarrollo para la pavimentación del camino. La transferencia del inmueble al Estado paraguayo se realizó a través de la Escribanía Mayor del Gobierno en el 2003.
Cuando los aché supieron que el MOPC compró la finca 470 y que la iba a destinar a la Secretaría del Ambiente (Seam), enseguida iniciaron contactos con ella y esta dependencia se comprometió a transferir el título a los nativos si el BID aceptaba la idea de la reserva. El plan llegó al banco, que pidió un plan de manejo, y a los pocos días acepta la idea de titular las tierras a favor de los naturales.
Entre el 2001 y el 2003 se hicieron varias reuniones con la Seam, el Indi, la Procuraduría y el presidente de la República. La conclusión fue que el gobierno decidió transferir las tierras a favor de los aché.
Mientras esto ocurría, aparecieron los problemas. Empezaron las invasiones de los madereros, siguieron los campesinos sintierra, hasta que el gobierno logró el desalojo de estos últimos.
En enero del 2002 los aché habían recibido la autorización legal de uso de la finca 470 y cada año se renovaba. En la última, el Presidente de la República autoriza al Indi el uso de las tierras a favor de los aché.
En junio del 2002, unos doscientos aché armados casi se enfrentaron a los campesinos. Había una gran amenaza de enfrentamiento, por lo que el gobierno decidió enviar a militares en la zona y los campesinos se replegaron.
El 7 de enero de 2004 se realizó otra reunión con el ministro de la Seam, Alfredo Molinas, quien propuso un acuerdo con los indígenas para que estos titularan las tierras y buscaran los fondos para el plan de manejo de la tierra. Actualmente, se tiene un proyecto para la reserva natural.
El 10 de febrero de 2004 hubo otra reunión con el presidente Nicanor Duarte Frutos, quien dispuso la titulación como reserva, pero actualmente el proceso está parado en el Indi. El 2 de setiembre de ese año se firmó un convenio entre la Seam, el Indi y los nativos, que autoriza el usufructo permanente.
Siguiendo con los acontecimientos, el 18 de agosto de 2005 la Seam comunica que cederá temporalmente la finca 470. El ministro Molinas dijo que se deberá reconocer a los indígenas sobre el inmueble e incluso se autorizó el patrullaje de la propiedad para proteger la naturaleza.
LA OTRA HISTORIA
Mientras esto ocurría, comenzó otra historia diferente en Curuguaty, y en la percepción de los nativos, aparecen dos gobiernos. El central, que dirige desde Asunción y está a favor de los indígenas, y el otro, que funciona en Canindeyú y persigue a los aborígenes.
En setiembre del 2005, una empresa y un apoderado firmaron un contrato privado para la explotación de la madera de dicha zona. Seguidamente, el 8 de noviembre aparece una orden judicial contra la líder de los aché, Margarita Mbywangui, y Arnaldo Velázquez, quien era uno de los patrulleros. La disposición era para presentarse el 22, porque se habían enterado de la existencia de un amparo constitucional en contra de ellos. Aquí aparece Rubén Atilio Giménez como un apoderado que querella a la indígena y su acompañante. El juez dice que Giménez es propietario de la finca 27 registrada en Hernandarias en 1960 y que también abarca la finca 470. Según este amparo, los aché y los patrulleros invadieron la propiedad privada.
Se descubrió allí que el apoderado de la finca 27 estaba reclamando hasta la extensión de la 470 que había comprado el Estado. Se planteaba el caso de una sobreposición de títulos.
El juez de Curuguaty, en tanto, resolvió como medida de urgencia la protección policial y la prohibición de la entrada de personas extrañas al inmueble sin autorización del propietario de la finca 27. De esta manera, de un plumazo, el juzgado negó la validez de las tierras ocupadas por los nativos y compradas por el Estado. Según el juzgado, los aché eran invasores, sin que se haya hecho ningún estudio sobre la validez de los títulos.
Mientras esto se sustanciaba, los supuestos propietarios planteaban a Margarita la extracción de la madera. Los intermediarios ofrecían plata a la indígena para que renunciara al reclamo de tierra. Al negarse, el día menos esperado, aparece la fiscala de Curuguaty con 15 policías, y, según los aché, intentaron desalojar a los nativos. Incluso recibieron la propuesta para firmar un documento que autorice la explotación de la madera. Pero, aun así, Margarita se negó.
Pocos días después se encontró una bolsa de marihuana en la propiedad. Los nativos denunciaron el hecho en la comisaría de Ybypytã y de allí fueron enviados Curuguaty.
Llegaron a la comisaría de esta localidad el 21 de diciembre de 2005. Margarita y el otro líder fueron detenidos, sin la posibilidad de comunicarse con su comunidad. Sus hijos la encontraron detenida; entonces recurrieron al sacerdote Benjamín Remiorz, y con un abogado, pusieron una fianza 5.000.000 de guaraníes y se consiguió la libertad condicional a pocas horas de la Navidad. Por este proceso, Margarita deberá participar de un juicio preliminar, luego pasaría a juicio oral y, finalmente, sería condenada mínimo a ocho años por invasión y violación de orden judicial.
Según el relato del antropólogo norteamericano Kim Hill, quien asesora y trabaja con los nativos, hay personas inescrupulosas que quieren apoderarse de la finca 470 con la intención de extraer madera. Para este cometido se utiliza a jueces, fiscales y un proceso judicial para intimidar a los aché por cumplir compromisos asumidos con la Seam y la propia Presidencia de la República.
En las décadas de los sesenta y de los setenta los aché sufrieron la masacre y la casi exterminación; actualmente, intereses extraños quieren expulsarlos nuevamente de sus tierras ancestrales que el Estado les quiere devolver.
