El banco HSBC se suma a la guerra contra las comunidades zapatistas

16.Feb.06    Análisis y Noticias

México, D. F., a 14 de febrero de 2006.

A la opinión pública nacional e internacional
A los medios de comunicación

El 26 de enero de 2006 el banco *HSBC MEXICO, S. A*., entregó en el
domicilio fiscal de la asociación *ENLACE CIVIL, A. C., *en la ciudad de
San Cristóbal de las Casas, dos oficios firmados por el Lic. Edmundo
Rivero Sánchez, Apoderado de *HSBC MÉXICO*, acompañados de su respectiva
notificación a cargo del Notario Público número 75 del estado de
Chiapas, Lic. Arturo Morales Urioste. Dichos oficios informan que: “por
así convenir a sus intereses”, esta institución daba por terminados dos
contratos de Depósito Bancario de Dinero, uno a nombre de Maria Gloria
Benavides Guevara, y el otro a nombre de Mónica del Rosario Villa
Quintero, colaboradoras de *ENLACE CIVIL, A. C.
* La primera de estas cuentas servía para depósitos
nacionales e internacionales, destinados a la ampliación de la red de
agua potable de San Andrés Sacamch’en de los Pobres; a la compra de un
camión cisterna para proveer de agua a los compañeros bases de apoyo
zapatistas que habitan en el municipio de Zinacantán; y para alimentos
vía proyectos productivos a cargo de las mujeres de las comunidades.
Luego del paso del huracán /Stan/, se empezaron a recabar en esta cuenta
apoyos solidarios para los damnificados que quedaron sin vivienda, sin
alimentos ni agua.
La segunda cuenta recibía cooperación de ciudadanos de
Dinamarca para gastos relacionados con pequeñas obras y mantenimiento de
escuelas en los /Caracoles/ de La Garrucha, La Realidad y Roberto Barrios.
Cuando abrimos ambas cuentas bancarias se nos preguntó cuál sería el
origen y el destino de los fondos. En ese momento aclaramos que
provendrían de colectas publicas solidarias, y que se usarían en
programas sociales de comunidades indígenas.
La cancelación de las cuentas ­se advertía en el instructivo de
notificación notarial­ se haría a partir del décimo sexto día natural
siguiente al que se recibiera la notificación. Esto fue el sábado 11 de
febrero próximo pasado. Antes de vencerse el plazo, acudimos a la
sucursal de HSBC de San Cristóbal de las Casas para solicitar, por
escrito, nos explicaran las razones de tal decisión. En la única
respuesta que se nos ha dado hasta la fecha, por parte de la
“Subdirección de PFS, Tuxtla Gutiérrez”, Chis., se repite en los mismos
términos que el banco “se reserva la facultad de cancelar la cuenta
cuando lo estime conveniente”. Hay que recordar que hace menos de un
año, en mayo de 2005, el BBVA-Bancomer invocó el mismo “argumento” para
cancelar todas las cuentas de *ENLACE CIVIL, A. C., *y sus
colaboradoras. Cabe hacer notar que en este caso, a pesar de haber
cancelado unilateralmente las cuentas, el propio banco nos expidió un
mes después un oficio en el que hace constar “un excelente manejo” de
las cuentas.
Es del conocimiento público que *ENLACE CIVIL *es una asociación que
creamos con las comunidades indígenas zapatistas para apoyar proyectos
productivos, educativos, de salud, y otros, que éstas están
desarrollando. Las actividades de esta asociación son totalmente legales
y transparentes, está debidamente registrada ante la Secretaría de
Relaciones Exteriores y su constitución notariada como A.C.; asimismo
está registrada ante la Secretaría de Hacienda y al corriente en sus
obligaciones fiscales. Todo lo cual muestra que está bajo un constante
escrutinio de las autoridades políticas del país y del estado de Chiapas.
Una vez más, es evidente que con este tipo de medidas se pretende
entorpecer y dificultar el flujo de solidaridad permanente hacia las
comunidades indígenas zapatistas, afectándolas en aspectos vitales, como
el suministro de agua. Curiosamente, muchas de ellas están en la región
de Los Altos, misma donde en diciembre de 2003, las autoridades locales
perredistas ­antes caciques priístas­ suspendieron el suministro de agua
en represalia a los zapatistas que estaban constituyendo un municipio
autónomo dentro de Zinacantán.
Ante la incapacidad de las autoridades federales, estatales y
municipales, de proveer los servicios públicos indispensables para la
vida cotidiana y para remontar la situación de desastre causada por
fenómenos “naturales”, la sociedad civil nacional e internacional ha
respondido en numerosas ocasiones. Esta respuesta está siendo obstruida,
ahora, por el banco *HSBC MEXICO*, el cual así se suma a la lista de
actores públicos y privados que continúan la guerra, acosando y dañando
económica y socialmente a los pueblos indígenas de Chiapas.

Por *ENLACE CIVIL, A. C.: Elisa Benavides y Paulina Fernández C.*