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Por: Marcel Claude (OCEANA, especial para ARGENPRESS.info)
Una fuerte resistencia están librando organizaciones ambientales y sociales de Uruguay para impedir la instalación de dos plantas de celulosa en la zona costera de la ciudad de Fray Bentos. Las fábricas de pasta de papel de las empresas Ence (España) y Botnia (Finlandia) comprometen seriamente el ecosistema del río Uruguay y la vida en los pueblos vecinos de Gualeguaychú en Argentina.
La oposición a este proyecto se sostiene en que las plantas conforman un polo de producción de un millón y medio de toneladas anuales de celulosa, en un proceso industrial que provocará la destrucción de los ecosistemas, mortandad de peces y contaminación de alto impacto en las comunidades locales. En Argentina, incluso, el propio gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, una de las localidades afectadas por Ence y Botnia, presentó un recurso judicial contra las celulosas, empresas que cuentan con el respaldo institucional del gobierno de Tabaré Vázquez, pero que generan ciertas suspicacias en el de Néstor Kirchner.
Para Vázquez, ‘estos proyectos serán importantes generadores de empleo, utilizarán en su mayoría materias primas nacionales y aportarán dinamismo al sector exportador uruguayo”. El mandatario agregó que sumando los costos de construcción de ambas plantas, equivalen a la inversión bruta interna fija de un año en Uruguay. Frente a este apoyo gubernamental, la mayor oposición ambientalista y ciudadana se ha concentrado en Fray Bentos.
Los mismos argumentos que utiliza Tabaré Vázquez fueron empleados por las autoridades chilenas cuando aprobaron la instalación de una planta de celulosa en el humedal del Río Cruces en Valdivia, en la Décima Región, al sur de Chile, declarado Santuario de la Naturaleza en 1981. Era un ecosistema frágil, protegido internacionalmente por la convención Ramsar y hábitat de miles de cisnes de cuello negro, pero poco importó y se instaló en sus inmediaciones una fábrica de pasta de papel.
Desde el otoño del 2004, a menos de un año de la inauguración de la planta, perteneciente a la empresa Celulosa Arauco y Constitución (Celco), comenzó a registrarse la mayor migración de cisnes en la historia del humedal. Al mismo tiempo, los ciudadanos de Valdivia, de San José de la Mariquina y de otras localidades de la provincia, vieron espantados cómo cientos de cisnes caían muertos sobre sus techos, o eran víctimas de dolorosas convulsiones, lo que motivó la indignada movilización de miles de valdivianos que aún protestan por la destrucción del Santuario y la muerte de estas aves. En menos de un año, la población de cisnes se redujo de 5.000 a menos de 300 ejemplares.
Diversos estudios científicos confirmaron la responsabilidad de la planta de Celco, cuyo dueño es uno de los hombres más ricos de América Latina, Anacleto Angelini. Incluso la Corte de Apelaciones de Valdivia ordenó el cese de las faenas luego que la Universidad Austral de Chile emitiera un informe, culpando a la empresa de provocar un importante cambio medioambiental en el río Cruces, ya que los residuos tóxicos que vertía en sus aguas acabaron con el luchecillo, principal alimento de los cisnes.
La paralización de la planta fue sólo momentánea debido a las precarias normas ambientales chilenas. Pero la muerte de los cisnes sirvió al menos para recordar que desde 1997 se había planteado la disconformidad, por parte de la comunidad y de diferentes organizaciones civiles, con la realización del proyecto. Ya en esa época se detallaron los riesgos que después se produjeron. Incluso durante el mes de noviembre de 1998, interpusimos junto al Movimiento de Defensa del Santuario de la Naturaleza Río Cruces, un recurso de protección en contra de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Décima Región por los perjuicios que causaría dicho proyecto.
La planta vulneró todas las normas ambientales chilenas y contaminó irreversiblemente el río Cruces de Valdivia. Hoy, sigue funcionando y según las autoridades se monitorea continuamente su producción de celulosa, para que no vulnere las condiciones que se le impusieron para su reapertura. Pero como han demostrado los estudios científicos, el daño al ecosistema ya se produjo y es irreparable. Ojalá no suceda lo mismo en Uruguay y en Argentina.
