Informe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia

Sexto Informe trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Mision de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA)

I. Antecedentes.

El presente informe trimestral del Secretario General sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia se presenta ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) de conformidad con la resolución CP/RES. 859 (1397/04), que establece “instruir al Secretario General que informe trimestralmente al Consejo Permanente sobre las labores de la MAPP/OEA y su capacidad permanente para contribuir al logro de los valores y principios contenidos en la Carta de la Organización de los Estados Americanos y de la Carta Democrática Interamericana”.

II. Introducción

MAPP/OEA

Desde que se presentó el último informe al Consejo Permanente en octubre de 2005, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de esta Organización, y el propio proceso de paz, han logrado avances significativos. A pesar de estos avances, es importante reconocer la complejidad de cualquier proceso de paz, y en especial, del caso colombiano donde ha habido más de 50 años de conflicto. Los informes trimestrales del Secretario General al Consejo Permanente sobre la MAPP/OEA dan una visión temporal de lo que podría ser un proyecto de paz que podría tardar años o décadas en su construcción.

En lo que se refiere específicamente a la Misión, ha sido muy positiva la respuesta de los Estados Miembros y Observadores al pedido que se les hiciera en el último informe del Secretario General al Consejo Permanente de ampliar el apoyo a la Misión. Este llamado contemplaba la provisión de recursos financieros, materiales o humanos por parte de los países interesados en colaborar con la Misión. El Gobierno de Holanda, principal donante a la MAPP/OEA desde que la Organización comenzó sus tareas en Colombia, contribuyó con US$1.5 millones el 13 de diciembre de 2005. Con esa donación, Holanda se convierte en el país que ha contribuido a la Misión con más fondos, lo cual merece especial reconocimiento de esta Secretaría.

Los Gobiernos de Suecia y la República Irlandesa también ameritan mención específica. El Gobierno Sueco renovó su compromiso con la Misión al seguir financiando la participación de un experto en Desmovilización, Desarme y Resinerción (DDR) que ha formado parte de la MAPP/OEA desde el 2004. En una carta dirigida al Secretario General, la Ministra de Relaciones Exteriores de Suecia, Leila Freivalds, expresó la disponibilidad de su país de contribuir con US$2 millones para la Misión destacando al mismo tiempo algunas preocupaciones respecto a su funcionamiento. El Secretario General contestó la carta de la Ministra y también se reunió con el Embajador de Suecia ante los Estados Unidos, Gunnar Lund, y le indicó que la MAPP/OEA se encuentra trabajando de conformidad con las preocupaciones expuestas por su Gobierno y que en consecuencia se pueda concretar la donación de los recursos inicialmente ofrecidos.

A su vez, la República de Irlanda contribuyó con 130.000 euros a la MAPP/OEA para el 2005, y ha comprometido otros 260.000 euros que serán entregados entre el 2006 y el 2007. Los primeros 130.000 euros llegaron en un momento particularmente difícil para la Misión, y permitieron que la Organización continúe su trabajo en Colombia. El Secretario General reconoce este generoso aporte.

El Secretario General también quisiera agradecer al Gobierno de México por su decisión de apoyar la MAPP/OEA mediante el envió de personal. El día 27 de diciembre de 2005 esta Secretaría recibió una carta del Canciller Luis Ernesto Derbez Bautista donde informa sobre la decisión de su Gobierno de enviar dos expertos mexicanos en derechos humanos, asuntos sociales, administración de justicia, cuestiones penales y seguridad pública para que se integren a la Misión en el mes de enero de 2006.

En el mismo orden de ideas, el gobierno de Brasil, a través de sus Representaciones en Bogotá y ante la OEA en Washington DC, estableció contacto con la MAPP y con el Departamento de Prevención de Crisis y Misiones Especiales respectivamente, para analizar las diferentes opciones de contribuir, con personal, a la Misión.

En enero de 2006, el Presidente de Chile, Ricardo Lagos, envió una carta al Secretario General por medio de la cual comunica que se han efectuado consultas interministeriales con el propósito de enviar a dos profesionales expertos en seguridad ciudadana y participación local.

Asimismo, el gobierno de Guatemala, por medio de su Embajador en Colombia, comunicó su intención de integrar entre dos y cuatro profesionales a la MAPP.

Otros Estados Miembros y países observadores de la Organización han señalado su interés en colaborar. Aunque aún no se ha formalizado en que consistiría este apoyo, Argentina, Canadá, España, Finlandia, Noruega, Rumania, Tailandia y Ucrania han tenido contactos preliminares con la Organización. Los Estados Unidos y la República de Corea también han señalado su interés en seguir colaborando con la MAPP/OEA. La donación de vehículos y equipos de computación el año pasado por parte de la Republica de Corea, constituyeron un aporte sustantivo a la Misión.

Estos nuevos apoyos han permitido la contratación de más de 20 funcionarios, todos internacionales y con experiencia en DDR y resolución de conflictos. De esta manera se está ampliando en un 100% el personal destinado a las tareas de verificación. En las siguientes semanas la Misión cumplirá con su meta de contar con 10 oficinas regionales y más de 100 funcionarios. Cuando se logre este objetivo, la MAPP/OEA estará a la altura del desafío que le corresponde.

El apoyo de la OEA a los esfuerzos de paz en Colombia va más allá de la valiosa contribución de la MAPP/OEA e incluye la acción coordinada de otras entidades de la Organización.

En este sentido, durante el 2005, en el área de información pública, el Trust for the Americas implementó el programa “Talleres de Promoción de Diálogo y Cultura de Paz”, mediante el cual se brindó apoyo a las comunidades receptoras de ex combatientes desmovilizados en cinco regiones de Colombia. La iniciativa trabajó mediante programas de radio comunitaria y talleres, buscando reducir la tensión producida por el proceso, generar confianza y promover el diálogo entre la comunidad receptora y los combatientes de grupos ilegales desmovilizados, presentando una nueva posibilidad de integración social para todos.

Para el año 2006, con el Departamento de Prevención de Crisis y Misiones Especiales de la Subsecretaría de Asuntos Políticos, el Trust espera implementar un ambicioso programa de apoyo a la sociedad civil en las ciudades de Cúcuta y Montería. Este programa, que ofrece talleres de convivencia, alternativas económicas a desmovilizados y campañas de información pública, ya ha sido presentado a varios donantes.

Asimismo, la Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD) se encuentra implementando una serie de proyectos destinados a mejorar las condiciones y capacidades socioeconómicas de las poblaciones desplazadas por la violencia.

La FUPAD ha venido promoviendo, entre otras actividades, la capacitación laboral de poblaciones desplazadas a través de proyectos que fomentan el desarrollo de habilidades específicas que el mercado demanda tales como confecciones, computación, carpintería metálica, fabricación de muebles, y floricultura. Proyectos de la FUPAD han incluido, entre otros, la promoción de empresas asociativas y la constitución de Fondos de Crédito mediante los cuales se apoya a los beneficiarios en el desarrollo de microempresas a través de reconocidas entidades de crédito. La FUPAD y la MAPP/OEA implementarán una agenda de trabajo conjunta para el desarrollo e implementación de proyectos de reinserción de los desmovilizados.

En el Quinto Informe Trimestral el Secretario General se comprometió a establecer mecanismos para asegurar la debida documentación, transparencia en la evaluación, investigación y garantías para la denuncia de violaciones al cese del fuego por parte de miembros de los bloques paramilitares involucrados en el proceso. En ese sentido, la MAPP/OEA se encuentra perfeccionando la metodología existente y los documentos en los que se establecen instructivos claros y precisos para las tareas que realizan los expertos verificadores en asuntos de 1) verificación del cese al fuego y hostilidades, 2) verificación de la desmovilización y desarme, 3) verificación del real desmonte de las estructuras armadas y reinserción a la vida civil, y 4) seguimiento de la verificación individual de los reinsertados.

Proceso de Paz.

En lo que se refiere a las negociaciones de paz con las AUC, desde que se inició el proceso en noviembre de 2003, han habido 27 actos de desmovilizaciones colectivas en las cuales se han desmovilizado más de 20,000 autodefensas. Luego de una suspensión unilateral por parte de las AUC, el proceso de desmovilización se reactivó en el mes de diciembre. Las AUC habían parado las desmovilizaciones alegando que el Gobierno no estaba cumpliendo con los compromisos anteriormente adquiridos. Como resultado de negociaciones entre el Gobierno y las AUC, se acordó reiniciar las desmovilizaciones y el 12 de diciembre 1.923 integrantes de tres frentes del Bloque Central Bolívar (BCB) en Antioquia entregaron sus armas. Desde esa fecha se han desmovilizado 1.603 autodefensas más, en el mes de diciembre y más de 6,000 en lo que va del 2006.

También hubo progreso en las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). El día 16 de diciembre de 2005 se inició un diálogo exploratorio entre el Gobierno Colombiano y el ELN en la Habana, Cuba. Los gobiernos de Noruega, Suiza y España acompañaron estas discusiones iniciales. Según el comunicado oficial que se emitió al finalizar la reunión el 21 de diciembre, las discusiones se llevaron a cabo en un “ambiente franco y cordial” y se tomó la decisión de realizar otra reunión a principios de 2006 en Cuba cuyo propósito será construir una agenda para la negociación de paz. De conformidad con lo que establece la Resolución 859 del Consejo Permanente, el mandato de la Misión es apoyar todo el proceso de paz en Colombia, y la Organización está atenta a esa posibilidad.

Cabe también destacar que no ha prosperado una propuesta presentada por Francia, Suiza y España para despejar una zona de 180 kilómetros cuadrados en el Valle del Cauca para llevar a cabo una reunión entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) y el Gobierno con el propósito de buscar un acuerdo humanitario.

El 30 de diciembre de 2005 el Gobierno Colombiano reglamentó la Ley de Justicia y Paz mediante el decreto 4760. Este decreto define los requisitos que deben cumplir los desmovilizados para ser beneficiarios de la ley. Esto incluye presentar versión libre ante un fiscal, que después tendrá un plazo de 60 días para adelantar la investigación y formular cargos en contra del desmovilizado. El decreto también identifica los derechos de las victimas. Según la reglamentación, las víctimas pueden “participar activamente en el proceso de la ley de justicia y paz aportando pruebas a las autoridades judiciales, conociendo y controvirtiendo las decisiones que se tomen dentro del mismo”. Al Estado le corresponde asegurar que las víctimas sean pagadas por medio del Fondo de Reparación de las Víctimas. Un aspecto importante del Reglamento ha sido la posibilidad de que los términos procesales establecidos en la Ley se hayan interpretado de manera tal que hoy es posible que la Fiscalía cumpla con sus obligaciones de investigar y acusar los delitos en plazos más razonables.

Pese a los señalados avances en el proceso de paz, la MAPP/OEA ha identificado diversas violaciones del cese de hostilidades y la desmovilización, así como también se han constatado las dificultades que presenta la reinserción de los ex combatientes. Estas consideraciones y observaciones se desprenden del mandato de la Misión y por lo tanto se espera sean tomadas en consideración por el Gobierno de Colombia.

La Misión considera que la no desmovilización y desarticulación completa de un bloque, las posibles transacciones por parte de un bloque desmovilizado a otra estructura, o la expansión territorial por parte de un grupo no desmovilizado hacia zonas en donde se han dado desmovilizaciones, constituyen una violación al Acuerdo de Santa Fe de Ralito, suscrito entre el Gobierno Nacional y las AUC el 15 de julio de 2003, según el cual la organización al margen de la ley se compromete a desmovilizar la totalidad de sus miembros y a no realizar acciones ofensivas.

Sin embargo, la reincidencia en actividades delictivas por parte de algunos desmovilizados, de forma individual o colectiva, no constituye un incumplimiento de los acuerdos suscritos por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Esto, siempre y cuando no exista vinculación entre los desmovilizados en cuestión con esta organización o alguno de sus comandantes activos.

La Secretaría General considera que el éxito y la sostenibilidad del proceso de paz se encontrarán en la atención que se le preste a las comunidades afectadas por la violencia y a la efectiva reinserción de los desmovilizados. Tal como lo ha reconocido el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, el Gobierno necesita reexaminar sus esfuerzos en torno al proceso de reinserción. Según lo que ha observado la MAPP/OEA, con la excepción de algunas zonas, el programa de reinserción está en crisis y pone en peligro la viabilidad del proceso de paz a largo plazo. Este informe pone de relieve algunos de estos problemas.

III. Desarrollo del Proceso de Paz y las Desmovilizaciones de las AUC.

Las desmovilizaciones colectivas de las AUC se reiniciaron el 12 de diciembre. Desde ese entonces, hubo cinco desmovilizaciones colectivas en el mes de diciembre: Bloque Central Bolívar (BCB) Remedios (1.923 autodefensas); Frente Héroes y Mártires de Guática del BCB (522); Bloque Vencedores de Arauca (548 autodefensas); Autodefensas Campesinas de Tolima (208 autodefensas); y el Frente Vichada del BCB (325 autodefensas). En total, 3.526 autodefensas se desmovilizaron en el mes de diciembre.

En el mismo sentido, en lo que va del 2006, se realizó la desmovilización de tres bloques: (i) Bloque Mineros, en Tarazá, Antioquia, de alrededor de 2,700 hombres; (ii) Bloque Central Bolívar en Santa Rosa, sur de Bolívar, de aproximadamente 2.500 hombres; y (iii) Puerto Boyacá, Bloque del Magdalena Medio, de alrededor de 700 hombres.

El siguiente cuadro resume el número de armas entregadas en las cinco desmovilizaciones realizadas en diciembre.

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En este respecto, a la MAPP/OEA le sigue preocupando que no se han destruido las armas entregadas por los grupos paramilitares desmovilizados. Esta preocupación ha sido transmitida a las autoridades correspondientes del Gobierno de Colombia.

IV. La verificación del desmonte de las estructuras armadas de las AUC.

Para cumplir con el mandato de verificación, la Misión cuenta con oficinas en seis regiones del país y una sede central en Bogotá. Las oficinas regionales están ubicadas en Cúcuta, Valledupar, Montería, Turbo, Medellín y Barrancabermeja, de acuerdo a la presencia o zonas de influencia de estructuras de autodefensa activas o desmovilizadas. La MAPP/OEA también cuenta con un Equipo Móvil, que se desplaza a las zonas que no cubren las oficinas regionales, como Chocó, Valle del Cauca, Nariño, Cundinamarca, Meta, Casanare, Vichada, entre otras.

Cada oficina regional, una vez se haya realizado una desmovilización de una estructura de autodefensa, mantiene contacto continuo con las autoridades civiles, militares y de policía, y con las comunidades y demás instituciones y organizaciones no gubernamentales que tienen presencia en el terreno. Las oficinas regionales también hacen un seguimiento a todas las fuentes de información disponibles en las zonas donde están ubicadas, con el fin de obtener datos que permitan hacer una lectura sobre la situación de orden público. La verificación consiste en determinar la aparición de nuevos grupos, posibles intentos de copamiento de la guerrilla, la presencia de la fuerza pública, y la situación personal de los desmovilizados. De manera similar, el Equipo Móvil, intenta hacer el mismo trabajo, aun cuando la frecuencia de sus visitas se torna insuficiente debido la cantidad de regiones a cubrir.

Además de efectuar de ese modo la verificación en el terreno, la presencia de la Misión en zonas diversas permite el acompañamiento a las comunidades. La intención de la Misión en este sentido es señalar los puntos en donde han aparecido nuevos grupos armados ilegales o el fenómeno de cooptación por parte de otros actores ilegales de algunas estructuras de autodefensas desmovilizadas y reorganizadas, dado que constituyen un riesgo para dichas comunidades.

Para el desarrollo de esta tarea, la Misión ha efectuado a la fecha, la verificación en 16 regiones y sub regiones del país en donde se desmovilizaron estructuras de las AUC (ver mapa anexo). Estas son: Ciudad de Medellín (Bloque Cacique Nutibara y Bloque Héroes de Granada), región del Urabá antioqueño (Bloque Bananero), región sur del Magdalena (Autodefensas del Sur del Magdalena e Isla de San Fernando), Cundinamarca (Bloque Cundinamarca), región del Catatumbo, Santander (Bloque Catatumbo), Valle del Cauca (Bloque Calima), Córdoba (Bloque Sinú y San Jorge y Bloque Héroes de Tolová), sub región de La Mojana, Sucre (Frente La Mojana), Antioquia (Bloque Suroeste Antioqueño, Bloque Noroccidente Antioqueño y Bloque Héroes de Granada), sub región de Los Montes de Maria, Sucre y Bolívar (Bloque Héroes de los Montes de Maria), Nariño (Bloque Libertadores del Sur), Meta y Vichada (Autodefensas Campesinas del Meta y Vichada), Chocó (Bloque Pacifico).

Dentro del cronograma de visitas pos desmovilización que ha diseñado la Misión, se prevé hacer verificación en terreno sobre el desmonte efectivo de las siguientes estructuras armadas que no han sido verificadas hasta la fecha: Autodefensas Campesinas de Ortega, Bloque Centauros, Frente Vichada—Bloque Central Bolívar y Bloque Tolima, y de esta manera poder completar la primera ronda de visitas de verificación de las desmovilizaciones realizadas. La Misión tiene previsto continuar con este tipo de verificaciones durante el próximo año.

En la verificación del desmonte de las estructuras armadas de los bloques desmovilizados que se ha realizado hasta el momento, la Misión hace un balance positivo sobre la misma en términos generales. Las estructuras armadas ilegales que permanecían en diferentes zonas del país, se han desarticulado y la mayoría de excombatientes han regresado a sus lugares de origen.

Sin embargo, existen fenómenos posteriores a las desmovilizaciones que preocupan a la Misión, éstos son (ver mapa anexo):

1) el reagrupamiento de desmovilizados en bandas delincuenciales que ejercen control sobre comunidades específicas y economías ilícitas;

2) reductos que no se han desmovilizado;

3) la aparición de nuevos actores armados y/o fortalecimiento de algunos ya existentes en zonas dejadas por grupos desmovilizados.
1) El reagrupamiento de desmovilizados en bandas delincuenciales que ejercen control sobre comunidades específicas y economías ilícitas.

En regiones en donde el accionar de la guerrilla es reducido y la entrada de la Fuerza Pública aún no ha sido efectiva, se crean las condiciones para el incipiente control de diferentes grupos armados ilegales. En estos espacios, la problemática se refiere al relevo que realizan algunos mandos medios desmovilizados. Estos mandos acceden al control de acciones delictivas que tradicionalmente realizaba el bloque o frente allí asentado (extorsión, cobros al gramaje, limpieza social, alianzas con administraciones locales) y se organizan en pequeños grupos, dotados con armas cortas y permanecen en los cascos urbanos comunicados a través de celulares. En este sentido a la Misión le preocupa la posibilidad del surgimiento de actores ilegales dentro del marco del conflicto que puedan llegar a disputarse territorios.

Esta problemática se presenta en:

1. El municipio de Palmito, departamento de Sucre (zona de influencia del ex bloque Héroes Montes de María) en donde un grupo de alrededor de ocho desmovilizados ejerce control social sobre la población y en especial en el casco urbano;

2. En la sub región de la Mojana, específicamente en los Municipios de Majagual, Guaranda y Sucre (área de influencia del ex frente la Mojana) un grupo de siete individuos incluido un ex comandante del frente estaría ejerciendo extorsión sobre algunos comerciantes. Según información y denuncias, el grupo también está ejerciendo “limpieza social”;

3. En el municipio de Montelíbano, Departamento de Córdoba (área de influencia del ex Bloque Sinú y San Jorge) hay un grupo de alrededor de 25 individuos entre los que se encuentran desmovilizados, que controlan al comercio de drogas ilícitas y ejercen intimidación hacia la población civil;

4. En el corregimiento La Cristalina en Puerto Gaitán, Meta (área de influencia de las ex Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada), un grupo de cinco desmovilizados extorsionan el transporte de alimentos;

5. En barrios de Buenaventura, Valle del Cauca (área de influencia del ex Bloque Calima), después de la captura de un desmovilizado, hubo una violenta dinámica que arrojó 14 desmovilizados muertos;

6. En zona rural de Palmira y en Florida, Valle (también del ex Bloque Calima), un grupo de desmovilizados se dedica a la extorsión; 7. En Tumaco, Nariño (área de influencia del ex Bloque Libertadores del Sur), se ha recibido información sobre desmovilizados que ejercen cierto control sobre la comercialización de narcóticos.
Trazar la línea entre la delincuencia común, el narcotráfico y nuevas expresiones del fenómeno de autodefensas es un tema de atención. También puede tener otro tipo de connotaciones, ya que puede haber grupos e individuos que estén buscando formar estructuras armadas con el objeto de ser cobijados por la Ley de Justicia y Paz.

2) Reductos que no se han desmovilizado.

El segundo fenómeno que se ha presentado en el escenario de pos desmovilizaciones se refiere, a la permanencia en las regiones, de reductos de frentes o bloques que no se desmovilizaron. Estos son grupos que hacían parte orgánica de las estructuras armadas de los bloques desmovilizados y continúan desarrollando las mismas actividades delictivas en sus zonas de influencia. La MAPP/OEA hace un llamado a que estos grupos se acojan al proceso de paz, entreguen las armas y cesen las actividades delictivas.

Córdoba.

Es de especial atención para la Misión la situación que se presenta en las veredas de Crucito y Gallo en la zona norte de la represa de Urrá del Municipio de Tierralta, luego de la desmovilización del bloque Héroes de Tolová (BHT). Allí continuó operando un grupo de entre 60 y 80 paramilitares, que no se desmovilizó. Este grupo presta seguridad a los cultivos ilícitos y controla la comercialización de la base de coca en la zona. Desde la desmovilización de dicho bloque, el grupo no utiliza camuflados y opera de civil. Dicho grupo ha convocado a los pobladores a reuniones públicas donde manifiestan su intención de controlar la zona. Han realizado censos sobre los habitantes y su capacidad de producción de base de coca de la comunidad.

Meta.

En el corregimiento de La Cristalina en Puerto Gaitán, Meta, la Misión tuvo información sobre un grupo de autodefensa del Frente Vichada del Bloque Central Bolívar que no se desmovilizó en Cumaribo, Vichada. El grupo tendría interés en disputarle a desmovilizados de las Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada (ACMV) la extorsión a la población y a los camiones que pasan por este punto de flujo de insumos y abastecimiento para los cultivos ilícitos en ese sector.

La Misión ha recibido informaciones de varias fuentes según las cuales un ex comandante de ACMV habría vendido una parte de sus armas a un comandante disidente del Bloque Centauros, y ocultado en una caleta otra parte para un grupo de alrededor 200 combatientes que nunca se habrían desmovilizado.

Sucre.

Al parecer existe un grupo de aproximadamente 30 hombres que decidió no desmovilizarse y que sigue operando en las laderas de los Montes de Maria.

Bolívar.

La misma situación se presenta en el municipio de Córdoba, departamento de Bolívar, donde se recogió la información sobre la existencia de un grupo de alrededor de 15 personas que están custodiando la zona y se relacionan con acciones de narcotráfico.

3) La aparición de nuevos actores armados y/o fortalecimiento de algunos ya existentes en zonas dejadas por grupos desmovilizados.

El fenómeno de aparición de nuevos actores armados que responden a disímiles intereses no deja de ser preocupante para la Misión. En este sentido, existe el riesgo de cooptación de población desmovilizada así como de reclutamiento de nuevos combatientes. Este fenómeno, se ha presentado especialmente en lugares en donde existe una economía ilícita consolidada.

Valle del Cauca.

En el Valle del Cauca, la Misión conoce varios fenómenos que al parecer están vinculados al narcotráfico del Norte del Valle. Allí, dos grupos delincuenciales están siendo presentados como grupos de autodefensas con los nombres Autodefensas Unidas del Valle (AUV) y Rondas Campesinas Populares (RCP), respectivamente. Según algunas informaciones, para lograr este propósito, estarían adquiriendo armamento y reclutando nuevos combatientes entre desmovilizados y población civil. Pobladores de algunos municipios del norte del departamento del Valle del Cauca han informado a la Misión que han visto gente uniformada, con armas largas y portando brazaletes con la sigla “AUV”.

En el barrio La Cristalina de Buenaventura, Valle del Cauca, la Misión tuvo información sobre la posible conformación de un nuevo grupo de autodefensa, que por ahora está reclutando miembros y que todavía no ha entrado a operar propiamente militarmente.

En el mismo departamento, la aparición de panfletos y grafitis de grupos que se hacen llamar “Bloque Central” (municipio de Riofrío) y Frente Social Común por la Paz (municipio de Tulúa) son elementos de seguimiento por parte de la Misión. Hasta la fecha no ha sido posible obtener información precisa acerca de la procedencia y actuar de estos grupos.

Igualmente, es de particular atención la aparición de panfletos circulantes en las ciudades de Sincelejo, Tulúa y Pasto, firmados por el “Frente Social por la Paz”. Dichos panfletos hacen alusión a recientes ataques de las FARC-EP, exhortan a la sociedad civil a unírseles para “derrotar el terrorismo” y esta firmado “¡Ya viene!, Frente Social por la Paz”. Se puede afirmar que en los casos de Tulúa y Pasto hay similitudes entre la documentación encontrada concluyendo que se trataría de un mismo fenómeno.

Chocó.

En este departamento se presentaron dos hechos puntuales en los municipios de San José del Palmar e Istmina al parecer atribuibles al mismo grupo de narcotráfico que se autodenomina Autodefensas Campesinas Unidas del Norte del Valle (ACUN). En las inmediaciones de estos dos municipios operaba el Bloque Pacífico.

En la zona rural del municipio de San José del Palmar, en el suroccidente chocoano que limita con el norte del departamento del Valle, se ha ubicado este grupo del narcotráfico, el cual se enfrentó la tercera semana de octubre a un grupo guerrillero compuesto por gentes del frente Aurelio Rodríguez de las FARC, ELN y el Ejército Guevarista Revolucionario—ERG, dejando numerosos muertos.

Se puede afirmar que en la mayoría de municipios [ Condoto, Istmina, Medio San Juan, Lloró, Bagadó, Novita y Tadó. Sin embargo, su centro de operaciones se ubicó en los municipios de Istmina y Medio Baudó.] donde operaba el Frente Héroes del Chocó, entró a operar el grupo del narcotráfico anteriormente mencionado. En efecto, la mayoría de las fuentes consultadas [Tanto autoridades departamentales y municipales como fuentes de carácter civil, militar y comunidades.] apuntan al hecho; incluso afirman que este “reemplazo” se llevó a cabo un mes antes de la desmovilización. Además, sugieren una posible transacción económica entre estas dos organizaciones, en la cual el Bloque Pacífico le “cedió” territorio y la economía ilícita de la zona a ACUN.

Nariño.

Existe otra situación preocupante en el departamento de Nariño, en donde fue posible verificar la existencia de un grupo conocido como “Mano Negra” o “Águilas Negras”, cuyo centro de operaciones es el corregimiento de El Palmar, municipio de Leiva y que se extiende hacia las veredas Esmeraldas y La Sierra del municipio de El Rosario y el corregimiento de Remolino del municipio de Taminango (Nariño) y posiblemente en los municipios Mercaderes y Balboa (Cauca). Este grupo opera en el área de influencia del ex Bloque Libertadores del Sur (BLS), que estaba adscrito al Bloque Central Bolívar (BCB), cuya desmovilización se produjera en Taminango (Nariño) el pasado 30 de julio.

Este grupo estaría conformado por un número de hombres que oscila entre 80 y 150. Están en proceso de reclutamiento de nuevos combatientes, tanto de desmovilizados como de población de la zona. Según información proporcionada a la OEA, después de la desmovilización, el grupo ‘Mano Negra’ intenta retomar el monopolio de la compra de coca.

Norte de Santander.

Otro fenómeno similar se da en el Norte de Santander, donde se tiene conocimiento de un grupo que se hace llamar “Águilas Negras” o “Águilas Azules” que opera entre los municipios de Puerto Santander, Sardinata y Tibú y que al parecer está en un plan de expansión y control de territorios. Algunas informaciones señalan que este grupo podría pertenecer al Bloque Central Bolívar (BCB). Sin embargo, la Misión deberá profundizar en esta información a fin de precisar la identidad de estas estructuras ilegales. Se ha verificado que este grupo ejerce una fuerte presión hacia los desmovilizados del ex Bloque Catatumbo que residen en la zona, con el resultado que algunos de ellos han sido asesinados, otros se han desplazado y otros también hacen parte del mismo.

Antioquia.

En municipios del Suroeste Antioqueño, particularmente Amagá, Venecia e Hispania, antigua zona de influencia de Bloque Suroeste de las AUC, también hay informaciones sobre la aparición de un grupo que se hace llamar “Águilas Negras”.

Cundinamarca.

En el municipio de Guaduas, región aledaña a la zona de operación del ex Bloque Cundinamarca, la Misión ha constatado la presencia de un grupo paramilitar compuesto por aproximadamente 50 hombres. Este grupo efectúa robo de gasolina, extorsiones y secuestros, y está siendo perseguido por la Policía Nacional.

A manera de conclusión, llama la atención que en tres de los casos verificados, Suroeste Antioqueño, Norte de Santander y Nariño, aparece el nombre “Águilas Negras”, así como, la aparición en tres ciudades de diferentes departamentos del país de panfletos firmados por el “Frente Social por la Paz”, sin que a la fecha se haya logrado establecer el origen y carácter de este fenómeno.

V. Misión de verificación especial para investigar los hechos en Curumaní, Cesar.

En Cesar, la Misión contó con trabajo de verificación del equipo de la oficina de Valledupar, con el apoyo de funcionarios del nivel central, el cual realizó todos los esfuerzos para investigar una masacre perpetrada por las AUC. Este equipo, acompañado por la Pastoral Social y Acción Social de la Presidencia, constató la incursión armada de un grupo de aproximadamente 150 hombres pertenecientes al Bloque Norte de las AUC. Este grupo se enfrentó en un combate con integrantes del ELN, tanto en Lamas Verdes como en Nuevo Horizonte. Según las informaciones suministradas por pobladores, testigos oculares de los hechos mencionados, luego de los enfrentamientos, habrían sido capturadas varias personas del lugar y luego habrían sido ejecutadas.

Como resultado de estas acciones violentas y repudiables, hasta el momento, se han recuperado ocho cuerpos sin vida y hay un menor desaparecido, Jesús Emiro Manzano de 16 años. No se descarta la posibilidad de hallar más cadáveres. También hubo desplazamiento de aproximadamente 18 familias.

La Misión sigue atenta al desenlace de este caso. Estos hechos son una clara violación del cese de hostilidades por parte de las AUC. La OEA ha hecho público los resultados preliminares de la verificación, ahora le corresponde a los órganos judiciales del Estado esclarecer los hechos.

VI. Conclusión.

El Secretario General señaló en su último informe a este Consejo que la OEA se encontraba frente a una oportunidad histórica de contribuir al logro de una paz firme y duradera en Colombia, y que la Organización estaba en condiciones de enfrentar este desafío, siempre y cuando se mantuviera el compromiso político establecido en la Resolución 859 y se contara con los medios y recursos necesarios para alcanzar los objetivos previstos. Desde que se presentó el Quinto Informe al Consejo Permanente, el compromiso político de los Estados Miembros con los esfuerzos de paz en Colombia es más firme que nunca, mientras que el apoyo financiero que por tanto tiempo se buscaba está empezando a llegar de manera importante.

La Misión está creciendo mediante el mayor aporte de recursos humanos, financieros y materiales. Si se logran concretar todos los compromisos verbales hechos por los países interesados en participar en la MAPP/OEA, en las siguientes semanas se podrá llegar a la meta de inaugurar 10 oficinas regionales en los sitios donde ha habido desmovilizaciones, y contar con más de 100 funcionarios en la Misión. Este avance permitirá a la Organización llevar a cabo sus tareas en Colombia de manera eficaz, cumpliendo con el compromiso que se adquirió con el pueblo colombiano en enero de 2004.

El Secretario General considera fundamental el componente de derechos humanos en los trabajos de la Organización en Colombia. En ese sentido, la CIDH realizó una visita reciente a Bogotá, y gracias a recursos adicionales del Gobierno de Suecia, planea realizar visitas periódicas en los próximos meses. Asimismo, la CIDH ha colaborado con la Secretaría General asesorando sobre aspectos puntuales en el proceso de verificación.

El proceso de paz con las AUC también ha avanzado considerablemente. Las desmovilizaciones colectivas de las AUC se reactivaron y se espera que la totalidad del grupo deje sus armas durante el mes de febrero. La tarea de verificación del cese de hostilidades y desarme, en lo que se refiere al proceso de paz con las AUC, está entrando en su fase final.

La Misión de la OEA tendrá por delante la tarea fundamental de verificar la desmovilización y desarme real de las estructuras ilegales y el cumplimiento de las fases procesales judiciales de la desmovilización. Para ello se requiere presencia en todas las áreas donde operan las AUC. Este objetivo se logrará con las contribuciones prometidas por los Estados Miembros, Observadores y otros países amigos. Del mismo modo, la MAPP/OEA puede y debe apoyar en el proceso de reinserción y el trabajo con las comunidades más afectadas por la violencia.

Pese a los señalados avances en el proceso de paz, la MAPP/OEA ha identificado diversas violaciones del cese de hostilidades y la desmovilización, así como también se han constatado las dificultades que presenta la reinserción de los ex combatientes. Igualmente, a la MAPP/OEA le preocupa, y considera de suma importancia, la destrucción de las armas entregadas por los grupos paramilitares en las desmovilizaciones colectivas. Hasta el momento no ha sido posible asegurar la destrucción de este armamento. Estas consideraciones y observaciones se desprenden del mandato de la Misión y por lo tanto se espera sean tomadas en consideración por el Gobierno de Colombia.

El reto que representa Colombia es tal vez el más importante que tiene por delante esta Organización. El proceso de paz en Colombia es de suma complejidad y en todas sus etapas se encuentran aspectos positivos para resaltar como también serios obstáculos y desafíos. El rol de la Organización de los Estados Americanos es apoyar los esfuerzos del Gobierno colombiano en la búsqueda de una paz duradera, sobre la base de respeto de los principios que rigen a la Organización. Al Secretario General le complace que los Estados Miembros de la OEA reconozcan este desafío y estén dispuestos a colaborar en la búsqueda de la paz.

1 de marzo de 2006