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La Asamblea Nacional de la Vertiente Artiguista rechazó ayer el informe del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, que durante la reunión fue cuestionado por tener una actitud de “alevosía” contra la gestión de la Intendencia de Montevideo y ratificó su respaldo al jefe comunal Mariano Arana y a la candidatura de Tabaré Vázquez.
Ese fue sintéticamente el resultado de la reunión de ayer que se realizó en la sede del Centro de Vendedores y Viajantes del Uruguay, donde ese sector frenteamplista evaluó la situación política y económica del país y en particular la interna del Frente Amplio tras el dictamen del Tribunal de Conducta Política sobre el caso Mario Areán, que a criterio de la Vertiente se extralimitó en su propósito, ingresando en un análisis de la gestión comunal con “criterios equivocados”.
La reunión se inició con un informe político del presidente de la Vertiente Artiguista, el senador Enrique Rubio, quien destacó especialmente la gestión del gobierno municipal de Montevideo.
Tras los trabajos en talleres, en horas de la tarde el intendente Arana pronunció un discurso en el que denunció la existencia de ataques hacia su gestión, aunque sin señalar a sus autores.
ALEVOSIA. Posteriormente el diputado José Bayardi y la secretaria general de la comuna, María Julia Muñoz profundizaron las críticas hacia el informe del Tribunal de Conducta frenteamplista. Bayardi dijo que los respetaba pero aseguró que actuó en forma “alevosa”, yendo más allá de para lo que se había requerido su intervención.
El diputado frenteamplista dijo además que personalmente había seguido la situación del ex secretario privado del intendente, Areán, llegando a las mismas conclusiones a las que arribaron el Tribunal de la Vertiente y el Tribunal de Frente, es decir, a concluir que no se habían constatado irregularidades.
El presidente de la Vertiente Artiguista, el senador Rubio, dijo el martes pasado a El País que más allá del caso Areán y de las buenas intenciones de los integrantes del tribunal que descartaba, las consideraciones del informe respecto al relacionamiento de los jerarcas municipales con los empresarios son un “verdadero disparate”.
Asimismo en la reunión se consideró la necesidad de impulsar una actualización de los fundamentos éticos, desde la perspectiva del ejercicio del gobierno, dado que pueden no ser demasiado claros.
En su informe, el tribunal frenteamplista había sostenido la inconveniencia de las presuntas vinculaciones entre jerarcas de la Intendencia de Montevideo con empresarios privados y había sostenido que han existido presiones en momentos de tomar decisiones.
RECLAMO. Por otra parte, la asamblea de la Vertiente aprobó un documento sobre la situación política y económica del país, en la que se insiste con el reclamo de cambio de la política económica. Respecto al resultado de la operación de canje de deuda pública, el documento de la Vertiente sostiene que el mismo no tendrá consecuencias estructurales. Señala que se ganó tiempo, pero estima que “se perdió la oportunidad de haber negociado condiciones más favorables y se dejaron como secuela costos muy importantes: el aumento de la deuda externa, el mantenimiento de la desconfianza de los inversores y la consolidación de una restricción fiscal inconsistente con la reactivación productiva”.
El documento también habla de una profundización del perfil conservador de los partidos Colorado y Nacional y se pronuncia sobre el criterio a utilizar en la definición de las candidaturas a las intendencias departamentales. “Sostenemos que para el Encuentro Progresista—Frente Amplio, el mantenimiento de las candidaturas departamentales únicas como regla general, admitiendo excepciones marginales o la posibilidad de otra candidatura en el marco de la Nueva Mayoría que comparezca junto a la candidatura única del Encuentro Progresista”, precisa.
Con respecto a la política exterior, sostiene que no se puede admitir que el gobierno coloque a Uruguay al margen de las negociaciones de relanzamiento del Mercosur.
Un informe polemico
El informe del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio sobre Mario Areán, denunció la existencia de “modalidades de relación” de parte del empresariado nacional con la Intendencia de Montevideo que incide directamente sobre decisiones de la Comuna, sosteniendoque hay “profesionales municipales, funcionarios de confianza o no que en el ejercicio liberal de su profesión, son contratados por los empresarios” y “ejercen presiones sobre jerarcas con diversa suerte”.
Refiriéndose a la conducta de Areán, el informe sostuvo que “como adherente al Frente Amplio tenía la obligación personal de dar transparencia a su gestión como funcionario político de particular confianza”.
Agregó que Areán “no cumplió obligaciones señaladas en los documentos del Frente Amplio y no se le exigió que las cumpliera.
Asociación de Empleados y Funcionarios Municipales (Adeom)
Si bien todavía el sindicato no comenzó a analizar el plan que lanzó la Intendencia para crear puestos de trabajo de tres meses, algunos de los dirigentes ya hicieron saber su opinión.
Según la publicación de Adeom, el presidente del gremio, Aníbal Varela dijo que la propuesta de la comuna “confirma que la Intendencia tiene plata, pero prefiere formalizar contratos basura, que suponen más limosnas que salarios, en lugar de mejorar la situación de los municipales y generar mas puestos de trabajo permanentes”.
Para el sindicalista el plan municipal “es un elemento de desprecio por los municipales y de desconocimiento de la realidad laboral actual”.
“Ese proyecto sólo supone pagar doce jornales mensuales durante cinco meses a quienes realicen ciertos trabajos para la Intendencia, no hay continuidad garantizada, por más que se paguen aportes sociales. Esto es aprovecharse de la situación y convocar a gente desesperada, que agarra lo que viene”, indicó. En tanto, para otro de los integrantes del consejo ejecutivo, Alvaro Soto, el proyecto de la Intendencia y del gobierno buscan crear puestos de trabajo “flexibilizados” que “violentan” la legislación laboral.
