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Puerto Rico.- El país recupera la normalidad tras la crisis fiscal que provocó el cese de más de 100.000 funcionarios
SAN JUAN, 16 May. (EP/AP) -
El Gobierno puertorriqueño reanudó ayer lunes sus labores tras una crisis fiscal que lo obligó a cerrar 43 dependencias y a cesar a más de 100.000 empleados públicos por dos semanas, y que ha provocado pérdidas monetarias conisderadas como irreparables.
“No hay forma de cuantificar (la crisis) en dólares y centavos” las pérdidas por el cierre parcial del Gobierno, señaló el gobernador Aníbal Acevedo Vilá.
Pero la Compañía de Comercio y Exportación informó el lunes que una encuesta reveló que las ventas al detalle disminuyeron en un 50% durante las dos semanas del cierre parcial del gobierno.
La mayor reducción se registró en las ventas de vehículos de motor nuevos y usados y en las estaciones de gasolina con 47%, y las mueblerías con 45%, al compararlas con las cifras del año pasado.
Tras dos semanas, se abrieron la mayoría de las más de 1.500 escuelas públicas que estuvieron cerradas a causa de la insuficiencia presupuestaria que dejó sin clases a más de medio millón de estudiantes.
“Sabemos que para mucha gente el semestre ya había terminado, así es que le pedimos a los maestros que reciban a los estudiantes en las escuelas” para reanudar las clases, indicó el secretario de Educación, Rafael Aragunde.
La crisis llegó a su fin el sábado cuando Acevedo Vilá firmó el paquete de medidas que aprobó la Asamblea Legislativa para otorgar los fondos necesarios para la reapertura.
Las medidas aprobadas por ambas cámaras y respaldadas por el gobernador fueron el resultado de las recomendaciones de una comisión de conciliación convocada por personalidades de la isla caribeña, entre las que figuraron líderes religiosos.
Sin embargo, persiste en el panorama la posibilidad de que, antes de que termine el presente año fiscal el 30 de junio, ocurra un nuevo enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, debido a que todavía faltan por aprobarse la reforma fiscal, la contributiva y el próximo presupuesto.
Para cada uno de estos asuntos, la mayoría legislativa del Partido Nuevo Progresista tiene posiciones encontradas con el Ejecutivo leal al Partido Popular Democrático.
El gobernador propuso el lunes a los presidentes legislativos la creación de un comité de diálogo para atender la reforma contributiva con una participación diversa para que asesore a la Asamblea Legislativa y al Ejecutivo en la confección final de dicha reforma.
