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Nota de Clajadep:
Buena medida del gobierno boliviano. Responde a exigencias de larga data de las comunidades y según como ellas se organicen redundará en una consolidación del protagonismo desde abajo. El problema estará en el clientelismo y la dependencia de los insumos y préstamos bancarios, espacios donde se enfrentarán la burocracia del MAS y las comunidades autónomas.
Bueno sería que en Venezuela se hiciera algo parecido, aunque está claro que en Bolivia existe más base social autoorganizada.
Veamos las noticias circuladas por agencias:
EFE:
Bolivia eliminará “latifundios” y dará tierras a indígenas
La meta es reducir la extrema pobreza de un 40 por ciento de la población boliviana que vive en el campo, y la suerte de 650.000 familias con “parcelas de sobrevivencia” que ganan menos de un dólar por día, en condiciones parecidas a las de Somalia o Haití, dijo el vicepresidente boliviano Álvaro García Linera.
La Paz.-
El gobierno del presidente boliviano Evo Morales, anunció que eliminará los latifundios y entregará las tierras a los indígenas.
El gobierno de Bolivia planteó hoy eliminar los latifundios ociosos y entregar millones de hectáreas de tierras fiscales a comunidades de indígenas y campesinos, al presentar su plan para hacer la segunda reforma agraria del país.
La propuesta fue presentada en la ciudad de Cochabamba por el vicepresidente Alvaro García Linera (jefe de Estado interino por el viaje a Europa de Evo Morales), el ministro de Desarrollo Rural, Hugo Salvatierra, y el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, ante líderes de sindicatos agrarios y de pueblos indígenas.
El plan está contenido en proyectos de ley y de decreto que serán discutidos con los sectores agrarios desde el próximo miércoles en la ciudad oriental de Santa Cruz, sede de poderosos gremios empresariales agrícolas que pidieron al gobierno consensuar la reforma.
García Linera dijo que la reforma eliminará las prácticas “gansteriles” que impulsó el “modelo neoliberal” desde 1985, y pondrá en marcha un proyecto para los próximos 50 años que tendrá en cuenta que en Bolivia hay, al mismo tiempo, explotaciones comunitarias, pequeñas propiedades campesinas y agroindustrias.
La meta es reducir la extrema pobreza de un 40 por ciento de la población boliviana que vive en el campo, y la suerte de 650.000 familias con “parcelas de sobrevivencia” que ganan menos de un dólar por día, en condiciones parecidas a las de Somalia o Haití, dijo el vicepresidente.
García Linera prometió diálogo y apoyo a los distintos sectores productivos, negó que el Ejecutivo promueva ocupaciones de tierras y anunció una actitud “rigurosa e insensible” con los que difunden esas “infamias”.
De su parte, Salvatierra remarcó que no se prevé “despojar a nadie” que haya obtenido legalmente sus predios y los esté haciendo producir.
La medida principal propuesta consiste en la entrega inmediata de 2 a 4,5 millones de hectáreas a comunidades de campesinos e indígenas, con el argumento de que la primera reforma agraria, decretada en 1953, no les benefició.
Según el Gobierno, un 95 por ciento de las tierras distribuidas en el gobierno del presidente Víctor Paz Estenssoro (1952-1956) fue a manos de empresarios y sólo un 5 por ciento a campesinos.
Los grupos dominantes, según el Ejecutivo, se hicieron dotar de 32 millones de hectáreas, mientras que los campesinos apenas recibieron entre 1,5 millones y 2 millones.
“El sector empresarial tiene ya suficiente y no va a pedir más cuando muchas veces no producen”, dijo el viceministro Almaraz.
La segunda propuesta consiste en modificar la ley del Instituto de Reforma Agraria (INRA) de 1996, para que las tierras que no cumplan una función económica y social sean revertidas al Estado para su distribución entre quienes no tienen.
Hasta ahora, bastaba que los propietarios pagasen sus impuestos anuales, pero con las reformas eso no será suficiente, porque deben probar que están en producción.
El departamento de Cochabamba, elegido para anunciar las propuestas del gobierno de Morales, es el misma donde en 1953 el presidente Paz Estenssoro lanzó la primera reforma agraria.
Reuters:
Gobierno de Bolivia presentará plan de “nacionalización” de tierras
LA PAZ.- Un plan de redistribución masiva de tierras en Bolivia, resistido anticipadamente por sectores empresariales, será presentado el martes, anunció el ministro de Desarrollo Rural, Hugo Salvatierra.
El plan, que según declaraciones oficiales previas abarcará entre 11 millones y 14 millones de hectáreas, “cumplirá con la promesa electoral de tierras para los campesinos pobres sin afectar a los empresarios productores”, dijo el ministro el lunes a reporteros.
Agregó que la presentación del plan pondrá en marcha una campaña de divulgación y consultas sobre la también llamada “nacionalización de la tierra”, cuyo lanzamiento se producirá en plena campaña proselitista para la elección de una asamblea constituyente, a celebrarse el 2 de julio.
El ministro de Planificación, Carlos Villegas, dijo en una declaración separada que el plan de redistribución de tierras formará parte de un programa global de desarrollo que el gobierno de Evo Morales pretende lanzar a fines de mayo.
Pese a repetidas promesas gubernamentales de recuperar para el Estado sólo las tierras improductivas, la poderosa Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), del distrito de Santa Cruz, se declaró en emergencia y dijo que no permitirá “avasallamientos”.
Salvatierra informó que las consultas sobre la política de tierras incluirán un encuentro entre el gobierno y la CAO el 24 de mayo.
Los planes de transformación de la propiedad agraria fueron revelados por el gobierno inmediatamente después de la nacionalización de hidrocarburos, la principal medida económica tomada hasta ahora por el gobierno de Morales, quien asumió en enero.
Bolivia, cuya extensión es de 1,1 millones de kilómetros cuadrados (110 millones de hectáreas), tiene apenas 9,5 millones de habitantes, la mayoría campesinos empobrecidos que poseen alrededor del diez por ciento de las tierras productivas.
El resto, principalmente en las tierras tropicales del oriente, está en poder de terratenientes y empresarios.
Editorial Diario La Razón:
Certezas y recelos acerca de la tierra
El anuncio del Gobierno de aplicar una nueva política de tierras con el propósito de eliminar el latifundio improductivo en la región oriental del país, dio lugar a que surjan algunas certezas y muchos recelos en cuanto al alcance que tendrían las medidas. Éste es un tema muy sensible, por lo que exige prudencia y apego a la ley cuando se tomen las decisiones.
De acuerdo con los informes oficiales, el Ministerio de Desarrollo Rural está preparando ocho decretos y un proyecto de ley. Los primeros serían para acortar plazos y acelerar procedimientos en la dotación de tierras. La ley tendería a adecuar estructuras institucionales como las del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y el Consejo Agrario Nacional (CAN), a la actual Ley de Organización del Poder Ejecutivo.
La circunstancia de que las medidas a ser conocidas hasta fin de mes se apliquen en forma específica en la región oriental del país, que involucra a los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando, se debería a que la reforma agraria de 1953 concentró sus efectos en el occidente y que dejó a un lado al oriente, lo que dio lugar a que en esta región se produzcan fenómenos de concentración de la tierra y a la conformación de latifundios, como consecuencia de la cual se tienen ahora tierras improductivas y ociosas. La intención oficial es que todas aquellas tierras que no estén desempeñando la función económica y social que les corresponde serán revertidas al Estado, por su posterior entrega a organizaciones campesinas y pueblos indígenas sin tierras. Según datos del Ejecutivo, se trataría de recuperar entre 11 y 14 millones de hectáreas.
Las certezas que se han puesto de manifiesto en este proceso son de que, efectivamente, correspondería proceder a una reversión de las tierras ociosas. La propuesta de seis puntos presentada por la Prefectura de Santa Cruz reconoce que corresponde evitar acciones de avasallamiento de tierras, el mantenimiento de tierras adquiridas ilegalmente y la concentración de la propiedad agraria con fines especulativos.
Donde emergen los recelos y la alarma es en los alcances de las medidas. Existe el temor de las organizaciones representativas de los sectores productivos de Santa Cruz de que se afecte a sus intereses, como son la agroindustria, la actividad forestal y la ganadería. Al respecto, advirtieron que sólo el sector de la agroindustria produce anualmente al país unos 500 millones de dólares por exportaciones.
Ante la existencia de consensos y disensos, es plausible que el presidente en ejercicio Álvaro García Linera hubiera asegurado, según la agencias de noticias oficial, que el Gobierno concertará la nueva política de tierras con los sectores involucrados, para lo que de inmediato se iniciarían las consultas respectivas. A su vez, el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, declaró a la Agencia Boliviana de Información (ABI) que hay que dialogar con los distintos sectores involucrados, “para sobre ese proceso de consulta y cabildeo, afinar los decretos que se están trabajando a nivel de gobierno”.
La cuestión fundamental en este caso es garantizar la paz social en el país, para lo que tienen que cumplirse los preceptos constitucionales que establecen el derecho a trabajar la tierra. De hecho, el país estará, en breve, ante un tema complejo.
