Asamblea Nacional Popular acuerda acrecentar movilizaciones por Atenco en todo el país

19.May.06    Análisis y Noticias

Continuarán atencos con las movilizaciones

Los sobrevivientes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y representantes de cerca de 20 organizaciones sociales acordaron ayer, durante una Asamblea Nacional Popular, continuar con las movilizaciones para exigir la libertad de todos los ejidatarios de San Salvador Atenco que aún permanecen en la cárcel.
En tanto, los campesinos que se oponen a la construcción de la presa La Parota, en Guerrero, anunciaron que este domingo bloquearán la carretera federal Acapulco Pinotepa a la altura del poblado Agua Caliente, en apoyo a los “presos políticos” de San Salvador Atenco.
Durante la asamblea de ayer, las organizaciones sociales como el Frente Popular Francisco Villa, el CGH y otras, acordaron sumarse a la marcha que realizará este lunes la CNTE de San Cosme a la Secretaría de Gobernación.
Además, el próximo viernes realizarán una marcha de la embajada de Estados Unidos en México a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para solidarizarse con los migrantes mexicanos.
Este domingo, los integrantes de las organizaciones sociales realizarán una jornada de información, recolección de recursos económicos y víveres en las comunidades de San Salvador Atenco y la zona arqueológica de Teotihuacán, “para sostener el movimiento”.
Como parte de esta nueva jornada de protesta, los simpatizantes de los ejidatarios de Atenco acudirán el martes y miércoles a varios planteles de la UNAM a “informar” a la comunidad sobre los acontecimientos ocurridos en el poblado del Estado de México.
Además, los estudiantes de la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma de Chapingo realizarán un paro el jueves 18, en solidaridad con los ejidatarios de Atenco y para exigir la libertad de los presos.
La semana culminará con un acto político cultural que tendrá lugar el domingo 21 de mayo a las 10:00 horas en la explanada de San Salvador Atenco, en demanda de la liberación de los ejidatarios.
En Guerrero, integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop) realizará movilizaciones para solidarizarse con los ejidatarios de Atenco y para reiterar su rechazo a la construcción de la presa.
El director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera, advirtió que el gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca, ha polarizado a los habitantes de la entidad al encabezar una marcha de priistas en apoyo a la construcción de la hidroeléctrica.
Además del bloqueo de la carretera Acapulco-Pinotepa, los opositores a la presa La Parota realizarán este domingo una marcha hacia Chilpancingo, para protestar por la intención del gobierno federal “con el apoyo del gobierno estatal” de construir la presa hidroeléctrica.
Durante la marcha, los campesinos exigirán al gobernador del PRD, Zeferino Torreblanca, y al presidente de la República, Vicente Fox, que respeten el marco de derecho, pues hasta ahora no han querido aceptar el resolutivo del Tribunal Unitario Agrario de Acapulco, que el 17 de enero de este año, resolvió anular la asamblea de Cacahuatepec que permitía la expropiación de sus tierras.

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ACAPULCO, Guerrero.- Un millar de campesinos que se oponen al proyecto hidroeléctrico de La Parota, obstruyeron 10 minutos y de manera pacífica la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional para exigir la salida de sus tierras de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El bloqueo fue realizado por militantes del Consejo de Ejidatarios y Comuneros Opositores a La Parota (Cecop) con apoyo de varias organizaciones sociales, y comenzó con una marcha en el poblado de Agua Caliente que recorrió unos cinco kilómetros hasta El Bejuco, al noreste en la zona rural de Acapulco.

Los manifestantes, algunos de ellos con machetes, también exigieron respeto a los derechos humanos de los campesinos de San Salvador Atenco, estado de México, y demandaron la pronta liberación de sus dirigentes.

Luego de su arribo a El Bejuco, obstaculizaron durante 10 minutos los carriles de ambos sentidos de la carretera federal, mientras mostraban mantas con leyendas en contra del gobierno del estado y repartían volantes con sus protestas entre los automovilistas.

En esos volantes, los campesinos expresaron su inconformidad por la marcha que el 9 de mayo encabezó el gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca, emanado del PRD, en apoyo de la construcción de la presa La Parota.

Tras el bloqueo de la carretera, los manifestantes se trasladaron a un paraje cercano en donde realizaron un mitin pacífico.

Controversial proyecto

El proyecto de La Parota es impulsado por la CFE en 14 mil 300 hectáreas que serán inundadas para formar el embalse de la presa.

La construcción de la hidroeléctrica de La Parota, en estudio desde 1976, fue concretado para su ejecución en 2002 a pesar de que no contaba con el consentimiento de los pobladores de la región, lo que generó numerosas protestas de los campesinos; la obra afectará a unos 25 mil habitantes de 17 ejidos, tres núcleos de bienes comunales y una propiedad privada.

Las aguas del embalse cubrirán numerosos pueblos junto con sus panteones, iglesias, escuelas, alumbrado público, caminos, centros de salud y casas, y sus opositores consideran que aparte del desplazamiento de 25 mil familias, la presa contribuirá a la desaparición de al menos 30 especies de fauna en peligro de extinción.

Además, río abajo de la proyectada presa se encuentran otras 35 poblaciones asentadas en las márgenes del río Papagayo, en donde viven 50 mil personas cuyos dirigentes aseguran que serán afectadas al interrumpirse el paso del agua. “Muchas huertas de coco, plátano, papaya, limón y mango se van a secar”, advirtió en una ocasión el comisario del ejido Salsipuedes, Facundo Hernández.

Sin embargo, la CFE asegura que ya tiene el “visto bueno” de 15 de los 17 núcleos agrarios, pero el Cecop sostiene que 18 mil ejidatarios y comuneros rechazan el proyecto, contra 11 mil que están a favor de su construcción.

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Jueves 18 de mayo de 2006

Al menos tres oficiales habrían participado en violación de mujeres

Investigan ya abusos de 52 policías mexiquenses
Ninguno de los agentes implicados ha sido separado de su cargo

La Jornada

Toluca, Mex., 17 de mayo. El procurador del estado de México, Abel Villicaña, confirmó hoy que se inició una averiguación previa contra 41 elementos y tres oficiales de Agencia de Seguridad Estatal (ASE) que estuvieron a cargo del traslado de detenidos de San Salvador Atenco al penal de Santiaguito en Almoloya el pasado 4 de mayo, por su responsabilidad en las presuntas violaciones y ataques sexuales de las cuales fueron víctimas 23 de las mujeres detenidas en ese operativo.

En tanto, sólo ocho elementos de la ASE serán investigados administrativamente por la contraloría de la Secretaría General de Gobierno por los excesos cometidos durante los operativos policiacos de 3 y 4 de mayo en Atenco y Texcoco, informó el secretario general de Gobierno, Humberto Benítez Treviño.

“Hasta el momento tenemos a estos ocho elementos, pero esto no quiere decir que en el curso de la investigación no pueda identificarse a otras personas”, comentó.

Dado lo anterior, el total de elementos de la ASE sujetos a investigación asciende a 52, entre los cuales figuran cuatro mandos, tres por violación y uno más por las golpizas propinadas a los detenidos.

En conferencia de prensa conjunta ofrecida en la sede del Ejecutivo estatal, el procurador y el secretario general de Gobierno señalaron que la competencia para investigar los excesos policiacos corresponde “única y exclusivamente” a las autoridades mexiquenses, por lo que solicitarán a la Procuraduría General de la República (PGR) que envíe un desglose de la averiguación 03/05/06, que inició de oficio la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra las Mujeres.

Los funcionarios justificaron la tardanza para iniciar averiguaciones previas por las presuntas violaciones y otros ultrajes a que hasta el momento ninguna de las denunciantes permitió que se le practicara un examen médico para comprobar los abusos, ni mucho menos presentó denuncia. “Sin embargo, por instrucciones del gobernador Enrique Peña se determinó ir a fondo en este asunto”, aclararon.

En caso de que la contraloría determine que los agentes sujetos a investigación administrativa son responsables de la comisión de un delito, se remitirá el expediente a la procuraduría para iniciar la averiguación previa correspondiente.

El procurador Villicaña informó que ya se remitió al Ministerio Público la lista de 41 agentes y tres oficiales que estuvieron a cargo del traslado de detenidos de Atenco a Toluca, donde presuntamente ocurrieron las violaciones.

A la fecha ninguno de los 52 elementos de la ASE ha sido separado del cargo, a pesar de estar sujetos a investigación. “La totalidad continúa en funciones y se tomará alguna determinación cuando las indagatorias concluyan”, aclaró el secretario general de Gobierno.

“Lo que les puedo garantizar es que el gobierno de Enrique Peña no va propiciar impunidad para ninguno de los dos lados. En un estado de derecho estamos subordinados al imperio de la ley gobernantes y gobernados, policías y ciudadanos. Por eso se ejercitó acción penal y estamos investigando a los uniformados”, concluyó.

La respuesta del gobierno mexiquense se dio tras las evidencias que mostró la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) al gobernador Enrique Peña Nieto sobre los excesos cometidos por los cuerpos policiacos que participaron en la toma de Atenco el pasado 3 y 4 de mayo.

La CNDH remitirá a la procuraduría estatal toda la información que recabó sobre los abusos policiacos, según acordaron el ombudsman José Luis Soberanes y el gobernador Peña Nieto durante el encuentro que sostuvieron el pasado martes.

“Durante ese encuentro, la comisión nos mostró la información que posee respecto de los señalamientos que hacen las mujeres que fueron trasladadas en autobús de Atenco a Almoloya de Juárez. Nos mostraron videos, fotografías y una serie de documentos en los cuales constan las acusaciones que formulan las señoras en contra de los elementos de la policía estatal”, informó el procurador Villicaña.

Según lo expresado por la comisión, abundó, “las víctimas están dispuestas a proseguir la queja, a ratificar sus declaraciones y a señalar directamente a las personas que participaron”.

Aunada a la información que remita la CNDH a la procuraduría, el Ministerio Público requerirá mayores datos de la ASE, añadió, “para establecer con toda claridad quiénes y cómo intervinieron en los hechos que son motivos de la denuncia”.

Por otra parte, Benítez Treviño confirmó además que hasta el momento el comisionado de la ASE, Wilfrido Robledo Madrid, quien diseñó el operativo de asalto a San Salvador Atenco, no es investigado.

Al respecto, Francisco Garate Chapa, dirigente del PAN en el estado de México, dijo que ante los evidentes excesos de la fuerza pública cometidos en Atenco, Robledo debe renunciara su cargo.

Recordó además que en 2000 se formularon denuncias contra Robledo (en ese entonces responsable de la Policía Federal Preventiva) por la adquisición irregular de 12 aeronaves y la adjudicación directa de varios contratos para esta compra.

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Movilizaciones y bloqueos zapatistas por Atenco en la capital mexicana despiertan ira en intelectuales sistémicos

Jueves 18 de mayo de 2006

Octavio Rodríguez Araujo

Atenco, DF, UNAM y la otra

La otra campaña y Marcos están haciendo mal las cosas, quizá están confundidos. No es en el Distrito Federal donde están los presos de Atenco ni fue la policía de esta ciudad la que los atacó violenta, ilegal e injustificadamente en esa población del estado de México. Tampoco es la UNAM la culpable de esos sucesos, ni siquiera en sus planteles en zona mexiquense.

Atenco y las cárceles que encierran a algunos de sus pobladores están en el estado de México. Los policías más brutales (armados y desarmados) que tomaron el pueblo en medio de las atrocidades que todos conocemos son del gobierno estatal. En Toluca viven y despachan el gobernador Enrique Peña Nieto, el secretario de gobierno, Humberto Benítez Treviño, el director de la Agencia de Seguridad Estatal, Wilfrido Robledo Madrid, todos ellos responsables principales de la agresión policiaca del 3 y 4 de mayo. Toluca, y no el Distrito Federal, debería ser el teatro principal de las protestas ciudadanas, de los estudiantes de los CCH, de los activistas del Frente Popular Francisco Villa Independiente (FPFVI), y de las demás organizaciones sociales que exigen la liberación de los presos de Atenco. Enfrente del palacio de gobierno en Toluca hay una plaza suficientemente grande para albergar, por tiempo indefinido, a Marcos y a sus seguidores que, además, tendrían a un lado las famosas tortas de chorizo de La Vaca Negra, en los arcos.

¿Por qué entonces bloquear los accesos al Distrito Federal y varias de sus principales arterias? ¿Han pensado Marcos y los de la otra campaña el enorme perjuicio que ocasionan a miles y miles de trabajadores que por los bloqueos no pueden llegar a trabajar a tiempo y que les descuentan sus ya de por sí exiguos salarios? ¿Son ésos o son otros los trabajadores que quieren sumar a la otra campaña? ¿O de plano los trabajadores no les importan y sólo forman parte de su discurso? ¿Creen que perjudican a las empresas que contratan trabajadores? ¿Qué proporción de sus ingresos pierden los trabajadores y cuánto los empresarios? ¿Los empresarios, a diferencia de los trabajadores, se quedan sin comer porque ese día no hubo producción o comercio? Obviamente no, pero los trabajadores sí.

¿Por qué hacer más difícil que estudiantes, profesores e investigadores de la UNAM realicen sus actividades normales? ¿No es esta universidad el alma mater de Marcos, según dijo, y donde ha podido realizar ya varios mítines sin obstáculo alguno? ¿No sería una especie de matricidio y una manera de sabotear a la universidad más plural y democrática del país el hecho de que se paralicen sus actividades siendo la única prácticamente gratuita de México, a la que asisten cientos de miles de estudiantes de escasos recursos?

Marcos, supongo, sabe aritmética. ¿Piensa que es democrático y popular que unos 500 o un poco más de sus seguidores impidan a millones (sí, millones) de niños, mujeres y hombres, jóvenes y viejos realizar sus actividades cotidianas en la complicada ciudad de México? ¿Piensa que con discursos de estudiantes y seudo estudiantes, que todos los días interrumpen las clases con sus altoparlantes, los demás estudiantes van a cobrar conciencia de las ventajas de la otra campaña? ¡Qué poco conoce a los estudiantes! Estos no sólo no escuchan lo que todos los días y a todas horas se dice, sino que no les importa, porque ya están hartos de tanto ruido y de suspensiones de clases. Si no los callan es porque no quieren enfrentamientos. Nadie quiere enfrentamientos en la UNAM. Ya los vivimos hace siete años y la universidad y los universitarios no ganamos nada; al contrario, nos ha costado mucho esfuerzo volver a la normalidad y terminar con la polarización generada por rectoría y por la ultra en 1999, mientras Marcos, muy cómodo, se dedicaba a escribir insultos para repartirlos a diestra y siniestra, como ahora: con absoluta irresponsabilidad. No en balde en los medios universitarios se le llama ahora subcomediante Marcos, donde también se dice que su mejor papel del último año lo hizo el domingo en la noche, en el programa cómico El privilegio de mandar en Canal 2 de Televisa.

¿Marcos quiere masas populares que se adhieran a la otra campaña? Le daré gratis unos datos que complementan la idea de que tendría más éxito fuera de la capital de la república: el Distrito Federal tiene menos habitantes y menos pobres que el estado de México y también menos ciudadanos empadronados: 7.2 millones contra 9.25 millones. Otro dato es que, a diferencia del Distrito Federal, donde 60 por ciento simpatiza con López Obrador (Mitofsky), en el norte del país 44 por ciento está con Calderón y 37 por ciento con Madrazo (ídem), por lo que Marcos y su antilopezobradorismo encontrarán mejor eco.

Yo, por mi parte y sin suspender clases ni bloquear calles, reclamo desde esta tribuna la libertad de los presos políticos y castigo ejemplar a quienes lastimaron y humillaron a ciudadanos inocentes y particularmente a las mujeres. Y si no voy a protestar al Zócalo de Toluca es porque, a diferencia de Marcos, no tengo una burbuja de seguridad que me proteja, ni equipo de sonido para que se oiga mi voz.

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Manifestantes pro zapatistas se manifiestan frente a sede de la ONU en Ciudad de México

Jueves 18 de mayo de 2006

Adherentes a la otra campaña se manifiestan frente a oficinas del organismo

Entregan en sede de la ONU paquete de denuncias sobre abusos policiacos
Llaman a proseguir las movilizaciones hasta lograr la liberación de todos los presos

La Jornada

Más de un centenar de adherentes y simpatizantes de la otra campaña se manifestaron ayer frente a la sede de la representación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en México para entregar un “paquete de denuncias” sobre violaciones a los derechos humanos y ofrecer varios testimonios de los hechos ocurridos en San Salvador Atenco, además de solicitar su intervención para obtener la liberación de los presos políticos.

Luego de una hora de conversaciones con una comisión de la otra campaña, la respuesta del coordinador residente de la ONU en México, Thierry Lemaresquier, fue “ambigua y diplomática”, sin asumir ningún compromiso claro, con el argumento de no tener ninguna facultad para intervenir.

Las peticiones directas a la representación de Naciones Unidas en México fueron, con la entrega de las denuncias, lograr una sanción a México por el nuevo Consejo de Derechos Humanos de la ONU; apoyo para la atención médica y sicológica de las víctimas de la represión en Atenco, y acompañar a las mujeres ultrajadas para que puedan presentar sus denuncias sin represalias gubernamentales posteriores.

El funcionario, quien estuvo acompañado de los responsables del área de desarrollo y de género, ofreció hacer llegar las denuncias a la misma secretaría general de la ONU, así como servir de intermediario para que la Cruz Roja Internacional pueda brindar atención médica y sicológica a las mujeres que fueron agredidas y violadas durante los operativos de la policía en Atenco, además de mantener comunicación futura con los integrantes de la comisión para notificarles sobre el avance de dichas gestiones.

Durante la manifestación se convocó a la jornada internacional de solidaridad con San Salvador Atenco este viernes, y a no abandonar la movilización hasta lograr la libertad absoluta e incondicional de todos los presos.

En una carta abierta leída por Sara Carrión a las puertas de la sede de la ONU, se pidió también la solidaridad con la huelga de hambre de los presos políticos de Atenco, recluidos en los penales de Santiaguito y La Palma, así como de las indígenas mazahuas en plantón afuera de este último, y de Gloria Arenas en el penal de Chiconautla, con la demanda de la libertad inmediata e incondicional de todos los presos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y organizaciones solidarias.

Llaman a la solidaridad internacional

En el mitin, los oradores insistieron en que la solidaridad internacional debe ser una herramienta de presión contra el gobierno mexicano y el del estado de México, y también hacia los medios de comunicación y las instancias jurídicas que deben definir las acusaciones que pesan contra los presos en el ofrecimiento de pruebas de los días 22 y 23 de mayo.

Asimismo, se convocó a todas las redes internacionales a realizar acciones de información y de presión en las embajadas y los consulados mexicanos en el extranjero.

Los manifestantes portaban diferentes mantas, carteles y pancartas en las que denunciaban la represión en Atenco y la brutalidad y abusos de las fuerzas policiacas de los tres niveles de gobierno. De igual forma, denunciaron las expulsiones arbitrarias de cinco extranjeros, quienes por diversas circunstancias fueron detenidas en los operativos policiacos.

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Exigen cineastas reingreso a México de la estudiante chilena Valentina Palma
Presentan video en que la joven deportada narra abusos que sufrió en Atenco

Jueves 18 de mayo de 2006

La Jornada

Ayer se exhibió en el Centro de Capacitación Cinematográfica un video de la estudiante chilena Valentina Palma, en el que narra los abusos policiacos de los que fue víctima Foto Cristina Rodríguez
La estudiante de cine Valentina Palma seguirá grabando y documentando la realidad mexicana, y lo hará mediante el trabajo de alumnos, maestros y directivos de las dos instituciones de enseñanza más importantes del país en esta materia: el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) y el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC), que ayer se comprometieron a demandar, por todas las vías posibles, incluyendo las instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que el gobierno mexicano rectifique la acción de deportación que le fue aplicada a la joven chilena para que pueda retornar a México a concluir su carrera.

En una conferencia de prensa convocada por la comunidad cinematográfica, los compañeros de estudio de la alumna expulsada del país exhibieron un breve documental sobre el arresto y expulsión de Valentina Palma, que fue deportada junto con otro joven chileno, dos españolas y una alemana un día después del asalto policiaco a San Salvador Atenco.

Las cuatro deportadas han denunciado, en testimonios por separado, actos de violencia y agresión sexual mientras estuvieron detenidas en poder de las fuerzas policiacas estatales y federales el día de los hechos.

Las escenas del documental, en las que se ve a Valentina con un rictus de dolor, llevada de los brazos por dos elementos de seguridad con el protector de los cascos sobre la cara, mientras otros dos la golpean por detrás, recuerdan momentos de muchas grabaciones hechas hace 38 años en Tlatelolco.

“Pensábamos -dijo el cineasta Jorge Fons, director de Rojo amanecer, al hacer uso de la palabra- que nuestro modo de vivir y pensar se había acercado más a las normas democráticas. Ahora vemos, por medio del caso de Valentina, que no hemos dejado atrás el pasado. Vemos que los hechos de Atenco fueron un acto de represión, un patrón de conducta y no un simple operativo para detener a unos señores que habían transgredido la ley.”

En respuesta a las argumentos con los que las autoridades han intentado justificar la deportación de la estudiante chilena, diciendo que ella sólo tenía una visa para estudiar y no para “trabajar”, que es lo que estaba haciendo en Atenco, la directora del CCC, Angeles Castro, reivindicó el derecho de los alumnos de la institución a salir a las calles a documentar con cámaras la realidad o hacer ficción.

El haber coartado ese derecho en el caso de Valentina Palma, señaló, significa un grave retroceso “en los esfuerzos que esta sociedad ha hecho para construir espacios de libre expresión”.

Armando Casas, director del CUEC, de la Universidad Nacional Autónoma de México, acudió al CCC para solidarizarse con la afectada. Manifestó que el registro de la realidad “es indispensable para la práctica y el aprendizaje del cine documental. Es -subrayó- nuestro derecho y nuestra obligación como comunidad cinematográfica. Es nuestro compromiso con la cultura y no vamos a permitir que este derecho nos sea negado”.

La maestra María del Carmen Lara, realizadora de En este país no pasa nada, expresó que las autoridades “no ven nunca documentales; por eso no saben lo que es”, por lo que procedió a definir este género “como parte de los movimientos sociales, un instrumento de la historia, de la denuncia”. Lo que Valentina Palma hizo como estudiante, explicó, fue seguir los pasos de los grandes maestros del cine documental, como Leobardo López Arteche, autor de El Grito, filme sobre el movimiento estudiantil del 68, y Patricio Guzmán, autor del la trilogía La Batalla de Chile.

Con los hechos de Atenco, añadió, “el régimen de Vicente Fox se quitó el velo” y se muestra “como lo que es: un poder violento que promueve la violencia” y que cuenta con la complicidad de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. “Nosotros -concluyó- no somos cómplices; no permitiremos que Valentina no pueda terminar su carrera en México”.

Otro docente, Carlos Taibo, del Instituto Mexicano de Cinematografía, afirmó que la joven expulsada “va a seguir documentando la realidad de México a través de nosotros. No queremos un país de botas, toletes y puertas rompiéndose. Queremos un estado de derecho, no de derecha”.

A su vez, los estudiantes del CCC, de la Escuela Nacional de Arte Teatral y de la Escuela de Pintura de La Esmeralda expresaron que la detención de su compañera “es un agravio a la libertad de expresión, y reafirma la ignorancia y cinismo” del presidente Vicente Fox.

También hubo una lectura dramática de un texto escrito por Valentina Palma, leído por la actriz Julieta Egurrola. “Para ellos -expresa la joven cuando describe el momento en que fue golpeada y agredida sexualmente, después de ser arrojada sobre una montaña de cuerpos heridos en un transporte policiaco- soy un nombre cualquiera, unas nalgas cualquiera, unos senos cualquiera. Pero ellos también son cualquiera. Sin el uniforme de policía, con sus caras mexicanas, podrían ser cualquiera, como los otros cualquiera ahí tirados, llenos de sangre, de miedo y de rabia. Rabia por la impotencia”.