Declaración Política del II Encuentro Nacional por la Defensa de la Tierra y el Territorio

19.Jul.06    Análisis y Noticias

Comunidad Indígena de Zirahuén, Michoacán, México,
16 de Julio de 2006.

DECLARACIÓN POLÍTICA DEL
SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL
POR LA DEFENSA DE LA TIERRA Y EL TERRITORIO

A LOS EJIDOS Y BIENES COMUNALES DE TODO MÉXICO.
A LAS ORGANIZACIONES INDÍGENAS Y CAMPESINAS.
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL PAÍS Y DE TODO EL MUNDO.
A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL.
AL RELATOR DE NACIONES UNIDAS PARA PUEBLOS INDÍGENAS.
AL RELATOR PARA PUEBLOS INDÍGENAS DE LA CIDH.
AL RELATOR ESPECIAL PARA MUJERES DE LA CIDH.
AL COMITÉ DEL PACTO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS SOCIALES Y CULTURALES.

Los días 14, 15 y 16 de julio, nos reunimos en la Comunidad Indígena de Zirahuén en el caracol zapatista “Erupción en rebeldía del Lago Azul de Zirahuén”, en el estado de Michoacán, 45 organizaciones y 13 Ejidos y Bienes Comunales procedentes de los estados de Michoacán, Jalisco, Nayarit, Durango, Distrito Federal, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Chiapas, con representación de 12 Pueblos Indígenas (Purhepecha, Mixteco, Zapoteco, Mixe, Tlapaneco, Náhuatl, Ñahñu, Tzeltal, Tzotzil, Cho’l, Zoque y Wirrarika), para llevar a cabo el Segundo Encuentro Nacional por la Defensa de la Tierra y el Territorio.

Durante los trabajos realizados analizamos las formas en que diferentes instancias del Estado Mexicano han venido imponiendo el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE) y el Programa de Certificación de Bienes Comunales (PROCECOM), encontrando que ambos obedecen a la profundización de la política neoliberal para el campo, pretendiendo la privatización de la propiedad social indígena y campesina, así como la destrucción del tejido comunitario.

Para ello, en la gran mayoría de los casos el gobierno mexicano ha incurrido en actos ilegales, engaños, presiones, amenazas, represión e incluso asesinatos, además de condicionar obras, servicios y otros programas gubernamentales. Todo lo anterior significa la violación de los más elementales derechos de nuestros Pueblos, contemplados en distintos tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, y otros. Igualmente significa el incumplimiento del Estado mexicano hacia la Constitución Política, y diferentes normativas y leyes nacionales vigentes.

Hemos visto que en esta estrategia de imposición ilegal se encuentran coludidos los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, a través de sus distintas instancias como la Procuraduría Agraria (P.A.); Tribunal Superior Agrario; Secretaría de la Reforma Agraria (SRA); Registro Agrario Nacional (RAN); Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos y Pesca (SAGARPA); Comisión Federal de Electricidad (CFE); Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT); Comisión Nacional Forestal (CONAFOR); Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL); Delegaciones Regionales de los Gobiernos Estatales; Presidencias y Agencias Municipales y otras. Así mismo lo hacen los distintos partidos políticos. Cabe mencionar que en muchos casos estas autoridades presionan, corrompen y amenazan a los órganos de representación ejidal y comunal, tales como Comisariados y Consejos de Vigilancia.

Pese a toda esta estrategia de imposición, enmarcada dentro de la contrarreforma al Artículo 27 Constitucional, encontramos que muchos son los pueblos que han resistido totalmente a todos esos embates del Estado y que la mayoría de los que por diversas razones han aceptado el PROCEDE/PROCECOM, no han llegado hasta la aceptación de la titulación individual de parcelas y solares. Esto muestra que es falso el discurso triunfalista del gobierno, basado en cifras que no corresponden a la realidad, cuando nos dice que el 98% de los ejidos y comunidades ya han aceptado totalmente dichos programas.

Lo anterior nos hace temer que para el próximo sexenio, independientemente de quién sea el próximo presidente, se profundizará la aplicación de estos programas privatizadores, ya que se trata de uno más de los instrumentos neoliberales para el campo que ha creado el Banco Mundial, quien es su autor y financiador, en el marco de una política global de privatización y despojo de territorios y recursos naturales, y de explotación y empobrecimiento del sector rural.

Ante ello, en este Segundo Encuentro Nacional, hemos acordado crear una Red Nacional por la Defensa de la Tierra y el Territorio, y en contra del PROCEDE/PROCECOM, para mantener un intercambio permanente de experiencias, y una coordinación y apoyo mutuo en nuestras luchas regionales y estatales.

Igualmente decidimos fortalecer la unidad comunitaria a través de sus asambleas, bajo una visión territorial y de autonomía; promover la construcción de alternativas comunitarias para el manejo y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y para una producción agroecológica basada en la autosuficiencia local y la soberanía alimentaria, fomentando mercados regionales que rescaten el trueque.

Generaremos una intensa campaña de información y difusión, a niveles local, nacional e internacional, acerca de lo que significan PROCEDE y PROCECOM: engaños, despojos, problemas de división, confrontación y discriminación al interior de las comunidades y ejidos.

Realizaremos también diversas movilizaciones en nuestros estados y regiones, en apoyo a acciones de carácter jurídico que documentarán las acciones ilícitas cometidas por el gobierno en su afán de imponer el PROCEDE y PROCECOM.

Llamamos a todos los ejidos, bienes comunales, organizaciones indígenas y campesinas del país, a unirse a la lucha por la defensa de la tierra y el territorio, lo cual significa entre otras cosas, derogar la contrarreforma agraria de 1992, recuperar el espíritu original del Artículo 27 Constitucional por el cual han muerto muchos miles de campesinos e indígenas de todo México, y, por ende, nulificar todos los trabajos relacionados con los programas PROCEDE y PROCECOM.

Este Encuentro se pronuncia por la liberación de todos los presos políticos y de conciencia del país, así como por el desistimiento de las órdenes de aprehensión derivadas de las luchas sociales; particularmente los casos relacionados con Atenco, Oaxaca y Yucatán.

¡LAS TIERRAS COMUNALES Y EJIDALES NO SE COMPRAN, NI SE VENDEN…
LAS TIERRAS CON LA VIDA SE DEFIENDEN!
¡LA TIERRA NO SE VENDE, SE TRABAJA Y SE DEFIENDE!

Comunidades Indígenas y Ejidos de Zirahuén, Cheran, Nurío, Urapicho, Comachuen, Ixtaro, Paracho, San Bartolo Cuitareo y Puruandiro, todos del estado de Michoacán. Bienes Comunales de Nicolás Ruiz, Chiapas. Comunidades Indígenas de Cuzalapa, Tuxpan y Santa Catarina, en el estado de Jalisco.
Unión de Comuneros Emiliano Zapata (UCEZ-Vive), Colectivo Juvenil “Poj-Huandi”, Casa del Estudiante Efrén Capiz, Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Foro para el Desarrollo Sustentable, Enlace Comunicación y Capacitación, Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada, Kichan Kichañob, Colectivo Utopía de la Otra Campaña, Colectivo Zapatista Jetitas, Maderas del Pueblo del Sureste, ARIC Independiente y Democrática, Centro de Derechos Indígenas (CEDIAC), Organización Yomlej, Red de Comunicadores Boca de Polen, Radio Ts’umbal Xithalá, Organización Las Abejas Acteal, Red de Apoyo al Chiapas Rebelde, Comité de Derechos Humanos Sierra Norte de Veracruz, Frente Popular del Sur de Veracruz (Freposev-MAIZ), Unión Campesina Zapatista, Comité de Defensa Campesina, Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota, Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaqueño, Organización Independiente de Pueblos Mixtecos, Colectivo Puente a la Esperanza Oaxaca, Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ de Veracruz y Tabasco), Unión de Comunidades Indígenas de la Sierra Sur de Oaxaca, Xi’nich, Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec, Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Organización Campesina de la Sierra Madre de Chiapas, Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas (AJAGI), Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Consejo Regional de Pueblos Indígenas Nahuas y Popolucas del Sur de Veracruz, Casa del Estudiante “V.I. Lenin”, Organización de Comunidades Indígenas de Tuxpan, Movimiento de Resistencia Popular del Sureste (MRPS), Equipo Tierra y Territorio FLXIII-Chiapas, Asesoría Agraria, Red Semilla Nueva Sierra Norte de Puebla, Comité de Organización de Campesinos y Comuneros de la Sierra de Oaxaca, Radio Ayuuc de Oaxaca.