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UN ACERCAMIENTO A LA SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL PUEBLO WIWA
El pueblo Wiwa, a través de la Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona (OWYBT), quiere agradecer al Cabildo Gobernador del pueblo Kankuamo, Jaime Enrique Arias Arias, y por su conducto a la Organización Indígena Kankuama (OIK), al Cabildo Mayor del Pueblo Kankuamo y al Consejo de Mayores del Pueblo Kankuamo, por haber posibilitado este escenario de encuentro entre el pueblo Wiwa y un selecto grupo de representantes de organizaciones de derechos humanos, organizaciones sindicales, organizaciones ecologistas, partidos y movimientos políticos de Colombia y de diversos lugares del mundo, que vinieron hasta la Sierra Nevada de Santa Marta en una misión de verificación sobre la situación del pueblo Kankuamo.
Sabemos que todos los aquí presentes vinieron hasta la Sierra Nevada de Santa Marta para evaluar y hacerle seguimiento a la situación humanitaria que presenta el pueblo Kankuamo. Esa es la prioridad tanto de ustedes como de la OIK. Por ello agradecemos enormemente este gesto de solidaridad del pueblo Kankuamo de abrir un espacio en su agenda.
Para ilustración de todos los delegados en esta visita de verificación presentamos un documento que pretende dar cuenta de la situación actual del pueblo Wiwa en materia de derechos humanos, a lo largo del año 2006.
I
De la tierra madre provenimos y somos lo que somos, la que nos fue dada desde el origen del mundo, es la que sustenta nuestra convivencia, nuestra razón de ser como pueblos indígenas de la Sierra; en este territorio están las normas que como portadores de una cultura determinada debemos cumplir, es donde están cada uno de los sitios de nuestra historia, es lo que compone lo que podremos denominar como territorio propio, como espacio sagrado que alimenta y fortalece y nos da la existencia en el universo. Por lo tanto, este espacio es propio de todos y cada uno de aquellos pueblos a los que la madre espiritual les encomendó unas misiones específicas que debemos cumplir y que tan sólo se pueden concretar en el espacio denominado Sierra Nevada de Santa Marta. En últimas, el territorio es donde están escritas las leyes y las historias Wiwa sin las cuales no seríamos pueblos con culturas diferentes.
Estos sitios sagrados tan sólo tienen razón de ser cuando están intercomunicados. Cada lugar por si sólo no puede cumplir con su principal función de proteger el corazón del mundo, a la Sierra Nevada de Santa Marta, donde está guardado el conocimiento. La Línea Negra traza los límites del Corazón del Mundo, y ella contiene los guardianes o dueños de aquellos que se encuentran al interior de la Sierra Nevada de Santa Marta. Aquellos son los que velan por el saber de la montaña, donde nuestros Mamos y Sagas siguen practicando el conocimiento y el cuidado del Corazón del Mundo. De esta práctica depende también la sobrevivencia del conjunto del cuerpo universal. Si los puntos de la parte baja se dañan, esto afecta a los de arriba, a los Mamos a las Sagas, a los seres humanos, a la naturaleza, a la vida; como señales culturales que nos dicen lo que debemos hacer para que el manejo de la misma vida nos identifique ser pueblos indígenas. Es la pauta a seguir para lograr la convivencia entre pueblos y culturas diferentes y entre los seres humanos y la naturaleza.
Esta tierra nos fue dada a los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta desde los inicios del mundo. En eso creemos que no puede haber discusión; nos preocupa que por medio de la disputa y generación de conflictos nos quiten la libre movilización en nuestro territorio, si tan sólo estamos reclamando el justo y legítimo derecho de recuperar nuestro territorio ancestral y continuar en éste por los milenios.
En la consulta al zhátukwa, nuestros consejeros ven las leyes del origen, del principio que siempre ha existido, es una existencia espiritual, es el principio espiritual de la existencia. Zhátukwa no es una persona, no es cosa, es todo en su conjunto, es complejo, él materializó el mundo, pero hay muchos más en la existencia espiritual.
Los primeros padres espirituales, cuando todo estaba oscuro, en el plano donde nuestra vista no puede alcanzar, dieron origen al espíritu y al pensamiento. Ellos crearon todo en espíritu, en el mundo no material, no eran gente ni aire ni cosa, solo una idea. La ley del mundo espiritual que transforma el material, legislaba todo en armonía, desde el principio hasta el fin. Por eso el primer paso es fortalecer la ley de origen, el gobierno propio, cumplirla, pagar el tributo y conducir el pensamiento hacia el equilibrio, hacia la existencia espiritual y hay diversas existencias, hay una material y muchas en espíritu.
La ley de origen es construir con el pensamiento; por eso hay que pedir permiso para poder utilizar lo que se necesita, hay que educar para cumplirla. Esta ley fue entregada a los hermanos mayores y por eso nuestra responsabilidad es proteger mediante el cumplimiento de todo cuanto existe. El mundo espiritual surgió de allí aún cuando no tenía carne ni cuerpo ni órgano. Los primeros padres espirituales empezaron a estudiar la organización de la diversidad espiritual, para poder llegar a la materialización de lo que hoy existe.
A cada especie se le dio una función específica y un tributo. Cuando los Mamos hacen las consultas están comunicándose con la naturaleza, donde se encuentran los códigos de leyes que rigen al pueblo, por eso responden a la ley de origen espiritual, la cual tiene el poder de gobernar el mundo, puede acabar y volver a construir el mundo porque no muere, siempre está dirigiendo, exigiendo el cumplimiento. Cuando el cumplimiento de la ley no se da, puede destruir y hacer otros porque se tiene muchas cosas que no ha materializado todavía. Por eso es la exigencia que hacen los Mamos hoy día: la confesión y pagamento espiritual y material; en otras palabras, el mundo espiritual está sostenido a lo espiritual ya que sin éste no podría existir nada. He aquí nuestros derechos humanos como pueblo Wiwa.
La ley de origen es la ley del conocimiento y el cumplimiento en espíritu de las leyes que mantienen en orden el universo. A los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta nos dejaron la ley y la misión de pagar los tributos de todo cuanto existe, los árboles, agua, piedra, lluvia, atmósfera, laguna y, todos los Mamos recibieron este compromiso. Esta ley es el principio y la creación de la ley de origen espiritual, es el pensamiento de nuestra ley de origen, la protección, la construcción permanente para nuestra fortaleza, es en últimas el ciclo de la vida, nuestros derechos se hallan en el territorio, si no tenemos territorios no hay identidad, ni mucho menos derechos humanos.
Pero la vida del Wiwa se ve perturbada; sino echemos un vistazo sobre los hechos bélicos cometidos contra los pueblos indígenas en Colombia el cual tiene sus inicios en los diferentes periodos de la historia, tales como el periodo de la invasión (1492).
Al respecto se puede decir:
“(…) Los pueblos indígenas hemos vivido una continúa invasión, sometimiento y violencia progresivas. Como consecuencia de esta situación muchos pueblos han desaparecido; otros han sobrevivido a costa de perder su identidad y su territorio, viéndose así obligados a integrarse como servidumbre dentro del sistema y estructura de los invasores; otros logramos resistir y conservar nuestra cultura, aunque en algunos casos se viva en condiciones de dependencia, lo cual ha obstaculizado poder continuar con los procesos milenarios de desarrollo propio.
“Lo importante ha sido que hemos mantenido mecanismos de resistencia, usando distintas formas de lucha, acoplando nuestras estrategias de acuerdo a la situación de cada momento. Cuando los europeos llegaron a nuestros continente, el que posteriormente se denominó América, encontraron que estas tierras estaban ocupadas por millones de nativos agrupados en pueblos, como los Nasa, Pijao, Tule, Embera y Muisca. Muchos de ellos organizados en grandes sociedades que se pueden asimilar con los estados modernos, tales como los Aztecas, los Mayas e Incas.
“Los españoles llegaron a estos territorios en busca de fortunas y poder y hallaron en nuestro territorio metales preciosos como el oro y la plata, grandes extensiones de tierras cultivadas y una gran cantidad de población indígenas a la que explotaron sometieron y hasta forzaron su desaparecieron.
“Muchos pueblos fueron violentamente sometidos por los invasores. La población nativa que no huía a las selvas y montañas era sometida y obligada a trabajos forzados en las minas y en el transporte de personas y carga. La pérdida de libertad y la explotación a que fueron sometidos llevó a los indígenas en muchos casos a no tener más hijos e incluso a realizar suicidios colectivos para evitar su esclavitud.
“En toda América los invasores se encontraron con diversas formas de resistencias, entre ellas la lucha armada, siendo claro que durante todo el procesos histórico nunca han dejado de luchar por su libertad y demás derechos” .
Así mismo durante la dominación hispánica, los misioneros capuchinos iniciaron el proceso de evangelización y expandieron su poderío eclesiástico hacia las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, estableciendo templos parroquiales e internados en la Sierrita (San Juan del Cesar), Pueblo Viejo (Dibulla), Atánquez (Valledupar) y Nabusímake (Pueblo Bello), para atender a la catequización y alfabetización de los Wiwa, Kággaba (Kogui), Kankuamo e Ika (Arhuaco), lo cual afectó los derechos humanos y colectivos, valores culturales y la tradición milenaria de estos pueblos.
Por otro lado la bonanza marimbera, que aparece en la Sierra Nevada de Santa Marta a fines de la década de los setenta del siglo pasado, también contribuyó a la generación de violencia, al respecto se sostiene:
“La realidad es que la bonanza marimbera trajo el desplazamiento de familias enteras hacia lugares lejanos y más hacia las cumbres por necesidad de las tierras aptas para los cultivos de marihuana y de coca. También la influencia de grupos armados que desde sus tendencias buscan lo mismo: las tierras de los Wiwa y la posesión de vías.
“Este panorama ha traído consecuencias duras. Muchos indígenas Wiwa incluyendo niños, mujeres, ancianos y adultos se vieron sometidos y obligados a despojarse de tradiciones y creencias. Se les ha prohibía hablar en dumuna, usar el vestido tradicional, les cortaron el cabello, les impusieron santos patronos cambiando el proceso religioso, cultural e ideológico. De esta forma se buscaba barrer con espacios ancestrales e influir sicológicamente en la etnia para un eventual cambio de identidad”. Hoy en día sigue la conquista a través de otros métodos para lograr su objetivo, adueñarse de la gran riqueza que representan los recursos naturales que hay dentro del resguardo.
“Caso aparte sucedió con los Magungama (Mamos) y Gunamas (comunidad) que se resistieron a las pretensiones de los capuchinos. Fueron muy escasas las familias que emigraron hacia la partes mas altas de Gonawindua (Sierra Nevada de Santa Marta) para evitar ser sometidos a las pretensiones de los capuchinos y el mestizaje por parte del suntalu y de esta manera poder seguir subsistiendo como grupo étnico con su idiosincrasia cultural, gracias a esas familias en la etnia Wiwa hoy en día se mantienen tradiciones, costumbres las cuales necesitan fortalecerse para evitar ser extinguidas por el blanco.
“Es quizás esta una de las razones por la que se creo la Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona (OWYBT), cuya finalidad es recuperar y fortalecer la tradición, la lengua, el territorio, sitios sagrados, poblados antiguos y creencias” .
Uno de los aspectos que marcaron al pueblo Wiwa después de la misión capuchina es la incursión de la guerrilla a su territorio, que data desde el año 1985, al cual llegaron en búsqueda de zonas estratégica para sus intereses. Esto trajo consigo hechos de violencia como asesinatos, desapariciones y desplazamiento interno, lo que posteriormente con la llegada de grupos los paramilitares, en el año 1999, se agudizó la oleada de violencia en nuestro pueblo sumándosele finalmente la bonanza cocalera (cultivo de uso ilícito contemporáneo) ocasionando la disputa del dominio del territorio por parte de los grupos armados, tanto legales como ilegales: guerrilla, paramilitares, fuerza pública y delincuencia común organizada.
Un territorio que ancestralmente nos pertenece y que ahora nos obligan a dejarlos, sólo por unos pesos, echando a la basura y al olvido la construcción de una sociedad indígena que se ha mantenido a pesar de los múltiples embates.
Estos grupos armados llegaron a la Sierra Nevada de Santa Marta por ser un lugar estratégico para sus intereses por la salida al mar y el contacto con el resto del país, convirtiéndose en un corredor indispensable para las maniobras y comercialización de sus productos como la droga y armas. En segundo grado de interés las riquezas de los recursos naturales renovables y no renovables de la Sierra Nevada de Santa Marta, inciden en que existan múltiples intereses privados para la apropiación con fines comerciales.
Además el acceso estratégico a los tres departamentos que comparten geográficamente la Sierra Nevada de Santa Marta y sobre todo la oposición de las cuatros culturas milenarias que por tiempos inmemoriales aún subsisten y que luchan contra algunas políticas que atentan con destruir nuestro hogar. Los hermanitos menores no tienen en cuenta la importancia de la declaración hecha por la UNESCO en la cual se declara a la Sierra Nevada de Santa Marta como “Reserva del Hombre y de la Biosfera”.
La arremetida de estos actores armados contra los pueblos Kággaba (Kogui) y Wiwa, guardianes de la Sierra Nevada de Santa Marta, ha generado el desplazamiento de las tierras que heredamos de nuestros ancestros y que por tiempos milenarios hemos habitado; han pisoteado nuestra cultura, profanando nuestros sitios sagrados, a pesar de nuestra declaración de autonomía y neutralidad frente al conflicto. Nos han vinculado a una disputa armada, absolutamente desconocida por los miembros de nuestra sociedad.
Los antepasados en sus narraciones orales contaban que la violencia algún día llegaría a nuestros territorios y que nosotros sufriríamos las consecuencias de esa guerra si no se cumplía con los tributos de pagamentos a nuestra madre tierra, a la naturaleza y a nuestros viejos.
Para nuestras autoridades tradicionales, las violaciones que se han cometido contra los pueblos Kággaba (Kogui) y Wiwa, van más allá del asesinato de sus miembros; es también la violación a la naturaleza, a la Madre Tierra, la cual esta cada día más amenazada por los megaproyectos que buscan extraerle los órganos internos de la Sierra Nevada de Santa Marta para comercializarlos, lo que atentan contra la vida de la flora y fauna de nuestra Madre.
Las consecuencias dejadas por el conflicto armado son enormes. Han ocasionando el desequilibrio espiritual, moral y psicológico de nuestra cultura, por el sólo hecho de no poder llegar a los diferentes sitios sagrados a realizar los respectivos pagamentos, porque no es posible hacer los recorridos libremente desde la orilla del mar hasta los picos de la nevada en desarrollo de los trabajos tradicionales, por temor a ser asesinados, capturados o señalados de pertenecer a uno u otro grupo armado. Por otra parte no se cuenta con los suficientes materiales adecuados para sanear las violaciones dejadas por el conflicto armado, para que se pueda calmar la crisis humanitaria.
II
Los Mamos ya habían contado que la violencia algún día llegaría a nuestros territorios y que nosotros sufriríamos las consecuencias de esa guerra si no se cumplía con los tributos de pagamentos a nuestra madre tierra, a la naturaleza y a nuestros viejos.
Los pueblos Kággaba (Kogui) y Wiwa hacemos parte de los cuatros pueblos indígenas que actualmente habitamos en el sitio ancestral conocido como Gonawindua (Sierra Nevada de Santa Marta). Los asentamientos que los conforman se encuentran ubicados en jurisdicciones de los departamentos del Cesar, La Guajira y Magdalena. La Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona (OWYBR), cobija la población Kággaba (Kogui) y Wiwa que habita en los departamentos del Cesar y La Guajira, la cual asciende a 5.127 Wiwa y 3.324 Kággaba (Kogui) en el departamento del Cesar y 5.127 Wiwa en el departamento de La Guajira.
Ocho años después de la llegada de kumkuna (guerrilleros), de bunzisi (paramilitares) y de yibi (ejército), las acciones subversivas desembocaron en una oleada de asesinatos contra los líderes, desplazamientos internos, quema de viviendas, reclutamiento de nuestros miembros a las filas de los grupos armados, la cual se arraigo intensamente en el territorio con acontecimientos de violaciones sobre los derechos humanos y el derecho internacional humanitario; hechos que ha quedado grabado en la memoria de los ancianos, muchos de ellos ya fallecidos y los que aún viven se niegan a narrar los hechos por el dolor que les embarga, por que contar lo pasado sobre la violencia “es generar mas enfermad de la que existe”, otros no cuentan porque los recrudece un pasado del cual no quieren saber nada, otros por el temor que les genera el tema, y en fin muchos decidieron hacer un voto del silencio frente al tema.
III
El pueblo Wiwa se ha visto enormemente afectado por el conflicto armado. El teatro de guerra se ha trasladado a nuestro territorio por lo que nuestro pueblo ha soportado numerosas violaciones a los derechos humanos y varias infracciones al derecho internacional humanitario. En lo que va corrido del año 2006, en diversos hechos y circunstancias asociados al conflicto armado, han caído muertos y asesinados los siguientes indígenas Wiwa:
1. Laudelino Montaño Mejía, gunama de la comunidad de Ulago, localizada en jurisdicción de San Juan del Cesar (La Guajira), fue capturado ilegalmente en su comunidad el 9 de diciembre de 2005 por tropas del Batallón Rondón de la Décima Brigada. El 10 de diciembre de 2005 apareció muerto en un lugar localizado entre Ulago y Sabana Joaquina. Sobre estos hechos los reportes castrenses informaron que había sido “dado de baja en combate”.
2. Ricardo Enrique Arias Solís y Celso Enrique Carrillo Guerrero, gunamayina de las comunidades de Sabana Joaquina, ubicada en jurisdicción de San Juan del Cesar, hacia las 8:00 AM del 3 de enero de 2006 fueron abordados en su comunidad por hombres armados y llevados ante las tropas del Batallón Rondón de la Décima Brigada. El 4 de enero de 2006 reportes militares informan que fueron “dados de baja” dos guerrilleros de las FARC, que resultaron ser los gunamayina que habían sido sacados con vida de su comunidad.
3. Bernardo Montaño Armenta, gunama de la comunidad de La Peña de los Indios, localizada en jurisdicción de San Juan del Cesar, hacia las 11:20 AM del 9 de enero de 2006 fue asesinado en plenas calles del casco urbano del municipio por hombres armados pertenecientes a las estructuras paramilitares que operan en la región.
4. El Mamo Juan Rafael Alberto Gil, originario de la comunidad de Cherúa, localizada en jurisdicción de Valledupar (Cesar), pero que desde hacia varios años residía fuera de ella, estando en su propia residencia del barrio “31 de octubre” de Riohacha (La Guajira), hacia las 4:10 PM fue asesinado el 6 de abril de 2006 por dos hombres que se movilizaban en una moto y que pertenecen a las estructuras sicariales que los paramilitares han establecido en ese municipio.
5. Héctor José Nieves Nieves, gunama de la comunidad de Potrerito, ubicada en jurisdicción del municipio de San Juan del Cesar, se encontraba en una residencia ubicada en Curazao, corregimiento de La Junta de ese municipio, cuando siendo aproximadamente las 11:15 AM del 30 de abril de 2006 llegaron hasta allí dos efectivos de la Policía Nacional adscritos al Comando Departamental de La Guajira, quienes argumentando que estaban persiguiendo a milicianos de las FARC-EP, procedieron a requisar la vivienda y ordenaron a todos los Wiwa que en ella se encontraban a que se tendieran en el piso boca abajo. A Héctor José Nieves Nieves le ordenaron que se levantara del piso y que se retirara unos cinco metros de donde se encontraba. Mientras obedecía la orden los efectivos policiales dispararon, uno al aire y el otro contra él, recibiendo un disparo que con posterioridad le ocasionó la muerte.
6. Marceliano Pacheco Malo, gunama de la comunidad de Cherúa, quien residía en la finca “La Estrella” del corregimiento de Mingueo del municipio de Dibulla (La Guajira), siendo aproximadamente las 10:00 AM del 12 de mayo de 2006 fue interceptado en la finca Torcoroma, ubicada en ese mismo corregimiento, por dos hombres armados quienes le propinaron varios disparos. Según versiones de los lugareños los asesinos hacen parte de las estructuras paramilitares que operan en la región.
IV
Son tantos los casos donde gunamayina Wiwa, que nada tienen que ver con los actores armados, terminan muertos a manos de la fuerza pública bajo un mismo patrón recurrente, son capturados ilegalmente en sus comunidades y posteriormente aparecen en los reportes castrenses como “dados de baja en combate”, que esos hechos empiezan ya a generar serias dudas sobre lo que ha acontecido en otros hechos en que han muerto Wiwa a manos de agentes del GAULA. Sobre el particular y a solicitud de sus familiares, presentamos dos casos que se han presentado para que cada cual saque sus propias conclusiones:
7. Farid Nieves Nieves, gunama de la comunidad de Potrerito, pero que se encontraba en situación de desplazamiento en el casco urbano del municipio de San Juan del Cesar, siendo aproximadamente las 2:00 AM del 21 de enero de 2006 fue muerto en el sector de Villa Corelca en el casco urbano del municipio por agentes del GAULA provenientes de Valledupar, cuando según las informaciones oficiales entregadas por ese organismo se presentó un intercambio de disparos con dos extorsionistas que estando en flagrancia fueron dados de baja.
8. Ever José Vega Vega y Heiner Vega Radillo, originarios de El Placer, jurisdicción de San Juan del Cesar, quienes residían permanentemente en Riohacha, hacia las 2:00 AM del 25 de marzo de 2006, en el corregimiento de Carretalito ubicado en Barrancas (La Guajira), fueron muertos por agentes del GAULA de Valledupar cuando, según las versiones oficiales entregadas, se disponían, junto a otros hombres, a extorsionar a un comerciante de la región.
V
Si bien no se han vuelto a registrar desplazamientos forzados masivos de comunidades Wiwa, hay que decir que los desplazamientos en pequeña escala se siguen presentando con regularidad. Desafortunadamente sobre muchos de estos desplazamientos no hay reportes porque se llevan a cabo al interior del territorio Wiwa y del Resguardo Kogui, Malayo y Arhuaco:
9. Cuatro (4) familias Wiwa de apellidos Borbón Nieves, compuestas por trece (13) personas, originarias del asentamiento de Las Colonias, ubicado en el corregimiento de Tomarrazón en Riohacha, desde el 28 de septiembre de 2005 se vieron precisadas a desplazarse forzadamente. Desde principios de enero de 2006 estas cuatro (4) familias se vieron obligadas a llegar hasta Machique en el Estado de Zulia en Venezuela donde actualmente se encuentran viviendo en condiciones muy precarias sin que hayan sido adecuadamente atendidas y sin que se les haya otorgado el estatus de refugiados. Estas familias vienen solicitando la presencia de las autoridades Wiwa y de la institucionalidad pública colombiana y venezolana para que se les garanticen sus derechos humanos.
10. A raíz de la muerte a manos de tropas de la Décima Brigada de Ricardo Enrique Arias Solís y Celso Enrique Carrillo Guerrero, ocurrida el 3 de enero de 2006, sus respectivas familias se vieron obligadas a abandonar la comunidad de Sabana Joaquina y desplazarse hacia comunidades vecinas ubicadas en jurisdicción del mismo municipio de San Juan del Cesar. Ana Gertrudis Mojica Nieves, viuda de Celso Enrique Carrillo Guerrero, y sus doce (12) hijos e hijas, al igual que Marilsa Mejía Wao, viuda de Ricardo Enrique Arias Solís, y sus cinco (5) hijos e hija, se encuentran actualmente en situación de desplazamiento en Marokazo, jurisdicción de San Juan del Cesar, sin que hayan recibido ningún tipo de atención. La situación socioeconómica de estas dos (2) familias es tan crítica que no han contado con los recursos necesarios para desplazarse hacia el casco urbano del municipio para hacer las correspondientes declaraciones.
11. Efrén Nieves Vega, su esposa Teresa Loperena y sus dos hijos, miembros de la comunidad de La Loma del Potrero, localizada en San Juan del Cesar, hacia el 20 de marzo de 2006 se vieron forzados a desplazarse hacia el corregimiento de Guayacanal ubicado en San Juan del Cesar. Igual suerte les tocó correr a Abel Darío Bolaños Vega, su esposa Ilda María Vega Mendoza y sus dos hijos Luís Darío Bolaños Mendoza y Abel Bolaños Mendoza, quienes aproximadamente hacia el 27 de marzo de 2006 se vieron obligados a abandonar la comunidad de La Loma del Potrero para ubicarse también en el corregimiento de Guayacanal. Ambas familias se vieron precisadas a desplazarse por el temor que les ocasionó los hostigamientos que la fuerza pública hacía contra las comunidades de La Loma del Potrero, La Peña de los Indios y El Caney, localizadas todas en San Juan del Cesar, señalándolas de complicidad con los guerrilleros de las FARC-EP que le tendieron, el 9 de marzo de 2006, una emboscada a las tropas del Batallón Rondón de la Décima Brigada.
12. El asesinato de Marceliano Pacheco Malo por parte de estructuras paramilitares, ocurrida el 12 de mayo de 2006, generó el desplazamiento desde la finca “La Estrella” ubicada en el corregimiento de Mingueo en Dibulla (La Guajira), hasta los cascos urbanos de Dibulla y Riohacha, de tres (3) familias Wiwa de apellidos Pacheco Malo, que hacen un total de veintitrés (23) personas aproximadamente. Se tuvo conocimiento que dos (2) hermanos de Marcelino Pacheco Malo tuvieron que desplazarse hacia Medellín (Antioquia) ante la incesante persecución de que fueron objeto por los grupos paramilitares que tienen presencia en Dibulla. No todos los desplazados de estas tres (3) familias han declarado ante las entidades concernidas ya sea por miedo o por imposibilidad manifiesta de ir hasta los respectivos despachos.
VI
Varias comunidades y familias Wiwa han expresado en varias ocasiones su deseo de retornar a sus lugares de origen. Sin embargo las instituciones responsables de llevar a cabo estos retornos es muy poco lo que han hecho, por lo que los resultados al respecto son bastante pobres. Es tal el interés de retornar que tienen algunas comunidades y familias Wiwa, que se han venido dando retornos voluntarios sin ningún tipo de ayuda oficial. Ante la ineficacia de las entidades públicas para garantizar los retornos y dado que su situación es cada vez más insostenible en sus lugares de recepción, varias familias han optado por hacerlos bajo su propio riesgo:
13. A la fecha los procesos de retorno de las comunidades de El Limón y La Laguna, ubicadas en jurisdicción de Riohacha y Potrerito, localizada en jurisdicción de San Juan del Cesar, se encuentran bajo una gran incertidumbre y en la práctica totalmente paralizados. Desde octubre de 2005, cuando a estas comunidades se desplazó una comisión interinstitucional para definir procedimientos y agenda para los retornos, nada se ha vuelto a saber al respecto y ello ha generado una gran preocupación en las autoridades de estas comunidades porque en el 2006 es muy poco lo que las instituciones han adelantado para hacer efectivos estos retornos. De otro lado la situación de la comunidad de Sabana Grande, ubicada en jurisdicción de San Juan del Cesar, es mucho más preocupante como quiera que el retorno de sus familias ni siquiera está en la agenda de las entidades públicas concernidas.
14. Sin ningún tipo de apoyo ni estatal ni gubernamental y ante la precaria situación socioeconómica que están viviendo y en razón de las dramáticas transformaciones culturales que están soportando actualmente, varias familias Wiwa han emprendido retornos a sus comunidades de origen con la perspectiva de rehacer sus vidas y recomponer su cultura. Es así como a la comunidad de Potrerito han retornado dieciséis (16) familias, a la comunidad de Sabana Grande veinticuatro (24) familias, a la comunidad de El Limón dieciocho (18) y a la comunidad de La Laguna dos (2) familias.
VII
Actualmente se encuentran privados de la libertad y en diferentes centros carcelarios y penitenciarios de la región, veintiún (21) indígenas Wiwa, de los cuales diecinueve (19) son hombres y dos (2) son mujeres. Veinte (20) de estos Wiwa han sido ya se condenados o sindicados del delito de rebelión y delitos conexos. Se ha perdido la cuenta del número de Wiwa, hombres y mujeres, que han estado detenidos durante lapsos que van desde los quince días hasta los doce meses, que luego de quedar en libertad al comprobarse su inocencia, son objeto de amenazas y hostigamientos. La red de informantes y cooperantes ha estado llevando a centros carcelarios y penitenciarios a Wiwa que no tienen vínculos con los actores armados. Entre los capturados en el 2006 que actualmente se hallan privados de la libertad se pueden mencionar los siguientes gunamayina:
15. Antonio José Nieves Nieves, gunama de la comunidad de Sabana Grande, jurisdicción de San Juan del Cesar, luego de haber permanecido varios meses detenido y recientemente dejado en libertad, fue nuevamente capturado, en Villanueva (La Guajira), por la Policía Nacional el 22 de abril de 2006. Actualmente, sindicado de rebelión, se encuentra detenido en la Cárcel Judicial de Valledupar.
16. Hilvio José Nieves Nieves, gunama de la comunidad de Potrerito, quien se encontraba en situación de desplazamiento en el corregimiento de La Junta de ese municipio, sindicado de rebelión fue capturado allí por la Policía Nacional el 30 de abril de 2006 y se encuentra recluido en la Cárcel Judicial de Valledupar.
17. Jorge Luís Montero Malo, gunama de la comunidad de Bernaka, en jurisdicción de Valledupar (Cesar), sindicado de rebelión fue capturado por la Policía Nacional en el corregimiento de La Junta del municipio de San Juan del Cesar el 30 de abril de 2006. Actualmente se encuentra recluido en la Cárcel Judicial de Valledupar.
18. Carmen Cecilia Arias Cáceres, promotora de salud de la comunidad de Marokazo, quien había abandonado, a fines de noviembre de 2005, esa comunidad debido a las persistentes amenazas contra su vida proferidas por miembros de las FARC-EP y quien permaneció detenida en la Cárcel Judicial de Valledupar, desde enero hasta mayo de 2006, nuevamente fue capturada, el 14 de julio de 2006, mientras trabajaba en la IPS Dusakawi de la Casa Indígena de Valledupar. Carmen Cecilia Arias Cáceres había sido incluida por la organización, desde noviembre de 2005, en la lista de personas Wiwa amenazadas que solicitan protección especial individual, en el marco de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
VIII
El pueblo Wiwa tiene la impresión que a algunas entidades gubernamentales les ha faltado un mayor compromiso y una mejor disposición política para atender adecuadamente lo referente al tema de promoción y protección de los derechos humanos y colectivos del pueblo Wiwa, sobre todo en lo que atañe al proceso de concertación de las medidas cautelares otorgadas al pueblo Wiwa por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Sobre esto último hay que decir que para la concertación de las medidas cautelares apenas las entidades gubernamentales pertinentes hicieron una aproximación al pueblo Wiwa un año después de ser otorgadas, de ahí que poco se haya avanzado, y adicionalmente estos primeros encuentros se caracterizaron por la insistencia de algunas instituciones públicas por poner en entredicho la legitimidad de la solicitud de dichas medidas, lo que llevó a la OWYBT a emitir varios comunicados en que se aclaraba la disposición y voluntad del pueblo Wiwa de sentarse con el Gobierno en todos sus niveles a discutir el desarrollo de las medidas cautelares. En todo caso, mientras las instituciones responsables se decidían a concertar las medidas cautelares con la OWYBT, nuestro pueblo seguía siendo víctima de violaciones a los derechos humanos y de infracciones al derecho internacional humanitario.
En el 2006 el pueblo Wiwa ha tenido que sentarse solo a la mesa a concertar medidas de protección de sus derechos humanos y colectivos, porque inexplicablemente el gobierno, en todos sus niveles, no se hizo presente:
19. El 13 de mayo de 2006, recogiendo las demandas de las autoridades de las comunidades de La Loma del Potrero, La Peña de los Indios, Ulago, El Caney y El Machín, localizadas en jurisdicción de San Juan del Cesar, quienes expresaban sus temores y preocupaciones por los señalamientos y retaliaciones que las tropas del Batallón Rondón de la Décima Brigada estaban tomando contra los Wiwa de la región a raíz de los hechos de guerra en que trágicamente murieron, el 9 de marzo de 2006, dos (2) soldados de ese batallón en una emboscada realizada por la guerrilla, la OWYBT convocó a instituciones públicas municipales, departamentales y nacionales, lo mismo que a varias organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, organizaciones internacionales de ayuda humanitaria y a una agencia del Sistema de Naciones Unidas (SNU). Pese a la urgencia de la convocatoria, en términos generales las instituciones públicas brillaron por su ausencia, mientras que las otras organizaciones invitadas participaron activamente.
20. En Bogotá, D.C., el 25 de mayo de 2006, en el marco de la mesa de trabajo sobre medidas cautelares, se acordó realizar una reunión en la Casa Indígena de San Juan del Cesar entre las Direcciones de Etnias y de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia y la OWYBT para discutir las medidas de protección individuales para varios gunamayina, profesores, líderes, Mamos, Sagas y directivos de la organización que han manifestado que se encuentran amenazados o en riesgo. La reunión, después de varios aplazamientos, finalmente quedó programada para el lunes 26 de junio de 2006. A la reunión asistieron de parte de los Wiwa los interesados, sin embargo y sin aviso previo los funcionarios del Ministerio del Interior y de Justicia no llegaron y a la fecha no ha habido ninguna explicación de su ausencia. Sobre este hecho a la OWYBT le preocupó no solo la inexplicable ausencia de los funcionarios responsables sino, sobre todo, el hecho que se puso en riesgo a los Wiwa que se movilizaron desde diversos lugares para asistir a la frustrada reunión.
IX
Las amenazas de los diferentes actores armados contra gunamayina, profesores, líderes, Mamos, Sagas y directivos de la organización persisten. Los Wiwa cuando se encuentran en las partes bajas son considerados por la fuerza pública como milicianos o miembros de los grupos guerrilleros, en tanto que los Wiwa que regresan a sus comunidades después de hacer diversas gestiones en los cascos urbanos localizados en las partes planas de la Sierra Nevada de Santa Marta son vistos por la guerrilla como integrantes de la red de cooperantes e informantes de la fuerza pública. De otro lado, y como ya se había mencionado, los Wiwa que obtienen su libertad luego de haber permanecido detenidos, inmediatamente empiezan a ser hostigados y amenazados por los diferentes actores armados.
21. Pese a que desde el mes de febrero de 2006 la OWYBT entregó al Gobierno Nacional una lista con los nombres de los gunamayina, profesores, líderes, Mamos, Sagas y directivos de la organización que se encuentran amenazados, a la fecha no se han discutido ni efectivizado las medidas individuales de protección para estos Wiwa. Mientras el Gobierno Nacional continúa con su lentitud y parsimonia para atender esta situación, estos Wiwa continúan en riesgo por las amenazas.
22. En algunos lugares de la Sierra Nevada de Santa Marta, principalmente en las partes bajas de las cuencas de los ríos Jeréz, Ancho y Palomino, ubicados en jurisdicción de Dibulla, grupos paramilitares que no se desmovilizaron continúan ejerciendo control y dominio sobre el territorio, lo que genera temor y zozobra entre las comunidades de nuestro pueblo. Al respecto, se ha tenido información que estos paramilitares cobran impuestos por los productos agropecuarios que se bajan a comercializar a los cascos urbanos de la región y que realizan un intenso tráfico de drogas.
23. El asentamiento urbano de Abuwimake, localizado en el sector de El Dividivi, en Riohacha, y en donde se encuentran desde el 7 de septiembre de 2002 veintiséis (26) familias desplazadas forzadamente de la comunidad de El Limón, localizada en jurisdicción de Riohacha, es un caso que amerita un tratamiento especial. Abuwimake viene soportando hostigamientos y amenazas constantes de todos los actores armados del conflicto. Frecuentemente hombres armados sin identificar rondan a altas horas de la noche el asentamiento generando temor entre los Wiwa. Hace unos meses aparecieron pintadas en los cambuches varios grafitos con frases amenazantes. De otro lado, la manera como la fuerza pública y los organismos de seguridad del Estado se han aproximado a Abuwimake y debido al tipo de relaciones que han establecido con el asentamiento a donde sólo han llegado a hacer capturas y requisas, antes que generar seguridad está ocasionando zozobra, temor e intranquilidad entre los miembros de esta comunidad. Actualmente tres miembros de Abuwimake se encuentran detenidos, todos ellos capturados en la misma comunidad: Ledis Loperena Joño, capturada el 1 de junio de 2006; Deudelith Enrique Guerra Luna, (suntalo), capturado el 15 de abril de 2006 y Arismelder Vidal Mendoza, capturado el 30 de junio de 2006.
24. Los Wiwa también se sienten bastante amenazados por los encapuchados que con cierta regularidad acompañan a las tropas de la Décima Brigada en sus recorridos por nuestro territorio. Estos encapuchados, desertores y reinsertados de los grupos guerrilleros que hacen parte ahora de las redes de cooperantes e informantes de la fuerza pública, hacen señalamientos y acusaciones contra comunidades enteras y miembros individuales de nuestro pueblo, con el propósito de hacerse acreedores a beneficios jurídicos y económicos. Con una sola información entregada por estos desertores y reinsertados es más que suficiente para que la fuerza pública capture a gente Wiwa inocente. La inmensa mayoría de los Wiwa que han sido puestos en libertad habían sido capturados a partir de informaciones falsas y tendenciosas aportadas por estos encapuchados. Lo más aberrante de esta situación es que muchos de esos informantes y cooperantes son Wiwa que para escapar a la justicia propia de nuestro pueblo y evitar ser sancionados por delitos que habían cometido, optaron por refugiarse en los grupos guerrilleros y ahora, amparados en su fuero de informantes y cooperantes, están acusando a quienes en su momento pretendieron que se les aplicara la ley propia.
X
Sobre territorio Wiwa, y sin nuestro consentimiento previo e informado, desde febrero de 2006 se está construyendo una gran represa sobre el río Ranchería de aproximadamente de veintitrés mil (23.000) hectáreas. La construcción de esta represa se constituye en una flagrante violación a nuestro territorio tradicional e impone serias limitaciones para cumplir con nuestros pagamentos y trabajos tradicionales, necesarios para la pervivencia de nuestro pueblo.
25. La construcción de esta represa comenzó sin haberse realizado un proceso de consulta con nuestro pueblo y con los otros tres pueblos que tienen asiento en el Consejo Territorial de Cabildos de la Sierra Nevada de Santa Marta (CTC).
26. La construcción de esta represa rompe abiertamente los acuerdos que se venían construyendo entre el Gobierno Nacional y el Consejo Territorial de Cabidos de la Sierra Nevada de Santa Marta (CTC), en el sentido de consultar y concertar ampliamente todas las intervenciones a desarrollarse en la Sierra Nevada de Santa Marta, comprendiendo hasta la Línea Negra.
27. La construcción de esta represa va en contravía al Plan de Ordenamiento Territorial Ancestral el cual, según los acuerdos que se han construido con el Gobierno Nacional, es el que orienta y guía las intervenciones en la Sierra Nevada de Santa Marta.
28. La represa sobre el Ranchería tiene serios reparos técnicos, ya que un espejo de agua de esa extensión tan cerca de los picos nevados de la Sierra Nevada de Santa Marta puede acelerar vertiginosamente el proceso de deshielo y derretimiento que está en curso y con ello ocasionar graves problemas ambientales sobre nuestro territorio.
29. La represa inundará varios sitios sagrados y lugares de pagamento que revisten una especial importancia dentro de la cosmovisión no sólo de nuestro pueblo, sino de los otros tres pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Según nuestra concepción del mundo en estos sitios sagrados se encuentra la madre de los alimentos y de la comida, los cuales es preciso cuidar para que no lleguen las enfermedades que afectan a los cultivos ni tampoco asome el hambre a nuestras comunidades. En otras palabras, la realización de pagamentos y trabajos tradicionales en los lugares sagrados que quedan en el área de inundación de la represa, son necesarios para garantizar la soberanía y seguridad alimentarias de nuestro pueblo.
XI
Mientras el pueblo Wiwa continúa siendo afectado por el conflicto armado interno, muy lentamente avanza el proceso de concertación de las medidas cautelares otorgadas a nuestro pueblo por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Transcurridos dieciocho (18) meses desde que el 4 de febrero de 2005 el pueblo Wiwa fue beneficiario de medidas cautelares –esto gracias a la intervención de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y de la Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (CCAJAR)–, los avances que se mencionan a continuación son una evidencia simple del empeño y disposición que el Gobierno Nacional ha puesto en la concertación:
30. En octubre de 2005 a solicitud expresa del Gobierno Nacional, la OWYBT presentó una propuesta para construir amplia y concertadamente con todos los Mamos, Sagas, autoridades, líderes, ex Cabildos Gobernadores, profesores, promotores de salud, coordinadores, directivos de la organización… de todas las comunidades del pueblo Wiwa tanto de la Sierra Nevada de Santa Marta como de la Serranía del Perijá, una propuesta integral y sostenible de protección y autoprotección en la perspectiva de adaptar las medidas cautelares a la cosmovisión de nuestro pueblo. A la fecha esta importante iniciativa, necesaria para avanzar en el proceso de concertación de las medidas cautelares, no ha sido apoyada por el Gobierno Nacional.
31. A la fecha sólo se han realizado tres (3) reuniones de concertación entre la OWYBT y la institucionalidad pública: Dos (2) en la Casa Indígena de San Juan del Cesar y una (1) en Bogotá, D.C, en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que es a todas luces insuficiente para realizar un buen proceso de concertación.
32. Como parte del desarrollo de esas medidas cautelares la OWYBT ha recibido del Gobierno Nacional lo siguiente: Un celular Movistar de trescientos (300) minutos y apoyo para transporte por ciento (150) horas mensuales, lo que como puede verse es irrisorio frente a las dimensiones del problema.
XII
Como puede apreciarse el pueblo Wiwa requiere de la solidaridad de todos. Por ello, y siguiendo el ejemplo de lo que ha venido haciendo el pueblo Kankuamo, la OWYBT está procurando construir alianzas con organizaciones nacionales e internacionales, con el fin de visibilizar la grave situación por la que actualmente está atravesando nuestro pueblo. Aprovechamos este escenario privilegiado para invitarlos, en otra oportunidad, a que visiten nuestras Unguma y recorran nuestro territorio para que podamos conocernos mejor.
Valledupar (Cesar), 17 de julio de 2006
OWYBT
ORGANIZACIÓN WIWA YUGUMAIUN BUNKUANARRUA TAYRONA
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COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL VERIFICA EN LA GUAJIRA DESPLAZAMIENTO WAYÚU
Riohacha
Hoy regresa de la Alta Guajira una comisión interinstitucional conformada por funcionarios de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, Acnur, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Relaciones Exteriores, quienes se encuentran en misión de verificación de los hechos denunciados por representantes de varios cabildos Wayúu, que han insistido en que los desplazamientos de este grupo humano en distintos sectores de la península no han sido considerados como una tragedia humanitaria por el Gobierno Nacional.
Hace quince días los cabildos de Nóüna de campamento, del cabildo Wayúu de Wepiapaa y de la comunidad Wayúu en situación de desplazamiento en Santa Marta, alzaron sus voces diciendo que sus miembros no han recibido la atención suficiente por parte de las autoridades nacionales pese a que su condición es fácilmente verificable, en el caso de los indígenas Wayúu que se encuentran en barrios subnormales de la capital del Magdalena.
En su momento los denunciantes dijeron “al drama del desplazamiento forzado, los Wayúu han tenido que afrontar otro drama: el de la inacción del Gobierno Nacional, que pese a tener una orden taxativa de la Corte Constitucional no ha cumplido satisfactoriamente con los estándares de atención que la población Wayúu desplazada merece y reclama.
Desde el lunes y al parecer en respuesta a estos reclamos de la etnia, los funcionarios destacados desde el nivel central, entre otros Roberto Mignone de ACNUR; Gabriel Riaño de la Defensoría del Pueblo; Patricia Luna de Acción Social; Nancy Benítez del Ministerio de Relaciones Exteriores, se encuentran en un periplo por La Guajira que los llevó al sector de Poropo desde donde se desplazó un grupo de indígenas después del asesinato de uno de sus miembros. Hoy el grupo llegará a Dibulla, donde se comprobó que varias familias de esta etnia huyeron de la violencia del sector del Alto San Jorge en la Sierra Nevada, caso Wepiapaa.
Con los funcionarios referidos se encuentran un oficial de la primera división del Ejército, con sede en Santa Marta, el secretario de Gobierno departamental de La Guajira, Wilson Rojas Vanegas y el comandante de la Policía de La Guajira, coronel Alejandro Callejas Camacho.
Antecedentes
El 25 de junio pasado en Valledupar, la problemática del desplazamiento interno que viven comunidades Wayúu, de la Alta y Media Guajira fue tocado en una reunión sostenida con el relator especial de las Naciones Unidas para los Refugiados y Desplazados internos, Walter Kälin.
En dicha reunión los desplazados y refugiados dieron a conocer detalles de su problemática, que se hace más complicada por la característica de itinerantes que los pueblos Wayúu de la Alta Guajira ostentan.
Dicho informe señaló que “en Wepiapaa, localizada en Mingueo, municipio de Dibulla, se encuentran treinta y seis (36) familias Wayúu en situación de desplazamiento, que llegaron en tres oleadas sucesivas entre octubre y noviembre de 2005 procedentes de un asentamiento, hoy desaparecido, que se ubicaba en el alto San Jorge en la Sierra Nevada de Santa Marta”.
Seguidamente se indica que “en diferentes barrios marginales del Distrito de Santa Marta —Timayuy, Cristo Rey, La Paz, La Parrilla— se han reportado cuarenta y cinco (45) familias Wayúu que, provenientes de diversos lugares de la Media y Alta Guajira, llegaron hasta allí en cuatro oleadas diferentes”.
Por último relata el escrito entregado por los denunciantes, que “la comunidad Nóüna de Campamento, localizada en zona rural de Maicao, ha visto reducir el número de sus familias por cuanto varias de ellas, de manera sucesiva, emprendieron un éxodo, ya sea hacia Venezuela o hacia diversas ciudades del interior del país, huyéndole a la violencia. Estas familias Wayúu, que se desplazaron de esta comunidad, no se registraron en ninguna parte como desplazadas”.
Sobre lo que ocurre en la Alta Guajira, donde se encuentra actualmente la comisión interinstitucional encabezada por la Acnur, dice el informe que “los grupos paramilitares siguen controlando extensas áreas de la Media y Alta Guajira y este reconocimiento es imprescindible para que el Gobierno Nacional y el Estado los pueda combatir con firmeza”.
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ACERCA DE LA PROBLEMÁTICA DEL DESPLAZAMIENTO INTERNO:
CONSIDERACIONES DE ORGANIZACIONES DEL PUEBLO WAYÚU
Reflexiones conjuntas presentadas en Valledupar (Cesar), el domingo 25 de junio de 2006, por el Cabildo Wayúu Nóüna de Campamento de Maicao (La Guajira;), el Cabildo Wayúu de Wepiapaa de Mingueo, Dibulla (La Guajira) y por la comunidad Wayúu que se encuentra en situación de desplazamiento en Santa Marta (Magdalena) en reunión sostenida con el señor Walter Kälin, Relator Especial de Naciones Unidas para los Refugiados y Desplazados Internos.
El Cabildo Wayúu Nóüna de Campamento, el Cabildo Wayúu de Wepiapaa y la comunidad Wayúu en situación de desplazamiento en Santa Marta, quieren llamar la atención del señor Walter Kälin, Relator Especial de Naciones Unidas para los Refugiados y Desplazados Internos, sobre las siguientes cuestiones:
1. Es preciso tener en cuenta que en referencia al pueblo Wayúu, la problemática del desplazamiento interno y de los refugiados presenta unas características específicas, derivadas entre otras razones de las condiciones geoestratégicas que presenta nuestro territorio en la Media y Alta Guajira, de la polirresindencialidad que se traduce en una amplia movilidad geográfica determinada por el ciclo de estaciones y de nuestra organización social basada en la configuración de matrigrupos familiares autónomos, descentralizados y dispersos, que marcan sustantivas diferencias frente a lo que acontece en otros pueblos y territorios indígenas del país.
2. Esta situación particular hace que sea complejo, por ejemplo, establecer fácilmente diferencias entre la itinerancia realizada por grupos familiares Wayúu que responden más a razones identitarias, de aquellos desplazamientos forzados relacionados con las dinámicas del conflicto social y armado que se escenifica en nuestro territorio. Por ello mismo, y dado que la inmensa mayoría de miembros del pueblo Wayúu de la Media y Alta Guajira tienen la doble nacionalidad colombiana y venezolana, es bastante complicado distinguir a simple vista entre los pasos de la frontera internacional que hacen los grupos familiares Wayúu de conformidad con sus pautas de ocupación espacial estacional, de los cruces transfronterizos ocasionados por la huida ante la presencia y arremetida de los actores armados.
3. Estas especificidades han posibilitado que las expresiones y formas del desplazamiento y del refugio en lo concerniente a los Wayúu, terminen siendo imperceptibles lo que sin duda alguna ha contribuido a su invisibilización y negación por parte de sectores gubernamentales y estatales. Frente a recientes desplazamientos que involucraron a familias Wayúu, el gobierno, en todos sus niveles, pretendió bajo diversos artilugios, negar la condición de desplazadas a las familias y personas Wayúu que huyeron de la violencia tanto del Alto San Jorge en la Sierra Nevada de Santa Marta, caso Wepiapaa en el municipio de Dibulla, como de la Media y Alta Guajira, como es el caso de los desplazamientos hacia el distrito de Santa Marta.
4. Si bien los fenómenos del desplazamiento y del refugio parecieran imperceptibles, ello no debe llevar a colegir conclusiones equivocadas. El hecho de que en un territorio dado las dinámicas del desplazamiento interno y del refugio no puedan ser fácilmente observadas y analizadas, en modo alguno significa que éstas dinámicas sean irrelevantes o inexistentes. Precisamente en el no reconocimiento del desplazamiento interno que concierne al pueblo Wayúu, estriba la mayor gravedad del problema, por cuanto si se niega es casi que imposible afrontarlo y definir alternativas de solución.
5. Se han presentado varios desplazamientos masivos de familias Wayúu. Sin embargo generalmente los desplazamientos se han venido haciendo “gota a gota”, de manera que primero van llegando unas familias y con el paso de los meses van llegando otras emparentadas, hasta conformar núcleos de familias desplazadas que se concentran alrededor de un mismo lugar. La inmensa mayoría de estos desplazamientos, tanto masivos como individuales, no han sido reportados y la población involucrada no aparece en ningún registro. Ya sea por desconfianza, por temor, por ignorancia o por pragmatismo, el hecho es que son muchas las familias Wayúu que se desplazan quedándose por fuera de las estadísticas y de los registros.
6. Actualmente en la comunidad de Wepiapaa, localizada en Mingueo, municipio de Dibulla, se encuentran treinta y seis (36) familias Wayúu en situación de desplazamiento, que llegaron en tres oleadas sucesivas entre octubre y noviembre de 2006 procedentes de un asentamiento, hoy desaparecido, que se ubicaba en el Alto San Jorge en la Sierra Nevada de Santa Marta. De otro lado, en diferentes barrios marginales del distrito de Santa Marta –Timayuy, Cristo Rey, La Paz, La Parrilla…– se han reportado cuarenta y cinco (45) familias Wayúu que, provenientes de diversos lugares de la Media y Alta Guajira, llegaron hasta allí en cuatro oleadas diferentes. Por su parte la comunidad Nóüna de Campamento, localizada en zona rural de Maicao, ha visto reducir el número de sus familias por cuanto varias de ellas, de manera sucesiva, emprendieron un éxodo, ya sea hacia Venezuela o hacia diversas ciudades del interior del país, huyéndole a la violencia. Estas familias Wayúu que se desplazaron de esta comunidad no se registraron en ninguna parte como desplazadas.
7. Los desplazamientos Wayúu de Wepiapaa y Santa Marta, como áreas receptoras, y de Nóüna de Campamento, como área expulsora, presentan similitudes y diferencias que es preciso tener en cuenta.
La principal similitud entre Wepiapaa y Santa Marta estriba en que hubo de pasar varios meses, seis para el primero y cuatro para el segundo, antes que las entidades gubernamentales procedieran a reconocer la magnitud de los desplazamientos y a brindar una atención conjunta.
Entre las similitudes está el que el actor armado implicado en el desplazamiento definitivo de estos tres casos fueron los grupos paramilitares. Algunos de estos desplazamientos incluso se han dado luego de la llamada “desmovilización” de estructuras paramilitares. En Wepiapaa los desplazamientos se debieron principalmente a la desaparición de un miembro de la comunidad, pero también al atentado sufrido meses antes contra el esposo de la maestra de la comunidad. Para el caso de Santa Marta los desplazamientos obedecieron a distintas amenazas proferidas por los grupos paramilitares contra familias Wayúu a las que les ordenaron desalojar el territorio. En algunos casos se presentaron asesinatos contra miembros Wayúu que ocasionaron los éxodos. En lo concerniente a Nóüna de Campamento los desplazamientos ocurrieron por la muerte sistemática contra varios miembros de las familias vinculadas a esta comunidad.
Otra similitud, entre Wepiapaa y Santa Marta, está relacionada con que el hecho que las familias fueron desplazándose de su último asentamiento en sucesivas oleadas y no de manera simultánea. Si bien se han acumulado varias familias en el lugar de destino, llegaron en diferentes momentos y, para el caso de Santa Marta, en apariencia pareciera que fueran casos aislados.
Una similitud adicional está en que las familias de Wepiapaa y Santa Marta llegaron hasta lugares donde tenían grupos familiares emparentados que les podrían ayudar o a lugares algún familiar ya conocía de antemano por cuanto había estado viviendo allí por razones de trabajo.
Una similitud entre los tres casos es que la mayoría de las familias involucradas en los desplazamientos de alguna manera ya habían soportado desplazamientos anteriores, ya sea a causa del conflicto armado o de conflictos internos, en todo caso sin nunca antes tener la condición de desplazadas.
Una diferencia entre Wepiapaa y Santa Marta es que en el primer caso todas las familias se desplazaron de una misma área geográfica donde habían configurado de tiempo atrás un asentamiento y en el segundo caso son familias provenientes de distintos lugares de la Media y Alta Guajira. Sin embargo, en ambos casos las diversas familias que allí se congregaron están emparentadas.
Una diferencia entre Wepiapaa y Santa Marta por un lado y Nóüna de Campamento por la otra, es que en el primero optaron por solicitar su inscripción como población desplazada, en tanto que las familias relacionadas con el segundo se fueron sin adquirir la condición de desplazados.
8. Las familias de Nóüna Campamento que se fueron de la comunidad, como ya se dijo, no se encuentran registradas en ninguna estadística o base de datos. Por su parte las familias de Wepiapaa y Santa Marta solicitaron su registro como población desplazada, el cual han venido obteniendo después de muchas dificultades. El itinerario resumido de estas dificultades es el siguiente.
En un primer momento las entidades gubernamentales expresaron su sorpresa por la presencia de Wayúu en esos territorios. La sorpresa fue mayor para las entidades gubernamentales que desconocían que en la Sierra Nevada de Santa Marta hubiera presencia de Wayúu.
En un segundo momento, recuperados de la sorpresa, la respuesta a las demandas de la población desplazada fue, haciendo caso omiso al principio de la buena fe de las familias, manifestar que no eran desplazadas sino que eran oportunistas interesadas en acceder a los beneficios de que el gobierno tiene para la población desplazada.
En un tercer momento y ante la intervención de organizaciones indígenas o del Ministerio Público, las entidades gubernamentales concernidas, a regañadientes, accedieron a iniciar el proceso de registro de la población en situación de desplazamiento. La poca voluntad política de las entidades gubernamentales se tradujo, sobre todo para el caso de Wepiapaa, en la generación de una atmósfera enrarecida en la relación entre instituciones públicas y autoridades indígenas que configuró una animadversión contra la comunidad.
En un cuarto momento, las entidades gubernamentales concernidas procedieron a adelantar los procedimientos para recibir las declaraciones de la población desplazada, lo que puso en evidencia, para el caso de Wepiapaa particularmente, varias inconsistencias, como la de recibir declaraciones de Wayúu con un pobre conocimiento del castellano y prácticamente monolingües de wayunaiki sin la intervención de un intérprete o traductor y sin la presencia de las autoridades de la comunidad. Esto se reflejó en que las declaraciones consignadas no se apegaron a la realidad de lo que los declarantes expresaron.
En un quinto momento, correspondiente a las entregas de la ayuda humanitaria, se presentaron muchos problemas: la ayuda era insuficiente, los alimentos no se correspondían a la dieta alimenticia tradicional de los Wayúu, las entregas se hacían por familia sin atender al número de personas que las componían, las entregas fueron incompletas y a destiempo, se entregaron en demasía productos que no se necesitaban…
En Wepiapaa a lo largo del proceso se presentaron dos situaciones particulares. En primer lugar el gobierno departamental, en enero de 2006, se comprometió con la comunidad a entregar y adelantar una serie de acciones que reiteradamente incumplió, lo que generó un profundo malestar en la comunidad que se sintió engañada. En segundo lugar algunas entidades gubernamentales departamentales, ante las críticas por la no atención de la población desplazada, pretendieron hacer aparecer como propias, acciones realizadas por organizaciones internacionales de ayuda humanitaria.
9. Si las entidades gubernamentales, en todos sus niveles, no han podido o tal vez no han querido ver las dinámicas del desplazamiento interno y el refugio que afecta al pueblo Wayúu desde hace algo más de dos años, se debe principalmente a que tampoco han querido reconocer, en su entera dimensión, la existencia de estructuras paramilitares que ejercen dominio y control en importantes áreas de la Media y Alta Guajira. Como quiera que los fenómenos del desplazamiento interno y del refugio, para el caso de la Media y Alta Guajira pero también para el caso del Alto San Jorge en la Sierra Nevada de Santa Marta, aparecen asociados intrínsecamente a la presencia y accionar de grupos paramilitares, es lógico pensar que mientras no se desmantelen plenamente estas estructuras paramilitares, seguirán produciéndose desplazamientos internos y hacia Venezuela.
Si bien se promocionó ampliamente en los medios masivos de comunicación que las estructuras paramilitares que operaban en el Alto San Jorge en la Sierra Nevada de Santa Marta se “desmovilizaron”, la realidad muestra que ello no implicó el fin del paramilitarismo en la región, puesto que bien pronto estos grupos se transformaron y surgieron otros grupos que continúan haciendo presencia y controlando las actividades económicas más importantes del entorno. Por su parte, en la Media y Alta Guajira como quiera que allí nunca se reconoció plenamente la presencia y accionar de estructuras paramilitares, consecuentemente no se realizaron las “desmovilizaciones” que se hicieron en otros lugares del Caribe colombiano. Sin embargo, lo cierto es que en la Media y Alta Guajira el paramilitarismo, que controla las más significativas actividades de los circuitos comerciales y económicos de la región, parece haberse consolidado luego de esas “desmovilizaciones”.
Lo claro es que el paramilitarismo sigue operando activamente en la Media y Alta Guajira, bajo la forma de ejércitos privados y red de sicarios y gatilleros. Varias de las familias Wayúu en situación de desplazamiento que llegaron a Santa Marta procedentes de la Media y Alta Guajira, señalaron que habían sido amenazadas por grupos paramilitares, en fechas posteriores a la “desmovilización” de estas estructuras.
Puede decirse, entonces, en relación con el pueblo Wayúu, que la búsqueda de alternativas para hacerle frente de manera estructural a los fenómenos del desplazamiento interno y del refugio pasa necesariamente por el reconocimiento que los grupos paramilitares siguen controlando extensas áreas de la Media y Alta Guajira y este reconocimiento es imprescindible para que el Gobierno Nacional y el Estado los pueda combatir con firmeza.
10. Al drama del desplazamiento forzado, los Wayúu han tenido que afrontar otro drama: el de la inacción del Gobierno Nacional, que pese a tener una orden taxativa de la Corte Constitucional no ha cumplido satisfactoriamente con los estándares de atención que la población Wayúu desplazada merece y reclama.
Es bastante frustrante el actual panorama de familias y comunidades Wayúu, otrora autónomas y productivas, mendigando una ayuda humanitaria gubernamental que es insuficiente e inadecuada, no tiene en cuenta las particularidades étnicas y culturales de la población concernida y genera relaciones de poder y de dependencia entre el ayudador y el ayudado. El desplazamiento forzado comporta perversas consecuencias que afectan negativamente la integridad étnica y cultural del pueblo Wayúu, pero tal vez la peor de todas es que tiende a arrebatarles a las familias y comunidades en situación de desplazamiento también su dignidad.
11. Finalmente y a manera de síntesis de la manera más respetuosa, se solicita al señor Walter Kälin, Relator Especial de Naciones Unidas para los Refugiados y Desplazados Internos, que en su Informe de Misión a Colombia llame la atención del Gobierno Nacional y del Estado colombiano sobre lo siguiente:
- Se reconozcan las especificidades y las características sui generis, que en referencia al pueblo Wayúu, presenta el fenómeno del desplazamiento interno y hacia Venezuela, para que no se siga ocultando la tragedia que soporta nuestro pueblo. Debe quedar enteramente claro que la invisibilización de la problemática del desplazamiento interno en el pueblo Wayúu se ha convertido en una amenaza para la integridad étnica y cultural de nuestro pueblo.
- Se defina, en consul
