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Gloria Muñoz Ramírez
Ojarasca
Las comunidades de la Amazonía ecuatoriana continúan en lucha contra las multinacionales petroleras en una zona donde el capitalismo salvaje devasta el tejido comunitario y el ambiente, imponiendo la presencia de las fuerzas armadas del Estado, que actúan en complicidad con las compañías.
Los vínculos entre los militares ecuatorianos y las petroleras que operan en Ecuador no son nuevos. Una investigación de Bolívar Beltrán y Jim Oldham, publicada en Energy Bulletin en junio de 2005, alerta: “El peligro es que ahora que las compañías petroleras han establecido su autoridad sobre los militares y han hecho de las tierras indígenas un objetivo de intervención militar, es también muy fácil ejercer terrorismo militar en apoyo de la explotación petrolera como lo fue antes en Birmania, Nigeria y Colombia”.
Hoy, el blanco de los militares no son sólo las comunidades que resisten, sino también los activistas de derechos humanos, los estudiosos y los defensores del medio ambiente. La justicia militar se encarga de detener, interrogar y juzgar al que considere que amenaza los intereses no del Estado, sino de las compañías extranjeras.
El 19 de junio las comunidades 15 de Abril, Payamino y Punino, en la provincia de Orellana, del oriente amazónico, tomaron las instalaciones de la petrolera francesa Perenco Ecuador Limited, en protesta por el detrimento ecológico provocado por un tubo reinyector de la empresa, y en demanda de compensación e indemnizaciones por los daños ocasionados a los pobladores. Después de varias reuniones con las autoridades y de un ir a venir de manuscritos que no resolvieron sus demandas, las comunidades afectadas decidieron ocupar pacíficamente los alrededores de la Estación Coca, operada por Perenco.
La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos de Ecuador informó que los campesinos fueron reprimidos por efectivos militares y policías, con bombas lacrimógenas y balas de goma. La represión como respuesta a las demandas de los pobladores. La fuerza pública al servicio de los intereses multinacionales. En la protesta, los efectivos de la fuerza pública detuvieron a Wilman Adolfo Jiménez Salazar y a Alfonso Cango –que se hallaban en el lugar como observadores de derechos humanos. Jiménez fue herido por el impacto de seis balas de goma.
El caso podría ser parte de la represión cotidiana que se vive en una zona de explotación y despojo, pero tomó otra dimensión al encausarse por la vía militar. Tras su detención, Wilman fue conducido al Hospital Civil de Orellana y luego a la Policía Judicial de dicha provincia. Según informes de diversos organismos de derechos humanos, lo mantuvieron incomunicado hasta el día siguiente, cuando lo enviaron a la Brigada 19 de la Selva Napo, a cargo del general Gonzalo Meza.
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (OPDDH), programa conjunto de la Organización Mundial contra la Tortura y de la Federación Internacional de Derechos Humanos, advierte que los sucesos en Orellana ocurren en el marco de una ofensiva “contra los defensores de derechos humanos, y de represión violenta de la protesta social en Ecuador”. El OPDDH reporta lo dicho por el general Gonzalo Meza, que no deja lugar a dudas: “Los únicos responsables de esta situación son los defensores de los derechos humanos”.
Quince días después de su detención, Jiménez fue puesto en libertad bajo fianza, pero continúa el proceso en una Corte Militar, acusado de sabotaje. La intromisión del ejército, justifican, se debe al estado de emergencia que rige en las instalaciones petroleras, establecido en la Ley de Seguridad Nacional.
En Ecuador el debate sobre la intromisión de las fuerzas armadas en asuntos civiles no se hizo esperar, pero resulta sorprendente que muy pronto sea parte de lo cotidiano. “Resulta ya casi normal que petroleras y comunidades se enfrenten alrededor de temas ambientales y que la Policía tome partido por los más poderosos”, señala César Monúfar en El Comercio.
“Lo aberrante y extremadamente peligroso del presente caso” –continúa– “es que Jiménez, luego de haber sido atendido en la casa de salud, fue trasladado no al cuartel de Policía para ser juzgado por autoridades civiles sino que, y aquí esta el problema, fue puesto a órdenes de jueces militares”.
Wilman no debe ser procesado por militares ni debe permitirse que su caso siente precedente, coinciden analistas y defensores de derechos humanos.
Existe una alarmante inseguridad para los defensores de derechos humanos en Ecuador: “frecuentemente son objeto de amenazas de muerte, de actos de acoso e intimidación con el fin de presionarlos a que abandonen su servicio a la comunidad”, advierte el OPDDH.
Indiferentes, las Fuerzas Armadas anunciaron un juicio contra Alexandra Almeida, presidenta de Acción Ecológica, por el delito de “injurias calumniosas”, por sus reclamos por la detención de Wilman Jiménez. En un boletín de dicha organización, Almeida advierte que un juicio en su contra “sólo develará el vínculo existente entre las fuerzas armadas y las empresas petroleras que contaminan sin límite la Amazonía”.
Tiene razón. Si continúa el debate y si el ejército no retrocede, saldrán a relucir más casos donde las Fuerzas Armadas se pusieron al servicio de las transnacionales que cometen “delitos ambientales en la Amazonía, contaminando los suelos y matando a la población debido, por ejemplo, a la proliferación de casos de cáncer”.
Un informe de la Oficina de Derechos Humanos de Orellana, advierte que Perenco “tiene conflictos con casi todas las comunas y comunidades a su alrededor y a casi todas las amenaza con la fuerza pública o con enjuiciarlas”. Las comunidades 15 de Abril y Payamino, mantienen varios reclamos ante Perenco, por la mala operación de los pozos Coca 18-19 y por el pozo Puninio 1.
Ante el mal funcionamiento de las petroleras, las comunidades hicieron denuncias ante la Dirección Nacional de Protección Ambiental (Dinapa). Nunca obtuvieron respuesta satisfactoria. El 20 de abril, los representantes de 15 de Abril y Payamino señalaron ante Dinapa: “la falta de respuesta la consideramos una aceptación de nuestra petición, por lo que exigimos una respuesta inmediata a lo solicitado. En caso contrario tomaremos las medidas pertinentes para hacer valer nuestros derechos que tenemos como comunidades afectadas”.
El 29 de mayo respondió Dinapa, señalando que la empresa operadora cumplía con todos los estamentos legales. Las comunidades cuestionaron: “¿El no haber tomado las precauciones para evitar que se produzcan represas por falta de alcantarillas y producto de ello se hayan producido enfermedades, no es violar los derechos de las personas? ¿El que no se haya procedido de acuerdo al artículo 73 del RAOH, y producto de esta negligencia se hayan producido quemaduras en varios niños y adultos de las comunidades, no es incumplir con la legislación nacional ambiental y violar los derechos humanos?”
El 2 de junio se presentó un ingeniero de Perenco, junto con un intendente de la policía de Orellana, a entregar un comunicado de la empresa. “El documento constituye un insulto y una amenaza. Se reitera que esa empresa no nos indemnizaría porque la Dinapa había fallado en su favor”, señalan las comunidades. Al mismo tiempo, se militarizó el campo Coca y se hostigó a la población.
Ante el agravio, los insultos y la burla, las comunidades de Orellana decidieron tomar pacíficamente las instalaciones de Perenco, y el debate sigue.
