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Martes 25 de julio de 2006
Denuncian despidos de empleados en complicidad con la Secretaría del Trabajo
Preparan mineros paro nacional contra las acciones de las empresas del ramo
La Jornada
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) precisó ayer por la noche que no renunciará a su obligación de defender los derechos de los trabajadores, y que en el caso del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos de la República Mexicana insistirá en que se transparente el destino de los 55 millones de dólares entregados al Comité Ejecutivo Nacional, “que en su momento encabezó” Napoleón Gómez Urrutia.
El dirigente del gremio minero, Carlos Pavón, por la mañana de ayer anunció que preparan un paro nacional para contrarrestar las acciones legales que están emprendiendo las empresas mineras del país en contra de los intereses de sus trabajadores, quienes en los yacimientos del norte de la República ya están siendo despedidos como parte de una estrategia avalada por la STPS para terminar con los contratos colectivos de trabajo del sector.
Señaló que la Secretaría del Trabajo avala las acciones de los empresarios aunque sabe que esta medida unilateral es ilegal.
El líder minero indicó en entrevista que “el dirigente” Elías Morales, a cinco meses de su toma de nota, no ha podido ocupar el cargo porque carece del respaldo de las bases y los gremios sindicales; sin embargo, agregó que la función de éste, “que tiene una oficina a un lado del subsecretario Emilio Gómez Vives”, ha sido la de proteger a las empresas y no a los trabajadores.
Descalificó también los resultados preoficiales que han trascendido de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que investiga el fideicomiso minero, la cual se espera que en la semana emita su dictamen final “en contra” de Napoleón Gómez. Señaló que Carlos Rodríguez Rocha, integrante de la comisión, debe dinero al sindicato, por lo que para los mineros carece de credibilidad el dictamen del órgano legislativo.
Informó que el cuerpo jurídico de los mineros presentaron ayer un amparo ante los juzgados de trabajo federal en contra de la Junta de Conciliación y Arbitraje por la cancelación de un contrato colectivo de trabajo en el yacimiento de Nacozari.
Por otra parte, en la reunión informativa efectuada ayer entre el secretario Francisco Javier Salazar Sáenz y los diputados de la Comisión Especial Minera, el funcionario afirmó que lo más grave en esta controversia es la afectación que se ha hecho a las familias y a sus fuentes de empleo, que en Lázaro Cárdenas -agregó- suman cinco mil familias. “Es un agravio muy fuerte, hay poblaciones completas en que la única industria y fuente de ingreso es la minería”, subrayó en un comunicado.
Advirtió que resulta inadmisible la violación al estado de derecho, porque si un ciudadano, ya sea un individuo, una empresa o un sindicato, no está de acuerdo con una decisión de la autoridad “el camino es la ley, no la violencia”.
Salazar Sáenz puntualizó que no se puede aceptar el secuestro de inmuebles o bloqueo de vialidades o afectar las fuentes de trabajo de las personas,”sólo porque se está en desacuerdo con la decisión de una autoridad”.
