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Las comunidades en resistencia a la construcción de las presas y en defensa del agua afirman que no quedará aislado ninguno de estos movimientos que se gestan en el país, para lo cual mantendrán comunicación entre ellos sobre el estado de los proyectos y harán uso de los recursos legales para buscar la cancelación de las obras.
Cansados del incumplimiento de las promesas del gobierno, con temor a ser desplazados de sus tierras y perder su arraigo, las comunidades afectadas se agruparon en el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder), el cual ha comenzado a unificar las protestas de Guerrero, estado de México, Nayarit y Jalisco, donde hay planes de construcción de siete presas.
La presa El Cajón, en Nayarit, enfrenta graves problemas, pues está a punto de concluirse, pero no se ha indemnizado a los pobladores afectados Foto Notimex
Pese al desplazamiento de las comunidades, el daño ambiental comprobado y que las presas han dejado de construirse en países desarrollados, en México hay 52 proyectos de hidroeléctricas previstos para realizarse los próximos años. Actualmente existen 19 en estudio y serían las próximas en levantarse, por lo que la resistencia de los afectados ha cobrado impulso.
Desde Guerrero, donde hace tres años los perjudicados por el proyecto La Parota se han opuesto a la construcción, hasta Nayarit, donde están por concluir las obras de El Cajón, sin que aún haya indemnización a los afectados, la inconformidad de las comunidades se ha traducido en una organización unificada de resistencia a estas obras.
Encabezado por el Banco Mundial, el grupo que impulsa las represas “está llegando a México con la intención de presionar por un agresivo resurgimiento de inversiones en megaproyectos hídricos”, señala Patrick McCully, director de la Red Internacional de Ríos.
Sostiene que las grandes represas y trasvases de agua ayudan a que los bancos de desarrollo desembolsen enormes préstamos. “Estas tremendas obras dan prestigio a los políticos y a la burocracia de los ministerios de recursos hídricos y pueden dar grandes beneficios económicos a las empresas de ingeniería y construcción. Pero no podrán aportar sustancialmente a cubrir las necesidades de la gente más pobre del mundo en materia de agua, alimentos y energía.”
En todo el mundo se estima que se han construido alrededor de 40 mil grandes presas, de las cuales unas 100 son “verdaderos monstruos”, porque sus cotas miden más de 150 metros de altura -La Yesca tendría una cortina de 210 metros- y también hay unas 800 mil pequeñas.
La nación con mayor número de presas es China, seguida de Estados Unidos, Japón e India, “lo cual ha llevado a que 60 por ciento de los ríos del mundo sean aprovechados; en EU sólo 2 por ciento de ellos corren libremente”, señalan Tony Clarke y Maude Barlow en el libro Oro azul.
Indica que entre 1944 y 2000 el Banco Mundial gastó cerca de 58 mil millones de dólares en la construcción de 527 presas en 93 países, por lo que se calcula que el número de personas desplazadas oscila entre 60 y 80 millones.
El Plan Puebla-Panamá, impulsado por el gobierno federal -que no se concretó en este gobierno- prevé la construcción de 330 presas, de las cuales 52, 16 por ciento, corresponderían a los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán; afectarían alrededor de 170 ríos, además de los respectivos ecosistemas, especies de plantas, animales y peces únicos en el mundo.
Tan sólo en Chiapas, donde se genera 45 por ciento de la energía eléctrica del país, se estima que el potencial hidroeléctrico permitiría la construcción de 75 presas, de las cuales 40 estarían en la zona de la selva, área de conflicto, indica Gustavo Castro en el estudio El movimiento social en Mesoamérica contra las represas, divulgado por el Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (Ciepac).
El especialista sostiene que las comunidades indígenas y campesinas lograron detener en 2004 la construcción de la represa Itzantún, en Chiapas, la ampliación de la hidroeléctrica Benito Juárez, en Oaxaca, y continúa la resistencia contra La Parota, en Guerrero.
Las consecuencias de estas obras son tanto sociales como ambientales. Los desplazados por las presas padecen pobreza al desaparecer sus medios de subsistencia por la alteración de los ecosistemas, además de que los gobiernos no han cumplido con los proyectos de reubicación y las indemnizaciones son injustas, a lo que se suma que “no han contemplado los costos de reparaciones ni desmantelamiento de las represas al cumplir sus 50 años de vida útil”, indica el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder).
Clarke y Barlow señalan que “tradicionalmente los pueblos indígenas han sido desalojados de sus tierras para dejar vía libre a los proyectos de construcción de presas. En todo el mundo sus medios de vida se han visto afectados de forma desproporcionada”.
El Mapder señala que “70 por ciento de las presas para abastecimiento no lograra el objetivo de suministrar agua en grandes cantidades; 33 por ciento de las presas para irrigación que financió el BM en décadas pasadas no cumplieron con su propósito”.
Sumado a ello, las obras para el control de inundaciones no han funcionado, por lo que 65 millones de personas en el mundo se han visto afectadas. Asimismo, mientras 55 por ciento de la energía mundial proviene de ellas, sólo 10 por ciento de la población mundial consume 80 por ciento de esa energía, indica el Mapder.
Refiere que mientras en Estados Unidos se desmantelan y se estudia la forma de retirar las grandes presas, en México el gobierno se empeña en construirlas. De acuerdo con la Comisión Mundial de Represas de Naciones Unidas, en sus recomendaciones de 2000, esta infraestructura sólo se podrá concretar si en la toma de decisiones se incluye a los miembros de las comunidades afectadas, y ese proceso se debe hacer de forma transparente, además de asegurarse la reubicación de las poblaciones con justicia y sensibilidad sociales.
Efectos en el medio ambiente
El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) señala que estas obras han provocado “un considerable daño al medio ambiente y, junto con actividades asociadas, como la irrigación en la agricultura, han sido uno de los factores que más han contribuido a la pérdida observada en las recientes décadas de la biodiversidad del agua dulce”.
Advierte que “mientras las presas aportan beneficios socioeconómicos, a menudo amenazan también el sustento de las poblaciones que habitan la cuenca al perturbar los servicios medioambientales de los ecosistemas de agua dulce”.
Agrega que se considera la opción más sencilla para resolver las crecientes demandas de energía y agua de una población mundial en aumento; sin embargo, esto “es cuestionable si se tienen en cuenta sus impactos y la disponibilidad de alternativas más sostenibles, baratas y limpias, especialmente en un mundo que necesita fuentes de energía más limpias y puede que necesite gestionar una mayor variabilidad de suministro de agua debido al cambio climático”.
El WWF indica que al erigirse una presa se deben considerar los impactos en la cuenca correspondiente y optar por lugares donde el daño al medio ambiente sea mínimo: “no deberán construirse en lugares donde se generen impactos negativos sustanciales sobre áreas de importancia ecológica, como por ejemplo en los sitios de humedales y áreas protegidas, así como en los ramales principales de ríos considerados importantes en términos de biodiversidad global”.
Patrick McCully, director de la Red Internacional de Ríos, asevera que las zonas inundadas por las presas crean el hábitat requerido por las bacterias que absorben el mercurio que puede estar depositado en el suelo, y los pantanos lo transforman de forma que los peces lo ingieren y así ingresa en la cadena alimentaria.
Las presas, al multiplicar varias veces el área de la superficie expuesta al sol, especialmente en los climas cálidos, pueden provocar la evaporación de grandes cantidades de agua y se estima que cada año se pierden por este fenómeno unos 770 kilómetros cúbicos de líquido, casi 10 por ciento del agua dulce que se consume en las principales actividades humanas en el mundo.
Sumado a ello, el peso del embalse en una cuenca que no estaba diseñada para retenerla deforma la corteza terrestre que la sustenta, dando lugar a terremotos, y existen pruebas que vinculan algunos temblores de tierra con unas 70 presas, indican Barlow y Clarke.
Mientras el gobierno federal presume que estas grandes obras de infraestructura generan empleos y benefician el desarrollo del país, lo que es un hecho es que en la mayoría de las 575 grandes presas construidas en territorio nacional se engañó a las comunidades, que fueron inundadas y reubicadas, prometiéndoles que se les haría un pago justo por sus tierras, que mejoraría su calidad de vida, que llegaría el desarrollo, pero hoy estos conglomerados viven en extrema pobreza, advierte el Mapder.
Señala que el gobierno ha hecho caso omiso de las recomendaciones de la Comisión Mundial de Represas y a su informe final de 2000, en el cual especifican las acciones a tener en cuenta para la construcción de grandes embalses. El gobierno mexicano no ha respetado los amparos, pues ha violado flagrantemente la Constitución, las leyes agrarias y normatividades internacionales, indica la organización.
Sin embargo, se trata de una política que se da en el mundo, y “cambiar las prioridades del sector hídrico requerirá que el Banco Mundial deje de actuar como defensor de la industria mundial que construye grandes represas”, indica en un análisis el director de la Red Internacional de Ríos, Patrick McCully. Aunque admite que no “todas las grandes represas son inherentemente malas, las estrategias hídricas enfocadas en las grandes represas no pueden reducir significativamente la pobreza, y desvían el dinero de los enfoques que sí pueden hacerlo”.
Resistencia organizada
Aunque la oposición a la construcción de presas no es nueva, lo relevante es que esto ha llevado a una nueva organización de las comunidades. Ya no sólo es La Parota, en Guerrero, donde hace tres años comenzaron las protestas, sino que en Jalisco también se ha desatado la inconformidad por los proyectos Arcediano, San Nicolás -sobre el río Verde-, el Zapotillo, la Yesca -prevista entre Jalisco y Nayarit-, y San Cristóbal, así como en los casos en que las obras ya se hicieron como en Aguamilpa, y donde están por concluir, como El Cajón, en Nayarit.
Felipe Flores Hernández, vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a La Parota (Cecop), dijo en entrevista que “el gobierno habla de desarrollo para los campesinos, pero les quita sus tierras y son desplazados por las trasnacionales. De ahora en adelante vamos a luchar en todos los estados donde pretendan hacer una presa”, advierte.
En el caso de La Parota, que se construiría sobre el río Papagayo, en Guerrero, Flores Hernández señala que “los dueños de las tierras no vamos a permitir que ese proyecto se lleve a cabo”. Agrega que a los afectados no se les ha dado un peso, además de que hay amparos y los campesinos no están dispuestos a ceder su tierra sin que les hayan pagado, aunque, acota, el gobierno dice que ya se les liquidó y que a los campesinos ya los convenció.
Tan sólo en La Parota los desplazados serán alrededor de 25 mil personas que pertenecen a 36 comunidades, pero en lo que sería la parte baja de la cortina hay unas 50 mil personas que sólo se quedarían con tierras áridas, por el cambio en la corriente del río. Señala que en contra de este proyecto han utilizado medios legales, como la revisión de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), hay dos demandas contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por delitos ambientales, y otra contra el comisariado de bienes comunales por falsificación de firmas.
Refiere que representantes de La Parota acudieron a la Organización de las Naciones Unidas, la cual emitió una recomendación sobre este caso, y planean interponer demandas internacionales, porque aquí “ni nos ven, ni nos oyen”.
Otros proyectos
La obra de la presa el Zapotillo se planea sobre el río Verde, en los Altos de Jalisco, para abastecer de agua a León, Guanajuato, y tendrá un costo de 7 mil 450 millones de pesos; se prevé que afectaría directamente a alrededor de 700 personas de las comunidades Temacapulín, El Palmarejo y Acasico.
Este proyecto considera el trasvase de agua de la cuenca del río Santiago hacia el Lerma con impactos ambientales que no han sido evaluados. En el caso de San Nicolás, también en los Altos de Jalisco, se dio una suspensión en mayo de 2005 por la resistencia de los pobladores de San Gaspar.
Arcediano se haría también sobre el río Santiago y se pretende que abastezca de agua a la zona metropolitana de Guadalajara: la inversión requerida es de 3 mil 900 millones de pesos. El líquido de esta presa sería un grave riesgo para la salud de la población debido a la cantidad y tipo de contaminantes; Guadalupe Lara, habitante de la zona donde se prevé la obra, en la barranca Huentitán-Oblatos, presentó amparos en contra del proyecto, precisó el Mapder.
El pasado 10 de julio, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales autorizó la MIA de la presa la Yesca, que aprovechará el agua del río Santiago en la colindancia entre Jalisco y Nayarit. Sin el aval de la comunidad indígena wixarica, que sería la principal afectada, esta presa será la más alta del mundo en su tipo, con una cortina de 210 metros de altura, y prevé regular los escurrimientos de los ríos con la formación de un vaso de almacenamiento para la generación hidroeléctrica.
La superficie que se tiene previsto que se inundará es de 3 mil 492 hectáreas, además de que ocupará el tercer lugar en potencia y está considerada como planta de generación para horas pico de consumo de energía eléctrica, indica la MIA. El sitio previsto para la construcción es sobre el cauce principal del río Santiago, seis kilómetros debajo de la confluencia con el río Bolaños, y 62 kilómetros aguas arriba de la cortina de la presa El Cajón. El embalse afectaría el cañón Santiago y el paisaje agavero, declarados patrimonio de la humanidad por la Unesco.
Este es uno más de los proyectos del gobierno federal que se prevé imponer a los habitantes, señaló la comunidad tuapurie, localizada en territorio wixarica, la cual acordó formar parte del frente de lucha contra las presas ante lo que consideran una imposición
En cuanto al proyecto Aguamilpa, en Nayarit, una de las presas hidroeléctricas más grandes del país que ya está en operación, donde los habitantes aceptaron el pago de la CFE, se han detectado daños a la zona costera por la retención de sedimentos, mientras que la denominada “obra del sexenio”, El Cajón, edificada sobre el río Santiago, entre los municipios de la Yesca y Santa María del Oro, tuvo un costo de 750 millones de dólares, pero sólo funcionará a 16 por ciento de su capacidad y está a 95 por ciento de su construcción.
Rodolfo Chávez, de La Parota, sostiene que el movimiento contra las presas no surgió porque un pequeño grupo tiene un problema. “De aquí en adelante ningún movimiento estará solo. De aquí en adelante estará presente el Mapder, que hará la defensa de la gente afectada por los ríos, los envases, las presas y la contaminación del agua.”
