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Nota de Clajadep:
Esta vez hemos tomado algunos elementos analíticos del Boletín de Cedib, entidad que se caracteriza por emitir serias reflexiones sobre economía y gobierno.
EN UCUREÑA SE LANZA “REVOLUCION” AGRARIA DEL GOBIERNO
LOS HECHOS.
El 2 de agosto en Ucureña, la misma población donde hace 53 años se firmaron los decretos de Reforma Agraria, el Presidente Evo Morales lanzó su “Revolución Agraria” sostenida en 5 ejes fundamentales: mecanización y crédito; apertura de mercados; producción orgánica; industrialización y distribución de tierras ociosas revertidas al Estado.
En el lanzamiento de la medida el gobierno procedió a la entrega de 36.221 hectáreas de tierra en 2301 títulos ejecutoriales de propiedad. Se entregó además 50 tractores de los 800 que se entregarán en el transcurso del año como parte inicial de una “Revolución Mecanizada” que contempla además distribuir 80 arados, 120 motobombas, 120 monocultores, 40 camiones y 3 cisternas, entre otros implementos de uso agrícola, que serán adjudicados por el gobierno a precios accesibles y con plazos de hasta 15 años para efectivizar los pagos.
Para ese día el mandatario tenía previsto la entrega de la Ley Modificatoria a la Ley INRA que entre otras cosas contempla la expropiación y reversión de tierras que no cumplan la función Económico Social. Sin embargo la ley en cuestión no fue entregada ya que la oposición en el Congreso se ha negado a su aprobación y ha iniciado una campaña destinada a conseguir la negociación con el gobierno de modificaciones sustanciales.
El presidente de la República, en alusión a la actitud del poder Legislativo, hizo mención a la opinión de varios sectores respecto que El Congreso debería ser Cerrado en caso de no consentir la aprobación de la ley; pero apuntó que él no estaba pidiendo ese cierre y más tarde, ante las protestas de los parlamentarios de oposición que identificaron una amenaza, el gobierno se apresuró a emitir declaraciones, indicando que no tenía intención de promover ese cierre.
COMENTARIO
Lo que ahora se lanza como Revolución Agraria, no deja de aumentar el escepticismo sobre el alcance de los cambios que propone el gobierno. Mientras lo que era Reconducción de la Reforma Agraria se ha convertido ahora en “Revolución mecanizada”, las medidas en concreto, demuestran que hay razón para ese escepticismo: Los títulos de propiedad, por ejemplo, representan un promedio cercano a las 15 hectáreas por propietario. Es decir un promedio algo mayor que los de la Reforma del 52 pero que en nada garantiza la eliminación del surcufundio tan criticada por el gobierno. Basta para ello proyectar el crecimiento demográfico de una familia y relacionarlo con la distribución de tierra realizada.
La mecanización, supone abrir alternativas, pero en sí misma tampoco garantiza nada; la novedad al parecer reside en el precio accesible que supone cerca de 12.000 dólares por tractor y que aún con las facilidades que se anuncian, sigue suponiendo una limitación, pues en el país, difícilmente una comunidad campesina puede permitirse una inversión así.
La misma ley ahora empantanada en el Congreso contempla la indemnización para la expropiación o reversión y el causal es el incumplimiento de la función económica social. Quedan pues preguntas en el tintero: ¿qué sanciones se proponen para los que se han apropiado ilícitamente, a través del prebendalismo, de las tierras más productivas del país? ¿cumplir función económica y social implica a nuestro entender simplemente “producir”, pero eso en qué transforma la situación de extensa tierra concentrada en pocas manos, que son productivas y rentables pero que siguen constituyendo latifundio en manos de unos pocos?.
Esta es otra muestra de cómo medidas más bien de carácter reformista, son sobredimensionadas y aparecen –en el discurso- como la conquista de cambios estructurales. Amén del exceso en los calificativos que no se justifica, el gobierno arriesga mucho más. Genera alrededor de sus medidas grandes movilizaciones de apoyo, mientras se enfrasca con la oligarquía y la oposición en pugnas que finalmente llegan a “arreglos” en la mesa de diálogo y que, en aras del camino hacia un nuevo “pacto social” terminan siendo negociadas. Las concesiones con el Referéndum autonómico son una muestra de ello
La cuestión agraria constituye sin duda, uno de los problemas que de forma más evidente expresa la contradicción fundamental entre intereses opuestos en Bolivia. Es por tanto, un tema que debe ser tratado con profunda seriedad pero también con profunda objetividad y claridad. Llamar Revolución a lo que viene a ser reforma de la reforma, resulta inadmisible, porque redunda no en otra cosa que en la desmovilización de las organizaciones populares o lo que es lo mismo, en desnaturalización de esa movilización al encausarla a lo propagandístico y no a la lucha por transformaciones estratégicas.
SUPERINTENDENCIA Y YPFB EN TENSA RELACION
LOS HECHOS.
La Superintendencia de Hidrocarburos, denunció y frenó la venta de petróleo a Brasil, que se haría a través de un contrato firmado entre Iberoamérica Trading y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Según lo trascendido, la medida asumida por la Superintendencia es en estricto cumplimiento del “Decreto de Nacionalización” ya que, en el contrato suscrito, YPFB perdería su función como única empresa con potestad para la exportación y comercialización de hidrocarburos al recurrir a una empresa intermediaria.
El contrato en cuestión estipula la venta de 2000 barriles de crudo a precio preferencial; el crudo sería refinado en Brasil y Bolivia obtendría a través de otro contrato, la posibilidad de comprar diesel (también a precio rebajado) para el consumo nacional. De acuerdo a la Superintendencia además de violar el artículo 2 del decreto de “Nacionalización”, YPFB recurre innecesariamente a vender petróleo para obtener diesel del exterior, ya que en el país las refinerías tendrían capacidad para procesar buena parte de esos 2000 barriles. La venta de crudo además, no tomaría en cuenta la pérdida de otros derivados que en este caso, beneficiarían a la industria extranjera y no reportarían ningún beneficio al Estado Boliviano. Otras irregularidades respecto del no cumplimiento de los mecanismos necesarios para la firma de un contrato han trascendido en las últimas horas.
Durante días el gobierno se ha visto en figurillas por las repercusiones del hecho que desató una confrontación entre funcionarios de la Superintendencia y el Presidente de YPFB, Jorge Alvarado, vinculado a la firma del contrato y quien tuvo como inmediata reacción, el ataque a la entidad reguladora.
Una investigación preliminar, habría reportado algún nivel de irregularidad, pero el informe final todavía no ha sido emitido. El Presidente ha anunciado que esperará a este informe antes de tomar medidas al respecto pero en la segunda semana de agosto ha asegurado que sin pruebas fehacientes no removerá de su cargo a Jorge Alvarado.
Entre tanto, la oposición política ha intentado capitalizar el polémico suceso y ha solicitado la inmediata destitución del Presidente de YPFB. Los medios de prensa han mantenido el tema como noticia de primera plana, reportando sus entretelones y especulando sobre sus alcances y su desenlace.
COMENTARIO
La derecha intenta hacer del tema una caja de Pandora, a la que recurren para deslegitimar las medidas del gobierno. Se alzan voces pidiendo la destitución del Presidente de YPFB y exigiendo lucha frontal contra los corruptos; pero no nos equivoquemos, sus intenciones están lejos de enfrentar la corrupción y más lejos están de velar por el interés de la nación. Sus acciones y protestas están encaminadas a favorecerse de cualquier tema que pueda constituir una piedra en los planes del gobierno. Así pues, tras los pedidos de lucha total contra los corruptos y la exigencia de destituciones, no hay otra cosa que el afán de entorpecer la llamada “nacionalización” que impulsa el gobierno.
No pretendemos aquí defender a nadie, ni tratar de ocultar nada. Las acciones a tomar están bastante claras: se habrá de establecer (sin lugar a dudas), los niveles de participación y de responsabilidad en la firma del contrato y se deberán tomar medidas firmes, contundentes e incuestionables de acuerdo a ley. No esperamos menos como desenlace del problema.
Pero lo que en verdad nos interesa, lo que no se puede dejar pasar en este caso, es reconocer que cualquier medida de cambio impulsada en el país, resulta incompleta si no está acompañada de efectivos mecanismos de participación de la sociedad sobre las instituciones encargadas de la administración y gestión pública. Lo urgente es pues, la necesidad de traer al debate, a la agenda y a las acciones organizadas de la sociedad aquello que desde la guerra del agua, fue exigencia popular: control social, efectivo y directo de la población en la gestión de los recursos.
SE INSTALA ASAMBLEA CONSTITUYENTE EN SUCRE
LOS HECHOS.
El 6 de agosto, en Sucre, capital de la República, los 255 constituyentes elegidos tomaron posesión de sus curules y quedó oficialmente instalada la Asamblea Constituyente.
El Vicepresidente Alvaro García Linera apuntó en esa ocasión que “la Asamblea Constituyente tendrá éxito sólo si se convierte en un escenario de “pactos y encuentros” con capacidad para construir consensos y alianzas en base a los argumentos”. Se refirió además, a la autonomía y advirtió que no se ose “descuatizar” Bolivia porque se impedirá que se la destruya.
Evo Morales por su parte habló de cambios concertados para descolonizar y desneoliberalizar a Bolivia y manifestó “No estoy de acuerdo que sea una Asamblea Constituyente derivada, esta Asamblea tiene que tener todos los poderes, por encima de Evo Morales, por encima del Congreso Nacional, por encima del Poder Judicial. No estamos hablando de una simple reforma constitucional, estamos hablando de refundar Bolivia”. Estas declaraciones fueron ratificadas el 13 de agosto por Evo Morales en Caranavi durante la inauguración de un Hospital.
La prensa internacional reportó ampliamente la instalación de la Asamblea y como es ya costumbre, dio cobertura a políticos nacionales que han alertado sobre el riesgo “latente” de que el gobierno inicie un proceso de camino hacia un sistema socialista donde la propiedad privada y la seguridad jurídica se vería amenazada. Es el caso de Víctor Hugo Cárdenas, ex presidente indígena del Gobierno de Sánchez de Lozada, quien a través de la BBC de Londres, alertó sobre esa posibilidad y describió el proceso Boliviano como un proceso en el que “existe cierta actitud de revancha y de vendetta, (visible) en las afirmaciones de líderes radicales e, incluso, del propio presidente Evo Morales. Es una actitud orientada a “volcar la tortilla” afirmó.
COMENTARIO
A nuestro entender, esas alertas sobre un socialismo en camino están por demás alejadas de la realidad. Es de esperar que los sectores de la oligarquía promuevan una visión de gobierno y de país tendiente a sobredimensionar el contenido de las declaraciones.
El Vicepresidente ha sido claro, bastante claro en sus declaraciones. Llama la atención la forma en que se refirió al riesgo que supone el proyecto autonomista de derecha. Se circunscriben esos riesgos al peligro de secesión, de “descuartizamiento” de la Patria. Se deja de lado lo que hay de fondo y se omite el contenido de la propuesta autonomista. La derecha no apuesta a ese desmembramiento por sí mismo, está dispuesta a él si resulta necesario para garantizar el usufructo de las riquezas del país. Lo que persigue es la preservación del poder político y económico, ahora desde sus regiones, para garantizar los privilegios que solo está dispuesta a compartir con el capital transnacional. Como ha dicho el Vicepresidente, la Asamblea será, muy probablemente, solo un “escenario de pactos y encuentros” para construir “consensos y alianzas” y no nos queda duda que la autonomía departamental que impulsan los sectores de derecha, será objeto de discusión y por supuesto, de búsqueda de consenso.
Lo dicho por el Presidente, bastante más firme en sus palabras, difícilmente consiga trascender la misma declaración, salvo, claro que tras ella existiera una firme voluntad política. Pero aunque así fuera, esta Asamblea convertida en soberana, no limitada por los poderes constituidos, tampoco garantizaría en sí misma, una modificación a las reglas bajo las cuales tiene que aprobar las transformaciones que proponga: se siguen necesitando dos tercios de los votos para efectivizar cualquier propuesta y para cumplir con el requisito no queda más camino que la “negociación” en la que se “cede algo para ganar algo” y se consigue una “síntesis que nos enriquece a todos” como dejó claro el Vicepresidente. Habría necesidad de optar por una Constituyente Soberana pero además por no necesitar más que mayoría absoluta para aprobar las decisiones.
La derecha seguirá sobredimensionando las declaraciones, difundiendo una lectura sesgada y mal intencionada de lo que en verdad sucede, presentando al país bajo un falso clima de incertidumbre y amenazará con reacciones violentas ante cualquier medida que pretenda devolver ahora a la Constituyente algo del sentido con el que fue engendrada en el seno de los sectores populares.
Los cambios que propone el gobierno, si es que logran ser aprobados en la Constituyente, no apuntan a tocar la propiedad privada, tampoco a expropiar la propiedad del capital transnacional. La “Nacionalización” de los estratégicos recursos hidrocarburíferos habla por sí misma. No hay pues motivos, al menos por ahora, que den razón a los desvelos de don Víctor Hugo Cárdenas.
Tomado del Boletín de Cedib
