La lucha social en defensa de la vida ya abolió las fronteras

Activistas antirrepresas de Honduras y El Salvador definirán estrategia

La oposición a la construcción de más represas hidroeléctricas continuará afirmaron dirigentes de la Coalición Nacional Antirrepresas y de la Comisión Nacional Antirrepresas.

Comunidades y organizaciones ecologistas de El Salvador y Honduras, que se oponen a la construcción de represas, definirán estrategias de lucha en un encuentro que se realizará del 17 al 19 de este mes, en el municipio de Carolina, San Miguel, el lugar donde el Ejecutivo salvadoreño pretende construir la presa El Chaparral.
“En la reunión estaremos unos 500 representantes de la Coalición Nacional Antirrepresas y de la Comisión Binacional Antirrepresas, que nos oponemos a la construcción de las represas El Cimarrón, El Chaparral y El Tigre”, anunciaron Juan Rojas y Mauricio Vanegas, dirigentes del movimiento contra las presas hidroeléctricas.
El rechazo social a estos proyectos de generación de energía se debe a la amenaza de desplazamiento de varios miles de pobladores de Chalatenango, San Miguel y de la zona fronteriza con Honduras, donde los gobiernos de El Salvador y Honduras pretenden construir la represa binacional El Tigre.
Los activistas antirrepresas también sostienen que más de 300 mil habitantes de las riberas de los ríos Lempa, Torola y San Antonio (Honduras) verán afectadas sus actividades agropecuarias y de pesca. “Sólo la presa El Cimarrón afectará a los municipios de Citalá, La Palma, San Ignacio, Texistepeque, entre otros”, señala Vanegas.
Ricardo Navarro, del Centro de Tecnología Apropiada (CESTA), una de las organizaciones impulsoras de la lucha antirrepresas, critica al Ejecutivo por ocultar información sobre los impactos socioambientales de estas obras, al tiempo que reitera su reclamo por la falta de políticas energéticas y proyectos de energías alternativas.
“No es cierto que los desplazados son pocos, porque el embalse de la represa El Chaparral cubrirá 8.5 kilómetros cuadrados, en los que viven unos 17 mil 500 habitantes; mientras que el embalse de la represa El Tigre cubrirá 72 kilómetros cuadrados, desplazando a una cantidad enorme de pobladores”, asegura el dirigente ecologista.
Los representantes medioam-bientalistas denuncian que el propósito del gobierno con la ejecución de estos proyectos no es proporcionar energía a las comunidades pobres, sino satisfacer la demanda de las grandes empresas, especialmente las corporaciones transnacionales. “Estas mega obras se enmarcan en las estrategias de interconexión eléctrica y vial del Plan Puebla Panamá”, sostienen.
En el encuentro, los miembros de las organizaciones sociales y de las comunidades afectadas de El Salvador y Honduras esperan establecer las acciones de lucha que implementarán en conjunto en ambos países, porque consideran que “la lucha social en defensa de la vida ya abolió las fronteras”.
En el foro también participarán activistas sociales de Guatemala, Nicaragua y Costa Rica, países en los que también está proyectada la construcción de varias represas. “En toda la región centroamericana son más 300 represas las que se pretenden construir en más de 170 ríos”, señala el director del CESTA.