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Jueves 17 de agosto de 2006
Francisco López y Bárcenas
La Jornada
Oaxaca arde. La ineptitud del gobernador del estado y su equipo para sortear las demandas de las comunidades indígenas y las del gremio magisterial han convertido los reclamos de estos sectores sociales en una crisis política que tiene a la entidad al borde del estallido. La confrontación política del gobierno contra la Asamblea Popular del Pueblo Oaxaqueño (APPO) ha llegado a tal grado que no se percibe posibilidad alguna de dar marcha atrás, y la única salida que queda es la renuncia del gobernador o la desaparición de poderes. Paradójicamente, fue el propio Ulises Ruiz quien llevó a esa situación, al elegir la represión como solución a la crisis. Comenzó con el intento de desalojo de los maestros el 14 de junio y las constantes agresiones a la prensa estatal que no se limita a repetir sus discursos huecos. Pero cerró definitivamente el círculo al comenzar la detención de los líderes más visibles del movimiento, el asesinato de personas que militan en la APPO o la apoyan, la desaparición y tortura de otros, la habilitación de autoridades municipales priístas y porros, como grupos de choque contra sus opositores, y el uso de organizaciones oficiosas para dividir al movimiento popular, así como la agresión con armas de fuego y a mansalva contra una manifestación popular. Con estas actitudes represivas cerró toda posibilidad de ser reconocido como interlocutor válido para destrabar la crisis.
En esta situación cada vez tiene menos sentido discutir si el gobernador debe o no dejar el cargo. Lo importante ahora es analizar cuándo y en qué circunstancias se irá, cosa nada fácil por la diversidad de actores que participan y los intereses que representan. Un primer escenario sería que renunciara y se fuera, pero aunque esta posibilidad parece estar dentro de sus cálculos no se le mira dispuesto a hacerlo de manera inmediata y pacífica, sino cobrando venganza de quienes empujaron su salida. Así se desprende de las recientes agresiones con las cuales busca descabezar al movimiento estatal, al tiempo que arremete contra las organizaciones en las regiones para minar sus bases. En ese escenario se inscriben las detenciones de los líderes del Comité de Defensa Ciudadana, del Frente Popular Revolucionario y del ex secretario general de la sección 22 del SNTE, donde se agrupan los maestros oaxaqueños; lo mismo que el asesinato, en el municipio de Putla, de los miembros del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui-Independiente y la militarización de las comunidades del istmo. En estas actitudes el priísmo apoya a su militante porque apuestan a que abandone el cargo hasta diciembre, pues si se fuera antes tendrían que convocar a elecciones, lo que sería el fin del PRI dadas las tendencias electorales del pasado 2 de julio y que el próximo año habrá elecciones municipales en Oaxaca.
Para el gobierno federal y el Partido Acción Nacional (PAN) el escenario es distinto. Hasta ahora han apoyado al gobernador para que se mantenga en el puesto porque fue Ulises Ruiz quien propuso a Roberto Madrazo reconocer el triunfo de Felipe Calderón en las elecciones pasadas, sabiendo que eso comprometería a Vicente Fox a apoyarlo. La jugada le resultó, pero comienza a pesar en el PAN y en la Presidencia de la República. El partido blanquiazul calcula que si la gubernatura de Oaxaca quedara acéfala antes de diciembre ganaría en el nombramiento del interino, ya que uno de sus candidatos sería el senador electo por la coalición Por el Bien de Todos, Gabino Cué, ex candidato de la coalición PRD-PAN-Convergencia a la gubernatura en las pasadas elecciones, pues aunque ganó el nombramiento de senador con la coalición que postuló a López Obrador a la Presidencia de la República, su padrino político, el ex gobernador de Oaxaca Diódoro Carrasco Altamirano, ahora es militante distinguido e influyente en Acción Nacional, y seguramente pesará en las decisiones que tomará como gobernador.
En ambos escenarios el triunfo del movimiento popular podría convertirse en derrota, porque si bien lograría su objetivo de sacar al actual gobernador, no influiría en el nombramiento ni en el programa de gobierno de quien llegara a ocupar el cargo. Aquí es donde junto con el cuándo y cómo se irá el gobernador adquiere importancia el para qué. En este sentido no deben perderse de vista dos aspectos. El primero es que la única forma de evitar un baño de sangre como precio de la caída del gobernador es incrementar la presión popular para acelerar su salida. En este aspecto es deseable que los dirigentes del movimiento sigan siendo inteligentes para diversificar las formas de lucha recuperando las experiencias comunitarias, como hasta ahora han venido haciendo. El otro es que para que la derecha no les arrebate el triunfo deben pensar en las formas de influir en el nombramiento del nuevo gobernador y en la elaboración de su programa de gobierno. Y en eso las necesidades de los pueblos y las comunidades deben ocupar el primer lugar. Sólo así se comenzara a trazar una verdadera transformación del estado.
