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Declaran la emergencia de las tierras ocupadas por indígenas
El Senado de la Nación le otorgó media sanción por unanimidad a un proyecto de Ley que declara la emergencia, durante un lapso de cuatro años, en materia de posesión y propiedad de las tierras ocupadas por comunidades indígenas.
El proyecto suspende por ese período las sentencias de desalojo de esas tierras y establece que en los primeros tres años de su implementación el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) debe realizar un relevamiento de los dominios para delimitar los territorios que ocupan las comunidades aborígenes.
La norma también instaura un fondo especial de asistencia para las comunidades indígenas del país de treinta millones de pesos que deberá ser manejado por el INAI, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social.
El proyecto fue creado y presentado por la senadora santacruceña Alicia Kirchner, quien a partir de hoy se desempeñará de nuevo al frente de la cartera que manejará el millonario fondo luego de que la norma sea aprobada en la Cámara de Diputados.
En su discurso, Kirchner mencionó que hay 914 comunidades registradas pero que la norma “permitiría tener una radiografía para poder fortalecer estas comunidades y trabajar con nuestros paisanos argentinos”.
“Si alguien pregunta cómo vamos a hacer para reconocer los territorios, yo contesto que hay pozos, cementerios, aguadas, lugares sagrados, como innumerables indicadores que permiten identificar los territorios”, sentenció Kirchner.
Por su parte, el radical jujeño Gerardo Morales llamó a dar “una batalla cultural en todos los niveles del gobierno” para cambiar el concepto de la propiedad de la tierra en manos de las comunidades indígenas.
“La cosmovisión de la comunidad indígena interpreta la propiedad como algo que le pertenece a las generaciones pasadas, presentes y futuras. Es solidariamente de toda la comunidad”, reclamó Morales.
Por su parte, el oficialista Nicolás Fernández calificó como “alarmante” la situación que viven los pueblos originarios, tras lo cual sostuvo que con el proyecto votado ayer se está “abriendo un camino que debemos recorrer con mucho trabajo y seriedad”.
Además, Fernández justificó la suspensión de las sentencias de desalojo por cuatro años en la precaria situación de las comunidades indígenas.
“Muchas veces los miembros de las comunidades son declarados en rebeldía por la justicia debido a la distancia entre esos asentamientos y las sedes judiciales. En muchos casos, tampoco entienden la lengua y la terminología jurídica. A eso le sumamos la invasión de parte de terceros a sus tierras”, enumeró el
senador santacruceño.
La oficialista jujeña Liliana Fellner llamó a “parar los desalojos porque, sino, mucho menos podemos pensar en el título de propiedad de esas tierras”.
El cordobés del Partido Nuevo Carlos Rossi recalcó que “no es lo mismo luchar por las tierras habiendo sido desalojados de ellas”, y agregó hay que “dar una resupeusta a los procesos judiciales que van a causar un daño irreversible”.
