Los estragos del Procede en la zona norte de Chiapas y las resistencias de los pueblos indígenas

Boletin “Chiapas al Dia” No. 515
CIEPAC, CHIAPAS; MEXICO.
(15 de AGOSTO de 2006)

LOS ESTRAGOS DEL PROCEDE EN LA ZONA NORTE DE CHIAPAS
Y LAS RESISTENCIAS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
Pedro Pineda i Coloch - 15-Aug-2006 - num.515
Ciepac, Barcelona, España

Este boletín también está disponible en catalán en
http://www.ciepac.org/boletines/chiapas_ca.php?id=515

RESUMEN: El PROCEDE, proyecto gubernamental que busca la privatización
de las tierras ejidales (tierras propiedad de la comunidad, indivisibles
e intransferibles hasta la entrada en vigor de este proyecto), está
provocando un profundo malestar y preocupación en muchas familias
campesinas. La desaparición del ejido como propiedad comunal de la
tierra, que es lo que pretende este programa del Gobierno, deja en la
indefensión a miles de esas familias, así como pone en riesgo la
propiedad de la tierra, acechada por las artimañas de gobernantes y
ricos que la codician para sus propios proyectos. Estos se apoyan en
grupos paramilitares, como el tristemente conocido Paz y Justicia, para
presionar y amenazar a quienes se oponen a la entrada de este proyecto
que, por otra parte, es la piedra de choque para la entrada de proyectos
ecoturísticos, los cuales, como se ha comprobado en otras ocasiones, no
hacen sino perjudicar a las comunidades donde se implantan. Vemos
también los vínculos directos de altos funcionarios con estos proyectos
y con los grupos paramilitares, el condicionamiento de las ayudas
gubernamentales a entrar al PROCEDE, la compra de votos, así como las
estrategias para arruinar a los campesinos que han entrado al programa
gubernamental, con el fin de provocar la venta de sus tierras.
———————

Algunas comunidades de la Zona Norte de Chiapas recibieron la visita de
una delegación de españoles -integrada por diversas personas vinculadas
a la solidaridad con Chiapas y Centroamérica, así como a la defensa y
protección de los Derechos Humanos-, que se interesó por la problemática
que viven estas comunidades indígenas, así como por su manera de
afrontarla. Uno de los problemas más destacados y repetidos en cada una
de las comunidades visitadas es el proyecto gubernamental del PROCEDE,
que pretende la parcelación de las tierras ejidales y comunales, para
que pasen a ser de propiedad individual, y por lo tanto, susceptibles de
ser vendidas o embargadas como pago por las deudas, de acuerdo a la
reforma del artículo 27 de la Constitución Mexicana, que protegía la
propiedad ejidal desde los tiempos de Villa y Zapata.

La primera comunidad visitada fue la de San Juan Chancalaíto, a una hora
de camino de Palenque. La comunidad se encuentra dividida entre los que
sí entraron al PROCEDE y los que no. Estos últimos denuncian que reciben
presiones e incluso amenazas de los primeros para que acepten entrar al
citado proyecto, hecho que se repetirá en todas las comunidades
visitadas. También se repiten las denuncias por engaños, lo cual deja
entrever que se trata de una estrategia bien orquestada. Estos engaños
incluyen la falsificación de actas de entrada al PROCEDE.

No son ajenas estas comunidades al conflicto por las elevadas tarifas
eléctricas que se viene dando en Chiapas en los últimos años. En
concreto, en San Juan Chancalaíto han llegado recibos por valor de entre
400 y 1000 pesos por la utilización de dos focos caseros. Quien esto
escribe, para orientar a quienes desconozcan el precio de la
electricidad en Chiapas, paga 20 pesos por el uso de 4 focos, una
computadora y dos pequeños altavoces. Esto es una pequeña muestra de la
transparencia y fiabilidad de la Comisión Federal de Electricidad, la
cual está provocando un gran movimiento civil de resistencia al pago de
la luz en espera de unas tarifas justas.

Otra comunidad visitada por esta delegación fue la de Emiliano Zapata, a
medio hora en camioneta del anterior destino. En la reunión llevada a
cabo en esta comunidad, se confirma la denuncia que hicieron los
ejidatarios de San Juan, y que más adelante harían los ejidatarios de
otras comunidades: se hacen correr rumores interesados para atemorizar a
quienes se resisten a entrar al PROCEDE. Se hace creer a los campesinos
que van a perder sus derechos agrarios, que van a perder la titularidad
de sus tierras. Es un temor muy generalizado y el trabajo de difusión
para desmentirlo es escaso y muy necesario.

El Gobierno, por su parte, no es ajeno a estos rumores, pues en las
charlas explicativas que lleva a cabo, no informa que la entrada al
PROCEDE es totalmente opcional, que con este proyecto se ha permitido la
parcelación y venta de tierras ejidales (siempre que haya acuerdo de la
mayoría de los ejidatarios), pero que no se obliga a ello. Tampoco
informa de los gastos que se derivan de la entrada a este proyecto.

Los habitantes de Emiliano Zapata explican algunos de estos gastos. Se
producen al llevar a cabo el cambio a propiedad individual, de la misma
manera en que se incrementa el impuesto predial (por los derechos
agrarios). Por su parte, los habitantes de Tenosique, en Tabasco,
explican que se han multiplicado los costos. Llegan a pagar 1100 pesos
por parcelas de 20 hectáreas, casi lo mismo que antes pagaban por los
derechos de la totalidad del ejido. También se empiezan a pagar
impuestos que antes no se pagaban, como por la casa, por los solares,
por los árboles frutales… Estos son los beneficios del PROCEDE, esta
es la riqueza y prosperidad que anuncia el Gobierno Federal para los
ejidatarios que pasen a ser pequeños propietarios.

También se reportan problemas cotidianos que antes no se daban, como a
la hora de recoger leña o acceder a los ríos, así como ante la falta de
respeto a los acuerdos de asamblea que ya estaban sellados. Se sabe que
en la comunidad de La Cascada se privatizó el río en el que se solían
realizar los actos religiosos, y ahora se cobra 10 pesos por persona
para el acceso, como pudieron comprobar ante el intento de 300 personas
de realizar una misa en dicho río.

Por otra parte, es ampliamente compartido que el Gobierno condiciona las
diferentes ayudas, como el PROCAMPO (1), a la entrada al programa de
privatización de la tierra. También son comunes en todas las comunidades
visitadas los testimonios sobre las promesas de ayudas y préstamos a
cambio de entrar a dicho programa. Estos préstamos, que se hacen sobre
la garantía de la tierra, ponen en peligro la propiedad de la misma. A
juego con las altas tasas que se pagan, que arruinan a los campesinos
-cuya economía es de subsistencia-, esta iniciativa esconde, claramente,
una estrategia para provocar que las tierras vayan a parar a manos de
unos pocos con grandes intereses, muy alejados de los intereses de las
comunidades.

Esta tendencia del PRODECE a generar latifundios es una de las primeras
conclusiones que compartió la delegación. Así mismo, incentiva el
fenómeno de la emigración, provocando que muchas familias vendan sus
tierras para intentar el salto a los Estados Unidos, quedando en la más
absoluta miseria si, como es frecuente, fracasan en su intento. Las
grandes oportunidades que promete el Gobierno se acaban traduciendo en
quedarse sin tierra, sin trabajo, sin casa y sin nada que heredar a las
siguientes generaciones.

Antes de continuar su visita por las comunidades de la Zona Norte de
Chiapas, la delegación española se reunió con algunos catequistas de la
Parroquia de Palenque, cuya labor va encaminada a la defensa de los
Derechos Humanos. Estos catequistas opinan que uno de los objetivos del
proyecto gubernamental es desarticular los ejidos, en la lógica de
debilitar todo tipo de organización comunitaria. No en vano, la unidad
que da el ejido contrarresta las diferentes divisiones que se dan en las
comunidades, ya sean de tipo religioso o político, lo cual dota de una
fuerza mayor para protegerse de los abusos del Gobierno y de quienes
codician sus tierras.

Se informa, además, de la presencia de representantes de empresas
extranjeras en Sabanilla, una de las comunidades donde más presencia ha
tenido el grupo paramilitar Paz y Justicia. Pretenden comprar tierras e
incurren en presiones e intimidaciones para forzar a la población a
ello, gozando de la tradicional impunidad que caracteriza a este tipo de
acciones.

En esta línea, y como no deja de ser habitual en el conjunto de la
nación, los defensores de los DDHH, así como miembros de la parroquia
que realizan capacitaciones en las comunidades, están siendo víctimas de
amenazas e intimidaciones. No por habitual deja de ser un hecho
preocupante e indignante, cuya responsabilidad recae sobre las espaldas
del Gobierno Estatal y Federal.

Se informa también de diferentes proyectos ecoturísticos que codician la
belleza de los ríos que se encuentran en la zona. Es el caso, por
ejemplo, de San Miguel Arimatea, donde se está procediendo al cercado de
las tierras que rodean el ojo de agua donde la comunidad se surte de tan
elemental líquido. Dicha acción se lleva a cabo con el apoyo de la
policía municipal de Palenque.

Y fue precisamente San Miguel Arimatea, que se encuentra a casi dos
horas de la cabecera municipal, la siguiente comunidad que visitó la
delegación de españoles. Los mismos problemas de amenazas, e incluso
agresiones, se dan en esta comunidad. Los ejidatarios han denunciado
ante la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de la Reforma Agraria
su rechazo a la entrada del PROCEDE en sus tierras. Hay una profunda
división y se da una dualidad de autoridades por la entrada de una parte
de los ejidatarios en el proyecto del Gobierno. Los nuevos pequeños
propietarios, quienes viven en la comunidad vecina de Arimatea, están
tratando de manipular al resto, incluso con el intento de firmar actas
falsas para la privatización de las tierras. Una de estas actas llegó a
presentarse ante la Secretaría de Reforma Agraria, hecho que fue
denunciado al Centro de DDHH Fray Bartolomé de las Casas.

Ante la creciente tensión entre ambos grupos, se permitió la entrada de
los ingenieros del Gobierno para realizar la medición de las tierras.
Por su parte, el intento de introducir el proyecto ecoturístico antes
mencionado se intensifica con la plantación de árboles en las
inmediaciones del río y la presión para echar a la gente que vive cerca
de él.

En la misma línea, denuncian que se están tomando las medidas del río
para poder declararlo nacional, por lo que dejaría de pertenecer al
ejido y no podrían reclamar ningún derecho sobre él. Esta situación
fundamenta el temor de que, a partir de ahora, les quieran cobrar por
acceder al agua en el manantial que se está cercando.

Una vez más, y cabe repetirlo por la gravedad de este hecho, los
ejidatarios de San Miguel denuncian que el Gobierno condiciona los
apoyos a la entrada al PROCEDE.

Más grave es, si cabe, la notable presencia paramilitar en esta zona,
siempre con el visto bueno de las autoridades. No en vano, en Arimatea
hay una sede del grupo paramilitar Paz y Justicia, que se coordina con
otras sedes de la zona. Durante años, los opositores al Gobierno han
recibido amenazas. La tensión fue tal, que hace años llegó a haber
presencia militar estable en San Miguel, así como de la policía judicial.

La última comunidad visitada, y en la que más días estuvo la delegación,
fue en Roberto Barrios, comunidad vecina del Caracol Zapatista (2) que
lleva el mismo nombre, y que se encuentra cerrado por la alerta roja que
decretó el EZLN en solidaridad por los brutales hechos de Atenco
(consultar cciodh.pangea.org). Podría decirse que las informaciones y
denuncias que aquí se recibieron fueron más precisas y más graves, al
denunciarse la clara complicidad de funcionarios de alto rango, como el
Comisionado para la Paz en Chiapas, Luis H. Álvarez -así como su
secretario, Jesús Caridad-, con los jefes del grupo paramilitar Paz y
Justicia. También por la denuncia sobre pagos en mano por parte de gente
del PAN (3) y del PRI a cambio de votos.

Continúan las denuncias por las presiones para entrar al PROCEDE, así
como la negación de las ayudas del PROCAMPO a quienes se resisten a
entrarle. No está de más insistir que en todas las comunidades visitadas
existe el mismo temor a perder los derechos agrarios, a perder la
propiedad de la tierra, gracias a las mentiras y rumores que se
difunden. En esta comunidad también se denuncia un ambicioso proyecto
ecoturístico que pretende instalarse para explotar las bellas y vírgenes
cascadas del río Bascán, que pasa a escasos metros de allí.

La comunidad ya se ha expresado en diversas ocasiones en contra de dicho
proyecto, en las oficinas de la SEDESOL (Secretaría de Desarrollo
Social), en la Presidencia Municipal de Palenque, ante la Secretaría de
Gobernación de Chiapas… Las últimas dos veces, en junio de 2005 y mayo
de 2006, mediante un acta firmada en la que se rechaza explícitamente el
proyecto del río Bascán. Una de ellas fue firmada conjuntamente por la
asamblea del ejido y por el Consejo Autónomo del Municipio Autónomo
Rebelde Zapatista del Trabajo (**). La SEDESOL, incluso, mandó una
representación para comprobar si el acuerdo era real, por lo que
zapatistas y perredistas se juntaron en la plaza de la comunidad para
mostrar su rechazo.

Según denuncian ante la delegación, lejos de acatar la decisión soberana
de la comunidad, de los ejidatarios, han estado viniendo funcionarios de
la SEDESOL, encabezados por el profesor Jesús Caridad, antes mencionado,
con la excusa de iniciar proyectos productivos y talleres de
capacitación, pero con la verdadera intención de promover el proyecto
del río. Han llegado incluso a llevarse a ocho personas a Oaxaca para
capacitarse sobre el proyecto ecoturístico, sobre la manera de construir
y gestionar cabañas e incluso sobre cómo apoderarse de las tierras que
rodean el río. Por otra parte, ofrecen proyectos a la comunidad a cambio
de permitir el proyecto del río Bascán, y les dicen que les pondrán un
puente y una carretera (ya vino una máquina a comprobar el estado del
suelo para la construcción del puente). Tratan de engañarlos diciendo
que las cabañas las gestionará el pueblo, pero es obvio que querrán
recuperar el dinero invertido en la carretera y el puente que faciliten
la llegada de los turistas.

Es preocupante y particularmente grave la estrecha relación que
funcionarios de la SEDESOL y el Comisionado para la Paz en Chiapas, Luis
H. Álvarez -así como su secretario-, mantienen con los líderes de Paz y
Justicia en la región: los señores Roberto Balcazar Mendoza (Beto) y
Germán Mendoza Hernández. Diferentes personas de la comunidad
denunciaron que cuando los funcionarios vienen a Roberto Barrios van
directamente a la casa de los jefes paramilitares. En su última visita,
justo al marcharse aquellos, se produjeron agresiones y amenazas a la
gente del PRD. No parece, pues, casual ni desvinculado de los intereses
en el río Bascán.

El pasado 26 de julio, estando la delegación en Roberto Barrios, y a
pesar del acta firmada dos meses antes contra el proyecto, se produjo
una nueva visita de Jesús Caridad, el mencionado representante de Luis
H. Álvarez, supuestamente para presentar los proyectos prometidos
(letrinas secas, fogones económicos, carpintería, etc.), pero, según fue
denunciado a la citada delegación, aquel fue directo a estudiar el
proyecto ecoturístico, particularmente sobre cómo hacer las cabañas.
Caridad amenazó directamente a quienes se resisten a dicho proyecto:
“ustedes, los que organizan a la gente, los que meten humo en la cabeza,
irán a la cárcel”. Este es el tipo de paz que busca el Gobierno y su
comisionado en Chiapas.

Al día siguiente, 27 de julio, se volvió a levantar el censo de las
personas que van a firmar para aceptar los cursos de la SEDESOL, que ya
fueron rechazados. Esto genera división en la comunidad. Se llegó a
realizar un acta y se recogieron firmas. Se sospecha que hubo gente que
firmó sin leerla. Incluso, por órdenes directas de Roberto Balcazar,
jefe paramilitar, se llegó a impedir la lectura de la misma.

Es frecuente el intento de recoger firmas de manera engañosa por parte
de quienes quieren llevar a cabo este proyecto. También denuncian la
promoción de dicho proyecto por Francisco Gómez Pérez, quien discutió
fuertemente con una persona de la comunidad, así como el apoyo que
recibe Paz y Justicia de parte de un ex catequista que ahora pertenece a
la secta Pentecostés.

Por otra parte, regresando al conflicto con la electricidad que al
inicio se menciona, los ejidatarios de Roberto Barrios llegaron a firmar
un convenio con el Gobierno de Pablo Salazar, en el que se comprometían
a pagar la mitad de los adeudos, quedando la otra mitad a cargo del
Gobierno Estatal, a través del programa “Una vida mejor”. El engaño se
hizo evidente al producirse un gran incremento en las tarifas
eléctricas, por lo que la comunidad, incluida la gente del PRI, decidió
resistirse al pago de la luz.

Muy graves fueron las denuncias referentes a lo electoral. La delegación
recibió denuncias de pagos directos al voto. Gente del PRI y del PAN
prometían inicialmente 100 pesos por ir a votar, y finalmente fueron
pagados 10 pesos. De la misma manera, gente del IMSS (Instituto Mexicano
del Seguro Social) advirtió que quienes no votaran serían borrados de la
lista del Gobierno y no podrían recibir ayudas ni atención médica. A
pocas semanas de las elecciones estatales, es preocupante comprobar la
persistencia de antiguas prácticas antidemocráticas y caciquiles, así
como la complicidad con Paz y Justicia, reconocido por su actividad
paramilitar -se han documentado numerosas matanzas perpetradas por este
grupo- por parte del Gobierno de México, país que hoy preside el Consejo
de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Si el Gobierno quisiera la paz, debería desarticular a los grupos
paramilitares, desarmarlos y encarcelar a los responsables de la
violencia que se vive en Chiapas y en México. La paz viene como producto
de la solución a las causas que han generado la resistencia civil y el
levantamiento armado, no con la represión y la imposición de proyectos
económicos alejados de los intereses de la población. De esta manera, la
paz que promueve el Gobierno no es paz, sino pacificación, sometimiento.
Busca la inversión, pero a su manera, que está muy alejada de los
intereses de las comunidades, y está lejos de buscar la paz. La paz, así
como la justicia y la democracia, vienen junto al desarrollo económico.
No puede ser lo uno sin lo otro. No puede pretenderse que haya paz
mientras existe expropiación y saqueo a los más desfavorecidos, menos
aún cuando existe una clara vinculación entre los grupos paramilitares,
los cuerpos de seguridad del estado (incluyendo el Ejército Federal) y
las estructuras políticas.

Es peligrosa esta situación, y compleja su solución. El proceso
organizativo en las comunidades es la única salida que les queda, y
quizás su caminar llegue a ser paralelo al nacimiento de un nuevo
movimiento a nivel de base y a escala nacional, como es la Otra Campaña,
que nació de la VI Declaración de la Selva Lacandona, lanzada por el
EZLN en junio de 2005, y cuyo propósito es construir nuevas formas de
hacer política. Ya han visto que quienes deben velar por su seguridad
agraria, tratan de arrebatarles las tierras con un expolio legal, y que
quienes deben velar por la paz, promueven y se apoyan en grupos
paramilitares como el tristemente conocido Paz y Justicia, responsable,
entre otras, de las matanzas de Tila, Sabanilla y la muy recordada
Acteal. Saben que tienen delante un peligroso adversario, pero también
saben que no les queda de otra que resistir y tratar de salir adelante.
El apoyo y vigilancia de la sociedad civil nacional e internacional será
importante para evitar el despojo y la violencia en Chiapas, así como en
tantos rincones de México.

Notas:

** Mientras se terminaba de redactar este boletín, muy cerca de la
comunidad de Roberto Barrios, en el Municipio Autónomo del Trabajo, se
produjo un brutal desalojo, con la utilización de motosierras y
tractores, llevándose a cabo quemas de casas y pertenencias, destrozo de
los cultivos, tumba de árboles frutales (en un estilo que recuerda
fielmente al de la actuación de Israel en los territorios ocupados de
Palestina), y el arresto a dos bases de apoyo del EZLN, que incluyó
amenazas y golpes. La Junta de Buen Gobierno del Caracol de Roberto
Barrios ha lanzado una denuncia sobre estos gravísimos hechos, que son
una clara provocación en medio de la alerta roja que se mantiene en las
comunidades zapatistas, así como deben ocultar oscuros intereses por
parte del Gobierno
(consultar chiapas.pangea.org/noticiasbd/item16660.htm).

1. El PROCAMPO es un programa de ayudas directas al campo que, según
palabras del propio Gobierno “no puede ser utilizado con fines políticos
o partidistas”. Se entrega periódicamente una suma en metálico para
apoyar a las familias campesinas con una economía de subsistencia, para
apoyar esta actividad agraria. La supeditación de estas ayudas a la
entrada al PROCEDE es, además de inmoral e ilegítimo, de una clara
ilegalidad, síntoma de la pésima salud democrática que vive el país, y
muestra de los profundos cambios estructurales que requiere la nación.

2. La lucha por la autonomía indígena que ha llevado a cabo, de manera
pacífica, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) desde el
alto el fuego decretado el 12 de enero de 1994, tras el alzamiento del
1º de enero de ese mismo año, originó el nacimiento de los municipios
autónomos en rebeldía, los cuales se gobiernan según sus propias
decisiones y con sus propias autoridades. Asimismo, el territorio de
influencia zapatista se organiza en cinco zonas, en las que se
levantaron, en agosto de 2003, los llamados Caracoles, que albergan a
las Juntas de Buen Gobierno zapatistas y sirven de lugar de encuentro
con la sociedad civil nacional e internacional. Esta nueva estructura de
gobierno autónomo nace de la aplicación unilateral de los Acuerdos de
San Andrés, firmados el 16 de febrero de 1996 entre el Gobierno y el
EZLN, incumplidos repetidamente y burlados a raíz de la Ley Indígena
aprobada en el 2001 por el “Gobierno del Cambio” de Vicente Fox.

3. PRD: Partido de la Revolución Democrática, que se proclama de centro-
centro izquierda; perredistas: afines al PRD; PRI: Partido de la
Revolución Institucional, estuvo en el poder durante 72 años, hoy en la
oposición tanto a nivel estatal como federal, pero con gran influencia
en las comunidades indígenas, a modo caciquil; PAN: Partido de Acción
Nacional, proclamado claramente de derecha, está en el poder federal,
con casi nula presencia en las comunidades.

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