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Foto. Operativo: un funcionario de la Fiscalía retira documentación del edificio de la petrolera en Santa Cruz
La Fiscalía allana oficina de Andina y detiene al síndico
La Fiscalía de Santa Cruz allanó la tarde de ayer las oficinas centrales de Andina —subsidiaria de la transnacional hispano-argentina Repsol YPF— en el marco de la investigación por una supuesta “estafa agravada” al Estado boliviano, calculada en 190 millones de dólares.
La Fiscalía también ordenó la detención del ex presidente de Andina José María Moreno y de los miembros del Directorio de la empresa.
También son investigados los brasileños Antonio Luiz Silva de Menezes, director de Gas y Energía de Petrobras, y Luiz Rodolfo Landim Machado, director gerente de la misma petrolera.
El operativo, que duró más de cuatro horas, estuvo dirigido por los fiscales Juan Hugo Iquise, José Centenaro y Alberto Cornejo, quienes hicieron un inventario e incautaron la documentación relacionada con el caso.
Antes del allanamiento, el síndico (representante del Estado en la empresa capitalizada) Saúl Encinas fue detenido después de declarar en la Fiscalía. Este sábado se llevará a cabo una audiencia de medidas cautelares. La detención de Encinas, según las autoridades judiciales, obedeció a los vínculos que tiene con Repsol-YPF.
Los fiscales iniciaron las indagaciones por una denuncia presentada por el ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz, y el director de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en Andina, Hernán Camacho.
Según la acusación, en octubre de 2002 Andina firmó con la brasileña Petrobras un contrato de “Reducción de Volatilidad de Precios de Gas Natural”, calificado como una estafa y que provocó daños económicos al Estado calculados en 190 millones de dólares.
El fiscal Centenaro explicó que el documento en cuestión se firmó entre los representantes legales de la estatal brasileña Petrobras, Antonio Silva y Luis Landim, con el gerente general de Andina, José María Moreno.
Las investigaciones señalan que el contrato fue adulterado porque Migración certificó que las personas indicadas no están registradas en el flujo de ingresos a Santa Cruz.
La Fiscalía explicó que existen “sobrados indicios” para procesar al directorio de Andina y otros dos directivos de Petrobras por el delito de estafa agravada, figura penal sancionada con la privación de libertad de por lo menos dos años.
Funcionarios de Andina consideraron irregular el “sorpresivo” allanamiento. Los directivos afirmaron que el contrato suscrito con Petrobras no fue lesivo para el Estado, pues se garantizó el pago de los impuestos.
Los ejecutivos investigados por la Fiscalía son: Rubén Patritti Leiva, José María Moreno Villaluenga, Óscar Arona, Ernesto López Anadón, Hugo Tormo Albino, Alfredo Leigue Urenda, Enrique Herrera, Cristian Joffré, Jorge Piñeiro, Antonio Luiz Silva de Menezes, Luis Rodolfo Landim Machado, Sergio Argento Maradei, Miguel Cirbián Krutzfeldt, Francisco Moreno Schnietz, Mario Moreno Rivero, Juan Carlos Aguilar, Saúl Encinas Miranda, Selenita Céspedes Saucedo, Luis Ignacio Guzmán Suárez, Gonzalo López y Julio Gavito.
