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Nota de Clajadep:
Una cosa es combatir al enemigo golpista e invasor, pero otra es golpear a las organizaciones sociales que ya no pueden seguir esperando por solución a sus necesidades inmediatas, como el uso de la tierra rural o urbana. Recordamos que en el Chile de Allende la lucha social desde abajo avanzó notablemente constituyendo el poder popular en los cordones industriales y consejos comunales campesinos, ocupando tierras y fábricas, pero el gobierno, en vez de apoyarse en la fuerza social, lo hizo en las negociaciones con los militares, acabando por debilitarse.
Veamos las noticias enviadas por Rafael Uzcategui
uzcategui.rafael@gmail.com
Mande sus informaciones a clajadep4@hotmail.com
:: MIRANDA: Sentenciados a 8 días de prisión por cerrar vías exigiendo vivienda
Con 8 días fueron sentenciados los tres ciudadanos que fueron
detenidos cuando realizaban una protesta en la carretera Panamericana
el pasado 24.08.06 en demanda de la construcción de viviendas. Carlos
NAVA (38), Diomar CARTAZA (37) y Sandra SANABRIA (19) fueron penados
con la medida de privación de libertad por la juez Primera de Control,
Iris Morante, la cual actuó a solicitud de la fiscal Segunda Yoselina
Fernández.
Este medida constituye la primera penalización por obstrucción de la
vía pública, lo cual fue tipificado como delito en el artículo 357 del
Código Penal tras la reforma realizada en abril del 2005. En
declaraciones difundidas por el diario El Universal
(http://noticias.eluniversal.com/2006/08/28/ccs_art_28410E.shtml),
Carlos Serrano -participante de la manifestación- afirmó que “Nosotros
no sabíamos que esta acción era un delito y caímos como tontos. Pues
nos tendrán que poner presos a todos, porque si no nos cumplen con las
casas, seguiremos protestando”. Extraoficialmente se maneja la
posibilidad de que los imputados sean puestos en libertad bajo el
régimen de presentación.
:: Más luchadores sociales sometidos a procesos judiciales y privados
de libertad
A solicitud del Ministerio Público, el Tribunal 13 de Control de
Caracas, dictó medida privativa de libertad contra 11 ciudadanos,
detenidos durante los desalojos practicados en el sector Ojo de Agua.
Las fiscales 52 y 58 de Caracas, Eglée Pérez y María Rosendo,
imputaron a estas personas por los delitos de invasión y resistencia a
la autoridad, además de atribuirles degradación de suelos, topografía
y paisaje y ocupación ilícita de áreas bajo régimen de administración
especial. La normativa impone por estos delitos prisión de 2 meses a
un año y multa de 200 a mil días de salario mínimo. (Radio Nacional de
Venezuela, 12.08.06,
http://www.rnv.gov.ve/noticias/?act=ST&f=27&t=36654)
Durante cuatro días cerca de 500 familias ocuparon terrenos verdes del
sector Ojo de Agua en Baruta, exigiendo viviendas. Los vecinos del
sector realizaron diversas protestas para exigir que las autoridades
tomaran acciones contra los que calificaban como invasores. Tras esta
acción de privación de libertad, el Ministerio Público deberá formular
una acusación formal en las próximas semanas contra los detenidos. (El
Universal, 12.08.06,
http://www.eluniversal.com/2006/08/12/ccs_art_12470E.shtml).
Provea había expresado su preocupación por la penalización de las
ocupaciones ilegales, resultante de la reforma al Código Penal
(http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2004_05/vivienda.pdf),
un enfoque que criminaliza una de las medidas de presión usadas por
parte de los sectores populares para exigir su derecho a una vivienda
digna. Las movilizaciones de exigencia del derecho se han incrementado
ante la incertidumbre de las políticas hacia el sector, por lo que el
gobierno debe continuar la política de solución de conflictos de
manera consensuada con los afectados.
La criminalización y juzgamiento a miembros de familias pobres que
luchan por mejorar sus condiciones de vida, se suma a otros hechos
donde líderes sindicales, estudiantiles y vecinales están sometidos a
procesos judiciales por haber participado en acciones en defensa de
sus derechos sociales.
Provea advierte que en los últimos meses se viene dando un incremento
a la represión de luchas sociales, que va acompañada no sólo de
agresiones realizadas por la policía y la Guardia Nacional, sino por
el uso de los tribunales para iniciar procesos judiciales. Algunos de
estos luchadores sociales son sometidos a años de presentación
periódica en tribunales y los que cuentan con menor suerte son
privados de libertad.
:: Aumentan los casos de uso indiscriminado de la fuerza contra
manifestaciones populares
El 09.08.06 un grupo de personas denunciaron en un canal televisivo
presuntos maltratos a las puertas del Palacio de Miraflores, así como
casos de malversación de las ayudas que reciben de funcionarios
militares de la casa de gobierno. Yamileth Becerra, vocera del grupo
de personas que solicitan soluciones en materia de salud y vivienda,
declaró que habían sido informados en el Ministerio de Vivienda sobre
la pérdida de algunos cheques aprobados para la adquisición de casas.
Al intentar denunciar la situación, en una de las entradas de
Miraflores, fueron atropellados por agentes de la Policía
Metropolitana (PM), con un saldo de varios detenidos. Los denunciantes
señalan como responsables del desalojo al General Ortega Castillo de
la Casa Militar y a la fiscal 105 de menores del Ministerio Público.
Tras el hecho anunciaron que irían al canal de televisión del Estado,
pero se habían desviado a un canal privado debido a la presencia de
motorizados en las puertas del canal público. (El Mundo, 09.08.06,
pág. 20). Esta situación fue corroborada por la dirigente del partido
Unidad Popular Venezolana (UPV), Lina Ron, quien afirmó en su columna
dominical que estaba “mal hecho que los hayan echado de Miraflores”:
“nosotros juramos defender al pueblo y jamás reprimirlo; porque
nuestra revolución es humana y no separa madres de sus hijos,
llevándoselas presas a los tribunales; porque nosotros juramos no
lanzar nunca a la policía y a la guardia contra el pueblo”. (La Razón,
13.08.06, A/5).
Provea expresa su preocupación porque este patrón represivo contra las
manifestaciones populares por el acceso a la vivienda y servicios
públicos prive sobre la política que el gobierno venía implementando
en los últimos años, signada por la tolerancia y resolución
consensuada de conflictos. El caso del desalojo de Miraflores no es un
caso aislado, sucediendo varios similares en la primera quincena del
mes de agosto. El 14.08.06 la Guardia Nacional enfrentó una protesta
de damnificados frente a la sede del Banco Nacional de Vivienda y
Hábitat (Banap), en Caracas, con gases lacrimógenos y deteniendo a la
líder comunitaria Vilma Macía. (Diario 2001, 15.08.06, pag. 7). El
10.08.06 en Catia La Mar un grupo de alrededor de 500 vecinos
recibieron perdigonazos por parte de la Policía de Vargas, hecho
sucedido cuando trancaban la vía pública pidiendo celeridad en la
reparación de calles y reemplazo de tuberías. (Últimas Noticias,
11.08.06, pag. 34) Dos vecinos resultaron lesionados por la acción
policial. Un día antes, en Caracas, el desalojo de los ocupantes del
sector Ojo de Agua, en Baruta, desencadenó un operativo conjunto entre
la Guardia Nacional (GN) y Polimiranda con uso de gases lacrimógenos,
5 detenciones por alteración del orden público y varios niños
afectados por los gases (El Universal, 10.08.06, 4/1). El 07.08.06, en
el estado Carabobo, un grupo de trabajadores y propietarios de las
casas del conjunto “Villas las Caracara” fueron desalojados por el
Ejército, cuando ocupaban las instalaciones de dicha solución
habitacional protestando por su derecho al trabajo y la vivienda. (El
Carabobeño, 08.08.06, A/5). En Maturín, una persona fue detenida y
varios resultaron heridos en una protesta vecinal, ocurrida en San
Vicente, que solicitaba mejoras en los servicios de agua potable,
vialidad, electricidad y salud. (La Prensa de Monagas, 03.08.06, pag.
53)
El gobierno del Presidente Hugo Chávez había mantenido hasta este año
la promoción de una política de inclusión de los sectores más
desfavorecidos, utilizando diversos mecanismos de diálogo para
tramitar sus demandas. Provea desea alentar a los poderes públicos a
reforzar estos instrumentos, garantizando así el derecho a la protesta
de los ciudadanos y ciudadanas, realizando las labores necesarias para
garantizar el acceso a los servicios públicos y a los derechos
económicos, sociales y culturales garantizados en la Constitución.
(Tomado de la web de Provea, www.derechos.org.ve)
