Asamblea indígena juzga militares asesinos de niño

28.Sep.06    Análisis y Noticias

Colombia.
En momentos que la Misión internacional de verificación inicia su recorrido por diferentes comunidades indígenas de Colombia para constatar las múltiples violaciones a los Derechos Humanos de que son víctimas, en el Cauca, uno de los territorios más golpeados por los actores armados, la muerte, el pasado sábado 16, de Wilder Fabián Hurtado, un menor de 10 años, a causa de la explosión de una granada de mortero lanzada por miembros del Ejército, adscritos al Batallón Pichincha de la Tercera Brigada, fue la gota trágica y dolorosa que reboso el vaso de la comunidad del resguardo indígena de Jambaló.

Tras una larga lista de asesinatos perpetrados por los diferentes actores armados que actúan en la región –ya sea por lo que consideran ‘errores militares’, ‘accidentes’, ‘negligencia’ o por ‘ajusticiamientos’–, los lideres indígenas exigen la salida de las Fuerzas Armadas de la zona, pues éstas, al contrario de traer seguridad, representan peligro, zozobra y amenaza permanente.

En el marco de la Asamblea permanente por el Derecho a la Vida y la Autonomía indígena, declarada desde el 19 de septiembre como rechazo a este crimen perpetrado por los militares y en espera de una solución real y definitiva a ese panorama, se recordó a algunas de las 138 víctimas registradas desde finales de la década de los 80, situación acentuada en los últimos 4 años por la presencia paramilitar y la política de seguridad democrática: el padre Álvaro Ulcúe Chocué, asesinado por la fuerza pública el 10 de noviembre de 1984; Marden Betancur Conda, asesinado por la Columna Cacique Calarcá del ELN el 19 de agosto de 1996; Germán Escué, asesinado por el ejercito en Jambaló el 1 de febrero de 1998; José Diego Vitonás, asesinado por las FARC en Toribio el 16 de diciembre de 2000; Cristobal Secué Tombé, asesinado por las FARC en Corinto el 25 de junio de 2001; Apolinar Dizú, asesinado en enfrentamientos de la fuerza pública con la guerrilla en Santander de Quilichao el 3 de septiembre de 2001; Samuel Fernando Dizú, asesinado por paramilitares en Santander de Quilichao el 4 de marzo de 2002; Aldemar Pinzón, asesinado por los paramilitares en Bodega Alta - Caloto el 3 de septiembre de 2003; Paola Andra Yule de 15 años de edad asesinada por las FARC, por sostener relaciones amororsas con un miembro de las fuerza pública, el 29 de agosto de 2006, y Wilmer Fabián Hurtado, menor de 10 años asesinado por el ejército el pasado 17 de septiembre, mientras participaba en un bingo que realizaba la comunidad de Zumbico, vereda de Jambaló, para conseguir las cosas que el Estado no garantiza a las comunidades y dotar a la escuela de la localidad. En estos hechos también fue herido de gravedad el comunero Bautista Yule, quien se encontraba cerca del lugar de la explosión.

Al conocerse estos antecedentes, es difícil aceptar que en una zona tan frágil en seguridad, tan sensible, tan delicada, se produzca un “accidente militar”, como lo calificara el comandante del Batallón Pichincha, coronel Henry Piraquive, al referirse a los hechos que acabaron con la vida de Wilder. Hechos que ni él mismo sabe cómo justificar, ya que, a pesar de que no había enfrentamientos con cuerpo armado alguno u operativos en la zona, se activó y disparó un artefacto de alto poder destructivo que terminó causando esta desgracia.

Argumentando que los hechos se produjeron por un error en el manejo de armamentos en mal estado, el coronel Piraquive señaló que “hubo problemas de fabricación de la granada que estaba dispuesta para un alcance de 7 km, pero falló”, afirmando estar dispuesto a asumir los resultados de las investigaciones que adelantan la Fiscalía, la Procuraduría y la Justicia Penal Militar. Sin embargo, lo que no se garantiza en este, como otros cientos de casos, es que vayan a producirse resultados cuando, por el contrario, es muy probable que este crimen deba añadirse a la larga lista de delitos que quedan en la más absoluta impunidad, que es la que siempre brilla en los casos que relacionan a los cuerpos armados del Estado.

Así mismo, la gran inquietud que queda de las explicaciones del oficial es por qué se escogió precisamente la fecha del 16 de septiembre para probar un armamento en mal estado y por qué esta granada de mortero fue disparada en dirección a Zumbico, justo al lugar y en la fecha y hora en las que se celebraba una actividad que contaba con la presencia de toda la comunidad y que buscaba mejorar las condiciones en que la escuela rural imparte instrucción a niños indígenas.

Las autoridades indígenas del cabildo de Jambaló permanecen en Asamblea Permanente hasta tanto no se encuentren las respuestas, los correctivos y los compromisos necesarios para que esto jamás vuelva a ocurrir. Por ese motivo, realizaron un Tribunal Indígena de Enjuiciamiento a los responsables de tales hechos y, de acuerdo a sus normas tradicionales, realizaron las denuncias, contaron los testimonios y propusieron los castigos frente a la gobernadora del resguardo, Florilba Tróchez y los demás gobernadores de las comunidades indígenas del Cauca, el consejero mayor del CRIC, José Buenaventura Díaz, representantes de la ONIC, la AMCIC, la Defensoría del Pueblo y los representantes de la Misión de Verificación, decidiendo las acciones autónomas y legales que van a seguir frente a ese hecho que los enluta, pero que, sobre todo, demuestra la descomposición e inseguridad en que se encuentran con la amenaza constante de unas Fuerzas Militares y un Estado que, antes que cumplir su misión y velar por su seguridad y sus derechos fundamentales, les asesinan y vulneran su autonomía.

La gobernadora Florilba Tróchez afirmó que la exigencia fundamental que hacen al Gobierno Nacional, a sus Fuerzas Militares, a la guerrilla y a los paramilitares es que no quieren que operen en su territorio, ya que no están de acuerdo con que las comunidades del resguardo se vean afectadas por el accionar y el uso de las armas que los actores armados de cualquier tipo realizan. En ese sentido, se espera que en un tiempo no muy largo estos actores no estén en su territorio y señala que, para lograrlo, están dispuestos a hacer uso de la acción colectiva de la minga que, en otras ocasiones, ha hecho entender a otros grupos armados que su comunidad no está segura con su presencia, sino que por el contrario, aumentan el ambiente de temor y de peligro.

Ante las declaraciones del comandante del Batallón Pichincha, coronel Henry Piraquive, en el sentido de que ellos no abandonarán ese territorio porque lo que pretenden es brindar seguridad a la población, la gobernadora preguntó a la concurrencia: “¿qué seguridad nos pueden brindar ellos, cuando ya estamos viendo no sólo este –la muerte de Wilder– sino muchos otros casos?”, añadiendo que “nosotros no necesitamos que personas que usen las armas estén hablando de brindarnos seguridad”.

Igualmente, el consejero Mayor del CRIC, José Buenaventura Díaz, confirmó algunas de las decisiones que se van a dar a conocer al Gobierno Nacional y los miembros de la Fuerza Pública, como las exigencias de que sean sancionados los actores intelectuales y materiales de los hechos y de que desocupen inmediatamente los territorios indígenas en el departamento del Cauca, especialmente en Jambaló donde están atrincherados.

Al recorrer el pequeño caserío que conforma la población de Jambaló, El Turbión pudo constatar que son numerosas las trincheras que existen tanto de la Policía como del Ejército. En una extensión de 6 cuadras vimos 8 trincheras y barricadas, la mayoría ubicadas al lado de las viviendas, escuelas, o lugares públicos y que ponen en grave peligro a los habitantes de la zona. En este sentido, la decisión que han tomado las comunidades indígenas es que las trincheras van a ser destruidas, tal como lo han hecho con otros actores o como destruyeron las barricadas militares el día del sepelio del pequeño Wilmer, como una demostración de su determinación por mantener la autonomía en sus territorios.

Con la presencia de la Misión Internacional que inicia desde hoy un recorrido por el norte del Cauca, en Santander de Quilichao, Jambaló al oriente y La María Piendamó, donde se instalarán hasta mañana, se buscará que esta grave situación se añada a las denuncias internacionales que sigue muy de cerca el Juez Baltasar Garzón y un grupo de juristas, intelectuales y ONG que buscan que no queden impunes los delitos cometidos contra la población indígena.

Así las cosas, a pesar de que los militares se rigen por la jurisdicción nacional y no por la indígena, las autoridades del Cabildo de Jambaló, con el aval de las autoridades indígenas locales y nacionales representadas en la ONIC, la AMCIC y el CRIC, harán valer su derecho de autonomía indígena y esperan recuperar sus territorios y sacar de allí los actores armados que, al contrario de ofrecer seguridad, causan muerte, temor y zozobra.