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Aborígenes costeños demandan a Ortega
Bluefields, RAAS
El Gobierno Territorial Rama y Creole de la Región Autónoma Atlántico Sur, introdujo el jueves un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, en contra del Presidente de la República, Daniel Ortega Saavedra, por un decreto emitido el 11 de enero de 2007, en el que se declaran de utilidad pública todas las áreas protegidas del país.
Según el recurso interpuesto por Sebastián McRea Ruiz y Pearl Watson Presida, presidente y secretaria, respectivamente, del Gobierno Territorial Rama y Creole, el decreto 01-2007 sobre Reglamento de Áreas Protegidas de Nicaragua, en su artículo 3 numerales 3 y 68, erróneamente deja de lado la protección de las tierras comunales de los indígenas, y establece que todos los terrenos de dominio público que están dentro de las áreas protegidas deben ser inscritas a nombre del Estado en el Registro Público de la Propiedad Inmueble correspondiente.
Los demandantes sostienen que la Constitución Política de la República de Nicaragua, en sus artículos 5, 89 y 180, obliga al mismo Estado a garantizar el Derecho de Propiedad de los Pueblos Indígenas que tradicional e históricamente han ocupado esas tierras
Dicotomía
Sebastián McRea asegura que este decreto prohíbe la demarcación y titulación de las áreas protegidas, que en el caso del Caribe nicaragüense forman parte del patrimonio comunitario reconocido por la Ley 28 o Ley de Autonomía, y por la Ley 445, sobre Régimen de Propiedad Comunitaria de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de la Costa Atlántica de Nicaragua, y la Cuenca de los ríos Indio, Maíz y Bocay. Frank López Monroe, presidente de las Autoridades Territoriales de las diez comunidades indígenas y afrodescendientes de la cuenca, también se sumó a este recurso de inconstitucionalidad, argumentando que en la Costa Atlántica de Nicaragua no existen tierras nacionales, sino terrenos comunitarios.
Malicia
El Procurador de Derechos Humanos de la RAAS, Wilfredo Jarquín Lang, señaló que este polémico decreto fue emitido por el ex Presidente de la República, Enrique Bolaños Geyer, el 8 de enero, dos días antes de entregar el poder, por lo que se considera malintencionado.
Por su parte, Pearl Watson dijo que ese decreto entorpece el proceso de demarcación y titulación de las tierras comunales, y agrava el agudo problema de propiedad agraria que afecta a amplios sectores de la costa atlántica nicaragüense
Aclaración
La semana pasada, los mismos directivos del gobierno Territorial Rama y Creole, interpusieron un recurso de amparo en contra del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (Marena), porque supuestamente les impiden el acceso al área protegida Indio-Maíz, la que es considerada por los demandantes como parte de su propiedad comunitaria.
A través de medios radiales de Bluefields, la delegada del Ministerio del ambiente y Recursos Naturales (Marena), en la RAAS, Ilenia García Peralta, dijo que, efectivamente, el Ejército retuvo a unos ingenieros que andaban realizando un estudio en esa zona, tal como lo denunciaron dirigentes Ramas.
Sin embargo, la delegada del Marena aclaró que son controles de rigor para impedir que colonos ilegales invadan la reserva; “hubo una confusión, pero en ningún momento se ha pedido al Ejército que reprima a los indígenas Rama, a los que se quiere controlar es a los falsos indígenas que se meten ilegalmente en el área protegida de Indio-Maíz”, comentó.
ACEPTAN AMPARO
El presidente del Tribunal de Apelaciones de Bluefields (TAB), doctor Rodolfo Martínez, confirmó el recurso de amparo, sin embargo dijo que es contra las autoridades del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (Marena).
“El recurso reúne los requisitos necesarios, por tanto lo aceptamos, en los próximos días lo retiremos a la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia para su debido análisis”, indicó.
EJÉRCITO INTIMIDA
Los ramas y creoles denunciaron que durante los años 2005, 2006 y lo que va del 2007, han sido restringidos por parte de funcionarios del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (Marena) y del Ejército de Nicaragua, de entrar a sus territorios.
Denunciaron públicamente que técnicos de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua (Uraccan) y la Comisión Nacional de Demarcación y Titulación (Conadeti), en trabajos de diagnósticos territoriales, llegaron a San Juan de Nicaragua y fueron repelidos a balazos por el Ejército hasta obligarlos a salir del territorio.
El jefe del Estado Mayor del Distrito Naval Atlántico (DNA), del Ejército de Nicaragua, capitán de fragata Blas Hernández Mendoza, señaló que el percance contra los ciudadanos ramas ocurrió a finales del 2005.
CONFIRMAN BALACERA
“Para ese período estaban las invasiones de tierras en las áreas protegidas, nosotros pensábamos que se trataba de invasores y realizamos unos disparos preventivos”, aclaró el alto jefe.
“Nosotros hemos trabajado con los indígenas ramas, les hemos asignado custodias cuando así lo solicitan para realizar sus trabajos, no es cierto que no los dejamos circular ni trabajar”, indicó.
En tanto, la delegada del Marena en Bluefields, Ilenia García Peralta, al ser consultada al respecto, confirmó el incidente, pero lo justificó como “una equivocación”.
“El año pasado unos ingenieros que trabajan en la universidad Uraccan y que apoyan al Gobierno Territorial rama con su autodiagnóstico, al ingresar a la reserva biológica Indio Maíz, fueron detenidos en uno de los puestos y trasladados para averiguar qué andaban haciendo, son mecanismos que utiliza el Ministerio del Ambiente para evitar que personas ajenas a las áreas protegidas ingresen e invadan, como los falsos indígenas tomatierras. “Todo fue una confusión”, aclaró.
MARENA NIEGA
García negó que el Marena oriente al Ejército de Nicaragua no permitir el ingreso de pobladores ramas a las áreas protegidas.
Entretanto, el comunitario Hilario McCrea dijo que ni siquiera a las mujeres y niños que necesitan pasar por los retenes militares de la reserva Indio Maíz para ir al hospital se les han permitido pasar.
“El Ejército los amenaza con armas de guerra para intimidarlos e impedirles el paso”, denunció McCrea.
BOLAÑOS EN RETIRADA
Los dirigentes indígenas rechazan mediante un escrito ante la CSJ que el Gobierno Central, a través del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (Marena), pretende ejercer un comanejo de las tierras de las comunidades indígenas y étnicas de la Costa Caribe del país y decidir unilateralmente sobre ellas.
Tal medida gubernamental también está consignada en el artículo 69 del decreto 01-2007, que entró en vigencia el 11 de enero, un día después que Ortega asumió el poder.
“El gobierno del señor Enrique Bolaños elaboró un documento, un decreto, que viene a violentar los derechos de las comunidades indígenas y étnicas, dos días antes de su retirada y es publicado el primer día después que hace entrega al Gobierno”, dijo Wilfredo Jarquín Lang, procurador de Derechos Humanos del Atlántico Sur.
El recurso contra el sandinista Daniel Ortega fue interpuesto ante la CSJ por Sebastián McCrea Ruiz, presidente del territorio rama; Pearl Marie Watson, primera secretaria del Gobierno Territorial rama y creol, y Frank López Monroe, presidente de las autoridades territoriales de las diez comunidades indígenas y afrodescendientes de la cuenca de Laguna de Perlas.
VIOLAN DERECHOS
“Esto viola los artículos establecidos en la Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de Nicaragua y de los Ríos Coco, Indio y Maíz, aprobado en el año 2003”, reza parte de un documento-denuncia del Gobierno Territorial rama y creol en poder de LA PRENSA.
