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Comandante de la Policía ratifica que ingresará en busca de los culpables cuando lo disponga la Justicia.
Las autoridades civiles, de justicia y policía de Pastaza coincidieron en que el proceso investigativo en torno a la matanza de los taromenane debe continuar a pesar de la decisión de perdón por parte de la Organización de la Nacionalidad Huaorani de la Amazonia Ecuatoriana (Onhae).
El agente fiscal Marco Vargas, encargado del proceso investigativo, (actualmente en goce de vacaciones) dijo a EL UNIVERSO, vía telefónica, que la decisión de la Onhae no tiene ninguna validez, “ellos pueden decidir lo que quieran, pero nosotros como representantes de la justicia ecuatoriana debemos continuar con el proceso hasta dar con los responsables”, aseveró.
Indicó que el Estado ecuatoriano, respaldado por la Constitución de la República, faculta a los magistrados juzgar a las personas que cometen crímenes, trátese de quien se trate y aunque estos desconozcan la ley constitucional, “pues las pruebas demuestran que existió un crimen”.
El fiscal anticipó su rechazo al pedido que planteará la Onhae para detener las investigaciones y archivar esta causa, “no podemos detener el proceso porque ya está abierto con las primeras pruebas de rigor que demuestran la premeditación del crimen”, subrayó Vargas.
El comandante de Policía de Pastaza, Crnel. Raúl Rivadeneira, reiteró que los miembros policiales están decididos a ingresar a la zona de Tigüino u área aledaña a detener a los responsables del crimen, siempre y cuando la fiscalía emita boletas de captura con nombres y apellidos.
Entre tanto, el gobernador de la provincia, Fernando Ordóñez, sostuvo que la Fiscalía tiene la obligación moral y constitucional de continuar con las investigaciones hasta juzgar a los responsables del hecho. “Están totalmente identificados los autores”, dijo la autoridad aunque no reveló nombres para no entorpecer el proceso investigativo.
El presidente de la Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza (OPIP), Olmedo Cuji, sentenció que las autoridades civiles y policiales deben respetar la decisión de la Onhae porque los indígenas tienen sus propias leyes y la Constitución los ampara en sus derechos colectivos.
