Senador del MAS expulsado dispara acusaciones con ventilador hacia dirigentes de su partido

22.Mar.07    Análisis y Noticias

EXPULSIÓN HABRÍAN DEFINIDO EN UNA REUNIÓN EN EL PALACIO Y NO EN CONGRESO

Villca acusa a García Linera, Quintana y Santos de complot contra indígenas

El senador Lino Villca salió ayer furibundo en su defensa y denunció la existencia de un “complot palaciego” encabezado por el vicepresidente, Álvaro García Linera, que pretende destruir a los fundadores del MAS y apropiarse de esta organización para detentar el poder.

“Ahí está nuestro amigo Álvaro García Linera, que proviene de un grupo guerrillero, pero el blancoide acabó traicionando al hermano Felipe Quispe. Ahora está al lado del hermano Evo Morales, a los indígenas nos desplazarán, me pregunto eso”. Más adelante, aseguró que “los complotadores se están aprovechando de esta lucha, los fundadores estamos siendo separados de las decisiones políticas”.

Villca también acusó al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana de ser parte de este “entorno”, al que sumó al senador Santos Ramírez, a la familia Morales Olivera y a los dirigentes aliados del MSM, que encabeza el alcalde Juan del Granado, quienes serían los que “aíslan al presidente Evo Morales”.

“El pasado martes (13 de marzo), antes del ampliado nacional, ya se reunieron en el Palacio de Gobierno, (el Vicepresidente) Álvaro me llama y me dice: ´Lino ven, tienes que renunciar a tu inmunidad´. Un invitado me pide que renuncie, eso me duele. Si mi hermano Evo Morales me lo hubiese dicho era otra cosa. Al día siguiente hay ampliado y ahí sólo sacramentan la separación, ahí se ve indicios de conspiración contra el instrumento político”.

El parlamentario afirmó que los indígenas “sólo sirven para las concentraciones y no para tomar decisiones políticas estratégicas, porque esas resoluciones las toman los ministros, los viceministros.

Quienes definen son: Álvaro García Linera, Juan Ramón Quintana y mi hermano Santos Ramírez, quien está haciendo el papel de Pumacahua, traicionando a los indígenas, nos han separado a los mejores hombres del presidente”.

El escándalo desatado por el tráfico de avales del Movimiento Al Socialismo (MAS) ocasionó ayer la aprehensión preventiva de Alejandro Rodríguez, acusado por el cobro de mil dólares por un cargo en la administración pública. Al mismo tiempo, el senador Lino Villca denunció que existe un complot “blancoide” desde el “entorno presidencial” para sacar a los fundadores de esta organización.

A este problema se sumó la acción de los tres expulsados: Zenón Cochi, Ubaldo Nina y José Santos Ramírez, quienes desconocieron las resoluciones del Tribunal de Ética y una fracción de militantes y dirigentes del MAS-La Paz pusieron en duda la idoneidad de la Dirección Nacional y de sus componentes.

El recibo que condena a Rodríguez también involucra al senador Santos Ramírez, cuyo nombre aparece en el documento que firmó el acusado, aunque el legislador masista fue exonerado por el Tribunal de Ética del MAS y por la justicia.

Ayer, desde las 09:40 horas, Rodríguez estuvo en las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), con su abogado y se acogió al “derecho al silencio” en las dos causas que enfrenta: la primera presentada por Jorge Sánchez Donoso, quien entregó esta suma al acusado; la segunda presentada por Santos Ramírez y lo acusa de difamación por incluir su nombre en el documento.

A las 10:25, el fiscal Javier Salinas determinó la detención preventiva de Rodríguez por considerar que existen suficientes elementos para iniciarle una querella judicial por estafa.

El acusado afirmó que desconocía los memoriales presentados y, por tanto, necesitaba un mayor tiempo para interiorizarse de qué se trataba. El investigador David Larrea le recordó que su abogado ya tenía conocimiento de estos procesos y por tanto no podía excusarse.

Por su parte, el fiscal Salinas determinó la aprehensión y afirmó que no existe falsificación de la firma porque se comprobó que las rúbricas del recibo y de la Cédula de Identidad de Rodríguez son idénticas.

Salinas derivó el caso al juez de control jurisdiccional y esta autoridad determinará, hoy, si el acusado guardará detención durante el proceso.

En breve contacto con los medios de comunicación el acusado dijo no conocer al senador masista. “No conozco al señor Ramírez. No pasó nada, el señor Santos Ramírez no tiene absolutamente nada que ver en esto. No soy masista, no quiero declarar más”.

De acuerdo con la declaración de Jorge Sánchez, el dinero fue entregado al empleado de Rodríguez, Jhonny Claros Gamel con el que anotaron los números de los billetes de 100 dólares en el reverso del recibo. Rodríguez admitió que Claros Gamel era su empleado.

El fiscal Salinas aseguró que convocará a todas las personas que fueron mencionadas en las declaraciones de los querellantes, incluido Santos Ramírez.

El recibo firmado el 3 de mayo de 2006 afirma: “he recibido del señor Jorge Sánchez Gamarra la suma de un mil dólares a objeto de establecer condiciones laborales garantizadas por el senador Santos Ramírez, opción que determina el asumir cargo con ítem en el INE en fecha 8 de mayo de 2000″.

Tenían venia

Los expulsados del MAS y el senador Lino Villca aseguraron ayer que los avales fueron extendidos cumpliendo una resolución de 2003 de su organización que conminó a los dirigentes a exigir estos documentos para otorgar puestos de trabajo.

Todos los militantes interesados en puestos de trabajo debían solicitar los documentos a sus organizaciones sociales y los que no cumplían con el requisito eran sancionados. En 2007, en el Congreso de Cochabamba, decidieron anular este requisito, pero no comunicaron a los dirigentes.

Leonilda dice que firmó

La senadora Leonilda Zurita, que forma parte de la Dirección Nacional del MAS, aseguró el martes que firmó avales luego de verificar que el documento tenía el “visto bueno” de las organizaciones sociales y que nunca firmó de manera unilateral documentos de recomendación.

Sin embargo, apareció un aval que lleva una sola firma, la de la senadora masista. En esta carta hace conocer al viceministro de Tierras que Cristina Delia Rondo “ha sido designada para ocupar el cargo de asistente de titulación en INRA”. El 12 de septiembre, Alejandro Almaraz le hace conocer que “los organismos del MAS no tienen atribución para realizar designaciones”.

Zurita negó conocer a Elizabeth Argote, quien cobró 300 dólares a Norka Morales para buscarle un trabajo en el Ministerio de Gobierno. La senadora dijo que no conoce a Argote, pero ésta es dirigente de Cochabamba.

Expulsados no acatan resolución

Los tres expulsados del MAS, a quienes se los acusa de traficar con los avales, ayer desconocieron las medidas y al mismo presidente del Tribunal de Ética, Roberto Machaca, por considerar que fue designado “a dedo” y no por una elección en Congreso, tal como estipula su estatuto orgánico.

Zenón Cochi, quien fue acusado de firmar avales para militantes y dirigentes de otros partidos, desafió a Machaca a demostrar sus acusaciones, y afirmó que el ahora presidente del Tribunal interno perteneció a filas de ADN y, por tanto no tiene moral para juzgar a nadie”. El martes, Machaca enseñó documentación de un empleado que accedió al cargo con aval de Cochi, ese mismo empleado tiene certificaciones de militancia en el MNR.

Ubaldo Nina, también desconoció la resolución y dijo que firmó avales como dirigente y negó que hubiera realizado algún cobro. Según Machaca, Nina no podía firmar avales porque no era dirigente.

José Santos Ramírez declaró que es empleado del Servicio Nacional de Geología y que accedió a ese cargo gracias a un concurso. Ayer, negó que se hubiera hecho pasar por el hermano de Santos Ramírez, aunque aseguró que son parientes, pero que nunca utilizó ese parentesco para acceder a un cargo, por lo que desafió a Machaca a demostrar los cargos.