Comunidades originarias impiden construcción de cuartel militar

13.Feb.09    Análisis y Noticias

Cofanes paralizan construcción de un Batallón en territorio indígena

Jueves, 12 de febrero de 2009
SIEC - Actualidad Étnica. La Hormiga, Colombia.

El pueblo indígena Cofán lleva años enfrentando calamidades al suroeste del país, en el Bajo Putumayo. El sempiterno conflicto por la coca, marcado durante la última década por las continuas desapariciones y el desplazamiento forzado de la población indígena de los municipios de San Miguel, Valle del Guamuez y Orito, unido a la creciente militarización de la zona fronteriza con Ecuador en el escenario definido por el Plan Colombia y el Plan Patriota, ha tenido un impacto muy negativo y ha estimulado la percepción pesimista de los indígenas sobre las bondades de la política de seguridad democrática.
Por si fuera poco, la problemática viene en aumento durante el último lustro con la llegada de las grandes petroleras a la zona. El Presidente Uribe, con el objetivo de “cuidar la infraestructura del oleoducto”, decidió enviar una Brigada de más de 4.000 hombres al Putumayo en 2005, después de que transnacionales como Repsol obviasen la consulta previa amparándose en la invalidez de la Ley 99 de 1993 con el argumento de que el proyecto, en teoría, había comenzado antes de la fecha en la cual entraría en vigor el decreto.
Ahora, cuando numerosos estudios nacionales e internacionales han puesto de manifiesto la inutilidad de las fumigaciones y la impotencia de las instituciones oficiales para enfrentar el narcotráfico desde las premisas prácticas del Plan Colombia, pareciera que no hubiesen cambiado demasiadas cosas para los cofanes.
Especialmente desde junio de 2007, cuando un grupo de indígenas de esta etnia reclamaba en el Museo Nacional bogotano la salida del Valle del Guamuez de la Brigada Móvil Nº 13, perteneciente a la Sexta División del Ejército Nacional, colindante con el resguardo Santa Rosa y cuyo objetivo era permanecer indefinidamente en una zona considerada estratégicamente decisiva en la lucha contra la guerrilla, como demuestra la adquisición del terreno por Mindefensa un año antes.
Los indígenas se quejaban amargamente de los daños humanos y ambientales acarreados por la logística de un emplazamiento militar que, según ellos, “perturba la paz de la comunidad con los continuos vuelos de los helicópteros y, además, contamina la quebrada La Raya”, fuente de recursos y base del entorno natural ancestral del pueblo Cofán. Y no hay que olvidar las denuncias suscritas por la Comisión Intereclesial Justicia y Paz, algunas de las cuales involucran a esa misma brigada en supuestos falsos positivos durante el año 2008.
A partir de entonces y hasta el pasado 24 de enero los requerimientos indígenas parecieron caer en saco roto, pero ese día el Ministro de Defensa Juan Manuel Santos, acompañado de la diplomática Carolina Barco y la plana mayor de las Fuerzas Armadas, se reunió en las instalaciones del Batallón en La Hormiga (Valle del Guamuez) con los representantes indígenas de los resguardos afectados durante cuatro horas sin contar, eso sí, con la presencia de la Mesa Permanente del Pueblo Cofán, creada en 1998 para construir el Plan de Vida de la comunidad.
El Ministro escuchó a los indígenas y se comprometió a limitar el número de soldados permanentes de 1.400 a 300 así como a estudiar y analizar el impacto ambiental de la instalación militar, con la fecha límite del seis de febrero para responder a las peticiones de las comunidades afectadas.
Ese día el Ministerio de Defensa anunció a las comunidades que se suspendía la construcción del batallón, si bien “las instalaciones del batallón Energético-Vial no están siendo construidas en zona de resguardo”, como se apresura en aclarar su página web, que deja entrever una cuestión evidente: cuando dice “están siendo construidas” afirma sin tapujos que Mindefensa decidió comenzar la implementación de la base militar antes de hacer un informe de impacto ambiental, haciendo caso omiso a las advertencias de las comunidades locales sobre la ruina ecológica que se avecinaba.
En efecto, hace unos días la agencia de noticias Colprensa hablaba de una construcción “avanzada en más de un 60%” para albergar al Batallón Especial Energético y Vial Nº 9 en el sector La Concordia, en el municipio del Valle del Guamuez.
Así pues, se paraliza la construcción del Batallón temporalmente y “se tratará de buscar un nuevo emplazamiento”, según Mindefensa, pero con los datos que tenemos a día de hoy sabemos que el impacto humano y ambiental en la zona es ya ineludible e inexcusable.

La articulación de este Batallón responde a la puesta a punto del Comando Unificado del Sur (CUS), que “consta de 27.000 hombres, siete elementos de combate fluvial y una nave nodriza”, en palabras del Ministro de Defensa, una fuerza fronteriza cuyo propósito sería “la recuperación del orden público en toda la zona limítrofe con Ecuador”.