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Jueves 19 de Febrero 2009
Bolivia: El gobierno conocía algunas irregularidades de Santos Ramírez
La Paz, Bolivia.- El dirigente fabril y representante de la Coordinadora del Agua Oscar Olivera señaló este domingo que el gobierno fue advertido el año pasado de lo que podía hacer Santos Ramírez en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) e incluso se formularon varias denuncias sobre presuntos hechos de corrupción que no fueron tomados en cuenta.
Dijo que hace más de un año se advirtió sobre las “movidas” que Santos Ramírez estaba por hacer en YPFB. “Personalmente entregué documentación al Vicepresidente y alertaba de las graves problemas que iba a haber cuando Santos Ramírez se fue con todo su staff del Senado, y Santos Ramírez se fue ahí para robar”.
Según el dirigente, las denuncias presentadas fueron echadas al tacho y a quien formuló las acusaciones se le tachaba de opositor. “Anunciamos más casos que no quedaron en nada… Denunciamos a Nardi Suxo (actual Ministra de Transparencia) pero la señora no hizo nada y conocemos casos muy interesantes sobre ella y en su momento los haremos conocer”.
El ex Presidente de YPFB se encuentra actualmente recluido en el penal de San Pedro por varias irregularidades que habría cometido, pero afirmó una vez más ser inocente y anunció que contribuirá en las investigaciones que le iniciaron.
“Santo Ramírez tiene las manos limpias (…). Santos Ramírez es un soldado del proceso de cambio, un soldado que está comprometido no solamente con la nacionalización de la empresa, sino con todas las medidas de nuestra revolución democrática y cultural”, dijo según el informe de la agencia estatal de información.
La ex autoridad dijo respetar la decisión del presidente Evo Morales de destituirlo del cargo y en respuesta al mandato de la intervención y el proceso que se le sigue facilitará la documentación necesaria y de esa forma esclarecer las denuncias desde que su autoridad asumió el mando de YPFB el año 2006.
Ramírez fue designado en el cargo el 13 de marzo de 2006 hasta el 31 de enero de 2009. Explicó que en este corto tiempo que estuvo al frente de la empresa se reconstruyó la compañía.
A raíz de un hecho de sangre del pasado 27 de enero que derivó en el asesinato del empresario Jorge OíConnor en La Paz se observó supuestos hechos de corrupción en la estatal petrolera que salpicaron al ex Presidente de YPFB en un proceso de adjudicación de la construcción de una planta separadora de líquidos en Río Grande por más de 85 millones de dólares por parte de la empresa Uniservice Catler.
Santos Ramírez está imputado por cinco delitos: contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y asociación delictuosa.
De acuerdo a los estatutos del MAS y de acuerdo al presidente de la militancia en Potosí Cresencio Cori, la sanción a los que se les comprueba actos de corrupción es la expulsión del instrumento político. Esa sería la sanción que se aplicaría a Santos Ramírez en caso de comprobarse corrupción. Sin embargo, Cori señala que debe hacerse una investigación a profundidad y que no debe protegerse a nadie.
El senador del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) Ricardo Díaz, respecto a las primeras investigaciones que realiza la Cámara Alta dijo que “se evidencia, y hay coincidencias también con el Poder Ejecutivo, al advertir de que por decir menos hubo un manejo desordenado en YPFB, un manejo discrecional de algunos temas que hacen a estructuras tan importantes como gente que tiene que ver con tratos directorios que tienen que analizar emprendimientos, contratos que se efectivizan sin boletas medio ambientales”.
En su criterio, el directorio de Yacimientos “es un adorno en una institución en tanto no se reúne más que, creo que son en dos oportunidades, desde abril hasta el 28 de enero de esta gestión”.
El presidente interino de Yacimientos Carlos Villegas, dijo que la “decisión del gobierno es asegurar la instalación de la planta” de separación de gas en la localidad de Río Grande, en la región de Santa Cruz, y que ésta no sea interrumpida de forma alguna.
Villegas remarcó que Bolivia necesita esa planta, que separará los componentes líquidos del gas exportado a Brasil, porque de esa forma el país contará con volúmenes adicionales de gas licuado y gasolina.
La construcción de la planta fue objeto de un escándalo de corrupción que estalló con el asesinato del empresario boliviano Jorge O Connor D Arlach, ejecutivo de la firma Catler Uniservice, que tiene socios argentinos y es la encargada de la obra.
O Connor fue asesinado en el momento en que entraba en una vivienda de familiares de la esposa del ex presidente del YPFB Santos Ramírez con 450.000 dólares (unos 350.000 euros) en efectivo.
Según la oposición, ese dinero estaba supuestamente destinado a pagar una comisión ilegal por el contrato firmado en 2008 entre YPFB y Catler Uniservice para que esta sociedad construya una planta de gas por 86 millones de dólares (66 millones de euros).
