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Agencia Boliviana de Información ABI E7331 19:54:19 19-02-2009
1-P ABI: TIERRAS-ALTO/PARAPETI (Reportaje)
Gas y tierras: Alto Parapetí, al rojo vivo
Por Coco Cuba
La Paz, 19 feb (ABI) - La zona agropecuaria del Alto Parapetí, en el rico departamento de Santa Cruz y donde se enclava uno de los más promisorios acopios de gas de Bolivia, se ha convertido en un polvorín en el que terratenientes se han parapetado en defensa de sus tierras y donde el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) planea ejecutar, incluso con ayuda de la fuerza pública, una orden de reversión al Estado de 40.000 hectáreas de tierras ociosas.
Convulso desde que el presidente indígena Evo Morales instrumentó su política de redistribución de tierras entre los pueblos indígenas y originarios, Alto Parapetí, donde se halla el yacimiento gasífero de Incahuasi, aloja al menos a cinco poderosas familias de terratenientes, entre ellos al acaudalado estadounidense Duston Larsen, que resisten el proceso de reversión tras varias pericias de las autoridades nacionales en los últimos tres años.
La administración Morales ha hecho llamados para que los afectados se avengan en paz a la ley.
Bajo la consigna “ni un metro atrás”, el prefecto opositor de Santa Cruz, Rubén Costas, indeclinable opositor de las políticas reformistas de Morales, ha asumido la defensa de los afectados, se dice no más de un docena de hacendados, por el proceso de reversión de tierras en marcha.
En medio de llamados a la “desobediencia civil”, Costas se ha convertido en la punta de lanza de la poderosa Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), uno de cuyos líderes, Guido Náyar, cercano al ex dictador y mandatario Hugo Banzer, se ha posesionado en el ultraconservador Comité Pro Santa Cruz, el bunker de la oposición boliviana.
La situación se ha tensado en extremo después que el gobierno de Morales anunciara, el pasado domingo, la reversión al Estado de 40.000 hectáreas en Alto Parapetí, escenario en 2007 y 2008, de escaramuzas entre autoridades del INRA el Viceministerio de Tierras y los hacendados.
“Lo que quieren (las autoridades nacionales) es revertir tierras, lo que quieren es traer gente” del occidente andino del país que expulsada de las tierras altas de Bolivia, removida por la pobreza y expulsada por una sequía los años ’80 en Los Andes, inmigró hacia zonas rurales del tórrido este y la Amazonia de Bolivia”, protestó Costas.
El opositor presidió el miércoles último una caravana de propietarios que se trasladó desde Santa Cruz, a 900 km de La Paz, hasta Alto Parapetí.
Instalado en una testera y ante ganaderos y unos cuantos indios guaranís, el prefecto de Santa Cruz ha vuelto a aludir con epítetos a Morales, a quien en la crisis de setiembre último, mientras se gestaba un golpe de Estado denunciado por el mismísimo mandatario, trató de “cobarde” y “asesino”
Según Costas, la reversión de tierras en Parapetí, donde el gobierno constató que las posesiones privadas no cumplían con el precepto constitucional de la Función Económica Social y donde, además, se confirmó la existencia de “trabajo servidumbral”, es decir esclavitud, no representa otra cosa que la implantación de un proyecto hegemónico por parte de Morales.
“Lo que quieren es posicionar un proyecto hegemónico, racista, un proyecto que quiere dividir este país o, por lo menos, lo que quiere es atropellarlo y lo que quiere es que nosotros nos dobleguemos”, ha dicho Costas en un virulento discurso.
El director del INRA, Juan Carlos Rojas, herido en 2007 cuando trató de mensurar la propiedad de Larsen, ha advertido que “si es que se genera resistencia de manera violenta, nosotros vamos a acudir a lo que establece la ley, vamos a pedir el auxilio de la fuerza pública parta hacer nuestro trabajo y presentaremos las denuncias que corresponden”.
Alto Parapetí, situado en el límite geográfico de los departamentos de Santa Cruz y Chuquisaca, en el sudeste boliviano, está, además, preñado de gas natural.
En el corazón de la convulsa zona controlada hace algunas décadas por hacendados se encuentra Incahuasi, un municipio donde se han hallado firmes indicios que hacen suponer la existencia de tanto gas como en los sureños yacimientos de San Antonio y San Alberto, desde donde Bolivia abastece la demanda energética de Argentina (7,7 millones de metros cúbicos/día) y Brasil (30 millones de metros cúbicos/día).
Un vocero de Fegasacruz ha planteado, como medio de oposición a la política de reformas de Morales, “la desobediencia civil” a la nueva carta política, que rige en todo el país desde el 7 de febrero pasado y que plantea un Estado Plurinacional.
“Es una forma de protestar pacíficamente contra una ley, contra un programa, contra aquellos gobiernos que violan los derechos individuales”, postuló.
En Alto Parapetí, un hacendado, Juan Carlos Santiesteban, se dijo dispuesto a defender a capa y espada las tierras que posee en el lugar habitado desde tiempo inmemorial por indios guaranís.
“Ni un metro atrás en nuestras tierras productivas. Lo vamos a defender metro a metro Siempre tuvo a estos buitres acechándonos al departamento de Santa Cruz”, advirtió el terrateniente.
La poderosa Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), que agrupa a empresarios agropecuarios de Santa Cruz -la región más rica de Bolivia, donde 7 de cada 10 viven en situación de pobreza- se ha sumado a la cruzada de Costas.
El presidente de la CAO, Mauricio Roca, enunció que “que tanto los productores agrícolas, pequeños y medianos y migrantes todos estamos comprometidos con la defensa del Alto Parapetí.”.
Apostrofó, asimismo, que “vamos a estar presentes cuantas veces sean necesarias. Si es necesario que nos vengamos todos en el momento que quieran hacer un desalojo amañado y forzado con la fuerza pública, aquí vamos a estar presentes para apoyarlos en todo caso”.
En medio de discursos subidos de tono y por momentos cargados de epítetos, Rojas, del INRA, convocó a los agropecuarios a “abandonar a actitudes de confrontación”.
“Reflexionen, el camino de la violencia no conduce a ningún lado”, encareció.
La Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), que organiza a los indígenas de las tierras bajas y de los contrafuertes de la cordillera de los Andes bolivianos, fustigó el tono amenazante de los discursos de los hacendados.
El líder de la APG, Wilson Chungaray, dijo que el mitin de Alto Parapetí “ha sido solamente un ‘show’ político”.
Después del anuncio de reversión de tierras improductivas, “se suman los que ahora, entre comillas, dicen que no es el tema de la tierra (el nudo del problema) que es el tema de los recursos naturales”, mantuvo el líder guaraní.
La nueva Constitución boliviana, que consagra la propiedad inalienable del Estado sobre los recursos naturales, sienta, asimismo, los Territorios Comunitarios Indígenas (TCO), uno de los cuales aterriza en Alto Parapetí.
La riqueza gasífera explorada en la zona fue también esgrimida por la Prefectura de Santa Cruz, uno de cuyos voceros, José Padilla, dijo que detrás de las reversiones y el reconocimiento de la TCI, existe un proyecto para reducir los ingresos, por regalías, de los departamentos productores.
Las haciendas, sujeto de reversión por improductividad, son “El Recreo”, de1.935 hectáreas y cuya propiedad detentaba Aniceto Corcuy. También, “San Isidro” (3.790 has) en manos de Babil Chávez y “Huaraca” e “Itacay” (10.958 has) de Elvy Abett de Malpartida y Luis Eduardo Soriano Noriega.
Asimismo fueron revertidas a dominio del Estado los fundos “Buena Vista” e “Isiporenda” (4.477 hectáreas), de Julia Aguilera de Chávez y otros.
El proceso de saneamiento, a cargo del estatal Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), también recayó sobre el estadounidense Duston Larsen Metenbrink, que ejercía propiedad sobre las haciendas “Caraparicito I y II (15.262 has en total), emplazadas ilegalmente sobre la “Reserva Privada del Patrimonio Natural”, y “Yaguapoa”, donde se constató el incumplimiento de la Función Económica y Social (FES), prescrita en la legislación agraria del país y refrendada en el nuevo texto constitucional.
El Estado ha revertido 40.000 hectáreas de manos de cinco familias terratenientes en Alto Parapetí, , confirmó el domingo el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz en declaraciones a la ABI.
“Alto Parapetí ha llegado a ser un caso muy sensible dentro del proceso agrario boliviano porque fue el punto geográfico, y de espacio social también, en el que la resistencia violenta y sediciosa del sector agropecuario impidió el proceso de saneamiento en una acción articulada a las acciones que pretendieron imponerle al país una versión de autonomía”, por líderes civiles y autoridades de la Prefectura de Santa Cruz, refirió Almaraz.
Las tierras revertidas serán dotadas al pueblo guaraní, originario de la región del Chaco boliviano.
La administración Morales se ha propuesto dotar a pueblos indígenas de 20 millones de hectáreas, un quinto de la superficie productiva del país.
cc/rsl ABI
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opinion.com.bo
VIERNES, 20 de Febrero de 2009
Las tierras de la discordia son ricas en hidrocarburos
Hay temor entre los hacendados por las acciones que se pudieran ejecutar desde el Gobierno.
Camiri/OPINIÓN/Enviado Especial.- En el Gran Chaco, la disputa por la posesión de la tierra es cruzada por muchos intereses. Los guaraníes, tercer pueblo indígena más numeroso de Bolivia, después de quechuas y aymaras, reclaman territorio. El Gobierno, está interesado en atender su reclamo. Los hacendados afirman tener sus papeles de propiedad en orden y están decididos a defenderse. Todos saben, que esa disputa agria sobre la superficie, tiene un enorme fondo: en el subsuelo hay grandes yacimientos de hidrocarburos.
Caraparicito, la hacienda del polémico estadounidense Larsen, tiene dentro de sus alambrados el pozo Incahuasi, perforado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos hace muchos años, pero luego “tapado”, porque en esa época no había mercado para el gas natural.
El Incahuasi, es considerado un “megacampo” por los ex trabajadores de YPFB, que abundan en Camiri y en la región que conocen como la palma de su mano. Ese campo es parte fundamental de la línea de grandes reservas gasíferas de Bolivia: San Antonio, Pozo Huacaya, Puerto Margarita y Campo Bermejo, son parte de esa línea que cruza el Chaco de los departamentos de Tarija, Santa Cruz y Chuquisaca.
Es obvio que para todos los actores es asunto estratégico. Con la nueva Constitución, que reconoce las autonomías indígenas, el declarar esas áreas (las de las 40.000 hectáreas que serán retornadas a propiedad estatal), como Territorio Indígena Originario (TCO), significará el control de la riqueza, los alcances de su explotación, y las regalías, a favor del pueblo indígena guaraní.
Para el Gobierno, significará coordinar directamente con el pueblo guaraní que podrá alcanzar pronto su autonomía, la explotación y distribución del recurso, y pasar por alto a la Prefectura. Es más, evitar que la Prefectura se beneficie con las regalías de ese pozo.
Para la Prefectura de Santa Cruz es fundamental mantener la riqueza como recurso departamental, para beneficiarse con lo que reporte la venta del gas, convertido en regalía. Por ello, añadido al principio de la defensa de la propiedad privada, la Prefectura de Rubén Costas respalda plenamente a los hacendados, quienes afirman que cuentan con todos sus papeles de propiedad en orden.
Los lugareños no restan razón a los dueños de haciendas. Recuerdan, por ejemplo, que el primer conflicto con el Viceministerio de Tierras fue el ingreso de las brigadas de saneamiento, hace poco más de un año, cuando se intentó evitar ese trabajo. Pero el Viceministerio ejecutó operativos que finalmente abrieron todas las trancas. Se realizó el saneamiento y no se produjeron los grandes anuncios de “latifundio, tierras improductivas, de engorde, que no cumplen la función económica social”.
Más bien se optó, desde el Viceministerio de Tierras, por otro argumento: “la esclavitud o servidumbre”. Ya lo había anunciado el viceministro del Ramo, Alejandro Almaraz, antes de la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado: si en cualquier hacienda se encuentra un solo caso de trabajo esclavo, de servidumbre, no importa si se cumple la función económica y social, igual serán revertidas las tierras.
Y es bajo ese nuevo concepto que se anunció la reversión próxima de 40.000 hectáreas.
Los hacendados
Los hacendados de todo el departamento de Santa Cruz no ocultan su temor frente a extraños. Cerca de la ciudad de Santa Cruz fue imposible encontrar, mediante sus dirigentes en la capital, algún hacendado que acepte una entrevista en su propiedad, para tener fotos e imágenes para televisión tanto del entrevistado como de la hacienda.
Idéntica situación se repite en todo el departamento y, por supuesto, en la principal área de conflicto, en estos momentos, el gran Chaco, y específicamente en la zona de Alto Parapetí.
En esta zona cruceña existen decenas de haciendas, la mayoría muy bien equipadas, lo que significa importantes inversiones económicas. El Chaco tradicionalmente padece de sed. Este año no fue la excepción y decenas de cabezas de ganado vacuno murieron por falta de agua. La perforación de un pozo de agua cuesta al hacendado por encima de los 8.000 dólares.
Muchos optaron por hacer cavar “atajados”, para mantener el agua de las lluvias. Con el costo de tres atajados se paga la perforación de un pozo de agua. El atajado depende de la lluvia, en tanto que el pozo de agua, que precisa de una perforación superior a los 90 metros, garantiza la provisión del vital elemento. Pero además, luego de tener el pozo hay que hacer el tendido de cañerías y un motor que distribuya el agua para el uso de la hacienda y del ganado. También para riego.
El pasto es casi en su totalidad sembrado, lo que significa un costo adicional. Y recién se están haciendo contratos con la empresa generadora de electricidad en el departamento que, según el caso que se pudo constatar, el tendido de poco más de un kilómetro de cables de electricidad, que incluya alta tensión (desde el camino o carretera hasta la hacienda), significa un costo de 11.000 dólares en materiales. Los postes, y la distribución de la energía dentro de la hacienda, es presupuesto aparte. El contrato respectivo con la empresa que vende la energía dice que todo el material es propiedad de la empresa y no de la hacienda.
Además de vacas, las haciendas del Chaco crían ganado caprino, de mucho consumo en la región, y aves de corral. Pero también cultivan los alimentos para animales y humanos.
La mayoría de las haciendas, según afirman los lugareños, tiene contratos de trabajo con sus peones. Los sueldos fluctúan entre 1.200 y 700 bolivianos por mes. Los contratos están registrados en la oficina del Trabajo y todos, hacendados y peones, están afiliados a los servicios de la Caja Nacional de Seguridad Social.
Los guaraníes
Los guaraníes, el tercer pueblo indígena más numeroso de Bolivia, después de quechuas y aymaras, con casi 200.000 personas, desde el año 1987, cuando se fundó la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), reclama territorio, no sólo tierra. La demanda es reconstituir lo que fueron los territorios guaraníes hasta hace un siglo, cuando en la batalla de Kuruyuki, fueron derrotados y sus tierras ocupadas por “karais” (blancos).
Hasta el momento se han declarado varios territorios comunitarios de origen con ese objetivo, pero se estima que aún quedan unas mil familias “empatronadas”, o sujetas a las decisiones de los hacendados, sin posibilidad de contar con tierras, cultivos y ganados propios, por lo que se mantiene el reclamo.
La APG, como parte de sus demandas logró que las empresas petroleras que trabajan en la zona les reconozcan el derecho de “fiscalizar” sus actividades, lo que incluye contar con una participación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), lo que les permite generar actividad económica, con proyectos de ganadería, cultivos y apicultura, entre sus comunidades que pagan salarios más altos que los hacendados.
Del pueblo guaraní nació la demanda de creación del décimo departamento, lo que no fue atendido, pero que se considera compensado con las autonomías indígenas, sistema al que accederán con la nueva Constitución.
El 90 por ciento de los Territorios Comunitarios de Origen de los guaraníes son cruzados por las actividades de las empresas petroleras, con perforación de pozos, tendido de ductos y otras actividades.
La polémica sobre la posesión de la tierra, en el Chaco, llega incluso al área urbana. Hoy mismo, hay un conflicto entre una TCO guaraní y la Alcaldía de Camiri. La TCO tiene su límite en un extremo de la ciudad de unos 30.000 habitantes, pero el alcalde quiere que su municipio tenga una extensión mínima de 5 kilómetros a la redonda de la plaza, lo que invade el territorio indígena.
