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Ermy Araya La Nación
En una decisión que puede traer dramáticas consecuencias y reactivar el “conflicto indígena”, la Sala Penal de la Corte Suprema habría revocado el fallo dictado por el Tribunal Oral de Angol que absolvió a los lonkos Pascual Pichún, Aniceto Norín y a la activista Patricia Troncoso, alias “La Chepa” y, con ello, ordenaría la realización de un nuevo juicio contra los imputados por los delitos de amenaza e incendio terrorista que afectaron a los propietarios de los fundos Nancahue y San Gregorio de la comuna de Traiguén, ocurridos a fines de 2001.
Altas fuentes ligadas al caso consultadas adelantaron que el fallo de la Suprema se dará a conocer el próximo 2 de julio en audiencia pública, aunque las mismas fuentes sostienen que la decisión ya está tomada, restando sólo la firma de los cinco ministros que integraron el máximo tribunal.
De esta manera, los recursos interpuestos tanto por el Ministerio Público, el Ministerio del Interior como por los abogados querellantes, discutido extensamente durante doce días, toma un nuevo giro ya que para la realización de un nuevo juicio se deberá designar un nuevo tribunal integrado por tres jueces que no hayan participado en el anterior litigio.
El pasado 9 de abril, el Tribunal Oral de Angol resolvió poner en libertad a los tres imputados -tras un año de prisión- por considerar que no se podía comprobar su participación en los actos delictivos.
La decisión tomó por sorpresa a los querellantes, quienes incluso utilizaron las declaraciones de testigos sin rostro, hecho que fue duramente cuestionado por la comunidad mapuche que calificó el juicio como ilegal.
Por ello, el dueño del fundo Nancahue, Juan Agustín Figueroa, quien además fue ministro de Agricultura del gobierno de Patricio Aylwin, junto al Ministerio Público de la IX Región y el Ministerio del Interior, interpusieron un recurso de nulidad, para dejar sin efecto tanto el juicio como la sentencia del tribunal de Angol.
La cabeza a la guillotina
El abogado defensor de Aniceto Norín, Jaime Madariaga, dijo a La Nación que no es extraño que la Corte Suprema haya acogido el recurso de nulidad. Y de paso, advierte que enfrentar un nuevo juicio es “poner la cabeza en la guillotina”.
“Los querellantes presentaron 100 testigos y aún así no pudieron probar la participación de los tres imputados, porque ellos no fueron los autores de los delitos… ellos lo saben”, afirmó el jurista.
A su juicio, el “ensañamiento” desplegado por los querellantes en contra de Pichún y Norín, tiene una explicación simple: son personas pobres y vecinas de Figueroa.
A esto se suma la condición de lonkos de los dos afectados, quienes detentan cierta autoridad al interior de las comunidades mapuches. “Es absurdo pretender que cualquier delito realizado por los indígenas es culpa de un lonko”, precisó el abogado.
Pese a que Madariaga asegura que no existen fundamentos jurídicos para anular el juicio anterior, advierte que los comuneros están enfrentados a las personas “más poderosas del país”.
“Figueroa es una autoridad nacional porque además es miembro del Tribunal Constitucional como ya quedó demostrado que la lucha contra el abuso de poder no se puede ganar, recurriremos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, sentenció.
