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El Universal
Oaxaca Lunes 23 de febrero de 2009
18:57
Luego de tres días de sesiones, el Segundo Congreso Ordinario de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) determinó dar su respaldo político y revisar el proceso jurídico del caso de desaparición forzada de los integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, ocurrida el 25 de mayo de 2007.
Inclusive, el caso será llevado a la mesa de negociación con la Secretaría de Gobernación, anunció el secretario general de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Azael Santiago Chepi.
Tras dirimir sus diferencias entre organizaciones que la integran y que protagonizaron conatos de bronca en las reuniones celebradas en el hotel del magisterio, la APPO reiteró su desconocimiento a los gobiernos de Ulises Ruiz y de Felipe Calderón.
Puntualizó que la única relación que mantienen será de tipo jurídico para exigir la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos, combinando la lucha legal con la movilización en las calles.
Asimismo, recordó que el movimiento social ha dejado 26 muertos, más de 500 detenidos ��de los cuales 380 fueron torturados��, siete desaparecidos, entre ellos los dos eperristas, y las 177 medidas cautelares que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por conflictos sociales, lo cual “es preocupante y lamentable”.
El dirigente del movimiento magisterial -el cual convocó a la refundación de la APPO�� dio a conocer los resolutivos en conferencia de la prensa, en la que destacó que “la APPO es independiente en lo político, organizativo e ideológico del Estado y de los partidos políticos electorales; que no puede haber dirigentes de ninguno de los partidos políticos como dirigentes o miembros de la APPO porque esta asamblea no es trampolín político”.
Con ello, se deslindó de las próximas elecciones a diputados federales, y advirtió que “si algún militante quiere participar en el proceso electoral, tendrá que renunciar al cargo que ostente en la APPO de manera pública, con cinco meses de antes de su registro”.
Asimismo se ratificó el respeto a la autonomía de las organizaciones e individuos que decidan participar en le proceso electoral no utilizando el nombre de la APPO.
La asamblea aclaró que ya tiene una representación provisional de 85 de los 110 consejeros que conformarán su órgano de gobierno.
El próximo 7 de marzo se nombrará al resto de los delegados restantes en representación de los 71 mil maestros y las regiones que aglutinan pueblos, colonias, barrios, organizaciones y “barricadas”.
La APPO, ¿de nuevo?
Gustavo Esteva
La Jornada
El cinismo y falta de dignidad de Ulises Ruiz se combinaron en 2006 con la irresponsabilidad, ceguera e incompetencia de las clases políticas locales y nacionales para transformar una revuelta popular, un estallido de descontento, en un movimiento social y político de gran alcance y envergadura.
La campaña de represión y cooptación desatada el 25 de noviembre de 2006, que se mantiene hasta ahora, provocó la fragmentación y desarticulación del movimiento, pero al mismo tiempo le dio mayor sentido, profundidad y perspectiva. Es cierto que intimidó a mucha gente, que hasta hoy se encuentra paralizada, con miedo legítimo. Otro grupo no se paralizó por miedo, sino por frustración, por una sensación de impotencia. Aparentemente, de nada habría servido la más grande movilización de la historia de Oaxaca.
De las filas de ese grupo salió otro que llegó a la conclusión de que no había más opción que la violencia. Algunos retomaron lo que hace años se llamaba la vía armada, como camino para tomar el poder. Otros simplemente trataron de prepararse para la siguiente confrontación en gran escala con la policía, que sienten próxima.
Un grupo significativo ratificó su convicción electorera, que no había podido desahogar en el seno de la APPO. Buscan posiciones en el Congreso local y federal, para impulsar desde ahí reivindicaciones populares e intentar en su momento la conquista de la gubernatura y la presidencia de la República.
Gran parte de quienes participaron en el movimiento en 2006, acaso la mayoría, ha tomado un camino muy distinto. Se han radicalizado: vuelven a la raíz, se mantienen a ras de tierra, con la gente, en los barrios y en los pueblos. Se han hecho cada vez más conscientemente anticapitalistas. No escapan de la realidad: se saben expuestos a la dominación del capitalismo. Pero saben también que desde su vientre pueden empezar a tejer nuevas relaciones sociales, más allá de toda forma de explotación económica, en la autonomía. Se radicalizan al animarse a desafiar con lucidez el régimen político dominante. Nada esperan ya de los partidos políticos y el gobierno. Saben ya, por dolorosa experiencia, lo que no pueden dar. Y se radicalizan porque en vista de todo eso se muestran decididos a reorganizar la sociedad desde su base, con imaginación e iniciativa. Crean así, paso a paso, la fuerza política capaz de desmontar el régimen político y económico dominante desde abajo y a la izquierda, como dicen los zapatistas.
No rehuyen la lucha. Son militantes de la transformación. Pero hacen cuanto pueden para dar a su rabia sentido constructivo y evitar la violencia. Saben que da pretexto a las autoridades para la represión y reconocen su esterilidad. Si uno es el fuerte, resulta innecesaria; si es el débil, puede ser suicida, contraproducente o inútil.
El desafío actual de la APPO consiste en respetar el carácter del impulso que la define, que estaba en el origen del movimiento y determina su destino posible.
Necesita superar las tensiones y contradicciones que provocaron en su interior quienes intentaron imponerle sus propias agendas políticas. Sea cual fuere su validez y legitimidad, nunca fueron compartidas por la mayoría. Lo son ahora menos que nunca. Deben hacerse a un lado, para perseguir sus propósitos en otros espacios, o sumarse al empeño colectivo sin afán proselitista, para propósitos puntuales.
Aún más difícil es el desafío organizativo. Por aquellas agendas y otros factores, se manifestó en la APPO la tradición organizativa vertical de algunas de las organizaciones que la formaron. Se necesita hoy conseguir lo que no se logró en 2006: crear una estructura organizativa auténticamente horizontal, ajustada a la naturaleza del movimiento, capaz de respetar la autonomía de sus núcleos y al mismo tiempo de concertar su interacción y facilitar el continuo ejercicio de mutua solidaridad.
Se trata de forjar mecanismos descentralizados: ser red cuando estamos separados y asamblea cuando estamos juntos, como se dice en el Congreso Nacional Indígena, en vez de pretender que somos asamblea en todo momento o que lo es un grupo de supuestos representantes o delegados.
El riesgo que corre la APPO en su congreso extraordinario, cuyas deliberaciones prosiguen mientras escribo estas notas, es literalmente mortal: si no supera aquellos desafíos podría desaparecer. Languidecería por un tiempo, reducida a mero cascarón ritual, carente de sentido y de fuerza, con marchas cada vez más ralas.
El movimiento no se detendría. Quizás nada pueda detenerlo. Tras una fase de confusión y desconcierto, se articularía de nuevo, bajo nuevas formas, desde abajo y a la izquierda.
