Pronunciamiento del Movimiento para la Salud de los Pueblos

desde Ecuador: El Movimiento para la Salud de los Pueblos

PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO

El Movimiento para la Salud de los Pueblos
frente al modelo extractivista en el Ecuador

Cuenca, 16 de octubre de 2008

Como punto de partida es importante entender la interrelación entre los
procesos sociales, económicos, políticos y ambientales, en su
contextualización histórica y en sus nexos internacionales. Por ello, para
hablar de definiciones en materia de recursos naturales, hemos de considerar
el sistema económico-social en el que estamos inmersos, con su modelo de
desarrollo globalizado (neoliberal), que se ha vuelto insostenible,
estableciendo a la par la propuesta de sociedad nueva, en la que el progreso
se establezca por el nivel de bienestar y felicidad de los pueblos y la
naturaleza.

El capitalismo, en esencia, ha demostrado ser un sistema depredador,
causante de innumerables desastres económicos, sociales y ambientales que
afectan a todo el planeta. Evidencias las encontramos a diario, en las
condiciones de pobreza y marginalidad de los pueblos, que contrastan con la
opulencia y riqueza de reducidos grupos monopólicos. Vemos que el
capitalismo es sinónimo de injusticia e irrespeto a derechos fundamentales;
sinónimo de agresión persistente a la naturaleza, de crisis ecológica, de
desgaste de la capa de ozono, de calentamiento de la atmósfera, de pérdida
de biodiversidad y de contaminación del aire, el agua y los suelos del
planeta.

La globalización neoliberal nos ha impuesto un régimen de mercantilización
absoluta y un rol como estados “tercermundistas” en ese gran mercado
planetario. Todo se convierte en productos o servicios sujetos a las leyes
del mercado, por encima de derechos humanos y de responsabilidades
estatales. Esa visión mercantilizada se extiende a la naturaleza, por medio
de grandes corporaciones transnacionales que se apropian del agua, de la
tierra, de los yacimientos mineros, del petróleo, de nuestros conocimientos
ancestrales, de nuestra biodiversidad.

Es urgente superar esos esquemas socio-económicos y ambientales. Los
indicadores de “crecimiento económico” son engañosos y ocultan las
inequidades y la devastación, por tanto, no son una medida válida del
desarrollo. Se trata de concebir una sociedad, cuyo bienestar no sea
antagónico a la preservación de los ecosistemas, a los cuales la humanidad
se pertenece. Se trata además de cambiar la visión antropocéntrica que
conlleva una noción de poder y dominación sobre la naturaleza, para llegar a
una relación de complementariedad, de respeto y afecto, de armonía, de
ligazón profunda con la Pachamama, que permita preservar el ciclo de la
vida, esto es “la manutención del potencial de la naturaleza para absorber y
recomponerse de las agresiones antrópicas y de los desechos de las
actividades productivas”.

¿Acaso el modelo económico que buscamos es el del extractivismo y la
explotación intensiva de recursos naturales (además, no renovables), en
lugar de fomentar la producción de bienes y servicios para satisfacer las
necesidades humanas esenciales?

¿Acaso le apostamos al crecimiento económico per se (obtener el máximo de
dinero) sin importar la afección a la vida de las comunidades, a los
ecosistemas, al futuro de nuestros pueblos?

¿No será insuperablemente mejor establecer un modelo soberano, sustentable,
romper con el esquema de dependencia y de consumismo alienante al que nos
somete la globalización neoliberal?

Ante la situación actual y ante las propuestas extractivistas del Gobierno
de Presidente Rafael Correa en el Ecuador, desde el Movimiento para la Salud
de los Pueblos, planteamos los siguientes principios:

1. La supremacía de la vida por sobre los intereses económicos y de
acumulación de riqueza.
2. La protección soberana de la biodiversidad y la no mercantilización
de la vida. El patrimonio natural no será explotado para lucro privado, su
aprovechamiento sustentable será de carácter social y comunitario para
asegurar la supervivencia, el bienestar y la seguridad de las generaciones
actuales y futuras.
3. El principio de sustentabilidad en lo ambiental (acceso, uso de
recursos naturales y preservación de la biodiversidad); social (eliminación
de la pobreza y de las desigualdades sociales); cultural (conservación del
sistema de valores, prácticas y símbolos de identidad de nuestros pueblos);
y político (una auténtica democracia que garantice el acceso y la
participación de todos/as en la toma de decisiones públicas).
4. El Principio de Precaución: no debe permitirse ningún proceso
extractivista, productivo o económico que pueda agredir ambiental, social o
culturalmente a las comunidades, aun si no hubiere evidencia científica de
los daños. Igual principio debe aplicarse en el manejo de los agentes
físicos, químicos y biológicos, que produzcan contaminación en el agua,
aire, suelo y seres vivos.
5. El respeto al patrimonio cultural de nuestros pueblos originarios y
la participación plenamente informada de las comunidades en las decisiones.
6. La obligatoriedad de remediación, reparación y compensación, en
todos los casos de daños ocasionados a las comunidades y ecosistemas, por
parte de las empresas causantes. Estos delitos ambientales deben ser
imprescriptibles.
7. El Estado debe convertirse en garante de estos principios, es su
responsabilidad la defensa inclaudicable de nuestro patrimonio natural (es
un contrasentido determinar la “propiedad inalienable e imprescriptible del
Estado sobre los recursos naturales” y el “derecho soberano sobre la
diversidad biológica y áreas protegidas”, si a la par se abren las puertas a
las concesiones privadas para su explotación o a mecanismos de tercerización
de su uso y conservación).

En base a este marco general, nuestra propuesta en torno a que en el futuro
inmediato nuestro país se convierta en país minero ante el agotamiento de
los yacimientos petroleros, es Declarar a nuestro país LIBRE DE MINERÍA A
GRAN ESCALA. Las evidencias mundiales de la devastación que originan estos
procesos extractivistas (para beneficio exclusivo de las transnacionales
mineras), son más que suficientes. Además, los yacimientos mineros se
encuentran en zonas protegidas y altamente sensibles como fuentes de agua,
en uno de los países de mayor biodiversidad en el mundo.

El proyecto de ley de minería propuesto por el Gobierno, que será tratado
por la Asamblea Nacional transitoria, viola el Derecho a la Salud de las y
los ecuatorianos, garantizado por nuestra Constitución vigente en el
artículo 32:

La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula
al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la
alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad
social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.
El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales,
culturales, educativas y ambientales…

Por estas razones, demandamos que dicho proyecto de ley de minería sea
archivado definitivamente y se inicie un proceso para implementar
jurídicamente la propuesta de un Ecuador LIBRE DE MINERÍA A GRAN ESCALA.
Nuestro objetivo debe ser preservar la salud de los ecosistemas, de los
seres humanos, de las comunidades y las culturas, pues la salud depende de
una red de complejas relaciones de procesos biológicos, sociales,
económicos, ambientales, culturales, que interactúan.

Jorge Quizhpe P.
Equipo Comunicándonos
MSP-LA.
www.phmovement.org