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Ecuador: La lógica del desarrollo choca con los movimientos
por Raúl Zibechi (Uruguay)
miércoles, 11 de marzo de 2009
Pese a proclamarse socialista y defender el “buen vivir”, el presidente Rafael Correa impulsa la gran minería a cielo abierto, que en toda la región viene provocando graves daños ambientales y sociales.
“Esa izquierda infantil, ese indigenismo infantil, ese ecologismo infantil, ya están volviendo a activarse, haciendo reuniones para promover un levantamiento contra la minería”. “Con la ley en la mano no vamos a permitir esos abusos, no vamos a permitir levantamientos, que bloqueen caminos, que atenten contra la propiedad privada, que impidan el desarrollo de una actividad que es legal: la minería”.
No fue un político conservador quien pronunció esas frases, sino Rafael Correa, presidente de Ecuador, quien se proclama partidario del “socialismo del siglo XXI” y enemigo del neoliberalismo. La primera la dijo en su informe ante el Congreso Provisorio a comienzos de enero y la segunda el 12 del mismo mes, en el balcón de la casa de gobierno, en Quito [1]. Además acusó a los movimientos sociales que rechazan la Ley de Minería de ser “aliados de la derecha” en tanto el ministro de Gobierno, Fernando Bustamante, habló sobre una posible vinculación golpista entre las organizaciones indígenas y los militares[2].
Ya a comienzos de enero el clima se había caldeado cuando la policía reprimió con saña a los comuneros que protestaban en el sur del país contra la ley. “No vamos a negociar con criminales y canallas”, fue la respuesta del ministro Bustamante a los dirigentes indígenas que se defendieron de la represión reteniendo a un capitán de la policía[3].
Movilización, represión y después
El 20 de enero se enfrentaron en Ecuador dos modos de estar en el mundo. El gobierno de Correa, que poco antes impulsó y consiguió ganar un referendo por la reforma constitucional inspirada en la lógica del “buen vivir” (”Sumak Kausay” en quichua) y del abandono del modelo neoliberal, presionó al Congreso para que aprobara la Ley de Minería que fue aprobada por la Comisión Legislativa el 12 de enero. Los movimientos sociales convocaron una movilización nacional para oponerse a la explotación minera transnacional. Las fuerzas que se enfrentaron en las calles fueron muy desiguales: hubo heridos y detenidos, gases lacrimógenos y golpes.
Desde los primeros días de enero se producían manifestaciones en muchos puntos del país, por parte de indígenas y asociaciones urbanas, ambientalistas y humanitarias así como la federación de indígenas evangélicos, que cuestionaron la Ley de Minería por considerarla inconstitucional y por no haber mediado un amplio debate nacional en un tema tan importante. Las protestas fueron especialmente masivas en el sur, en la sierra andina y en la Amazonia, a través de cortes de carreteras, marchas, actos y huelgas de hambre.
Ese 20 de enero, día de la Movilización por la Vida, miles de indígenas salieron a las carreteras como acostumbran hacerlo en cada protesta. Unos 4.000 indígenas cortaron la carretera Latacunga-Ambato en la sierra sur, y otras decenas de miles en múltiples lugares del país, incluyendo protestas en Quito y Cuenca, las dos principales ciudades andinas, pero también en la Amazonia y en la Costa. Fueron marchas multicolores animadas con tambores, flautas, bombos y bocinas en las que participaron comunidades y familias enteras.
Aunque la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador)[4] siempre dijo que la movilización sería pacífica, la represión fue importante, con gases lacrimógenos y hasta disparos de bala que provocaron decenas de heridos, algunos de ellos hospitalizados. Puede decirse que la represión no fue muy diferente a la que se registró en otras ocasiones cuando en Ecuador gobernaba la derecha.
A la hora de explicar esta actitud gubernamental, Humberto Cholango presidente de Ecuarunari, la organización indígena de los quichuas de la sierra, dijo que el problema es que la derecha rodea a Correa. “El presidente debe sólo mirar a su alrededor si quiere ver a la derecha”, dijo en relación a las acusaciones vertidas por el presidente a los movimientos indios[5]. No obstante, la CONAIE debió reconocer que de las manifestaciones partieron actos de violencia contra diversas personas y policías, que justificó por la presencia de “infiltrados en una movilización legal y legítima”[6].
Lo cierto es que no hubo debate nacional sobre la Ley, pero hubo violencia en las calles, y una crisis de relaciones entre el gobierno y los movimientos sociales que deberían ser la base social de un gobierno que propone una “revolución ciudadana”. En ese distanciamiento jugaron un papel relevante los medios de comunicación que, en todo momento, buscaron crear un clima de enfrentamiento, pero también las duras actitudes de Correa y de una parte de la dirigencia social.
A la hora de hacer balance de las movilizaciones contra la minería, Acción Ecológica mostró su alegría porque “está naciendo una nueva alianza campo ciudad que recoge los principios del ecologismo”. Destacó que “los argumentos de proteger el agua, fortalecer la soberanía alimentaria, reivindicar el derecho a la consulta, desconfiar de las transnacionales, son ya comprendidos y asumidos por muchos ecuatorianos y ecuatorianas”. Se lamentó del rumbo derechista del gobierno de Correa pese a sus posiciones soberanas como la nueva Constitución y la declaración de ilegitimidad de la deuda externa. “La historia demuestra que cuando un gobierno se derechiza es muy difícil que vuelva a ser de izquierda”, concluye el balance[7].
Días después, la CONAIE envió una “Carta Abierta al Foro Social Mundial” en la que explicaba su “oposición y rechazo” a la presencia de Correa en “un espacio donde históricamente se construyen alternativas y garantías a los derechos de los pueblos y por la vida y no puede ser tribuna para un presidente con posiciones impregnadas de racismo, machismo, paternalismo, discriminatorias, sexistas y violentas”. Alertan al Foro que detrás del lenguaje de la “revolución ciudadana” se reprime y atenta contra la dignidad y los derechos y asegura que “la larga noche neoliberal está presente en Ecuador”[8].
Argumentos en disputa
El sociólogo Alejandro Moreano intenta analizar la Ley de Minería en el marco de las agudas contradicciones del gobierno de Correa. Al principio de su mandato aseguró que cuando se vencieran los contratos de las concesiones de telefonía celular a empresas privadas (Telefónica de España y América Móvil del mexicano Carlos Slim) esos servicios volverían a manos del Estado. Pero luego les renovó las concesiones por 15 años más. Algo similar sucedió con la auditoría de la deuda externa pública: después de quedar demostrado que hubo procedimientos ilícitos para contraerla, en noviembre pasado, Correa se desdijo de su idea inicial de no pagarla.
“Desde el principio, el gobierno nos ha acostumbrado a una política en que las reformas vienen acompañadas de una medida neoliberal, o a la inversa. Una de cal y otra de arena, una de izquierda y otra de derecha. ¿Cómo entender tales contradicciones? ¿Las medidas de izquierda son sólo coartadas y cortinas de humo para las de derecha?”, reflexiona el catedrático Moreano[9]. Al parecer, sólo el tiempo podrá responder estas preguntas. En todo caso, varios analistas sostienen que uno de los problemas centrales es que el partido de gobierno, Acuerdo País, tiene en su seno importantes divergencias y un amplio sector de derecha.
La Ley de Minería fue analizada con rigor por los movimientos. En los “Antecedentes” de uno de los trabajos, se recuerda que la inversión extranjera en Ecuador se ha focalizado siempre en la actividad extractiva y la agroexportación y que la división internacional del trabajo condenó al país a ser exportador de materias primas y productos primarios sin industrializar como cacao, café, banano y otros. “Por cada dólar situado en el pais, le ha rendido cuatro a la inversión foránea”[10].
Luego de la segunda guerra mundial se inicio un proceso de sustitución de importaciones y de industrialización, se realizaron nacionalizaciones y se estableció un Estado del Bienestar. Pero el país se siguió sosteniendo en base a la exportación de uno o dos productos primarios, lo que lo hizo muy vulnerable. En las últimas décadas su principal exportación es el petróleo, que sin embargo no ha sido capaz de alentar la producción nacional de bienes de capital ni impulsar la exportación de derivados del crudo por lo que “la explotación de petróleo ha devenido en fuente inagotable de pasivos sociales y ambientales”[11].
Se cuestiona también que la ley haya sido aprobada por la Comisión Legislativa o “Congresillo”, un organismo transitorio ya que en abril se realizan elecciones generales en el marco de la nueva Constitución. En el mismo sentido, los críticos sostienen que la Ley de Minería “no se corresponde con la visión de país que incorpora la Constitución vigente desde octubre de 2008″, en gran medida porque “rompe el equilibrio entre comunidades y entorno natural impidiendo el libre ejercicio de los derechos”, y, en lugar destacado, “desvirtúa el carácter plurinacional del Estado ecuatoriano”[12].
En cuanto al articulado, se considera que el artículo 2 (Ámbito de aplicación), no incluye a las personas comunitarias como sí lo hace con las personas públicas, mixtas o privadas y que el artículo 3 (Normas supletorias) incurre en la omisión de no destacar “la supremacía de la Constitución política y de los instrumentos internacionales sobre los derechos humanos y ambientales”[13].
El artículo 15 (Utilidad pública) es uno de los más cuestionados. El informe de Acción Ecológica destaca que no se establece de modo explícito que las concesiones “no deben jamás comprometer el derecho al agua, la soberanía alimentaria, las áreas naturales protegidas, los territorios indígenas y las tierras dedicadas a la producción de alimentos”. El abogado de la Fundación Pachamama, Mario Melo, enfatiza por su parte en que al declarar la actividad minera de “utilidad pública”, la Constitución autoriza a expropiar tierras en los territorios indígenas “con solo alegar un supuesto bienestar colectivo”.
A su vez el artículo 16 (Dominio del Estado sobre minas y yacimientos) coloca en lugar destacado “los intereses nacionales” que naturalmente son definidos por el gobierno de turno, y según la crítica van a responder “a los requerimientos coyunturales de ingresos fiscales, los cuales terminarán imponiéndose al objetivo permanente del buen vivir de las personas que habitan el país”[14].
El artículo 28 (Libertad de Prospección) dice que cualquier empresa “tiene la facultad de prospectar libremente para buscar sustancias minerales”, lo que les permitirá realizar estudios mineros en tierras de comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas (en Ecuador hay 14 nacionalidades y 18 pueblos indígenas). En paralelo, el artículo 90 (Procedimiento Especial de Consulta a los Pueblos) hace referencia a que dichas consultas se harán conforme al artículo 398 de la Constitución y no del 57. La diferencia es mayor: por el primero se dictamina que si una comunidad o pueblo se opone a la prospección, el diferendo “se resuelve con la decisión de la autoridad administrativa superior”. Por el segundo, la misma oposición se resuelve “conforme a los instrumentos internacionales aplicables, entre los que está la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Pueblos Indígenas, aprobada por el Ecuador, que hace necesario que el resultado de la consulta sea el consentimiento de los consultados para que se realice la actividad prevista”[15].
Como puede constatarse, uno de los aspectos más controvertidos se relacionan tanto con lo ambiental como con el respeto a los territorios indígenas que consagra la nueva Constitución, pero que la Ley de Minería no respeta integralmente.
Acción Ecologista concluye que la Ley “se inscribe en el modelo neoliberal”, ya que privilegia la inversión extranjera, otorga prioridad a los ingresos por sobre los pasivos sociales y ambientales, a la extracción de minerales sobre los derechos humanos, de las comunidades afectadas, la conservación de la biodiversidad y las fuentes hídricas. Incluso prevé abrir a la extracción de zonas naturales que están protegidas, a la vez que incluye “disposiciones tendientes a criminalizar la protesta y el ejercicio del derecho a la resistencia”.
Según el informe de Acción Ecológica, el objetivo para el Estado es que la actividad minera sea “una fuente importante de ingresos fiscales, complementaria y ulteriormente sustitutiva del petróleo”. Aunque se defiende la política de aumentar los ingresos del Estado, se considera que los aspectos regresivos refuerzan la dependencia neocolonial del Ecuador. Por último, y esto es muy grave, este modelo extractivista se aleja de la nueva Constitución que dice defender “el modelo de desarrollo humano, integral, holístico, para obtener el objetivo del buen vivir, con el ingrediente esencial de no ejercer violencia sobre las personas ni sobre la naturaleza, con la cual se debe mantener una relación de plena armonía”[16].
Los defensores de la ley aseguran que creará 300 mil puestos de trabajo, que es vital para el desarrollo del país y que no habrá contaminación. Algo que no puede corroborarse y que desmiente el pasado petrolero rediente del Ecuador. En todo caso, fortalecer el papel del Estado parece una de las prioridades del gobierno actual.
El área destinada para la explotación minera son 5,6 millones de hectáreas que equivale al 20% de la superficie del país, que incluye parques nacionales y reservas naturales concesionados desde los años 80.
Ecuador nunca había sido un país minero, pero la irrupción de esta actividad puede colocarlo en la misma senda de sus vecinos, y muy en particular del Perú. En toda la región andina la minería ha provocado la contaminación de las fuentes de agua que amenaza la sobrevivencia de miles de comunidades, hecho que está en la base del nacimiento de una nueva generación de movimientos sociales.
Clamor continental contra la minería
La actividad minera es la principal causa de conflicto ambiental en América Latina. A lo largo de la cordillera andina se registran acciones permanentes de los movimientos sociales contra la salvaje explotación de la minería a cielo abierto. Si se observa en perspectiva, el movimiento contra la minería a cielo abierto, pese a su corta vida, está creciendo de forma exponencial.
En Argentina funcionan nueve yacimientos de oro, plata y cobre, hay cinco en construcción y se exploran otros 140. Hay 70 pueblos de trece provincias afectados por la explotación minera a gran escala. Son cinco mil kilómetros de la cordillera andina donde se instalan empresas de Estados Unidos, Sudáfrica, Gran Bretaña, Suiza, Japón y, sobre todo Canadá, sede de las principales multinacionales del sector. La mina Bajo la Alumbrera, en la provincia de Catamarca, se encuentra entre las diez mayores explotaciones de cobre y las quince de oro del mundo.
En 2002, cuando comenzaron a reunirse los Vecinos Autoconvocados de Esquel, eran la única organización que luchaba contra la minería en Argentina. Hoy son más de cien las asambleas de vecinos autoconvocados que se movilizan para denunciar los grandes emprendimientos multinacionales de la minería, pero también de la celulosa y la agricultura de monocultivos, agrupados en la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC).
En Chile existe una prolongada movilización contra la mina Pascua Lama. Es un proyecto binacional (Argentina y Chile) de la canadiense Barrick Gold que extraerá oro y plata, usará 370 litros de agua por segundo, dinamitará 45 mil toneladas de montaña por día y cuenta con reservas por 20 mil millones de dólares. Hasta ahora el proyecto está trabado por cuestiones legales y por la oposición de los movimientos sociales. El movimiento de resistencia, integrado por agricultores, indígenas e iglesias denunció que Barrick Gold ocultó que los yacimientos están debajo de tres glaciares.
Pero es en Perú donde se está librando una de las más fuertes batallas por la mayor organización social contra la minería en América Latina, la CONACAMI (Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería). Se trata de una joven organización nacida en 1999, en respuesta al “boom minero” que se produjo en Perú a partir de 1993 de la mano del régimen autoritario de Alberto Fujimori. Son 1.650 comunidades de la costa, la sierra y la selva, que tienen más de mil dirigentes perseguidos por la justicia.
Perú se convirtió en el primer productor de plata del mundo, tercero de estaño y zinc, cuarto de plomo y cobre, y quinto de molibdeno y oro. Los minerales suponen 45 por ciento de las exportaciones peruanas, pero la actividad minera sólo aporta 4 por ciento de los ingresos del Estado y ocupa al uno por ciento de la población activa. La contaminación le cuesta al país 4 por ciento del producto interno bruto. Se calcula que casi una cuarta parte de la superficie del país, unos 25 millones de hectáreas, está concesionado a empresas mineras.
Ecuador puede mirarse en ese espejo. Por un lado, los conflictos sociales y ambientales de los 90 pueden multiplicarse, como ya lo anunció la CONAIE. La violación de los derechos indígenas y de sus territorios “volverá inviable los proyectos”, advirtió la organización a las empresas mineras, ya que la Ley de Minería viola el artículo 169 de la OIT que reconoce los derechos colectivos17. Pero Correa cuenta con el 70 por ciento de apoyo y saldrá victorioso de las elecciones generales a realizarse a fines de abril en el marco de la nueva Constitución.
9 de marzo de 2007
* Fuente: Programa de las Américas
Notas
1. Kintto Lucas, ob. cit.
2. Comunicado 3 de la CONAIE, 20 de enero de 2009, en http://www.conaie.org/.
3. Diario Hoy, 7 de enero de 2009, en http://www.hoy.com.ec/.
4. Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, principal organización social del país.
5. Kintto Lucas, ob cit.
6. “La CONAIE a la opinión pública nacional e internacional”, 12 de enero de 2009 en http://www.conaie.org/.
7. “Balance de las jornadas de protesta contra la minería”, Acción Ecológica, Quito, 24 de enero de 2009.
8. “Carta Abierta al Foro Social Mundial”, en http://www.conaie.org/.
9. Kintto Lucas, ob. cit.
10. “Informe sobre el proyecto de Ley de Minería”, ob. cit.
11. Idem.
12. Mario Melo ob cit.
13. “Informe sobre el proyecto de Ley de Minería”, ob cit.
14. Idem.
15. Mario Melo, ob cit.
16. “Informe sobre el proyecto de Ley de Minería”, ob cit.
17. “Minería y atentados contra el derecho a la educación”, CONAIE, 6 de marzo de 2009.
- El autor es analista internacional del semanario Brecha de Montevideo, docente e investigador sobre movimientos sociales en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor a varios grupos sociales. Escribe el “Informe Mensual de Zibechi” para el Programa de las Américas.
Referencias
CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador): http://www.conaie.org/.
“Conflictos y resistencia frente a la actividad minera”, en Acción Ecológica, http://www.accionecologica.org/.
CONACAMI: http://www.conacami.org/.
“Informe sobre el proyecto de Ley de Minería”, en Acción Ecológica, http://www.accionecologica.org/.
Kintto Lucas, “El indigenismo en pie de lucha”, semanario Brecha, 30 de enero de 2009.
Mario Melo, “Cinco razones jurídicas para oponerse a la nueva Ley Minera”, en revista Petropress No. 13, enero 2009, http://www.cedib.org/.
Movimientos sociales de Ecuador: http://www.llacta.org/.
