El Salvador: La lucha por la tierra. Un millón de familias tienen amenaza de desalojo

Un millón de familias en todo el país tienen amenaza de desalojo de tierras, informó el
Movimiento de Nacional por el Derecho a la Propiedad de la Tierra de las Comunidades
Indígenas, Campesinas y Urbanas.
Según informaron las familias de la comunidad “Victoria”, en el Bulevard del Ejército,
tienen una orden de desalojo para el próximo fin de semana.
La misma situación enfrentan los que habitan la línea férrea de los municipios de Apopa,
Ciudad Delgado y Soyapango.
Silvia Callejas, habitante de la línea férrea, pidió al gobierno salvadoreño que otorgue el
derecho a la propiedad en estas comunidades y paren las amenazas.
“De no ser así, más de un millón de familias estaríamos viviendo en la calle”, manifestó,
Callejas.
Callejas aseguró que las amenazas de desalojo las están sufriendo desde hace años.
“Hay comunidades que viven con la problemática desde hace más de 15 a 40 años, nosotros
vemos que el actual gobierno está desarrollando en la construcción de carreteras, no
tomando en cuenta que en muchos de estos lugares viven familias de escasos recursos
económicos, los cuales no tienen otro lugar donde vivir”, agregó.
Según la representante comunal, muchas de estas familias actualmente están siendo
procesadas penalmente, acusadas por los delitos de usurpación y asociaciones ilícitas.
Tal es el caso de las 102 familias que residen en la comunidad Madre de El Salvador, del
Departamento de Santa Ana, quienes el 19 de marzo enfrentaron a la justicia en el Tribunal
Primero de Instrucción, por los delitos de usurpación y asociaciones ilícitas.
“El único delito que hemos cometido es buscar un asentamiento donde vivir con nuestros
hijos, y eso nada tiene que ver con los cargos que se nos imputan”, aclaró Ana Dorotea
Romero, residente de la Comunidad Madre Tierra.
Según datos de CASALCO, en el país existe un déficit de más de 500 mil viviendas.
Piden a Salazar Romero no contaminar principal generador de agua en zona norte
Habitantes de la zona norte de San Salvador, pidieron esta mañana a la empresa de
construcción Salazar Romero no contaminar el principal generador de agua que abastece el
municipio de Apopa y Quezaltepeque.
La empresa ejecutará la construcción de la urbanización Metropolitan Center, en un terreno
de 593.171.09 m2 en la finca Suchinango, ubicada en el kilómetro 19 de Quezaltepeque.
Verónica Chicas, de la comunidad Petacones, del Cantón Joya Galana, de Apopa, dijo que
la constructora no tiene un proyecto específico para el manejo de las aguas negras de la
urbanización, lo que originaría que estas se desborden en el Río Chacalapa, que abastece a
más de 750 familias de ocho comunidades.
Chicas criticó que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Alcaldía de
Apopa y COAMSS, a pesar de las denuncias de la contaminación que generaría esta
construcción no “han dicho nada”.
Claudia Rosales, vicepresidenta de la comunidad Petacones, aseguró que han buscado un
acercamiento con la empresa, sin embargo, no “tienen acuerdos”. “Tenemos miedo por la
contaminación que puede causar al río y las enfermedades que puede adquirir los niños de
las ocho comunidades”, criticó Rosales.
Comunidades de La Labor exigen legalización de tierras
Dirigentes y miembros de las comunidades de la Hacienda La Labor protestaron esta
mañana frente al Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) para exigir la
escrituración legal de sus tierras.
Aproximadamente dos mil familias que residen en las comunidades de La Labor, ubicada
en Ahuachapán no cuentan aún con escrituras que les permitan mejorar sus condiciones de
vida.
Los habitantes de las comunidades denunciaron que tierras que les fueron otorgadas desde
el año 2002, aún no cuentan con la escrituración correspondiente, lo cual es responsabilidad
del ISTA.
“Nosotros contamos con el apoyo de ONG´s internacionales para reparar nuestras viviendas
que salieron dañadas después del enjambre sísmico, pero no nos pueden ayudar a construir
nuestras casas porque no tenemos escrituras”, expresó Armando Madrid, líder comunal.
Una comisión de cinco representantes se reunió autoridades del ISTA, quienes según el
líder comunal Adán Antonio Chanico, “se comprometió” a iniciar los trámites de medición
durante el presente mes.
Luego de la reunión los miembros de las comunidades se dirigieron hacía la Asamblea
Legislativa para continuar con los actos de protesta.