¿Sanidad, inocuidad y seguridad para quiénes? Los muertos por intoxicacion con alimentos. Si en USA mueren 5 mil anualmente. Cuantos en nuestros paises?

25.Mar.09    Análisis y Noticias

Normas sanitarias y fitosanitarias: ¿una estrategia para amañar el mercado de alimentos?
04-03-09, Por GRAIN

Del mismo modo en que la crisis alimentaria ha puesto al descubierto que la noción de ‘seguridad alimentaria’ ha sido en sí misma cooptada por un modelo que existe fundamentalmente para generar lucro, y no para alimentar a las personas, las escaramuzas actuales en torno a la sanidad e inocuidad de los alimentos ponen en evidencia que el sistema alimentario industrial no tiene nada que ver con la salud. Las normas sanitarias y fitosanitarias deberían versar sobre la salud y la cultura. Los desafíos que esto le plantea a los movimientos populares son verdaderamente importantes. Las normas sanitarias y fitosanitarias asociadas a la inocuidad de los alimentos tienen que volver a responder a las necesidades y preocupaciones locales, no a las de la industria alimentaria mundial.

A medida que la ofensiva del neoliberalismo avanza y se eliminan las medidas de protección para los mercados locales tales como los aranceles y los cupos de importación, las potencias industriales ponen la mira ahora en medidas cualitativas tales como las reglamentaciones relativas a la inocuidad de los alimentos para continuar sesgando así el mercado a su favor. En materia de sanidad animal y vegetal, tanto Estados Unidos como la Unión Europea están tratando de imponerle sus normas a los demás países. Para Washington eso significa conseguir que otros países acepten los transgénicos y sus normas de inspección de sanidad animal e inocuidad de la carne, a pesar del hecho que el sistema regulatorio estadounidense de sanidad animal y vegetal es ampliamente criticado como demasiado laxo. Para Bruselas, que se rige por normas de inocuidad de los alimentos que gozan de mucha mejor reputación, significa imponerle normas de alta calidad a países que no pueden satisfacerlas. Los tratados de libre comercio (TLC) bilaterales son hoy la herramienta predilecta para forzar esos cambios.

Corea del Sur es una de las naciones que se ha visto severamente afectada en los últimos tiempos por la estrategia estadounidense de utilizar las políticas de sanidad animal y vegetal para afianzar el control empresarial corporativo de EEUU en todos los países que se lo permitan. En marzo de 2007 se firmó un acuerdo bilateral secreto sobre organismos genéticamente modificados (OGM o transgénicos), lateralmente a la ronda final de negociaciones del TLC EEUU-Corea del Sur.[1] Ese acuerdo debilita sustancialmente la capacidad de Corea del Sur para regular el ingreso de transgénicos de origen estadounidense (ver Recuadro 1). No es sorpresa entonces que la Organización de la Industria de Biotecnología con sede en Washington recibiera con beneplácito el acuerdo, y que ese grupo probablemente haya sido el único consultado previamente.

Cuando la tinta de las firmas del acuerdo sobre transgénicos apenas se estaba secando, ya empezaron a aparecer componentes de cultivos transgénicos de origen estadounidense en las provisiones de alimentos de Corea del Sur. Hasta ese momento las leyes sobre transgénicos, y específicamente las normas de etiquetado habían impedido básicamente el ingreso de transgénicos al país, excepto algunos utilizados en raciones para animales, aceites de soja y salsa de soja.[2] Pero a finales de abril de 2008, apenas cinco meses después que Corea del Sur hubiera comenzado a aplicar el Protocolo de Bioseguridad de la ONU, cuatro fabricantes locales de almidón empezaron a importar maíz transgénico, argumentando que no tenían otra opción puesto que el maíz no modificado genéticamente se había disparado a precios astronómicos en el mercado mundial. En medio de las protestas de los consumidores, manifestaron que su expectativa era comprar 1,2 millones de toneladas de maíz transgénico de EEUU en el correr del año.[3]

Corea del Sur no es el primer país que renuncia a su derecho soberano de fijar su propia política sobre alimentos transgénicos, tras las presiones de EEUU. Tanto India como la China ya antes habían eliminado sus restricciones a las importaciones de transgénicos, tras “discusiones” bilaterales con Estados Unidos. Tailandia revocó en 2004 su legislación estricta sobre etiquetado de transgénicos, cuando EEUU le advirtió que esa normativa afectaría sus negociaciones por un TLC. Después, las empresas estadounidenses presionaron a la oficina del Representante Comercial de EEUU (USTR), a fin de que utilizara el TLC propuesto con Tailandia como elemento de persuasión para que los tailandeses autorizaran ensayos de campo con transgénicos.[4] En Malasia se ha venido dando un proceso semejante, donde los grupos de presión empresarial de Estados Unidos han tratado de forzar al gobierno malayo a que abandone la idea de imponer el etiquetado obligatorio de los productos transgénicos, como prerrequisito para la firma del TLC propuesto entre EEUU y Malasia.[5]

Pero los transgénicos son sólo uno de los componentes de la agenda general, más amplia, de prioridades de las grandes empresas en materia de sanidad animal y vegetal, que se está viabilizando a través de canales bilaterales encubiertos a puertas cerradas. Esa estrategia se la conoce con términos en clave como “basado en la ciencia”, “equivalencia” y “armonización”. Pero realmente es imperialismo económico y cultural. Eso es muy claro y evidente en el caso de Corea del Sur.

Recuadro 1 – ¿Qué implica el acuerdo de Estados Unidos Corea del Sur sobre transgénicos?

1) Obliga a Corea del Sur a restringir la evaluación de riesgos –que aplica a los productos transgénicos importados para alimentación humana, animal o para procesamiento– solamente a los usos “predeterminados”. Eso significa que las empresas estadounidenses proveedoras de productos transgénicos no se hacen responsables de ningún uso “no predeterminado” del material. Fue exactamente de ese modo que el cultivo de maíz indígena de México fue contaminado por agricultores locales que sembraron granos de maíz estadounidense cuyo uso “predeterminado” era para cocinar. Y eso ocurrió, además, porque un tratado de libre comercio (el TLCAN) prescribió la apertura del mercado mexicano a los productos agrarios provenientes de Estados Unidos.

2) Obliga a Corea del Sur a abstenerse de hacer pruebas de “rasgos apilados” (OGM con múltiples transgenes) en un embarque –por ejemplo– de semillas transgénicas, si el uso comercial de los rasgos individuales fue autorizado previamente en Estados Unidos. Un alto porcentaje –que ascendió al 35% en febrero de 2008– de las solicitudes de importación de transgénicos a Corea del Sur son precisamente para materiales con “rasgos apilados”, para uso en alimentos de consumo humano y en raciones para animales.

3) Compromete a Corea del Sur a aplicar sus leyes de etiquetado de transgénicos de manera “predecible”. Eso significa que Seúl tiene que involucrar de algún modo a Washington antes de anunciar cambios en su política en la materia. Esto se asemeja a la cláusula de transparencia estipulada en la mayoría de los TLC de Estados Unidos, según la cual los países aparceros tienen que informarle a Washington sobre cualesquier modificaciones de sus políticas, antes de adoptarlas.

4) Establece el marco para la aplicación en Corea del Sur del Protocolo de Bioseguridad de la ONU (que Estados Unidos se niega a firmar) en lo que concierne a los productos transgénicos de origen estadounidense. Como resultado de una enmienda promovida por México en nombre de los países signatarios del TLCAN, el protocolo de bioseguridad ahora dictamina explícitamente que sus requisitos en materia de documentación de los embarques no se aplican al comercio entre países signatarios y no signatarios del protocolo, cuando esos intercambios ocurren en el marco de acuerdos o mecanismos bilaterales, multilaterales o regionales. Eso significa que los requisitos de documentación estipulados en el protocolo para el ingreso de productos transgénicos no se aplicarán al comercio entre Corea del Sur y Estados Unidos.

Víctimas de la aplanadora industrial cárnica

Como muchos otros países del mundo, Corea del Sur impuso en 2003 una prohibición total a las importaciones de carne de origen estadounidense, cuando un caso de encefalopatía espongiforme bovina (EEB o BSE por sus siglas en inglés, también conocida como ‘enfermedad de las vacas locas’) fue detectado en una res en Estados Unidos. La industria estadounidense de la carne se disgustó mucho, ya que Corea del Sur constituía su tercer mayor mercado de exportación. En 2006 los funcionarios de comercio de EEUU obligaron al gobierno surcoreano a reabrir parcialmente sus fronteras al ingreso de carnes estadounidenses, como prerrequisito para las negociaciones del TLC EEUU-Corea del Sur.

Desde entonces, Estados Unidos está embarcado en una ofensiva para recuperar sus valiosos mercados de exportación de carnes en Corea del Sur y otros países, mediante una estrategia doble que consiste en el establecimiento de su propio sistema de inspección de sanidad animal, consiguiendo luego que el resto del mundo lo acepte como seguro. Dado que EEUU examina por la EEB solamente al 1% de su rebaño bovino cada año, Corea del Sur y otros países son muy escépticos de la eficacia de ese sistema de control estadounidense.[6] EEUU trató entonces de ejercer su poder influencia en otros ámbitos y encontró eco en la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) –el organismo normativo internacional de la sanidad animal reconocido por la Organización Mundial del Comercio– que dictaminó que las carnes de Estados Unidos son fiables, sanas e inocuas (ver Recuadro 2).

Recuadro 2 – Lo que importa son las reglas, no la enfermedad

La estrategia de Estados Unidos en la OIE ha sido modificar las directrices para el comercio desde países con EEB, de manera tal que la condición sanitaria del país no se base más en la presencia o no de la EEB, sino en una ‘evaluación científica de riesgo’ de las medidas de control que el país en cuestión adopta para evitar que la EEB se cuele en las exportaciones. Estados Unidos dio un primer paso en esa dirección en 2003, cuando estableció una nueva categoría sanitaria de “riesgo mínimo” como parte de sus propias reglamentaciones aplicables a los países que exportan carnes a EEUU. Después promovió exitosamente una resolución en la OIE, adoptada en 2006, que efectivamente abolió las cinco categorías utilizadas originalmente para calificar la condición sanitaria de los países, y estableció en su lugar tres categorías nuevas –“riesgo insignificante de EEB”, “riesgo controlado de EEB” y “riesgo indeterminado de EEB”. Al mismo tiempo se decidió que la OIE, que hasta entonces determinaba solamente si un país estaba o no ‘libre de EEB’, podría ahora determinar si un país debía o no ser considerado como de “riesgo controlado”. Si un país obtiene esa calificación, eso quiere decir que puede empezar a exportar nuevamente con mayor facilidad.

En su sesión general celebrada en Paris en mayo de 2007, y con la presencia de manifestantes surcoreanos en las calles, la OIE publicó su primera lista de países con “riesgo controlado”, en la que Estados Unidos, como era de esperar, figuraba entre otros. Estados Unidos aprovechó inmediatamente ese dictamen. “Utilizaremos esta convalidación internacional para instar a nuestros socios comerciales a que reabran sus mercados de exportación a toda la gama de productos cárnicos y ganaderos de Estados Unidos”, declaró el Secretario de Agricultura de EEUU, Mike Johanns. “Emplearemos todos lo medios a nuestra disposición para asegurarnos que los países tomen medidas rápidas para adecuar sus requisitos a las normas internacionales”.

[Declaraciones del Secretario Mike Johanns al respecto de la clasificación de Estados Unidos por la OIE, 22 de mayo de 2007]

El dictamen de la OIE no obligó a Corea del Sur a modificar su reglamentación, pero como el tema estaba tan íntimamente ligado al TLC que en ese momento estaba a punto de ser firmado, Seúl cedió y reabrió sus mercados al ingreso de carnes de origen estadounidense. No obstante, el gobierno surcoreano sí impuso una condición importante: la carne importada no puede contener “material especificado como riesgoso” en términos de la EEB, como es el caso de los fragmentos óseos. La industria cárnica estadounidense parece tener dificultades para cumplir con este requisito relativamente sencillo, y los tres primeros embarques de carne de EEUU a Corea del Sur tras la reapertura del mercado surcoreano fueron rechazados por la presencia de fragmentos óseos.[7] En junio de 2007 Seúl decide suspenderles todos los permisos de exportación a los proveedores de EEUU, tras haberse constatado que dos embarques de productos cárnicos de las empresas Cargill y Tyson habían sido exportados a Corea del Sur sin los certificados de cuarentena necesarios.[8] Pero en lugar de tomar medidas para cumplir con las normas surcoreanas, la industria cárnica estadounidense –respaldada por legisladores del Congreso en Washington que no aprobarían el TLC a menos que Corea del Sur abriera totalmente su mercado a las carnes de EEUU—insistió que Corea del Sur debía modificar sus criterios y aceptar toda la carne vacuna de origen estadounidense, incluso aquella con fragmentos óseos y demás.

Convulsión social

El 18 de abril de 2008, con el TLC ya firmado pero pendiente todavía de la necesaria ratificación parlamentaria en ambos países, el nuevo presidente electo de Corea del Sur Lee Myung-Bak voló hasta Camp David en Estados Unidos para reunirse con George Bush. Allí mismo, lateralmente, el representante surcoreano de agricultura aceptó un conjunto de demandas muy detallado del gobierno estadounidense, con el fin de resolver el asunto del bloqueo a las exportaciones de carne de ese origen y allanar así el camino para el TLC: es una lista que consta de seis páginas de requisitos de importación de carnes, que básicamente le garantiza a EEUU todo lo quiere, y más.[9]

Ese protocolo sobre carnes abre las fronteras de Corea del Sur al ingreso de casi cualquier tipo de carne vacuna proveniente de Estados Unidos, y restringe enormemente los controles y medidas correctivas a disposición del gobierno surcoreano en caso de existir sospecha de problemas. Sumado a la revisión de las normativas internas de EEUU sobre qué no se le puede dar al ganado y los animales de granja como alimento (la prohibición asociada a las raciones para animales conocida como ‘enhanced feed ban’) –a la que queda sujeta el protocolo– el acuerdo debilita severamente las normas de sanidad e inocuidad de los alimentos que protegen a los consumidores surcoreanos.[10] El presidente de R-CALF, un grupo de incidencia de los ganaderos de Estados Unidos, describe con franqueza cómo afecta a los proveedores esa prohibición: “Esta prohibición de ciertos tipos de raciones sigue siendo más débil que cualquiera que se aplique en otros países que buscan controlar y mantener a raya la EEB. Estados Unidos sólo está suprimiendo de la alimentación animal dos de los tejidos de alto riesgo” –específicamente las amígdalas y los ojos. Puesto que la EEB se propaga alimentando al ganado con restos y subproductos de otras reses (infectadas), muchos sostienen que EEUU está haciendo realmente muy poco para controlar la enfermedad, y por ende está forzando a Corea del Sur a aceptar los riesgos.

El protocolo de las carnes ha generado mucha convulsión en Corea del Sur, ya que los surcoreanos simplemente no quieren que se les obligue a tomar esos riegos.[11] Varias ciudades se han visto sacudidas por manifestaciones nocturnas, algunas de las cuales han movilizado más de 100.000 personas, y los sindicalistas están pensando frenar con sus cuerpos el desembarque de cualquier cargamento de carnes vacunas de Estados Unidos. En un intento vano de calmar los ánimos, ambos gobiernos firmaron un nuevo protocolo de entendimiento mutuo según el cual Washington reconoce el derecho de Seúl a frenar las importaciones de carnes vacunas estadounidenses –pero sólo en caso de registrarse la presencia de la EEB, confirmada por EEUU. Las sospechas de brotes infecciosos de EEB no podrán ser invocadas como motivo para interrumpir los flujos comerciales. Mientras que el gobierno de Lee se debate entre los reclamos de los surcoreanos que exigen que se renegocie todo el acuerdo y la negativa de EEUU a hacerlo, el fondo del asunto es que el gobierno de Estados Unidos está forzando a otro país a eliminar sus medidas precautorias contra posibles amenazas a la salud derivadas de una industria alimentaria plagada de ellas.

Otros casos además de Corea del Sur

La experiencia que le ha tocado vivir a Corea del Sur no es única. Varios otros países ya claudicaron ante las presiones y han renunciado a su derecho a definir sus propias reglamentaciones en materia de inocuidad de los alimentos aplicables a las importaciones de carnes de origen estadounidense, referidas no solamente a la EEB sino asimismo a una gama de problemas de sanidad animal e inocuidad de los alimentos que afectan a la industria cárnica de EEUU. A los ojos de las empresas estadounidenses del sector, el ‘acceso al mercado’ que esperan obtener a través de los TLC que Estados Unidos negocia implica un doble proceso: exigir la eliminación no sólo de los aranceles sino también de las restricciones sanitarias y fitosanitarias. Las empresas avícolas estadounidenses han sido particularmente inflexibles al respecto. Las exportaciones son importantes para estas empresas, ya que la demanda interna se compone más que nada de carnes blancas, motivo por el cual disponen de grandísimos y crecientes excedentes de carnes oscuras, sobre todo muslos de gallina. Sus exportaciones ascienden actualmente a unos US$5.000 millones anuales.[12] Pero muy pocos países están dispuestos a aceptar importaciones de presas de pollo de EEUU, debido a la cantidad de hormonas y residuos de antibióticos que contienen, y porque son reacios a permitir que sus avicultores locales sean llevados a la bancarrota por las importaciones de presas de pollo baratas, que se venden a precios tan absurdamente bajos que el sistema en su conjunto realmente equivale a dumping (ventas a precios por debajo del costo de producción local). De modo que las grandes empresas avícolas como Tyson y Cargill están apostando a que los procesos de negociación de los TLC les den mayor poder de influencia para abrir esos mercados.

El TLC de Estados Unidos con Marruecos sentó un primer precedente. Marruecos bajó drásticamente los aranceles, y luego accedió a aceptar los certificados de exportación emitidos por inspectores de EEUU como “la manera de verificar el cumplimiento de las normas sobre hormonas, antibióticos y otros residuos” para las industrias cárnica y avícola.[13] Poco tiempo después, en el contexto de las negociaciones del TLC EEUU-Panamá, éste último país aceptó reconocer la “equivalencia” de las inspecciones estadounidenses para las carnes y el sistema de calificación de carnes vacunas estadounidense, y permitir el ingreso de todas las exportaciones de carnes vacunas de Estados Unidos que se ajusten a las normas de la OIE.

El TLC de Estados Unidos con América Central significó otra victoria importante para las empresas avícolas estadounidenses. Las empresas avícolas centroamericanas, que tradicionalmente han estado protegidas por barreras arancelarias, son poderosas y cuentan con conexiones políticas muy influyentes. Estados Unidos manifestó su preocupación por el hecho que la eliminación de los aranceles dispuesta por el TLC podría precipitar “a los avicultores centroamericanos a impedir el ingreso de pollos y productos avícolas de origen estadounidense, echando mano de barreras técnicas sanitarias”.[14] El Salvador, Honduras y Costa Rica aplicaban desde hacía tiempo una línea dura contra la salmonela en las importaciones, lo que en efecto significaba prohibir las importaciones de pollos frescos de EEUU, donde esa bacteria pulula. Para disgusto de la industria avícola estadounidense, Honduras aplica además reglamentaciones de importación muy estrictas contra la gripe aviar. Antes, los países centroamericanos siempre habían podido ignorar las protestas de Estados Unidos cuando reclamaba que esas medidas eran “arbitrarias” y “reñidas con la ciencia”, ya que hasta ahora habían sido autosuficientes en materia de pollos y productos avícolas. Pero las negociaciones del TLC cambiaron la dinámica y la correlación de fuerzas. A través de un grupo de trabajo paralelo sobre normas sanitarias, EEUU consiguió que se aprobaran esas “modificaciones difíciles” y que todos los países accedan a “reconocer la equivalencia del sistema estadounidense de inspecciones y sanidad alimentarias”.[15]

En otros países, las empresas cárnicas estadounidenses se han valido de los TLC para apuntarse victorias aún más espectaculares. El TLC de Estados Unidos con Perú es un buen ejemplo que viene al caso. La vicepresidenta de Tyson Foods encargada de las relaciones con el gobierno federal calificó este TLC como “el mejor acuerdo de acceso al mercado para la industria avícola que jamás se haya negociado en un tratado de libre comercio”.[16] Tyson y otras empresas avícolas estadounidenses consiguieron por esa vía no sólo acceso al mercado libre de aranceles para sus muslos de pollo, sino que lograron que el Perú se comprometiera específicamente a aceptar el sistema estadounidense de determinación de la situación sanitaria de un país. Más notable aún es el hecho que el Perú aceptó adoptar las normas sanitarias de EEUU relativas a la inspección de las instalaciones de los frigoríficos y las plantas de procesamiento avícolas.

Eso significa que el Perú y otros países que han firmado acuerdos similares tendrán que permitir ahora que Estados Unidos vuelque en sus mercados sus excedentes de carnes de baja calidad. Las consecuencias para sus industrias locales serán inmediatas y brutales, especialmente para los pequeños productores. Las grandes empresas avícolas de EEUU ya están aprovechando el nuevo acceso al mercado que han obtenido por esa vía para comprar y absorber a productores locales e integrarlos directamente a sus cadenas productivas transnacionales, tal y como hizo Cargill recientemente cuando se apoderó de dos empresas avícolas importantes en Honduras y Nicaragua.[17] Algunas pocas empresas quizás consigan sobrevivir, fusionándose y ampliando sus operaciones en el ámbito internacional. El grupo avícola guatemalteco Multi Inversiones, por ejemplo, se expandió hacia los países vecinos y también hacia el Brasil. Pero es muy poco probable que ninguna de esas empresas pueda utilizar los TLC para establecer presencia comercial en el mercado estadounidense. Aunque los TLC en teoría les brinden a los avicultores de esos países alguna posibilidad de acceso al mercado estadounidense, en la práctica, el sistema de inspección de EEUU tenderá a impedir el ingreso de todos ellos, excepto quizás de los más grandes. Sólo hay tres usinas avícolas de Chile y dos de Costa Rica que están habilitadas y certificadas para exportar a Estados Unidos. En El Salvador, Honduras, Guatemala y Marruecos no hay ninguna. Las fábricas avícolas de México –que es un gran productor avícola que cuenta con un TLC con EEUU– ubicadas a pasitos del mercado estadounidense, pueden obtener la autorización para exportar productos avícolas procesados a EEUU, solamente si éstos son faenados en Estados Unidos bajo inspección federal del gobierno de ese país![18]

La Unión Europea es aún más estricta en sus requisitos. A las exportaciones de carne del Brasil, que es su principal proveedor externo, la UE les exige no sólo la certificación de los frigoríficos sino también de los establecimientos ganaderos. En febrero de 2008, sólo hubo 106 establecimientos en todo el Brasil que obtuvieron la habilitación para exportar carnes a la Unión Europea, lo cual significa que sólo las mayores empresas brasileñas de productos cárnicos podrán tener acceso al mercado europeo de alto valor. O veamos el caso de la India. El gobierno de la India está tratando febrilmente de negociar un TLC con la Unión Europea que le permita mejorar significativamente su acceso a los consumidores de la UE. Pero la Unión Europea está exhibiendo una línea sumamente dura con respecto a las normas sanitarias y fitosanitarias. En primer lugar y como regla general, sostiene que sus normas sanitarias y fitosanitarias asociadas a la inocuidad de los alimentos “no son negociables”, ni siquiera en el contexto de una ‘negociación’ por un TLC.[19] En segundo lugar, les impone a los productores y procesadores de alimentos extranjeros exigencias que rayan en lo absurdo. Hace diez años, la UE prohibió la importación de todo tipo de productos pesqueros de la India, argumentando que sus requisitos de importación no estaban siendo satisfechos. Entre ellos se incluía uno que exigía que los techos interiores de las plantas de procesamiento y empaquetado de pescado fuesen lavados con agua potable![20] Esto en un país donde cerca del 40% de la población carece de agua potable. El gobierno en Nueva Delhi califica este tipo de normas de inocuidad de los alimentos como “paranoia”, pero no le va a ser nada fácil conseguir que la UE le de la razón.[21] La Unión Europea también está empezando a apretar las tuercas en sus exigencias de bienestar animal en la producción de alimentos, a través de sus TLC.[22]

Recuadro 3 – Prohibición de la Unión Europea a las importaciones de pollos

La gente quizás no lo sepa, pero la Unión Europea tiene prohibidas las importaciones de pollos de Estados Unidos desde 1997, debido a la práctica estadounidense de bañar en cloro a los pollos faenados antes de embarcarlos para la exportación. En lugar de exigir demasiados controles higiénicos que, según dicen, serían muy costosos para la industria, las autoridades estadounidenses ordenan simplemente que las carcasas de pollo sean sometidas a un baño intenso de cloro antes de ser empaquetadas para la exportación. Bruselas está sometida a fortísimas presiones bilaterales de Washington para que levante esa prohibición. “Estados Unidos puede hacer lo que quiera en su casa, pero los consumidores europeos tienen otras exigencias”, expresó recientemente el Ministro de Agricultura de Francia en defensa de la prohibición. “Quieren controles a lo largo de toda la cadena de producción, no una desinfección brutal al final de la cadena”.

[Fuente: “EU farm ministers balk at moves to permit importation of chlorine-treated US poultry”, International Trade Daily, BNA, mayo 20 de 2008.]

¿Sanidad, inocuidad y seguridad para quiénes?

La hipocresía que entraña todo esto es asombrosa. Cada año, 76 millones de estadounidenses –uno de cada cuatro– caen enfermos por intoxicación con alimentos, y 5.000 mueren por ese motivo.[23] En el transcurso del año pasado solamente, cerca de 200 millones de libras de carne tuvieron que ser retiradas del mercado estadounidense porque no era seguro consumirla.[24] En mayo de 2008 la administración Bush revirtió agresivamente –e ilegalmente, dicen algunos– la decisión de un tribunal que autorizaba a Creekstone Farms, una empresa estadounidense empaquetadora de carnes que quiere comercializar sus productos como ‘libres de EEB’, a examinar a todas sus reses para detectar eventuales casos de enfermedad de las vacas locas. En Washington sostienen que esos exámenes generan “falsas garantías”, pero su preocupación en realidad es proteger a las grandes empresas del sector y evitarles la obligación de tener que llevar a cabo ese tipo de controles.[25] (Y es aquí donde el asunto se torna más complejo. Para fines de 2008, cuando se hayan concluido todos los trámites burocráticos, la industria frigorífica de Estados Unidos va a estar dominada por una empresa brasileña, la JBS. El ganado se va a seguir faenando en EEUU, pero el comando central estará en Sao Paulo, y por eso no será tan sencillo hablar simplemente de ‘carne estadounidense’.)

En realidad, muchas empresas alimentarias y de comercio minorista de Estados Unidos y Europa ya admiten tácitamente que las normas gubernamentales supuestamente “basadas en la ciencia” son inadecuadas. McDonald’s y otras cadenas de comida rápida le aplican sus propios programas de inspección a sus proveedores de carnes. Y las grandes cadenas de comercio minorista y supermercados como Wal-Mart y Costco disponen de sistemas propios de certificación privada, a través de los cuales se les exige a los distribuidores, procesadores e incluso a los agricultores, cumplir con onerosas normas específicas –empezando por los agricultores, a quienes se les impone el tipo de semillas que deben sembrar (por ejemplo, que se ajusten a la UPOV!).[26] El uso de normas privadas para controlar lo que ocurre desde el predio agropecuario hasta la góndola del supermercado se está extendiendo a tal grado –con los europeos encabezando la imposición de sus normas como las normas internacionales–[27] que los gobiernos en todo el mundo se están viendo en aprietos, tratando de conjugar sus responsabilidades públicas (de protección de la salud pública) con las agendas privadas (normas alimentarias) que se han instalado en el corazón mismo del sistema.

Del mismo modo en que la crisis alimentaria ha puesto al descubierto que la noción de ‘seguridad alimentaria’ ha sido en sí misma cooptada por un modelo que existe fundamentalmente para generar lucro, y no para alimentar a las personas, las escaramuzas actuales en torno a la sanidad e inocuidad de los alimentos ponen en evidencia que el sistema alimentario industrial no tiene nada que ver con la salud. Las normas sanitarias y fitosanitarias deberían versar sobre la salud y la cultura. Y deberían admitir la diversidad –desde la producción hasta el consumo, abriendo espacio para que se respeten las preocupaciones de los consumidores. En lugar de eso, se nos está obligando a aceptar criterios cada vez más uniformes respecto a qué constituyen alimentos sanos e inocuos y cuáles riesgos son admisibles. Esa uniformidad, ya sea que la llamen armonización o integración, está motivada fundamentalmente por las necesidades de las empresas mundiales de agronegocios y las cadenas de supermercados. Las normas vacías de Estados Unidos, donde las reglamentaciones están formuladas para beneficiar a los grupos de presión empresariales, representan un peligro muy real y presente. Pero incluso en la Unión Europea, que esconde más discretamente su agenda económica, la corriente imperialista subyacente es muy preocupante. Mañana quizás ocurra lo mismo con las potencias alimentarias emergentes como el Brasil.

Los desafíos que esto le plantea a los movimientos populares son verdaderamente importantes. Las normas sanitarias y fitosanitarias asociadas a la inocuidad de los alimentos tienen que volver a responder a las necesidades y preocupaciones locales, no a las de la industria alimentaria mundial. www.ecoportal.net

Notas:

Este articulo esta basado en un trabajo hecho en colaboracion con Christine Ahn del Instituto de la Politica Coreana et de los Coreanos Americanos para el Comercio Justo: Christine Ahn y GRAIN, “Food safety on the butcher’s block”, Foreign Policy in Focus, 18 de abril de 2008, http://www.bilaterals.org/article.php3?id_article=11850