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San José (elpais.cr) - La Federación Ecologista Costarricense (Fecon), denunció ataques a miembros de Kioscos Ambientales, de la Universidad de Costa Rica (UCR), la amenaza de muerte contra un activista en la zona sur, la represión y criminalización a los que luchan por la vida.
Heydi Murillo, presidenta de Fecon, dijo a Nuestro País que el Gobierno de Costa Rica y las autoridades judiciales deben investigar las amenazas, y poner fin a la criminalización de las acciones de protesta contra los que luchan por la protección del ambiente.
Entre tanto, en un comunicado divulgado este domingo por los ecologistas, afirma que hay antecedentes importantes para entablar una denuncia a nivel nacional e internacional “sobre las amenazas, muertes, atentados y la criminalización de la lucha social y ambiental, así como otras formas de violencia e intimidación que los aparatos represivos gubernamentales y privados ejercen sobre nuestras comunidades y organizaciones ecologistas y sociales costarricenses”.
“El trabajo que hacemos los y las ecologistas o activistas sociales tiene que ver con la defensa de la vida, con el respeto y con la solidaridad. Rechazamos todo tipo de amenazas a la integridad física de cualquier persona que en cualquier parte de nuestro territorio esté trabajando por un país ambientalmente sano y socialmente justo”.
Añade la denuncia que cualquier tipo de atentados a su labor será tomada como una amenaza a todo el país y a todos los y las ecologistas.
“Sabemos que la inseguridad ciudadana en general afecta a todos y todas, pero la abominable lista de amenazas y atentados que ecologistas y luchadores populares han sufrido en los últimos años y que todavía están en la impunidad nos obliga a poner atención a todo hecho de violencia en torno a compañeros y compañeros en el desempeño de su labor de acción social”, afirmó.
Añadió que “estamos conscientes de los intereses económicos y políticos que enfrentamos, intereses que no solo violan la leyes y amenazan la vida del planeta, si no las nuestras como luchadores y luchadoras ecologistas que somos”.
“Solicitamos al Consejo Universitario de la UCR y las otras Universidades Públicas, así como a sus autoridades universitarias seguir apoyando este importante programa de Acción Social y todos aquellos otros que acompañan el trabajo de las comunidades”, pidió Fecon.
Además, Fecon invita a las organizaciones, sociales costarricenses y sus diferentes sectores y a la comunidad nacional en general a rechazar este tipo de amenazas y formas de criminalización.
La semana anterior, el Semanario Universidad denunció que dos miembros del Proyecto Kioscos Ambientales de la Universidad de Costa Rica, mientras dormían durante la noche en un hotel de la comunidad de Puerto Viejo, Talamanca, en el Caribe, fueron asaltados violentamente por dos hombres con rostros cubiertos que pateando la puerta se llevaron todas las pertenecías, equipos y materiales de trabajo (denuncia judicial 025-09-00095).
Kioscos Ambiental de la Vicerectoría de Acción Social nació del trabajo informativo que la UCR estableció en el Referendo del TLC. Actualmente trabaja en Talamanca y diversas regiones del país, junto a comunidades ambientalmente amenazadas o afectadas por actividades como la expansión de monocultivos, el incontrolado desarrollo inmobiliario y turístico, la explotación irracional del ambiente y la violación de regulación ambiental.
Por denunciar e informar públicamente esos problemas, el proyecto ha recibido distintos tipos de presiones directas e indirectas de grupos empresariales, políticos y anónimos cuestionando el papel de compromiso de la Acción Social Universitaria con distintas problemáticas ambientales.
A este hecho se suma las recientes amenazas de muerte y el saqueo de la oficina del computador del activista de la Zona Sur, Aquiles Rivera, quien ha venido participando y promovido actividades por la defensa del ambiente así como el combate a los problemas de contaminación de la producción de piña.
Para Carlos Arguedas, del Sindicato de Trabajadores de las Plantaciones, en el Caribe, estas amenazas tratan de impedir la lucha por un ambiente sano, y refirió que 14 personas de Siquirres enfrentan un juicio por haber protestado contra la contaminación con agroquímicos por parte de una empresa productora de piña.
“Nos cobran 300 mil dólares por supuestas pérdidas de la empresa durante una protesta por reclamar el derecho a consumir agua libre de agroquímicos. Ellos violan las leyes sanitarias, contaminan las fuentes de agua y no pasa nada, pero nosotros reclamos nuestros derechos y nos reprimen”, reclamó Arguedas.
Por otra parte, en Sardinal, Guanacaste, tres activistas enfrentan un proceso penal por protestar contra la construcción de un acueducto ilegal, que pretendía trasladar el líquido del acuífero que nutre a la población para 22 proyectos inmobiliarios, entre ellos hoteles, villas con piscinas y amplios jardines, condominios y centros comerciales.
Recuerdo
La Federación Ecologista recordó que en el pasado se registraron varios hechos lamentables como la muerte en circunstancias no esclarecidas del líder indígena Antonio Zuñiga, luchador en contra de la cacería ilegal, en la Reserva Indígena de Ujarrás, Cartago, en abril de 1989.
Además, la muerte, a balazos, no esclarecida de Oscar Quirós, dirigente de la Lucha en contra la deforestación en Sarapiquí en diciembre 1992.
Asimismo, las constantes amenazas y presiones recibidas, en momentos culminantes de sus luchas, por diferentes miembros del movimiento ecologista que han denunciado y luchado contra el daño ambiental provocado por distintos proyectos. Entre estos casos se pueden mencionar las amenazas a la escritora Ana Cristina Rossi, a la periodista Patricia Sánchez, y el del ingeniero forestal León González.
Por otro lado, el incendio simultáneo, Abril de 1995, de las viviendas del Geólogo Wilfredo Rojas y la trabajadora social Elizabeth González, profesionales integrados a la Campaña Contra de instalación del Relleno Sanitario en Cordel de Mora.
La muerte en un incendio, cuyas causas no fueron esclarecidas satisfactoriamente por la investigación oficial, de Oscar Fallas, Jaime Bustamante y María del Mar Cordero, dirigentes de la Asociación Ecologista Costarricense (AECO), el 7 de diciembre de 1994. Meses después la muerte de David Maradiaga, tras una misteriosa desaparición de tres semanas.
También, la represión y arresto de ecologistas en una marcha pacífica para demandar una moratoria a la desforestación en la Península de Osa en febrero de 1999.
Recodaron la demanda interpuesta al programa sobre temas ambientales Era Verde, de Canal 15 de la Universidad de Costa Rica y a los ecologistas Marielena Fournier y Fredy Pacheco en agosto de 2007.
Destacaron que el líder comunal de Desamparados de Alajuela Abel Sánchez Solórzano fue demandado por denunciar el proceso urbanizador y sus efectos sobre la naturaleza y los recursos hídricos del cantón central Alajuelense.
Por otra parte, recordaron que el movimiento Ambiental Mesoamericano sufrió el asesinato hace catorce años de Jannette Kawas razón por la que el Estado Hondureño fue condenado recientemente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Fecon denunció que organizaciones y comunidades de Honduras, El Salvador, Panamá y México han sufrido represión, detenciones, asesinato y judicialización. Y la misma situación se da en Guatemala con las poblaciones indígenas y dirigentes de organizaciones sociales y ambientales, donde recientemente el compañero Yuri Mellini sufrió un atentado y son constantes las amenazas, asesinatos sobre las comunidades.
