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Gobierno colombiano tratará de espantar en Europa los fantasmas que existen contra política de Álvaro Uribe
Este jueves se realizará en Londres una sesión preliminar de la Mesa de Coordinación y Cooperación con Colombia, que es básicamente la reedición de las mesas de aportantes hechas por el gobierno Pastrana.
Allí, el Ejecutivo tratará de vender la Política de Seguridad Democrática del presidente Uribe y definir las líneas de cooperación de Europa y los organismos multilaterales, especialmente.
Los ‘jurados’ de esta cumbre serán nada menos que los representantes de los países de la Unión Europea (UE); Noruega y Suiza (que no pertenecen a esta comunidad); Japón, Canadá, México, Brasil, Argentina, Chile y Estados Unidos.
También estarán en la mesa de conversaciones organismos multilaterales como la ONU, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM) y la Corporación Andina de Fomento (CAF).
Esta nueva mesa tendrá su punto culminante en octubre o noviembre.
“El Gobierno colombiano necesita proyectos en los que se va a requerir de asistencia política y financiera. Estamos esperando sus prioridades para redefinir y coordinar de mejor manera la asistencia de la Unión Europea”, dice Tom Duggin, embajador del Reino Unido en Colombia, que asistirá a la cumbre.
Esta oportunidad no será para discutir cifras y proyectos concretos, pero sí para definir si el gobierno colombiano merece recibir el apoyo.
En gran medida, esa definición puede ser influida por la reunión informal que se realizará el día anterior en Canning House, una especie de Casa de las Américas de Londres. Allí representantes de 54 organizaciones de la sociedad civil colombiana -desde gremios e Iglesia hasta ONG- analizarán la situación del país frente a los países invitados.
Se prevé un gran pulso entre el Gobierno colombiano y las organizaciones no gubernamentales (ONG), especialmente aquellas que trabajan en derechos humanos, tiene respaldo europeo y son críticas férreas de la estrategia de seguridad democrática.
En los círculos diplomáticos colombianos se sabe que en Europa las ONG tienen mucho peso en la política exterior de los estados y se cree que, siendo el tema colombiano tan polémico, son pocos los gobiernos que se atreverían a dar pasos en absoluta contravía a las visiones de las ONG.
¿Ayuda condicionada?
Apoyado en cifras que muestran el descenso de las violaciones de derechos humanos e infracciones del Derecho Internacional Humanitario, el Gobierno aspira a persuadir a Europa para que pierda sus temores frente a su manejo del orden público.
“Vamos con la expectativa de consolidar el apoyo político a la Política de Seguridad Democrática, a la recuperación de tranquilidad para el ciudadano y a esta democracia”, dice el vicepresidente Francisco Santos, que encabezará la delegación del Gobierno colombiano.
En cambio, las ONG quiere exhibir los reiterados incumplimientos del Estado colombiano frente a las recomendaciones de la ONU y la OEA. La más reciente de ellas, la advertencia de que el estatuto antiterrorista propuesto por el Gobierno, que tramita el Congreso, es contrario a los tratados internacionales.
“El Gobierno quiere una reunión social y las ONG, que haya discusión del marco político de la cooperación”, dice Jorge Rojas, portavoz de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes). “Lo que verdaderamente aquí se discutirá es si se mantiene la línea de apoyo a la solución negociada del conflicto o, por el contrario, se respaldará la estrategia de seguridad de Uribe”, agrega Rojas.
Europa precisamente no apoyó en el pasado el Plan Colombia, por mantenerse en su línea de privilegiar y apoyar la solución negociada de los conflictos. Y allá hay sectores de opinión que creen que no debe moverse de ahí. La semana pasada, en un foro con varias ONG y expertos europeos y colombianos, organizado por el Centro de Investigaciones para la Paz, la gran conclusión fue que Europa no se puede embarcar en la política belicista de Uribe, pues eso sería una profunda contradicción con lo que ha sido su máxima histórica.
Las ONG, sin embargo, no se oponen a rajatabla a la ayuda, pero quieren que sea condicionada. El viernes en la noche, las organizaciones de derechos humanos, las de iniciativas de paz, las sociales y sindicales terminaron de redactar un documento común, que presentarán el miércoles. En él pedirán hacer valer el cumplimiento de las recomendaciones de la ONU como requisitos de la cooperación.
“La política actual está fundamentada en el desconocimiento deliberado del principio de distinción entre combatientes y sociedad civil”, dice Gustavo Gallón, ONG con estatus consultivo ante las Naciones Unidas.
“Para el Gobierno, todos somos combatientes y eso se traduce en programas que, a la larga, pretenden militarizar a los 44 millones de habitantes”, comenta como anticipo de lo que dirá en Londres.
La aplanadora
El vicepresidente Santos, en cambio, dice que su delegación mostrará cómo recibieron un país destrozado y cómo las medidas intentan contener el desboque hacia el despeñadero. “El Gobierno -agrega- no ha planteado que no existe el principio de distinción. Lo que decimos es que debe colaborarse con el Estado y con la situación del país. Aquí se ha satanizado esta colaboración… se ve como el horror y nosotros decimos no”.
Las Naciones Unidas, que servirán de facilitadoras en la reunión del miércoles, aspiran a que toda esta discusión sea parte de un proceso en el que los espacios se regularicen. “Lo más importante es el diálogo frecuente de consulta de la sociedad civil, Gobierno y comunidad internacional”, señala Raúl Rosende, del Pnud en Colombia.
Considera que este debate abierto puede dejar, en todo caso, consensos sobre los que pueden montarse líneas de acción. “Siempre se necesita saber por dónde orientar la cooperación”, asegura.
Con todo, el Gobierno confía en que su paquete de propuestas, todas de impacto social, y el intenso cabildeo durante la era Uribe funcione como aplanadora. Uribe y los más altos funcionarios de su Gobierno han desfilado por Europa en varias oportunidades. Santos ha ido cuatro veces y la canciller, Carolina Barco, casi lo iguala. La ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, ha reforzado esta ofensiva y ahora entrarán en la escena del Viejo Continente el alto comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, y el nuevo consejero presidencial encargado de la cooperación internacional, Germán Bula.
En el Gobierno la gran aspiración es que la declaración final de la cumbre londinense contenga un respaldo expreso a sus esfuerzos. Dada la imagen que han venido cultivando algunas ONG del gobierno Uribe en Europa, esto tendría una relevancia política considerable, según fuentes diplomáticas.
Sí así sucede, gran parte del camino quedaría despejado para que el propio Presidente vaya a la reunión final de la Mesa (que probablemente será en Bruselas) y -ahí sí- concretar las cifras.
La propuesta de Uribe
El Gobierno lleva a Londres una propuesta para la Mesa de Cooperación y Coordinación que incluye ocho áreas de focalización de la ayuda . Todas son de impacto social:
1. Desarrollo rural, ambiental y alternativo sostenible, en el que el principal programa es el de las familias que dejan de cultivar coca para convertirse en guardabosques.
2. Reconstrucción del tejido social y pedagogía para la conviviencia y la resolución de conflictos, en el que hay programas como el de bandas y orquestas infantiles.
3. Atención humanitaria, especialmente a las víctimas del desplazamiento forzado.
4. Programa de reinserción de quienes abandonan las armas, y de las regiones liberadas de la violencia.
5. Fortalecimiento del Estado, lo que incluye programas de descentralización, derechos humanos y justicia.
6. Reconstrucción productiva, Mipymes y microcréditos.
7. Programas regionales de desarrollo y paz, como el del laboratorio de paz que ya existe en el Magdalena Medio.
8. Programas sobre competividad, ciencia y tecnología.
