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Nota de Clajadep:
Independientemente de la postura política o ideológica de los medios, es efectivo que el mercado y el estado, sea cual sea, ejercen enormes presiones sobre ellos. Los derechistas contra medios progresistas e “independientes” en general, los progresistas del S.XXI contra opositores y derechistas.
La conclusión está en el rol de los medios de sostenimiento del mercado y del estado, a diferencia de México, donde la experiencia de la radio de Oaxaca y de la Huelga de la UNAM, mostraron enormes posibilidades de utilización de los medios ya no en forma de posturas ideológicas ni a favor o en contra de gobiernos, sino como voz de los sujetos sociales y comunitarios sin que les “permitan” los propietarios el acceso. Las llamadas radios “comunitarias” no lo son tanto, ya que sus operadores hablan en nombre de la comunidad y muestran sólo aspectos de la vecindad que sean funcionales a sus intereses ideológicos o mercantiles. Los medios impresos alternativos siempre están limitados por los precios del papel, la tinta, las máquinas, la electricidad, etc. La internet se ha usado como medio libre, sin embargo está bajo control contrainsurgente, de la propiedad de los cables o de los satélites y valores de acceso. Pocas aún son las experiencias libres y autónomas que en tanto medios expresan la voz de la comunidad circundante autoorganizada como sujeto, apareciendo más como instrumento de alguna organización o propuesta ideológica, ya que pocos van a invertir tanto esfuerzo pasando aguja sin hilo. En estos días la Desuniversidad está comenzando su indisciplina de Comunicaciones, por lo que estos temas serán trabajados hincando el diente en esta realidad que hoy día está en la cima de la disputa de los poderes.
Vea los artículos y podrá percibir la instrumentalización de los medios por la derecha, el centro y la izquierda, cada uno interesado en acarrear aguas a su molino para administrar la ganancia capitalista:
Periodistas ecuatorianos denuncian ante la OEA
El Universo
Miércoles 13 de marzo del 2013
Uso de cadenas, judicialización de la opinión y cierre de medios
Un grupo de periodistas ecuatorianos expuso ayer en Washington, ante miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Relatoría para la Libertad de Expresión, las vulneraciones a ese derecho en el país.
El primero en tomar la palabra fue César Ricaurte, director de la ONG Fundamedios. Dijo que la situación a marzo de este año es peor que en octubre del 2011, cuando acudieron a la anterior audiencia temática. Citó dos factores como ejemplo: “la metida de mano a la justicia” y “un proceso electoral asfixiado por reformas que restringieron el trabajo de los medios”.
Agregó que la judicialización de la opinión, el cierre de medios, el aumento del discurso estigmatizante, el uso de cadenas nacionales para atacar a periodistas y el asesinato de un comunicador atribuido a grupos delincuenciales forman parte de las 172 amenazas y agresiones contra la libertad de expresión, registradas en el 2012.
El periodista Christian Zurita señaló que tres medios se han visto obligados a retirar sus espacios de comentarios públicos por presiones oficiales. Además, mencionó que 1.365 cadenas obligatorias, por un total de 11.793 minutos, ha ordenado el gobierno de Rafael Correa desde el 2007 hasta el 2012.
Carlos López, representante de la estación Telesangay, criticó el cierre de ese medio y de Radio Canela de Macas, bajo el argumento estatal de que hacían “transmisiones clandestinas”.
Wilson Cabrera, propietario de esa emisora, resaltó que no pudo asistir a la audiencia en octubre del 2011 porque “sin argumento legal válido” migración le impidió salir del país.
Diego Cornejo, director de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, hizo cinco pedidos a los comisionados: que en la anunciada visita in loco a Ecuador recepten las versiones de la sociedad civil; que soliciten al Estado información actualizada sobre los casos planteados; que se exija a los funcionarios que cumplan con su trabajo apegados al artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Que la Comisión preste atención a cuerpos legales que prepara el Gobierno destinados a restringir libertades fundamentales: Ley de Comunicación, de Telecomunicaciones y Código Penal. Y solicitó que atienda a las consecuencias que pueden derivarse de la audiencia, recordando que luego de la presentación en el 2011 sufrieron represalias.
Por el Gobierno expuso el subsecretario de Comunicación, Patricio Barriga, quien dijo que Ecuador da importancia absoluta al Sistema de Derechos Humanos aunque discrepa en ciertos aspectos. “Hay inconsistencias dentro de la Comisión cuando se ha permitido el privilegio a una sola de las relatorías… Reaccionamos firmes para no permitir que agendas particulares estén sobre el desarrollo del país”.
La comisionada Dina Shelton dijo que ha comprobado que los periódicos en Ecuador muestran diversas opiniones. Advirtió que no se referiría a los temas planteados, pero hizo una pregunta: ¿Hay regulaciones para el cierre de estaciones de radio y televisión?
La relatora para la libertad de expresión, Catalina Botero, quiso saber “¿qué entiende el Estado de Ecuador por transmisión clandestina? No solo el número de emisoras es importante, sino el pluralismo. ¿Cuántos medios tiene el Estado?”, preguntó, e indicó que han podido observar semanalmente a funcionarios de Ecuador profiriendo calificativos como “basura”, “sicarios”.
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Movimiento YoSoy132 de México cuestiona iniciativa de gobierno de reforma constitucional de los medios
La iniciativa de medios, con perfil mercantilista: #YoSoy132
Periódico La Jornada
Miércoles 13 de marzo de 2013
#YoSoy132 lamentó que se haya omitido la opinión y participación de organizaciones y movimientos civiles.
Negrete comentó que el proyecto presentado por el presidente Enrique Peña Nieto y los integrantes del Pacto por México considera al sector de telecomunicaciones como elemento de desarrollo, garantiza la convergencia de los servicios de telefonía, Internet y televisión, y promueve la diversidad informativa.
El especialista afirmó que no hay ningún peligro en la apertura al ciento por ciento al capital privado en telecomunicaciones. Pero, al atacar los intereses de los llamados operadores económicos relevantes, la reforma no es tan equitativa y podría afectar más a algunos grupos que a otros, advirtió.
Aura Ruiz, de #YoSoy132, estudiante de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dijo que la iniciativa se limita a la apertura de la estructura comercial, pero no hay amplitud en el reconocimiento social, educativo, científico y cultural.
Si bien el proyecto plantea que el sector público y social tendrán concesiones para gestión de medios, no define bajo qué mecanismos ni cuáles son públicos o sociales. Lo que hacen es darle juego a los empresarios, mientras en términos reales la sociedad civil sin intenciones lucrativas no tendrá posibilidad de participar.
Acerca de la posibilidad de abrir al ciento por ciento la inversión extranjera en ese sector, Neftalí Granados, de la Facultad de Economía de la UNAM, resaltó que debe reconocerse que el artículo 27 de la Constitución asienta que el espacio radioeléctrico es propiedad de la nación.
Alma Rosa de la Selva, académica de la UNAM y especialista en el tema, dijo que se debe exigir al Poder Legislativo un verdadero análisis de la propuesta y evitar que la ley responda a intereses de los partidos políticos.
Tras participar en el foro La brecha digital en México: la nueva desigualdad social, organizado por La Jornada y Casa Lamm, dijo que la telebancada (integrada por diputados y senadores del PRI y PVEM) es un bloque que puede tener un peso relevante e impulsar un marco legal con base en sus intereses.
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Con el pretexto de la ética, Humala, presidente del Perú pretende dar línea a medios que divulgaron demasiadas luchas sociales
“Medios deben contribuir a combatir la inseguridad”
El Peruano
Miércoles, 13 de marzo de 2013 Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria
Una invocación dirigida a los medios de comunicación para que contribuyan en la lucha contra la inseguridad ciudadana hizo el presidente Ollanta Humala, quien puso en cuestión la difusión de imágenes de extrema violencia en las que se observa a un delincuente asesinar a una persona y herir a otra durante un asalto a una notaría.
Pidió a los medios de comunicación y a la población ayudar en la lucha contra la delincuencia promoviendo valores y evitar, por un tema de rating, la emisión de imágenes que causen impacto negativo en la ciudadanía.
Al referirse al vídeo que registra el reciente asalto a la notaría Paino se preguntó si se contaba con el permiso de la familia del fallecido para la difusión pública de ese lamentable hecho.
“No sabemos si se consultó a los familiares si se podía pasar el vídeo, pues no ayuda mucho al luto de la familia, a la generación de valores y, por último, no ayuda a las labores de investigación que realiza la Policía.”
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Canal venezolano Globovisión será vendido tras presidenciales de abril
Agencias
mar, 13, 2013
La mayoría accionaria de la televisora venezolana Globovisión, muy crítica con el gobierno, será vendida a un empresario del sector bancario y asegurador luego de las elecciones presidenciales del 14 de abril, debido a que presiones políticas y judiciales la hicieron “inviable” económicamente, informaron este lunes sus propietarios.
“Hay una oferta de compra formal” y “una intención obligada de venta”, dijo el vicepresidente de Globovisión, Carlos Zuloaga, en una reunión con trabajadores del canal, según una nota en su sitio web.
“Este proceso se concretará después de las elecciones presidenciales del 14 de abril”, reseñó Globovisión.
En una carta publicada más tarde en el sitio web, el presidente del canal, Guillermo Zuloaga, explicó que Globovisión es “inviable” económicamente, debido a presiones políticas del gobierno y el cúmulo de juicios y procedimientos administrativos pendientes contra el canal.
“Somos inviables económicamente, porque nuestros ingresos ya no cubren nuestras necesidades de caja. (…) Somos inviables políticamente, porque estamos en un país totalmente polarizado y del lado contrario de un gobierno todopoderoso que quiere vernos fracasar. Somos inviables jurídicamente porque tenemos una concesión que termina y no hay actitud de renovárnosla”, escribió el empresario.
“Ante esta situación de inviabilidad”, dijo Zuloaga, el empresario Juan Domingo Cordero “me hizo una proposición, que sin ser lo que los accionistas hubiéramos aspirado, me vi obligado a aceptarla”.
Este lunes, el presidente de la SIP, Jaime Mantilla, lamentó la decisión, que le pareció “muy grave”, y le reprochó a Zuloaga olvidarse “de la responsabilidad social que significa mantener un medio independiente” en Venezuela, dijo al margen de la reunión de medio año que celebra esta organización en Puebla (México).
Cordero es un economista y empresario ligado al negocio bursátil, bancario y asegurador. Fue presidente de la Bolsa de Valores de Caracas (1989-1993) y desde 2008 es el principal accionista de Seguros La Vitalicia, según la prensa local.
Este domingo, también en la SIP, el escritor mexicano Enrique Krauze había señalado que Globovisión fue vendido “a un empresario cercano al régimen chavista”.
“Eso es grave, muy grave, solamente cuando existe variedad de pensamiento se puede garantizar la democracia. Sin variedad de pensamiento se entra directo al populismo dictatorial”, subrayó Mantilla, haciéndose eco de esas versiones.
Ricardo Antela, consultor jurídico de Globovisión, explicó en su cuenta en Twitter que la “oferta firme y formal” de comprar el canal “concedería mayoría a su propietario” y que los accionistas se vieron “forzados” a aceptarla.
La venta comprende el 80% de las acciones del canal, que están en manos de dos familias, una de ellas la Zuloaga. El otro 20% de la televisora fue confiscado por el gobierno hace tres años a su propietario, que sostiene demandas contra el Estado para intentar recuperarlo.
El presentador del popular programa de la tarde “Aló Ciudadano”, Leopoldo Castillo, explicó que la directiva busca con la venta mantener a flote el canal y, en principio, no habría un cambio muy marcado en su línea editorial.
Globovisión es el único canal crítico con el gobierno que queda transmitiendo en señal abierta, aunque con un alcance limitado a Caracas y la cercana ciudad de Valencia.
La televisora, en el aire desde 1994, acumulaba varias sanciones administrativas, multimillonarias multas y había sido amenazada de cierre en varias ocasiones por el gobierno, que acusa a los socios del canal de “terroristas mediáticos”.
Los responsables de Globovision han asegurado que son objeto de una persecución política debido a su línea editorial. Sin embargo, el gobierno venezolano asegura que estas acciones responden a razones estrictamente legales.
Guillermo Zuloaga, actualmente en Estados Unidos, es buscado por la justicia venezolana que lo acusa de delitos de usura y asociación para delinquir.
Para evitar el embargo de bienes y que le revocaran la concesión de la frecuencia, el medio pagó a mediados del año pasado una multa de 2,1 millones dólares que le impuso el ente regulador Conatel, tras acusarlo de hacer “apología del delito” en la cobertura periodística de un sangriento amotinamiento carcelario en junio de 2011.
Acusando a sus directivos de golpistas, el recién fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) revocó en 2007 la concesión de Radio Caracas Televisión (RCTV), una de las más populares del país con 53 años de historia y dura crítica del gobierno, y la frecuencia pasó a ser usada por la estatal TVES.
Chávez se hizo omnipresente en la vida de los venezolanos apoyado en una poderosa red mediática estatal, con la que enfrentó a los críticos medios privados, que en su visión, emprendían una “guerra mediática” contra su gobierno, especialmente después de que varios de ellos no retransmitieran las manifestaciones reclamando su vuelta al poder tras un breve golpe de Estado que sufrió en 2002.
La mayoría accionaria de la televisora venezolana Globovisión, muy crítica con el gobierno, será vendida luego de las elecciones presidenciales del 14 de abril, informaron este lunes sus propietarios.
a carta publicada más tarde en el sitio web, el presidente del canal, Guillermo Zuloaga, explicó que Globovisión es “inviable” económicamente, debido a presiones políticas del gobierno y el cúmulo de juicios y procedimientos administrativos pendientes contra el canal.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) lamentó este lunes en México la próxima venta de la televisora venezolana Globovisión, muy crítica del gobierno de su país, y consideró que se trata de un fuerte golpe a la libertad de expresión en Latinoamérica.