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Alerta por muerte de otro indígena
La Estrella
Los indígenas se reunirán esta semana. El gobierno adelanta que estos grupos podrían tener motivaciones políticas.
2013-03-25 — 12:00:00 AM — PANAMÁ. La muerte de un indígena en Cerro Punta, provincia de Chiriquí, ha provocado que los indígenas de la comarca Ngäbe-Buglé se declaren en estado de alerta y se preparen para salir a las calles en los próximos días. Así lo expresó Toribio García, presidente del Congreso General de esta comarca.
La decisión de volver a las calles será tomada esta semana, luego que los indígenas se reúnan para definir las acciones que adoptarán, porque se oponen a la construcción del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, según conoció La Estrella.
La gota que derramó el vaso de agua y empujaría a los indígenas a regresar a las calles sería —según explica García— la muerte de Onésimo Rodríguez, un nativo que se oponía a la construcción del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco en el área comarcal. Esto ha llevado a que la ‘sangre de los indígenas se revuelva y estén en alerta’, planteó Toribio.
En tanto, las investigaciones por la agresión ocurrida el pasado viernes las dejan en manos del Ministerio Público y los juristas porque según aseguran los indígenas, el hecho ‘fue perpetrado por unidades de la Policía Nacional’.
El indígena acusó directamente a la Policía de los hechos, porque ese día habían empezado a realizar movilizaciones de forma pacífica en Cerro Punta, en contra de la construcción del polémico proyecto.
García aclaró que la muerte del indígena no será impedimento para seguir exigiendo la cancelación de la hidroeléctrica. ‘El gobierno piensa que con matarnos a uno nos van a callar’, puntualizó el dirigente.
Por su parte, Clementina González, de los jóvenes de la comarca Ngäbe Buglé, reforzó los cuestionamientos de García. La dirigente juvenil insistió en que seguirán luchando por las tierras que les pertenecen.
González resaltó que detrás de todas esas agresiones está el presidente de la República, Ricardo Martinelli. La indígena detalló que ‘el presidente Martinelli puede mandar en sus empresas, su dinero, pero no en las tierras de la comarca’.
Ricardo Miranda, del Movimiento 10 de Abril (M-10), precisó que ‘ya no hay más nada que dialogar con el gobierno’. Dice que desde la semana pasada el ministro Jorge Ricardo Fábrega, en respuesta a la solicitud que han venido demandando mediante una nota con fecha del 20 de marzo, reiteró que el proyecto sólo será suspendido cuando se realice el peritaje, tal como lo establecen los acuerdos pactados en la mesa del diálogo en la sede de la Organización de las Naciones Unidas.
Para el M-10, los argumentos del gobierno sólo indican ‘su inclinación por favorecer a Genisa’ —empresa a cargo del proyecto hidroeléctrico—, a pesar de que durante una misión de verificación que se realizó en septiembre del año pasado, se demostró que las comunidades de Quebrada Caña, Kiad y Nuevo Palomar, en la comarca, resultarían afectadas en su modo de vida por la construcción de la presa.
Ciertamente según lo pactado en la ONU después de la misión, se procederá con un peritaje independiente que será realizado por profesionales de reputación y prestigio reconocido (punto dos del acuerdo firmado el 15 de marzo de 2012).
Sobre esta parte del acuerdo, la semana pasada se terminó de establecer los términos de referencia para el desarrollo del peritaje, pero aún se desconoce cuándo se hará el llamado al concurso para que los expertos puedan participar.