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Primer debate de la Asamblea en medio de plan de resistencia
El Universo, 20 de mayo 2013
Mientras el oficialismo agenda las reformas a la Ley Minera, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador –la Conaie–, Ecuarunari y el brazo político Pachakutik arman las acciones de resistencia frente a este primer proyecto que tramita la nueva Asamblea.
Hoy la Comisión de Régimen Económico debatirá el informe para el primer debate y el pleno lo conocerá este viernes, según anunció ayer la Presidencia de la Asamblea.
El sector indígena instalará parlamentos plurinacionales en el país y acciones judiciales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Así lo reveló el presidente de la Ecuarunari, César Pérez Guartambel, quien expuso al menos diez observaciones en las que da cuenta de la supuesta vulneración de los derechos colectivos garantizados en la Constitución y que estarían en riesgo si se aprueba el proyecto urgente del Ejecutivo.
La primera fase de estas acciones de resistencia será informar a las comunidades y pueblos indígenas sobre lo que significa la propuesta del Gobierno, fundamentalmente, lo que consideran desprotección de los derechos de la naturaleza.
Cumplida esa fase se instalarán en Ecuador tres parlamentos plurinacionales, y el primero será en Cuenca el 5 de junio próximo, en el Día Mundial del Ambiente.
La ley urgente, añadió el líder indígena, amenaza a la naturaleza y el buen vivir de los pueblos, comunidades, comunas y nacionalidades, porque ablanda los requisitos que protegían de alguna forma a la naturaleza, ya que para las concesiones mineras ya no se necesitarán licencias ambientales, sino fichas ambientales, así como informes de varias instituciones que fueron incluidas en la misma Ley de Minería, encargadas de vigilar la no vulneración de la naturaleza.
Los parlamentos plurinacionales se realizarán en la Sierra sur, Sierra central y en la Costa, y en ellos se convocará no solo a los campesinos e indígenas, sino a todos los sectores sociales, educadores, profesionales, estudiantes y trabajadores; y será el espacio que marcará la diferencia con la Asamblea y que consideran el mejor escenario para que se desarrolle la consulta prelegislativa.
“Con ley o sin ley hemos vivido 520 años y la resistencia continuará”, sentenció el presidente de la Ecuarunari, quien aclaró que la dirigencia accionará lo que diga la población.
Dijo que el movimiento indígena reconoce que hay una injerencia fortísima del Gobierno a través de los bonos y de una cantidad de regalos y prebendas que llegan hasta las comunidades; canonjías que van desde dar un par de botas de color verde hasta ofrecimientos de embajadas.
Parte de la resistencia a la aplicación de esta ley será agotar todas las instancias nacionales antes de acudir a organismos internacionales, explicó el dirigente de la Ecuarunari, pues si esta ley pasa de manera inmediata presentarán dos acciones legales: la primera, plantear una demanda por incumplimiento de la sentencia dictada por la Corte Constitucional donde se dice que se debe hacer consulta prelegislativa cuando una ley afecta a los derechos colectivos; y la segunda demanda por supuestas inconstitucionalidades en la norma, porque considera que vulnera los derechos colectivos, entre otros, el de la consulta prelegislativa, un derecho irrenunciable y garantizado en la misma Constitución aprobada en Montecristi.
Reparos indígenas
proyecto reformatorio
1
Carácter orgánico
La Ecuarunari cuestiona que con las reformas se pretenda calificar a la Ley de Minería como orgánica, cuando la que rige es ordinaria. Esto la pondría por encima de las leyes de Tierra y Aguas, y violaría la Constitución.
2
Cantidad de informes
El proyecto reduce de diez a dos los informes favorables que se requieren para una concesión minera. Indica que solo se requerirán los del Ministerio del Ambiente y de la Autoridad Única del Agua.
3
Estudios ambientales
La mediana y gran minería solo requerirán de fichas ambientales para la fase de exploración inicial, y para la avanzada, de una declaratoria ambiental. Solo la etapa de exploración exige estudios.
4
Grados de incumplimiento
El texto elimina la sanción de caducidad de la concesión o permiso de explotación para quien incumpla el tratamiento de aguas. El Ejecutivo plantea suspender las actividades según el grado de incumplimiento.
5
Casos sin subasta
La Ecuarunari cree que se busca beneficiar a ciertas empresas mineras extranjeras porque exceptúa de subasta o remate público a la concesión que efectúe el Estado mediante delegación.
6
Regalías
La agrupación alerta de un favoritismo en el reparto de las regalías porque se eleva el mínimo porcentual sobre las ventas del mineral. Además, el Estado no estará obligado a destinar el 60% a los GAD.
7
Delimitación territorial
El texto elimina la disposición que indica que la explotación directa y subastas destinadas a concesiones mineras solo será en determinadas áreas, lo cual podría ampliarse a las zonas indígenas o protegidas.
8
Tierras ancestrales
Se violaría la Constitución, sobre todo, el derecho colectivo de los pueblos a mantener la posesión de los territorios ancestrales y tener su adjudicación gratuita.
9
Consulta prelegislativa
También considera que hay una violación pues la Carta Política reconoce a los pueblos su derecho a exigir una consulta prelegislativa antes de ciertas leyes.
10
Buen vivir
La Ecuarunari sostiene que se viola la Constitución porque esta reconoce el derecho de la población al buen vivir.
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Resistencia indígena a reformas en Ley Minera
El Tiempo
Quito. Dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, anunciaron ayer un proceso de resistencia contra el proyecto de reformas a la Ley Minera, al insistir que se requiere una consulta prelegislativa.
Fecha de Publicación: 2013-05-28 00:00
El movimiento indígena se reunió en una asamblea extraordinaria para analizar el tema.
La cita se desarrolló en la sede de la Ecuarunari, filial de la CONAIE. Los dirigentes expresaron, ante la prensa, su inconformidad por las reformas mineras, documento que fue enviado hace dos semanas por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional con el carácter de económico-urgente.
“El proyecto de Ley reformatoria enviada por el Presidente de la República viola, no solamente los derechos colectivos, sino otras leyes más, inclusive vemos que la estrategia del Gobierno es, efectivamente, primero aprobar la Ley reformatoria a la Ley Minera para después aprobar la Ley de Aguas, para así intentar entregar todas las cuencas hidrográficas donde están ubicados supuestamente los proyectos mineros, para que tengan paso libre”, dijo Humberto Cholango, presidente de la CONAIE.
Propuesta
Cholango señaló que se presentará esta semana una propuesta de consulta a la Asamblea y que de no darse, la actividad minera generará mayores conflictos en los territorios impactados.
En la Ley Minera se introducen 32 reformas mineras y tributarias que ayudarán a destrabar la negociación de los contratos de explotación minera a gran escala. Además consta el contrato que desde el 2011 el Estado negocia con la minera canadiense Kinross para la explotación del depósito de oro, Fruta del Norte, en Zamora Chinchipe.
Críticas
De su parte, Carlos Pérez Guartambel, titular de la Ecuarunari, calificó a la reforma como “una ley vende patria, entreguista, una ley que se arrodilla ante las mineras chinas y transnacionales”.
Pérez Guartambel señalo que apelarán al derecho a la resistencia. “Acudiremos al derecho de la resistencia, porque consideramos que las reformas a la Ley Minera son inconstitucionales y vulneran los derechos a los indígenas”, expresó.
Pérez insistió que habrá una afectación directa en el equilibrio del ecosistema de los poblados de Zamora y Azuay como consecuencia de la explotación minera. (VDS)
Rivadeneira: El objetivo es una asamblea popular
La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, dijo que la función legislativa trabajará para “llegar a todos los rincones del Ecuador y a nuestros migrantes”, siendo el objetivo “una asamblea popular y ciudadana”. En entrevista con Ecuavisa, señaló que los parlamentarios seguirán acercándose a los ciudadanos, a través de la socialización de las actividades del Legislativo.
Además aseguró que los asambleístas son veedores y fiscalizadores. “Esto conlleva un acto profundo de responsabilidad, que trae consigo el control social, veedurías ciudadanas, las rendiciones de cuentas. La fiscalización debe convertirse en un proceso responsable que trasparente el trabajo”, dijo.
Rivadeneira recalcó que la socialización de los temas que trata la función legislativa, también tienen que ver con la fiscalización porque “los ciudadanos están interesados en la transparencia del trabajo que hacemos”.
Sobre la Ley Minera, dijo que “estamos generando mecanismos de trabajo responsable, que generan recursos”.
Quito