Ecuador: 160 comunidades indígenas de Imbabura rechazan limitaciones institucionales a la justicia indígena

160 comunidades resolvieron en una asamblea ‘reforzar’ la justicia indígena

Domingo 09/06/2013 La Federación de Indígenas y Campesinos de Imbabura (FICI), que aglutina a 160 comunidades, resolvió en su última asamblea reforzar la aplicación de la justicia indígena en sus territorios. La decisión se produjo tras el pedido que el Consejo de la Judicatura (CJ) hiciera a la Asamblea para que legisle sobre los alcances de la justicia indígena, aunque ahora en al menos cuatro casos polémicos la Corte Constitucional deberá definir qué significa un conflicto interno de las comunidades. El lunes pasado, las autoridades de los pueblos Otavalo, Kayambi, Natabuela y Karanki rechazaron la idea del CJ de que delitos como violaciones en las comunidades sean juzgados solo por la justicia ordinaria. “Lo que quiere el Consejo de la Judicatura es limitarnos en el ejercicio de estos derechos”, comenta Rocío Cachimuel, presidenta de la FICI. Para la dirigente, los presidentes de los cabildos están facultados a resolver conflictos. Se puede juzgar desde chisme y vagancia hasta asesinatos y violaciones. “La FICI les capacitó en la aplicación de este sistema, respetando las normas y procedimientos”, dijo. José Criollo, titular del cabildo de Huaycopungo (Otavalo), por ejemplo, aprendió que los dirigentes pueden solicitar la declinación de los procesos judiciales en la justicia ordinaria para tratar cualquier delito que haya ocurrido en su jurisdicción. Criollo ha asistido a talleres dictados para la FICI, Fenocin y Conaie. Juristas de esas organizaciones dieron lineamientos en torno al artículo 171 de la Constitución y 344 y 345 del Código de la Función Judicial. Cachimuel considera que han podido resolver bajo su propio sistema judicial hasta la muerte de personas. Uno de esos casos es el de Rosa María A., de 24 años, que fue sentenciada a pagar una multa económica (no revelaron el monto) y a realizar trabajo comunitario por el fallecimiento de un bebé, quien murió ahogado en un balde de agua en un centro infantil en donde laboraba la mujer. No hay reglas generales en la justicia indígena. Según Cachimuel, cada cabildo es el responsable de establecer la sanción según el caso. En la FICI no hay registro de los casos juzgados en las comunidades. Para Susana Ogayata, presidenta de la Junta Parroquial de San Rafael de la Laguna, en Otavalo, la justicia indígena no puede ser igual en los 18 pueblos y las 14 nacionalidades del país. “Cada una tiene su propia cosmovisión”, explica. En San Rafael, con población mayoritariamente indígena, están elaborando un reglamento interno para definir los procedimientos que aplicarán en la parroquia, en caso de producirse robos, violaciones, asesinatos… Esa iniciativa surgió luego de que en Huaycopungo, en San Rafael, se incineró a un automotor y se castigó con ortiga, látigo y agua fría a tres sospechosos. El juzgamiento y sanción contaron con la venia de los dirigentes. Pero el hecho que ocurrió en julio último no es una práctica generalizada, según Rocío Cachimuel. Criollo asegura que luego de esa sanción no se han vuelto a registrar robos en esa localidad de 2 250 habitantes. En tanto, en la Unión de Organizaciones Campesinas de Cotacachi (Unorcac), afín al Gobierno, no están de acuerdo que los casos de violación o muertes comprobadas sean conocidos por la justicia indígena. Rumiñahui Andrango, presidente de ese gremio, dice que esos delitos deben ser sancionados de acuerdo a lo que establece el Código Penal. La organización difunde, al interior de las 45 comunidades de Cotacachi, el manual para la aplicación de la justicia indígena. Se trata de un reglamento elaborado por la Unorcac, vigente desde el 2012. Nancy Pinfango, responsable jurídica de la Unorcac, asegura que en el documento consta el procedimiento para intervenir en conflictos internos como problemas familiares, líos de linderos y hasta robos no agravados. Para José Dávila, director de la Escuela de Derecho de la Universidad de Otavalo, en Imbabura, el mayor inconveniente es que jueces, fiscales, abogados y dirigentes no tienen los suficientes conocimientos sobre los procedimientos que se deben adoptar para aplicar la justicia indígena. Las diferencias La Federación de Indígenas y Campesinos de Imbabura (FICI) asegura  que no se necesita una Ley para coordinar el ejercicio de la justicia indígena. Rocío Cachimuel, titular de la organización, asegura que un marco normativo limitaría este derecho. Los mecanismos de coordinación entre la justicia indígena y la ordinaria recién empiezan a emplearse en la provincia de Imbabura. La FICI pidió apoyo de la Fiscalía para dos procesos. Las dos partes involucradas en un conflicto pueden llevar a familiares, vecinos y autoridades en la ventilación del proceso. En la justicia indígena la defensa es colectiva. El debate sobre la justicia indígena surge a partir del planteamiento de definir los alcances de estas prácticas.