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Opinión
Carondelet blindado
Domingo, 1 de Septiembre de 2013
Kleber Mantilla
kmantilla@lahora.com.ec
La Hora
Los reclamos en contra de la pretendida explotación petrolera en el Parque Yasuní aumentan en Quito, Cuenca y otras ciudades. Las calles de forma progresiva se convierten en un escenario propicio para expresar el descontento acumulado. Por ejemplo, en Guayaquil, la protesta se juntó a temas como el no cierre del Seguro Campesino y a la apertura de 500 dispensarios en Salitre. En la Sierra, en cambio, la reasignación de cupos en escuelas y colegios se convirtió en otro motivo de rechazo latente.
De su lado, el Gobierno optó por desviar la atención y retomar temas pendientes. Al parecer, prefirió explorar figuras jurídicas como la calumnia en vez del linchamiento mediático para aplicarlas como sanciones a los mensajes colocados en las redes sociales.
El Régimen busca ampliar su aparato de control sancionador a través de un Código Penal represivo que permanece en análisis de una digerible mayoría oficialista en la Asamblea.
Por el momento, el ejecutivo aplica la reubicación de la fuerza pública y la implementación policial especializada en varias ciudades. Los policías ya no asisten a los estadios debido a un incidente aislado provocado por una hinchada. Más bien, los elementos del orden son ubicados en sitios estratégicos para evitar que las marchas de protesta avancen a la Plaza Grande de Quito o que prosperen en diversas provincias.
No es inocente que las aduanas declaren en abandono un monumento de 300 mil dólares para que alguien lo reclame y reavive polémicas de antaño por una estatua del expresidente León Febres Cordero. El alcalde de Guayaquil no cayó en provocaciones y respondió que (el Gobierno) ‘haga lo que le da la gana’. Tampoco es inocente que se envíe un avión a Colombia para traer un grupo de ecuatorianos que quedaron varados en medio de protestas vecinas. Un suspicaz mensaje parece replicar: ‘por allá sí es el reclamo, mientras que por acá no pasa nada’.
Sin embargo, como nunca antes durante esta administración, el Palacio de Carondelet está blindado. La seguridad e infraestructura anti-motines es visible como una certeza. Al menos 650 aspirantes a policías y 140 gendarmes se ubicaron en puntos estratégicos de Quito: El Arbolito, la Asamblea Nacional y Centro Histórico para controlar las protestas por la explotación del Yasuní. ¿Cascos, equipo de protección y escudos antidisturbios podrán detener la crítica y el rechazo ciudadano?