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Parlamento indígena pide que minera de capital canadiense salga de Guatemala
Fuente: EFE | 2013-12-05
Diario El País, Costa Rica
Guatemala, 5 dic (EFE).- El Parlamento Xinca de Guatemala, que agrupa a las tres comunidades indígenas de esa etnia, pidió hoy al Gobierno cancelar las operaciones de la minera San Rafael, filial de la canadiense Tahoe Resources, para que se retire del país debido al daño que causa al medio ambiente y la oposición de los pobladores.
Las operaciones de esa empresa, ubicada en el municipio de San Rafael Las Flores, en el departamento suroriental de Santa Rosa, ha causado malestar en las comunidades indígenas, hasta el punto de que en mayo pasado el Gobierno decretó un estado de sitio para controlar disturbios en la zona.
El presidente del Parlamento Xinca, que representa a los municipios de San Rafael Las Flores, Santa María Xalapán y Mataquescuintla (Jalapa), Roberto González, reiteró hoy en rueda de prensa en la capital, la petición para que se cancele la licencia de operaciones de la empresa, de acuerdo a una consulta popular que hicieron entre las comunidades.
El dirigente aseguró que más de 23.000 pobladores se oponen a la mina y denuncian que la empresa está contaminando el medio ambiente en la zona, mientras que solo 399 habitantes la respaldan.
La compañía, autorizada a principios de este año por el Ministerio de Energía y Minas para operar por un plazo de 25 años, extrae, entre otros materiales, oro, plata, cobre, plomo, zinc, níquel, hierro y cromo.
En marzo pasado, González fue secuestrado luego de participar en una consulta popular sobre la mina, junto con otro líder comunitario, Exaltación Marcos, quien luego apareció muerto.
Otro dirigente comunitario, Quelvin Jiménez, denunció en rueda de prensa que las autoridades han violado los derechos humanos de la población al haber detenido, en mayo pasado, a 26 habitantes acusados de liderar disturbios contra la mina.
Jiménez afirmó que las detenciones se realizaron sin ningún fundamento legal, por lo que los tribunales los dejaron en libertad y cerraron los procesos judiciales abiertos por estos casos.
En este sentido, González explicó que están analizando la posibilidad de interponer una demanda judicial contra el Estado de Guatemala por “criminalizar” a los habitantes que se oponen a la operación de la mina, cuyos representantes no se han pronunciado sobre la petición del Parlamento Xinca.