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Bolívar: detienen al capitán pemon Alberto Moreno, por su participación en acción de desarme a militares
Sábado, 7 de diciembre de 2013
Prensa Derechos Humanos
Este viernes 06.12.13 fue detenido por efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) en el Estado Bolívar, el capitán pemon Alberto Moreno quien junto a otros líderes de distintas comunidades indígenas de esa entidad, desarmaron a funcionarios militares en 2011 y 2012, debido a los constantes atropellos y a la participación de efectivos castrenses en la minería ilegal.
Según denunció Alexis Romero, líder indígena pemon, Alberto Moreno se encuentra recluido en la sede de la 5ta División del Ejército, y se espera que en las próximas horas sea trasladado a la cárcel de La Pica, lo que los hace temer por la vida y la integridad de este líder.
Moreno, forma parte de un grupo de 6 capitanes indígenas que están siendo procesados judicialmente, luego de la primera acción de desarme y retención de 27 efectivos militares en la población de La Paragua en Bolívar, realizada en 2011. Los indígenas de la etnia pemón enjuiciados por este caso son: Norberto Pinto, capitán de la comunidad Kurun Pupai; Joel Yépez; Julio González, capitán de Yuwaei Merú; Ramón Mujica, de Karunken; Alberto Moreno, de la comunidad indígena de Santa Teresa y Alexis Romero, ex capitán de la comunidad Musukpa.
Las comunidades indígenas han denunciado en reiteradas ocasiones los atropellos realizados por militares en el marco de la activación del Plan Caura. Aseguran que los uniformados reprimen y criminalizan a los indígenas para “apoderarse de los recursos auríferos”. Romero afirma: “los propios Generales se han beneficiado con los cobros de vacuna (…), quien está al frente del Plan Caura, es el que está detrás de las mafias mineras”.
Romero destaca que la detención de Alberto Moreno, obedece a una “venganza personal” de los militares contra los líderes pemones, debido a que no han tenido miedo de enfrentarlos y denunciarlos.
Provea rechaza la detención de Alberto Moreno y exige el respeto a su integridad personal y el cese a la persecución contra este y todos los líderes indígenas, que están siendo injustamente procesados.
Hemos advertido que el creciente proceso de criminalización de las luchas y la militarización frente a la conflictividad social, no solo atenta contra derechos consagrados en la Constitución Nacional, sino que apunta a un ascenso de la represión contra luchadores sociales.
Los crecientes rasgos autoritarios presentes en la actual gestión de gobierno, indican un progresivo acercamiento de la élite gobernante a la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional, desarrollada por las dictaduras del Cono Sur para perseguir a luchadores y disidentes, y cuyo concepto central es la idea del “enemigo externo e interno”, al cual hay que “perseguir y eliminar”. (Prensa Provea, 07.12.13)
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Noticias anteriores:
Alexis Romero denuncia criminalización de la protesta indígena por parte de la justicia militar
Martes, 31 de enero de 2012
Provea
En conversación telefónica con Alexis Romero, Capitán Indígena de la comunidad Musuk Pa del estado Bolívar, liberado tras su detención por funcionarios dela Guardia Nacional Boliviariana, denunció el 31.01.12 que la presencia militar se ha intensificado en la zona. Según su testimonio cada 15 días debe presentarse al Tribunal Militar dela QuintaDivisiónde Ciudad Bolívar, además del cumplimiento de otras medidas cautelares. Afirma que desde su puesta en libertad no ha tenido contacto con las autoridades, sin embargo algunos capitanes pemones si han tenido reuniones con las autoridades. Además de la presentación, las medidas cautelares impuestas por la justicia militar con la prohibición de salida del estado Bolívar y la negativa de la posibilidad de dar declaraciones a los medios de comunicación sobre su caso. Estas medidas tienen vigencia mientras dure el proceso de investigación. Ante la pregunta sobre la actitud de las autoridades militares tras los acontecimientos, Romero afirmó que la presencia militar se ha intensificado, y que se encuentran apostados casi 400 efectivos castrenses, los cuales se encuentran en los alrededores de una mina conocida como “Puya nueva”.
Romero comentó que actualmente se encuentran realizando diferentes asambleas con las comunidades del sectorLa Paraguapara acordar un plan de acción acerca de la minería en sus territorios. “Hay mucha unión de las comunidades para enfrentar el problema”, afirmó.
En el caso de los indígenas del Alto Paragua, que son acusados de los delitos de sustracción de efectos dela Fuerza ArmadaNacional y ataque al centinela, siendo éstos civiles no pueden ser juzgados en la justicia militar bajo ninguna circunstancia, por lo que el proceso de investigaciones que se adelanta es inconstitucional.
A pesar de que la justicia militar es solo para militares y su aplicación a civiles es violatoria de los Derechos Humanos, esta práctica es asidua en el país desde la década de los años 60, en opinión de Marino Alvarado, coordinador de Provea: “Antes de Hugo Chávez se aplicaba una errónea aplicación de la justicia militar a muchísima gente porque pertenecía supuestamente a grupos subversivos, o sea que no es un problema exclusivo de este gobierno. Sería una continuación de una errónea práctica que contravienela Convenciónde Derechos Humanos, ala Constituciónaunque, claro, se hizo más evidente a partir de 1999 porquela Constituciónde 1961 no decía nada salvo que toda persona tiene derecho a ser juzgada por su juez natural. Enla Carta Magnavigente además de establecer lo anterior en el Artículo 261 se incluye la frase “la justicia militar es competencia para delitos de naturaleza militar”. No obstante, en Venezuelala Sala Penaldel Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha avalado la aplicación de dicha justicia militar en algunos casos contra civiles, cosa que contraviene la Constitucióny los tratados de Derechos Humanos que suscribe el país.
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Correo del Caroní:
Indígenas someten a grupo del Ejército en Canaima
Viernes, 8 de febrero de 2013
Población pemón organizada inició acciones en contra de la FANB.
*** Los habitantes lanzaron un ultimátum que intenta poner fin a las restricciones del tránsito aéreo, compra de combustible y adquisición de alimentos.
Al menos 40 militares del Ejército, integrantes de la Región Estratégica de Defensa Integral Guayana (REDI-Guayana), fueron desarmados, retenidos y amarrados ayer por los indígenas pemones de la comunidad de Urimán, situada a orillas del Caroní.
Esta no es la primera vez que los indígenas desarman y retienen a militares
La acción es parte de una secuencia de actividades que llevarán a cabo los aborígenes para poner fin a lo que ellos llaman el sostenido “atropello de los militares”, que incluye la imposición de restricciones de los vuelos a las distintas comunidades, cuyo acceso es exclusivamente por aire y constituye su única fuente de ingreso de comida y combustible.
Sólo dos empresas (Transmandú y Tranaca) están autorizadas para volar a las comunidades. Los indígenas señalan que esto ha servido para que haya aumentos “exagerados en los pasajes”. Si antes un boleto desde Urimán hasta Ciudad Bolívar costaba 1.200 bolívares, actualmente les es vendido en 2.500 sólo la ida, algo que consideran insostenible y consecuencia directa de las medidas militares.
Según informaron algunos voceros, la detención de los militares de Urimán es apenas un abreboca de lo que harán para presionar una respuesta. Después vendrán protestas y cierres en distintos puntos del municipio Gran Sabana, en caso de que no obtengan una solución en el plazo que esperan.
En concreto
El desarme de los militares del REDI ocurrió en la mañana de este jueves en dos etapas; 21 funcionarios fueron sacados del puesto fluvial en la zona y conminados a una escuela local. Luego, horas más tarde la noticia se supo y fue enviado un nuevo contingente, esta vez de paracaidistas, para resolver la situación. Al llegar corrieron con la misma suerte: en total, habría 40 “boinas rojas” en poder de los pemones.
Esta no es la primera vez que los indígenas desarman y retienen a militares. La anterior fue octubre de 2011 en la comunidad de Musuk Pa, municipio Angostura, donde más de 20 funcionarios permanecieron en manos de los aborígenes hasta que se llegó a un acuerdo.
Hartos y resteados
Lisa Henrito, secretaria de la capitanía general del sector 6, que comprende 27 comunidades de la Gran Sabana, expresó que desde inicios de 2013 han sostenido varias reuniones entre los representantes indígenas en Santa Elena de Uairén en busca de una salida sin hallar un punto de encuentro con las autoridades.
Escritos han ido y venido sin que obtengan lo que quieren, el fin de lo que consideran un “hostigamiento”. “Nos cansamos de los atropellos, la extorsión, el chantaje descarado del Ejército y, por lo tanto, decidimos que vamos a protestar con contundencia”, dijo la secretaria.
Añadió que las acciones se mantendrán hasta que haya la “presencia física” del vicepresidente ejecutivo, Nicolás Maduro, y los titulares del Ministerio de Energía y Minas, Pueblos Indígenas, Ambiente y de la Defensa.
“No queremos más atropellos. Ellos (el gobierno) deben recordar que en las poblaciones indígenas hay personas que piensan, que tienen una cultura ancestral, que sueñan y que tienen necesidades. Lo que pedimos es que nos dejen tranquilos, y si nos van a ayudar que nos expliquen cómo, y no pasen por sobre nosotros. Estamos abiertos al diálogo”, dijo Henrito.
La vocera expresó que esperan una salida pacífica a sus peticiones, al tiempo que lanzó una advertencia “si tocan a un indígena, nos tocan a todos”. Con esto afirmó que temen una arremetida por los hechos de Urimán, e instó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) a no conducirlos a los “extremos”, que implicaría protestas simultáneas.
Informó la secretaria de la capitanía general del sector 6 que en total hay 103 comunidades organizadas en la Gran Sabana, y ocho sectores pemones que están a favor de retomar la normalidad en cuanto a los vuelos aéreos, el traslado de alimentos, combustible y fin de los atropellos.
Cese de las represalias
Javier Márquez, abogado, defensor de la causa indígena y miembro de la comunidad El Plomo, se solidarizó con la protesta de sus compañeros y señaló que de su parte exige tres cosas: que no haya represalias en contra de quienes encabezan las acciones y que, por el contrario, sean investigados los militares que pudieran estar incursos en los abusos; que se atienda el caso del capitán de Arekuna, quien fue a formular una denuncia a la Fiscalía Ambiental en Ciudad Bolívar y resultó agredido y, finalmente, que el gobernador del estado fije posición sobre lo que sucede con las poblaciones aborígenes.
Víctor Abati, capitán general de los sectores 1 y 2, que incluye a las comunidades de Kamarata y Canaima, estaba en Caracas junto con otros representantes indígenas, el alcalde de Gran Sabana, Manuel de Jesús Vallés y el presidente de la Federación Indígena del estado Bolívar, Juan Carlos Velásquez.
En la capital lograron reunirse con el diputado y presidente de la Comisión de Energía y Minas de la Asamblea Nacional, Fernando Soto Rojas. Allí expusieron el problema e incluso comentaron lo ocurrido en Urimán. Sin embargo, el parlamentario aseguró que hoy les tendría una respuesta y con eso concluyó la reunión.
Ya advertidos
El 2 de febrero, los capitanes y representantes de las comunidades aéreas de la Gran Sabana sostuvieron una reunión en Santa Elena de Uairén e hicieron un pronunciamiento que hicieron llegar a las autoridades.
En él exigían el cese de los atropellos, la restitución del tráfico aéreo a las demás compañías existentes en el estado, la eliminación a la restricción excesiva en el suministro de combustible, la nulidad del Decreto 8.413 de Nacionalización del Oro, el respeto a los territorios indígenas y la destitución del mayor general Clíver Alcalá Cordones, comandante del REDI Guayana, entre las cosas más importantes.
En ese mismo documento anunciaban que de no haber respuestas tomarían acciones. En vista de que trascurrieron cinco días desde el documento y no había una salida decidieron iniciar las protestas, que serán por tiempo indefinido, en cuanto a la retención de los 40 funcionarios militares en la comunidad de Urimán.
Las exigencias
-Exigir al Estado venezolano el respecto a nuestros derechos reconocidos en la Constitución del 99.
-Respeto a nuestros territorios ancestrales y a la autonomía y libre determinación de nuestro pueblo pemón dentro de la soberanía del Estado venezolano.
-Nulidad del decreto 8683.
-Declarar al general Clíver Alcalá como persona no grata y enemigo número uno del pueblo pemón.
Tomado del pronunciamiento de las comunidades indígenas (Natalie García, Correo del Caroní, 08.02.13)